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por Guillermo de la Dehesa:
Primero, tanto las familias para comprar sus viviendas como las empresas para invertir en equipo y expandirse se endeudan en el exterior, en euros, a través de las entidades crediticias. Ahora bien, cuando aquellas muestran dificultades para devolver dichos créditos, transfieren parte de su deuda a las entidades crediticias al dejarles de pagar parte de los créditos tomados o entregarles los activos dados en garantía.
Segundo, cuando algunas entidades de crédito tienen dificultades para hacer frente a dichos impagos y problemas de liquidez, transfieren parte de su deuda al Estado, al tener este que rescatarlas, reestructurarlas o suministrarlas liquidez comprando sus activos dañados para evitar que caigan en una situación de insolvencia y contagien al resto del sistema.
Tercero, finalmente, el Estado se ve obligado a hacer una fuerte contracción fiscal derivada de su mayor gasto, tanto en estímulos fiscales para evitar una recesión mayor como al activarse los estabilizadores automáticos, especialmente por mayor desempleo y mayores ayudas no contributivas. Es entonces cuando se ve obligado a transferir también parte de su deuda a las familias y empresas, reduciendo sus gastos corrientes y de inversión y aumentando sus impuestos para poder reducir su déficit y refinanciar su deuda con menores costes financieros.
Ahora las familias y las empresas (que son las que financian el Estado y la Seguridad Social con sus impuestos y contribuciones) están viéndose obligadas a reducir su gasto y aumentar su ahorro para poder repagar sus préstamos hipotecarios y refinanciar sus deudas. Las entidades crediticias tienen que reducir sus préstamos y darlos más caros para poder hacer frente a sus mayores provisiones de morosidad, falencia, así como aumentar sus depósitos y vender activos para atender las mayores demandas de capital y provisiones, y finalmente, las administraciones públicas se ven obligadas a gastar menos y subir los impuestos para poder refinanciarse en los mercados a menor coste que el actual.
Primero, tanto las familias para comprar sus viviendas como las empresas para invertir en equipo y expandirse se endeudan en el exterior, en euros, a través de las entidades crediticias. Ahora bien, cuando aquellas muestran dificultades para devolver dichos créditos, transfieren parte de su deuda a las entidades crediticias al dejarles de pagar parte de los créditos tomados o entregarles los activos dados en garantía.
Segundo, cuando algunas entidades de crédito tienen dificultades para hacer frente a dichos impagos y problemas de liquidez, transfieren parte de su deuda al Estado, al tener este que rescatarlas, reestructurarlas o suministrarlas liquidez comprando sus activos dañados para evitar que caigan en una situación de insolvencia y contagien al resto del sistema.
Tercero, finalmente, el Estado se ve obligado a hacer una fuerte contracción fiscal derivada de su mayor gasto, tanto en estímulos fiscales para evitar una recesión mayor como al activarse los estabilizadores automáticos, especialmente por mayor desempleo y mayores ayudas no contributivas. Es entonces cuando se ve obligado a transferir también parte de su deuda a las familias y empresas, reduciendo sus gastos corrientes y de inversión y aumentando sus impuestos para poder reducir su déficit y refinanciar su deuda con menores costes financieros.
Ahora las familias y las empresas (que son las que financian el Estado y la Seguridad Social con sus impuestos y contribuciones) están viéndose obligadas a reducir su gasto y aumentar su ahorro para poder repagar sus préstamos hipotecarios y refinanciar sus deudas. Las entidades crediticias tienen que reducir sus préstamos y darlos más caros para poder hacer frente a sus mayores provisiones de morosidad, falencia, así como aumentar sus depósitos y vender activos para atender las mayores demandas de capital y provisiones, y finalmente, las administraciones públicas se ven obligadas a gastar menos y subir los impuestos para poder refinanciarse en los mercados a menor coste que el actual.
