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(Martin Feldstein, profesor de Economía en Harvard, fue Presidente del Consejo de Asesores Económicos del Presidente Ronald Reagan y es ex Presidente de la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas)
El plan fiscal acordado por el Presidente Barack Obama y sus oponentes republicanos en el Congreso de los Estados Unidos representa la combinación correcta de una política tributaria apropiada a corto plazo y un primer paso con vistas a la prudencia fiscal a más largo plazo. La característica principal del acuerdo es la de prolongar los tipos del impuesto sobre la renta vigentes en 2010 durante dos años más, sin un compromiso sobre lo que se hará con ellos más adelante.
Sin dicho acuerdo sobre los impuestos, los tipos impositivos habrían vuelto a ser en 2011 los del nivel superior anterior a las reducciones fiscales de Bush en 2001, lo que significaría impuestos más altos para todos los contribuyentes, al aumentar las cuotas líquidas en 2011 y 2012 en unos 450.000 millones de dólares (el 1,5 por ciento del PIB).
Como el PIB de los Estados Unidos ha estado creciendo últimamente a una tasa anual de sólo dos por ciento –y la de las ventas finales ha sido sólo de un uno por ciento, aproximadamente–, dicho aumento de los impuestos probablemente habría abocado la economía de los EE.UU. a una nueva recesión. Aunque se califica la nueva legislación tributaria de estímulo fiscal, es más exacto decir que evita una gran contracción fiscal inmediata.
Las consecuencias a largo plazo del acuerdo ofrecen un marcado contraste tanto con la propuesta de presupuesto hecha por Obama en febrero de 2010 como con la contrapropuesta de los republicanos. Obama quería prolongar permanentemente los tipos impositivos de 2010 para todos los contribuyentes, excepto quienes tuvieran ingresos anuales superiores a 250.000 dólares. Los republicanos propusieron prolongar permanentemente los tipos impositivos de 2010 para todos los contribuyentes. Con la acordada limitación de los actuales tipos impositivos durante sólo dos años, el plan tributario reduce la proyectada deuda nacional al final del decenio (respecto de la que habría sido con el presupuesto de Obama) en unos dos billones de dólares, es decir, casi el 10 por ciento del PIB en 2020.
Esa reducción de los posibles deficits y deuda puede por sí misma dar un impulso a la economía en 2011, al calmar los temores de que una deuda nacional disparada obligara más adelante a la Reserva Federal a aumentar los tipos de interés... tal vez en gran medida, si los compradores extranjeros de valores del Tesoro de los EE.UU. se asustaran de repente ante las perspectivas de déficit.
Conforme a la aritmética presupuestaria oficial, el acuerdo sobre los tipos del impuesto sobre la renta de las personas físicas representará un aumento del déficit en 450.000 millones de dólares, con lo que parecerá un gran estímulo fiscal, pero el acuerdo sólo mantiene los tipos impositivos vigentes, por lo que los contribuyentes no lo ven como una reducción de impuestos. Sería un estímulo fiscal sólo si los contribuyentes hubieran esperado antes que el Congreso y el Gobierno permitirían un aumento de los tipos impositivos, cosa improbable, en vista de los efectos profundamente adversos que habría tenido en la actualmente débil economía.
Incluso en el caso de los contribuyentes que habían temido un aumento de los impuestos en 2011 y 2012, no está claro hasta qué punto unos menores pagos de impuestos impulsarán en realidad el gasto de los consumidores. Las anteriores reducciones de impuestos de 2008 y 2009 parecen haber ido destinadas en gran medida al ahorro y a la reducción de deudas y no a aumentar el gasto.
Así, pues, resulta sorprendente que los analistas aumentaran en gran medida sus pronósticos de crecimiento del PIB para 2011 basándose en el acuerdo sobre los impuestos. Una reacción habitual fue la de aumentar el pronóstico para 2011 de 2,5 por ciento a 3,5 por ciento. Si bien un aumento de esa magnitud sería verosímil en el caso de que un analista hubiera esperado que los tipos impositivos aumentaran en 2011, no habría sido acertado pronosticar un crecimiento del 2,5 por ciento, para empezar, a partir de ese supuesto. Así, pues, o el pronóstico inicial del 2,5 por ciento era demasiado elevado o el aumento de un punto porcentual es excesivo.
