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Los islandeses votaron ayer no con contundencia en el referendo sobre la devolución de la deuda de 3.800 millones contraída por el país con el Reino Unido y Holanda tras la quiebra del banco Icesave.
Al cierre de esta edición, el no se imponía por un 93%, poniendo en una difícil situación al Gobierno: el rechazo a devolver la deuda supondría el bloqueo del cobro de ayudas ya pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los países del norte de Europa y un retraso en el ingreso del Estado en la Unión Europea (UE).
El conflicto se remonta a octubre del 2008, cuando el banco on line Icesave, filial del islandés Landsbanki, quebró debido a la crisis financiera internacional. La entidad había realizado importantes campañas publicitarias para captar depósitos en el Reino Unido y Holanda ofreciendo una elevada rentabilidad, y consiguió captar más de 340.000 clientes de ambos países.
PRESIÓN POPULAR / Tras la quiebra, los gobiernos británico y holandés devolvieron a sus ciudadanos el dinero bloqueado en el país nórdico (3.800 millones de euros), y el Parlamento islandés se comprometió a retornar dicho monto a ambos estados. Pero la resistencia popular al pago (el 20% de la población firmó una petición para que se sometiera a referendo la devolución) debido a las condiciones pactadas (a retornar en 15 años pero a un interés del 5,5%, lejos de los tipos actuales), llevaron al presidente del país, Olaffur Grimsson, a negarse a ratificar la ley que regulaba las indemnizaciones y a convocar el referendo de ayer.
Así, la decisión de Grimsson golpeó de lleno al Gobierno de Johanna Sigurdardottir, que llegó al poder a principios del 2009 y que ha recibido duras críticas por la gestión de la crisis: además de la pérdida de valor de la moneda, solo en el 2009 el PIB del país se contrajo el 6,5%.
DISCONFORMIDAD / El referendo ha sido considerado una victoria popular en la que la población pudo mostrar su disconformidad con la acción del Gobierno y con el sistema bancario. «No es justo que los contribuyentes islandeses asumamos toda la responsabilidad de los banqueros. El acuerdo simplemente no es realista y podemos conseguir uno mejor», aseguraba ayer Albert Olafsson, auditor, a las puertas de un colegio electoral de la capital. «Queremos pagar nuestra deuda, pero queremos hacerlo sin tener que entrar en bancarrota», añadía Steinunn Ragnarsdottir, pianista.
La consulta, la primera desde la independencia de Islandia en 1944, se llevó a cabo sin incidentes, aunque medio millar de ciudadanos se manifestaron a las puertas del Parlamento a favor del no.
La perspectiva de la victoria del no llevó al Gobierno islandés a negociar con el Reino Unido y Holanda un nuevo acuerdo, y es este el hierro al que se ha agarrado el Ejecutivo de Sigurdardottir. «Esta consulta no tiene realmente ningún propósito», afirmó la primera ministra socialdemócrata el viernes.
REACCIONES / Ayer, el ministro de Relaciones Exteriores de Holanda, Maxime Verhagen, aseguró que su Gobierno examinará las negociaciones con Islandia sobre la deuda dentro del proceso de ingreso de ese país en la UE, aunque evitó ligar la devolución de la deuda a la aprobación del ingreso. «Queremos dejar claro que el no no significa que no vayamos a pagar. Vamos a cumplir con nuestras obligaciones», declaró el ministro de Finanzas islandés, Steingrimur Sigfusson.
Al cierre de esta edición, el no se imponía por un 93%, poniendo en una difícil situación al Gobierno: el rechazo a devolver la deuda supondría el bloqueo del cobro de ayudas ya pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los países del norte de Europa y un retraso en el ingreso del Estado en la Unión Europea (UE).
El conflicto se remonta a octubre del 2008, cuando el banco on line Icesave, filial del islandés Landsbanki, quebró debido a la crisis financiera internacional. La entidad había realizado importantes campañas publicitarias para captar depósitos en el Reino Unido y Holanda ofreciendo una elevada rentabilidad, y consiguió captar más de 340.000 clientes de ambos países.
PRESIÓN POPULAR / Tras la quiebra, los gobiernos británico y holandés devolvieron a sus ciudadanos el dinero bloqueado en el país nórdico (3.800 millones de euros), y el Parlamento islandés se comprometió a retornar dicho monto a ambos estados. Pero la resistencia popular al pago (el 20% de la población firmó una petición para que se sometiera a referendo la devolución) debido a las condiciones pactadas (a retornar en 15 años pero a un interés del 5,5%, lejos de los tipos actuales), llevaron al presidente del país, Olaffur Grimsson, a negarse a ratificar la ley que regulaba las indemnizaciones y a convocar el referendo de ayer.
Así, la decisión de Grimsson golpeó de lleno al Gobierno de Johanna Sigurdardottir, que llegó al poder a principios del 2009 y que ha recibido duras críticas por la gestión de la crisis: además de la pérdida de valor de la moneda, solo en el 2009 el PIB del país se contrajo el 6,5%.
DISCONFORMIDAD / El referendo ha sido considerado una victoria popular en la que la población pudo mostrar su disconformidad con la acción del Gobierno y con el sistema bancario. «No es justo que los contribuyentes islandeses asumamos toda la responsabilidad de los banqueros. El acuerdo simplemente no es realista y podemos conseguir uno mejor», aseguraba ayer Albert Olafsson, auditor, a las puertas de un colegio electoral de la capital. «Queremos pagar nuestra deuda, pero queremos hacerlo sin tener que entrar en bancarrota», añadía Steinunn Ragnarsdottir, pianista.
La consulta, la primera desde la independencia de Islandia en 1944, se llevó a cabo sin incidentes, aunque medio millar de ciudadanos se manifestaron a las puertas del Parlamento a favor del no.
La perspectiva de la victoria del no llevó al Gobierno islandés a negociar con el Reino Unido y Holanda un nuevo acuerdo, y es este el hierro al que se ha agarrado el Ejecutivo de Sigurdardottir. «Esta consulta no tiene realmente ningún propósito», afirmó la primera ministra socialdemócrata el viernes.
REACCIONES / Ayer, el ministro de Relaciones Exteriores de Holanda, Maxime Verhagen, aseguró que su Gobierno examinará las negociaciones con Islandia sobre la deuda dentro del proceso de ingreso de ese país en la UE, aunque evitó ligar la devolución de la deuda a la aprobación del ingreso. «Queremos dejar claro que el no no significa que no vayamos a pagar. Vamos a cumplir con nuestras obligaciones», declaró el ministro de Finanzas islandés, Steingrimur Sigfusson.
