¿Cómo fue que sucedió el “putinismo”, esa mezcla característicamente rusa de política autoritaria y economía dirigista? Y ahora que sucedió, ¿cómo pueden los rusos trascenderlo, para materializar los derechos y las libertades que les prometen en la constitución del país?
Una sociedad civil rusa activa, que pareció surgir de la nada en la Unión Soviética de Mijail Gorbachov de 1989-1990 tras la larga hibernación soviética, retrocedió demasiado rápido. La asombrosa dificultad de la supervivencia cotidiana después del colapso de la URSS obligó a la mayoría de los rusos a concentrarse en las necesidades más urgentes de sus familias. Y cundió la apatía cívica.
De modo que Vladimir Putin llegó al poder en un momento muy conveniente para cualquier líder –cuando la gente está inactiva-. De manera astuta, Putin luego amarró esta apatía a los primeros indicios de crecimiento económico post-soviético para sellar un nuevo contrato social: mejoraría los niveles de vida a cambio de que los rusos aceptaran importantes restricciones a sus derechos y libertades constitucionales.
Hasta hace poco tiempo, ambas partes adherían a este contrato tácito. Pero, con la crisis financiera global, el Kremlin dejó de cumplir su parte del acuerdo. En consecuencia, se necesita un nuevo contrato social, sobre todo teniendo en cuenta que una nueva generación post-soviética de rusos ha ingresado a la vida política –una generación que no está contaminada por el miedo que décadas de terror de estado en la URSS infligieron a sus antecesores.
Putin y su entorno le “ajustaron las clavijas” al pueblo de Rusia en la década pasada, y prácticamente no enfrentaron ninguna resistencia a sus aspiraciones a ejercer el poder sin estorbos. Hoy, de todo el espectro de derechos civiles y políticos enumerados en la Constitución de Rusia, a los rusos sólo nos queda un derecho: el derecho a irse y regresar al país libremente. Todos los demás derechos se han perdido o se han debilitado sustancialmente.
Pero los ciudadanos rusos, especialmente los más jóvenes, están empezando a darse cuenta de lo que perdieron. Del mismo modo, la generación post-soviética tiene una idea muy diferente de la que tenían sus padres sobre qué es un estándar de vida decente, y por lo tanto sus aspiraciones son mucho más elevadas.
Muchos han viajado al exterior y todos han visto películas extranjeras, de las que aprendieron que la gente de su condición social en Occidente tiene una vida mucho más confortable que ellos. La mayoría de los soviéticos no tenían auto o una casa de campo o incluso un departamento separado. Ahora los jóvenes se sienten desventajados si no pueden tener todo eso.
Al principio, la gente no pensaba en los derechos civiles mientras luchaba por esas comodidades antes desconocidas. Dependían de que el Kremlin fijara las condiciones que les dieran esas nuevas oportunidades. Ahora, poco a poco están llegando a la conclusión de que el gobierno les falló.
Una lucha por la restitución de los derechos constitucionales en Rusia se hizo visible por primera vez en 2009. En la Plaza del Triunfo en Moscú, se reunieron regularmente manifestantes para exigir que fuera respetado el Artículo 31, que garantiza el derecho a una asamblea pacífica. Movimiento 31, un grupo que reúne a varios manifestantes de ideas similares, se propagó rápidamente, montando manifestaciones simultáneas en Moscú y otras 48 ciudades hace dos meses en respaldo del derecho a reunirse libremente. En el pasado hubo protestas simultáneas, pero normalmente contra los aumentos en las rentas o los costos de los servicios públicos.
Uno puede entender por qué la demanda para que se cumpla con el Artículo 31 ha ganado respaldo popular. Para los ciudadanos comunes y corrientes, que nunca han tenido acceso a los medios ni contactos personales con las autoridades, las protestas son una oportunidad para hacerles conocer a los gobernantes sus demandas, sus requerimientos y sus sugerencias.
También hay otras señales de un despertar del compromiso cívico, que son particularmente evidentes en las discusiones de Internet, que el Kremlin no puede controlar de la misma manera que controla otros medios rusos. Los ciudadanos han empezado a usar Internet para auto-organizarse, por ejemplo, para generar “multitudes instantáneas” (“flash mobs”) de forma simultánea así como protestas de propietarios de automóviles, en diferentes ciudades.
Más recientemente, Internet se convirtió en un medio de control público sobre las violaciones a los derechos civiles por parte de las autoridades, ya que cualquiera puede tener un acceso instantáneo a las imágenes tomadas con celulares. Las autoridades tienen que vérselas con las repercusiones y castigan a los funcionarios que concentraron la atención de esta manera.
El gobierno federal y las autoridades regionales de Rusia están claramente alarmados por este activismo cívico de rápido crecimiento. Pero, a pesar del cambio de las condiciones, responden con los mismos métodos de antes –represión, intimidación y desinformación-. Y frente a las elecciones para la Duma estatal en diciembre de 2011, seguidas de las elecciones presidenciales en marzo de 2012, las autoridades están especialmente preocupadas por un surgimiento del activismo cívico.
No resulta difícil entender por qué. En la década pasada, el sistema electoral fue “mejorado” de tal manera que ningún resultado pueda llevar a un cambio en el gobierno federal. Eso deja las manifestaciones callejeras y otras formas de activismo cívico como la única manera de desafiar a los abanderados del putinismo. De hecho, dado el control de los medios convencionales por parte del Estado, este activismo puede ser la única manera de enterarse de lo que los ciudadanos realmente piensan de sus gobernantes.
Lyudmila Alekseeva, veterana activista por los derechos humanos soviéticos, hoy es directora del Grupo Helsinki de Moscú.
