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(resumen del artículo de Íñigo de Barrón http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/credito/llega/elpepueconeg/20091122elpneglse_2/Tes )
Cada día, 500 autónomos españoles pierden su trabajo. Cada semana, unas 4.000 pequeñas empresas echan la persiana. Al menos eso es lo que dicen las asociaciones de autónomos. Y apuntan directamente a las entidades financieras como principales culpables, por cerrar el grifo del crédito. "Hemos pasado de ser el mejor cliente para bancos y cajas de ahorros a convertirnos en un problema que no saben cómo quitarse de encima. Los autónomos pedimos de media entre 30.000 y 40.000 euros en líneas de crédito a corto o medio plazo. Ahora no se renuevan y eso genera nóminas sin pagar y una cadena interminable de morosidad", comenta Sebastián Reyna, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos.
No es que a todos se les deniegue el crédito, sino que se les limita la financiación al aplicar una receta de tres ingredientes: encarecer los préstamos, recortar su importe y aumentar las garantías. Éstas son las principales quejas de quienes acuden a las ventanillas de bancos y cajas a por dinero. Y son ciertas, al menos en parte. Lo reconocen los portavoces de las propias entidades. "El riesgo de impago es mayor y lo prudente es cobrar más esa prima para hacer frente a la posible morosidad", comenta un alto ejecutivo bancario.
Las entidades se refugian -quizá para evitar cargar con todas las culpas- en las indicaciones del Banco de España. El supervisor les exige extremar la prudencia, es decir, dar dinero sólo a los proyectos viables y a quienes lo pueden devolver. Lo que no dicen es por qué bancos y cajas no hicieron caso a las continuas peticiones de los últimos gobernadores del Banco de España, que desde 2004 advertían del riesgo que suponía dar créditos por más del 100% del valor de un piso a precios mínimos.
Precisamente ése es el pasado que ha propiciado la crisis presente. Ahora ha llegado la sobrerreacción. Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), comenta que los tipos de interés de los créditos han pasado del 7% al 10% en los últimos meses. Las estadísticas del Banco de España no reflejan una subida tan fuerte, pero sí indican que los tipos de los préstamos están en niveles altos. A la vez, se están estrechando los márgenes del negocio de los empresarios, lo que complica extremadamente la situación. Más costes financieros y menos ingresos. Mala ecuación.
Una buena muestra del descontento empresarial es la encuesta mensual sobre financiación que elabora el Consejo de Cámaras de Comercio desde el pasado enero. Este informe arroja una aplastante mayoría de pymes molestas con sus prestamistas. El 84% de las consultadas, lo que supone más de 1,1 millones de negocios, declaró haber tenido problemas para acceder a financiación externa en septiembre. El pico del descontento se tocó en abril, cuando este porcentaje llegó al 89%. De los que declaraban tener problemas, el 13% -es decir, 128.000 establecimientos- se quedó sin ningún tipo de financiación.
Pero las empresas no se quejan sólo de que el flujo de dinero haya caído. Cuatro de cada diez notan cómo se ha ido dilatando el plazo que tenían las entidades financieras para responder a sus peticiones y dos de cada tres considera que se ha encarecido el coste de la financiación. El mismo porcentaje afirma que han aumentado las exigencias de garantías y avales por parte de bancos y cajas.
"Lo más sangrante es que la mayor parte de estas peticiones tratan de financiar circulante, es decir, que buscan fondos para mantener el día a día de la empresa, no para grandes inversiones nuevas", dice Raúl Mínguez, analista de las Cámaras de Comercio. "Ese 13% que no consigue la financiación externa tiene que recurrir a otras fuentes, como el ICO, las sociedades de garantía recíproca o, en muchos casos, los socios acaban teniendo que aportar más capital", explica.
"Los directores de sucursales no tienen ahora el más mínimo poder. Antes podían decidir sobre operaciones de hasta 100.000 euros aproximadamente, pero ahora todo lo manejan los gestores de riesgos de las centrales. Los trámites que antes se hacían en tres o cuatro días a través del director de la sucursal se alargan hasta un mínimo de mes y medio, y esto no hay nadie que lo resista", comenta Alonso-Rodríguez, el dueño de Alogarsa, la compañía que emplea a discapacitados preparando cestas de Navidad o las bolsitas de comida que se reparten en los aviones de Iberia.