Lo que sea aplicable al acuerdo lo será también a la decisión –como parte de dicho acuerdo que es– de mantener las prestaciones del seguro de desempleo para los desempleados de larga duración. También eso es esencialmente una simple prolongación del status quo. No se ha creado una nueva prestación.
El más importante impulso potencial al gasto corresponde a una reducción temporal del impuesto sobre las rentas del trabajo, al disminuir del 6,2 por ciento al 4,2 por ciento la tasa pagada por los empleados cuyos ingresos no superen los 100.000 dólares, aproximadamente, pero, si bien la reducción de los pagos de impuestos será del 0,8 por ciento del PIB, aproximadamente, no está claro hasta qué punto plasmará en un gasto suplementario de los consumidores y hasta qué punto en ahorro suplementario. Como esa reducción del impuesto revestirá la forma de una menor retención fiscal de los salarios semanales o mensuales, puede parecer más permanente de lo que en realidad es y, por tanto, tener una repercusión en el gasto mayor que la debilísima reacción de las familias a los anteriores cambios fiscales temporales.
El componente final del acuerdo es la aceleración temporal de la amortización del impuesto, lo que permitirá a las empresas en 2011 amortizar inmediatamente el 100 por ciento de las inversiones de capital, en contraste con la norma actual, que establece una amortización inmediata del 50 por ciento, seguida de una depreciación del 50 por ciento restante a lo largo del período previsible de uso del equipo, pero, en un momento en el que los tipos de interés están muy bajos y las grandes empresas tienen cantidades ingentes de liquidez en sus balances, no es probable que ese cambio en el calendario del pago de los impuestos contribuya demasiado a estimular la inversión.
Un mayor estímulo a la inversión de las empresas puede propiciarlo la impresión de que el asentimiento de Obama a la prórroga de las reducciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas con ingresos elevados indique un menor antagonismo de su gobierno a las empresas y los ricos. La reciente declaración de Obama de que es partidario de reformar el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el de sociedades reduciendo los tipos impositivos y aumentando la base imponible refuerza dicha impresión. Esperemos que sea cierto.
El plan fiscal acordado por el Presidente Barack Obama y sus oponentes republicanos en el Congreso de los Estados Unidos representa la combinación correcta de una política tributaria apropiada a corto plazo y un primer paso con vistas a la prudencia fiscal a más largo plazo. La característica principal del acuerdo es la de prolongar los tipos del impuesto sobre la renta vigentes en 2010 durante dos años más, sin un compromiso sobre lo que se hará con ellos más adelante.
Sin dicho acuerdo sobre los impuestos, los tipos impositivos habrían vuelto a ser en 2011 los del nivel superior anterior a las reducciones fiscales de Bush en 2001, lo que significaría impuestos más altos para todos los contribuyentes, al aumentar las cuotas líquidas en 2011 y 2012 en unos 450.000 millones de dólares (el 1,5 por ciento del PIB).
Como el PIB de los Estados Unidos ha estado creciendo últimamente a una tasa anual de sólo dos por ciento –y la de las ventas finales ha sido sólo de un uno por ciento, aproximadamente–, dicho aumento de los impuestos probablemente habría abocado la economía de los EE.UU. a una nueva recesión. Aunque se califica la nueva legislación tributaria de estímulo fiscal, es más exacto decir que evita una gran contracción fiscal inmediata.
Las consecuencias a largo plazo del acuerdo ofrecen un marcado contraste tanto con la propuesta de presupuesto hecha por Obama en febrero de 2010 como con la contrapropuesta de los republicanos. Obama quería prolongar permanentemente los tipos impositivos de 2010 para todos los contribuyentes, excepto quienes tuvieran ingresos anuales superiores a 250.000 dólares. Los republicanos propusieron prolongar permanentemente los tipos impositivos de 2010 para todos los contribuyentes. Con la acordada limitación de los actuales tipos impositivos durante sólo dos años, el plan tributario reduce la proyectada deuda nacional al final del decenio (respecto de la que habría sido con el presupuesto de Obama) en unos dos billones de dólares, es decir, casi el 10 por ciento del PIB en 2020.