La pérdida del factor humano en la evaluación del riesgo se debe a que en el último año las entidades han afinado al máximo las máquinas que prejuzgan si se puede dar un crédito a un cliente. En el sector se denomina scoring de riesgo. Son implacables, como demuestra el caso de José María Ferrero, empresario yesista en León. El Santander le había preconcedido un préstamo por 16.000 euros, pero mientras realizaba los trámites tuvo un descubierto de 84 euros porque le pasaron al cobro unos seguros con los que no contaba. Saltaron las alarmas en la máquina de scoring y fue imposible conseguir el crédito, pese a que era cliente desde hace tiempo de esta entidad.Aquellos 84 euros le convirtieron en un potencial moroso. El Santander exigió el aval de una persona empleada fija.
Lo que le ha ocurrido a Ferrero sucede en otras entidades, que también recortan el importe de los créditos y acortan los plazos. En el fondo, la estrategia es la misma: aminorar el riesgo. Pero quizá el mayor problema está en la elevación de garantías y avales, que es una barrera casi insalvable para pequeños empresarios. "El drama de muchos autónomos es que han garantizado créditos con su vivienda y si dejan de pagar, pueden perder el negocio y su casa", apuntan desde la ATA.
La situación no mejora, como reconoció el viernes pasado el director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, Javier Vallés, quien admitió que la restricción crediticia en España es "todavía muy severa" y defendió que el Gobierno ha trabajado para canalizar crédito a empresas y familias solventes. Subrayó que es un objetivo "muy ambicioso", entre otras razones por la fuerte necesidad de desapalancamiento y reestructuración que han de llevar a cabo algunos sectores de la economía española.
Desde EE UU sus responsables políticos siguen instalados en un discurso muy parecido. El secretario del Tesoro, Timothy Geithner, ha pedido esta semana a la banca apoyo para los pequeños negocios y para los consumidores que todavía sufren una fuerte restricción del crédito y un desempleo que no para de crecer. "Los bancos tienen cierta responsabilidad por la extensión de los daños causados por la crisis. Estas entidades tienen la obligación de ayudar a nuestra comunidad a retomar el crecimiento económico", disparó Geithner el pasado miércoles en un encuentro con pequeños empresarios.
Frente a las acusaciones de echar más leña a la recesión, la banca responde que sólo actúa siguiendo la lógica de los tiempos y recurre al conocido argumento de que a los demás les va todavía peor. "Desde que se desencadenó la crisis internacional, el crédito en la eurozona ha venido creciendo a ritmos inferiores a los de España, aunque en la actualidad estamos convergiendo a tasas de crecimiento próximas al 0%", señala un portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB). "En algunos países, como el Reino Unido, el crecimiento presenta tasas negativas, y hay que señalar que esta evolución nula o negativa en algunos países europeos se produce a pesar de que sus sistemas financieros han recibido ayudas de capital por una cifra superior a los 580.000 millones de euros, frente a las ayudas prácticamente nulas recibidas por los bancos españoles".
Fuentes de la Comisión Europea estiman que un 80% de la caída del crédito proviene de una menor demanda y que, por tanto, la menor oferta por parte de bancos y cajas sólo explicaría el 20% restante.
Los representantes de los autónomos Reyna y Amor coinciden en que es fundamental parar la corriente de morosidad que se inicia en la Administración y se pulveriza por las empresas. "Se debería solucionar el problema de los impagados de los ayuntamientos porque están provocando grandes daños a todos", apunta Amor. Según los últimos datos, los consistorios adeudan 32.000 millones a pequeñas empresas. Existe tanto temor a no cobrar de la Administración que, según este ejecutivo, las entidades ni siquiera adelantan las subvenciones públicas que reciben algunas asociaciones por realizar cursos de formación. Otro factor que podría ayudar a desatascar los impagos es la modificación de la Ley de la Morosidad. En dos o tres semanas se espera que haya consenso político en el Congreso de los Diputados para dar a la reforma un empujón. Según la Plataforma Multisectorial de la Morosidad, las pymes se podrían ahorrar 6.420 millones anuales si el plazo de cobro pasara de los 98 días actuales a los 60 días de máximo que fija el nuevo texto legal. "Los organismos públicos, ayuntamientos y grandes empresas pagan a 180 días, sin importarles lo que marca la ley. Sólo se permite prolongar este plazo si hay pacto expreso, pero aunque no lo hay, lo hacen igual", dice Amor.
(sigue en la respuesta a este post)
Cada día, 500 autónomos españoles pierden su trabajo. Cada semana, unas 4.000 pequeñas empresas echan la persiana. Al menos eso es lo que dicen las asociaciones de autónomos. Y apuntan directamente a las entidades financieras como principales culpables, por cerrar el grifo del crédito. "Hemos pasado de ser el mejor cliente para bancos y cajas de ahorros a convertirnos en un problema que no saben cómo quitarse de encima. Los autónomos pedimos de media entre 30.000 y 40.000 euros en líneas de crédito a corto o medio plazo. Ahora no se renuevan y eso genera nóminas sin pagar y una cadena interminable de morosidad", comenta Sebastián Reyna, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos.
No es que a todos se les deniegue el crédito, sino que se les limita la financiación al aplicar una receta de tres ingredientes: encarecer los préstamos, recortar su importe y aumentar las garantías. Éstas son las principales quejas de quienes acuden a las ventanillas de bancos y cajas a por dinero. Y son ciertas, al menos en parte. Lo reconocen los portavoces de las propias entidades. "El riesgo de impago es mayor y lo prudente es cobrar más esa prima para hacer frente a la posible morosidad", comenta un alto ejecutivo bancario.
Las entidades se refugian -quizá para evitar cargar con todas las culpas- en las indicaciones del Banco de España. El supervisor les exige extremar la prudencia, es decir, dar dinero sólo a los proyectos viables y a quienes lo pueden devolver. Lo que no dicen es por qué bancos y cajas no hicieron caso a las continuas peticiones de los últimos gobernadores del Banco de España, que desde 2004 advertían del riesgo que suponía dar créditos por más del 100% del valor de un piso a precios mínimos.
Precisamente ése es el pasado que ha propiciado la crisis presente. Ahora ha llegado la sobrerreacción. Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), comenta que los tipos de interés de los créditos han pasado del 7% al 10% en los últimos meses. Las estadísticas del Banco de España no reflejan una subida tan fuerte, pero sí indican que los tipos de los préstamos están en niveles altos. A la vez, se están estrechando los márgenes del negocio de los empresarios, lo que complica extremadamente la situación. Más costes financieros y menos ingresos. Mala ecuación.
Una buena muestra del descontento empresarial es la encuesta mensual sobre financiación que elabora el Consejo de Cámaras de Comercio desde el pasado enero. Este informe arroja una aplastante mayoría de pymes molestas con sus prestamistas. El 84% de las consultadas, lo que supone más de 1,1 millones de negocios, declaró haber tenido problemas para acceder a financiación externa en septiembre. El pico del descontento se tocó en abril, cuando este porcentaje llegó al 89%. De los que declaraban tener problemas, el 13% -es decir, 128.000 establecimientos- se quedó sin ningún tipo de financiación.
Pero las empresas no se quejan sólo de que el flujo de dinero haya caído. Cuatro de cada diez notan cómo se ha ido dilatando el plazo que tenían las entidades financieras para responder a sus peticiones y dos de cada tres considera que se ha encarecido el coste de la financiación. El mismo porcentaje afirma que han aumentado las exigencias de garantías y avales por parte de bancos y cajas.
"Lo más sangrante es que la mayor parte de estas peticiones tratan de financiar circulante, es decir, que buscan fondos para mantener el día a día de la empresa, no para grandes inversiones nuevas", dice Raúl Mínguez, analista de las Cámaras de Comercio. "Ese 13% que no consigue la financiación externa tiene que recurrir a otras fuentes, como el ICO, las sociedades de garantía recíproca o, en muchos casos, los socios acaban teniendo que aportar más capital", explica.
"Los directores de sucursales no tienen ahora el más mínimo poder. Antes podían decidir sobre operaciones de hasta 100.000 euros aproximadamente, pero ahora todo lo manejan los gestores de riesgos de las centrales. Los trámites que antes se hacían en tres o cuatro días a través del director de la sucursal se alargan hasta un mínimo de mes y medio, y esto no hay nadie que lo resista", comenta Alonso-Rodríguez, el dueño de Alogarsa, la compañía que emplea a discapacitados preparando cestas de Navidad o las bolsitas de comida que se reparten en los aviones de Iberia.