Esa reducción de los posibles deficits y deuda puede por sí misma dar un impulso a la economía en 2011, al calmar los temores de que una deuda nacional disparada obligara más adelante a la Reserva Federal a aumentar los tipos de interés... tal vez en gran medida, si los compradores extranjeros de valores del Tesoro de los EE.UU. se asustaran de repente ante las perspectivas de déficit.
Conforme a la aritmética presupuestaria oficial, el acuerdo sobre los tipos del impuesto sobre la renta de las personas físicas representará un aumento del déficit en 450.000 millones de dólares, con lo que parecerá un gran estímulo fiscal, pero el acuerdo sólo mantiene los tipos impositivos vigentes, por lo que los contribuyentes no lo ven como una reducción de impuestos. Sería un estímulo fiscal sólo si los contribuyentes hubieran esperado antes que el Congreso y el Gobierno permitirían un aumento de los tipos impositivos, cosa improbable, en vista de los efectos profundamente adversos que habría tenido en la actualmente débil economía.
Incluso en el caso de los contribuyentes que habían temido un aumento de los impuestos en 2011 y 2012, no está claro hasta qué punto unos menores pagos de impuestos impulsarán en realidad el gasto de los consumidores. Las anteriores reducciones de impuestos de 2008 y 2009 parecen haber ido destinadas en gran medida al ahorro y a la reducción de deudas y no a aumentar el gasto.
Así, pues, resulta sorprendente que los analistas aumentaran en gran medida sus pronósticos de crecimiento del PIB para 2011 basándose en el acuerdo sobre los impuestos. Una reacción habitual fue la de aumentar el pronóstico para 2011 de 2,5 por ciento a 3,5 por ciento. Si bien un aumento de esa magnitud sería verosímil en el caso de que un analista hubiera esperado que los tipos impositivos aumentaran en 2011, no habría sido acertado pronosticar un crecimiento del 2,5 por ciento, para empezar, a partir de ese supuesto. Así, pues, o el pronóstico inicial del 2,5 por ciento era demasiado elevado o el aumento de un punto porcentual es excesivo.
Lo que sea aplicable al acuerdo lo será también a la decisión –como parte de dicho acuerdo que es– de mantener las prestaciones del seguro de desempleo para los desempleados de larga duración. También eso es esencialmente una simple prolongación del status quo. No se ha creado una nueva prestación.
El más importante impulso potencial al gasto corresponde a una reducción temporal del impuesto sobre las rentas del trabajo, al disminuir del 6,2 por ciento al 4,2 por ciento la tasa pagada por los empleados cuyos ingresos no superen los 100.000 dólares, aproximadamente, pero, si bien la reducción de los pagos de impuestos será del 0,8 por ciento del PIB, aproximadamente, no está claro hasta qué punto plasmará en un gasto suplementario de los consumidores y hasta qué punto en ahorro suplementario. Como esa reducción del impuesto revestirá la forma de una menor retención fiscal de los salarios semanales o mensuales, puede parecer más permanente de lo que en realidad es y, por tanto, tener una repercusión en el gasto mayor que la debilísima reacción de las familias a los anteriores cambios fiscales temporales.
El componente final del acuerdo es la aceleración temporal de la amortización del impuesto, lo que permitirá a las empresas en 2011 amortizar inmediatamente el 100 por ciento de las inversiones de capital, en contraste con la norma actual, que establece una amortización inmediata del 50 por ciento, seguida de una depreciación del 50 por ciento restante a lo largo del período previsible de uso del equipo, pero, en un momento en el que los tipos de interés están muy bajos y las grandes empresas tienen cantidades ingentes de liquidez en sus balances, no es probable que ese cambio en el calendario del pago de los impuestos contribuya demasiado a estimular la inversión.
Un mayor estímulo a la inversión de las empresas puede propiciarlo la impresión de que el asentimiento de Obama a la prórroga de las reducciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas con ingresos elevados indique un menor antagonismo de su gobierno a las empresas y los ricos. La reciente declaración de Obama de que es partidario de reformar el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el de sociedades reduciendo los tipos impositivos y aumentando la base imponible refuerza dicha impresión. Esperemos que sea cierto.