La pérdida del factor humano en la evaluación del riesgo se debe a que en el último año las entidades han afinado al máximo las máquinas que prejuzgan si se puede dar un crédito a un cliente. En el sector se denomina scoring de riesgo. Son implacables, como demuestra el caso de José María Ferrero, empresario yesista en León. El Santander le había preconcedido un préstamo por 16.000 euros, pero mientras realizaba los trámites tuvo un descubierto de 84 euros porque le pasaron al cobro unos seguros con los que no contaba. Saltaron las alarmas en la máquina de scoring y fue imposible conseguir el crédito, pese a que era cliente desde hace tiempo de esta entidad.Aquellos 84 euros le convirtieron en un potencial moroso. El Santander exigió el aval de una persona empleada fija.
Lo que le ha ocurrido a Ferrero sucede en otras entidades, que también recortan el importe de los créditos y acortan los plazos. En el fondo, la estrategia es la misma: aminorar el riesgo. Pero quizá el mayor problema está en la elevación de garantías y avales, que es una barrera casi insalvable para pequeños empresarios. "El drama de muchos autónomos es que han garantizado créditos con su vivienda y si dejan de pagar, pueden perder el negocio y su casa", apuntan desde la ATA.
La situación no mejora, como reconoció el viernes pasado el director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, Javier Vallés, quien admitió que la restricción crediticia en España es "todavía muy severa" y defendió que el Gobierno ha trabajado para canalizar crédito a empresas y familias solventes. Subrayó que es un objetivo "muy ambicioso", entre otras razones por la fuerte necesidad de desapalancamiento y reestructuración que han de llevar a cabo algunos sectores de la economía española.
Desde EE UU sus responsables políticos siguen instalados en un discurso muy parecido. El secretario del Tesoro, Timothy Geithner, ha pedido esta semana a la banca apoyo para los pequeños negocios y para los consumidores que todavía sufren una fuerte restricción del crédito y un desempleo que no para de crecer. "Los bancos tienen cierta responsabilidad por la extensión de los daños causados por la crisis. Estas entidades tienen la obligación de ayudar a nuestra comunidad a retomar el crecimiento económico", disparó Geithner el pasado miércoles en un encuentro con pequeños empresarios.
Frente a las acusaciones de echar más leña a la recesión, la banca responde que sólo actúa siguiendo la lógica de los tiempos y recurre al conocido argumento de que a los demás les va todavía peor. "Desde que se desencadenó la crisis internacional, el crédito en la eurozona ha venido creciendo a ritmos inferiores a los de España, aunque en la actualidad estamos convergiendo a tasas de crecimiento próximas al 0%", señala un portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB). "En algunos países, como el Reino Unido, el crecimiento presenta tasas negativas, y hay que señalar que esta evolución nula o negativa en algunos países europeos se produce a pesar de que sus sistemas financieros han recibido ayudas de capital por una cifra superior a los 580.000 millones de euros, frente a las ayudas prácticamente nulas recibidas por los bancos españoles".
Fuentes de la Comisión Europea estiman que un 80% de la caída del crédito proviene de una menor demanda y que, por tanto, la menor oferta por parte de bancos y cajas sólo explicaría el 20% restante.
Los representantes de los autónomos Reyna y Amor coinciden en que es fundamental parar la corriente de morosidad que se inicia en la Administración y se pulveriza por las empresas. "Se debería solucionar el problema de los impagados de los ayuntamientos porque están provocando grandes daños a todos", apunta Amor. Según los últimos datos, los consistorios adeudan 32.000 millones a pequeñas empresas. Existe tanto temor a no cobrar de la Administración que, según este ejecutivo, las entidades ni siquiera adelantan las subvenciones públicas que reciben algunas asociaciones por realizar cursos de formación. Otro factor que podría ayudar a desatascar los impagos es la modificación de la Ley de la Morosidad. En dos o tres semanas se espera que haya consenso político en el Congreso de los Diputados para dar a la reforma un empujón. Según la Plataforma Multisectorial de la Morosidad, las pymes se podrían ahorrar 6.420 millones anuales si el plazo de cobro pasara de los 98 días actuales a los 60 días de máximo que fija el nuevo texto legal. "Los organismos públicos, ayuntamientos y grandes empresas pagan a 180 días, sin importarles lo que marca la ley. Sólo se permite prolongar este plazo si hay pacto expreso, pero aunque no lo hay, lo hacen igual", dice Amor.
(sigue en la respuesta a este post)
