Jesús Sánchez-Quiñones - 09/03/2010 06:00h
Las entidades financieras españolas, bancos y cajas de ahorros, son accionistas de referencia de un buen número de compañías cotizadas. Previsiblemente esta circunstancia variará significativamente en los próximos dos años.
Los resultados y recursos propios de las entidades financieras se encuentran tremendamente presionados debido a diversos factores:
El incremento de los requisitos de capital por las nuevas normas del Banco Internacional de Pagos de Basilea (Basilea III). Aunque no sean medidas de aplicación inmediata, ponen de manifiesto la necesidad de mayores niveles de recursos propios para realizar el mismo nivel de actividad crediticia. O incrementan los recursos propios o reducen su balance y, por tanto, su nivel de actividad. Como consecuencia la rentabilidad de los recursos propios será inferior.
La inmovilización de parte de su activo por la adjudicación de bienes inmuebles les resta capacidad de maniobra para seguir concediendo préstamos. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha llevado a las entidades a adjudicarse inmuebles como pago de préstamos. La inmovilización de parte de su balance y ante la dificultad de librarse de dichos activos de forma rápida, llevará a la monetización (venta) de otros activos, incluso algunos considerados hasta ahora como estratégicos. Los principales son las participaciones en empresas cotizadas.
El aumento de la mora por la actual fase del ciclo económico, merma los beneficios de las entidades financieras y sus recursos propios.
El aumento de los costes de financiación al acabarse en junio la posibilidad de emitir bonos con la garantía del Estado. Como consecuencia, en un número elevado de préstamos vivos, las entidades financieras recibirán un diferencial de tipos de interés inferior al que les cuesta la financiación de dichos préstamos.
La restricción de la liquidez de forma gradual por parte del Banco Central Europeo encarecerá su financiación.
En esta coyuntura es muy previsible que las entidades financieras analicen cuidadosamente su cartera de participaciones en empresas cotizadas y no se resistan a hacer caja y materializar beneficios latentes. Dentro de las empresas del Ibex 35, dieciséis compañías tienen participaciones significativas de cajas y bancos comunicadas a la CNMV. A modo ilustrativo, están en poder de bancos y cajas españoles el 12% de Telefónica, el 17% de Repsol, el 13% de Iberdrola, el 23% de Iberia o el 22% de BME.
En la mayoría de los casos son participaciones de empresas atractivas por perspectivas y valoración actual. No obstante, la incertidumbre sobre cuándo se producirá la salida de las entidades financieras de su accionariado está lastrando las cotizaciones.
La liquidez que otorga la Bolsa permite a las entidades financieras desprenderse de dichas participaciones de forma rápida y con un escaso descuento con respecto a la última cotización. El ejemplo más reciente ha sido la colocación de la mitad del paquete de Banco Santander en BME en apenas unas horas y con descuento cercano al 4% sobre la cotización del valor.
Dada la actual situación de escaso ahorro nacional y la falta de inversiones institucionales españoles fuera del sistema financiero, lo más previsible es que gran parte de las participaciones de bancos y cajas vayan a parar a manos de inversores extranjeros.
Previsiblemente en apenas dos años, el mapa accionarial de las empresas cotizadas españolas distará mucho del actual, habiéndose incrementado notablemente el peso de los inversores extranjeros. En este contexto llama la atención la reforma legal encaminada a la eliminación de las restricciones de voto en las empresas cotizadas. Seguro que más de un inversor institucional extranjero estará ya planeando su estrategia a seguir.
Jesús Sánchez-Quiñones es director general de Renta 4
Las entidades financieras españolas, bancos y cajas de ahorros, son accionistas de referencia de un buen número de compañías cotizadas. Previsiblemente esta circunstancia variará significativamente en los próximos dos años.
Los resultados y recursos propios de las entidades financieras se encuentran tremendamente presionados debido a diversos factores:
El incremento de los requisitos de capital por las nuevas normas del Banco Internacional de Pagos de Basilea (Basilea III). Aunque no sean medidas de aplicación inmediata, ponen de manifiesto la necesidad de mayores niveles de recursos propios para realizar el mismo nivel de actividad crediticia. O incrementan los recursos propios o reducen su balance y, por tanto, su nivel de actividad. Como consecuencia la rentabilidad de los recursos propios será inferior.
La inmovilización de parte de su activo por la adjudicación de bienes inmuebles les resta capacidad de maniobra para seguir concediendo préstamos. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha llevado a las entidades a adjudicarse inmuebles como pago de préstamos. La inmovilización de parte de su balance y ante la dificultad de librarse de dichos activos de forma rápida, llevará a la monetización (venta) de otros activos, incluso algunos considerados hasta ahora como estratégicos. Los principales son las participaciones en empresas cotizadas.
El aumento de la mora por la actual fase del ciclo económico, merma los beneficios de las entidades financieras y sus recursos propios.
El aumento de los costes de financiación al acabarse en junio la posibilidad de emitir bonos con la garantía del Estado. Como consecuencia, en un número elevado de préstamos vivos, las entidades financieras recibirán un diferencial de tipos de interés inferior al que les cuesta la financiación de dichos préstamos.
La restricción de la liquidez de forma gradual por parte del Banco Central Europeo encarecerá su financiación.
En esta coyuntura es muy previsible que las entidades financieras analicen cuidadosamente su cartera de participaciones en empresas cotizadas y no se resistan a hacer caja y materializar beneficios latentes. Dentro de las empresas del Ibex 35, dieciséis compañías tienen participaciones significativas de cajas y bancos comunicadas a la CNMV. A modo ilustrativo, están en poder de bancos y cajas españoles el 12% de Telefónica, el 17% de Repsol, el 13% de Iberdrola, el 23% de Iberia o el 22% de BME.
En la mayoría de los casos son participaciones de empresas atractivas por perspectivas y valoración actual. No obstante, la incertidumbre sobre cuándo se producirá la salida de las entidades financieras de su accionariado está lastrando las cotizaciones.
La liquidez que otorga la Bolsa permite a las entidades financieras desprenderse de dichas participaciones de forma rápida y con un escaso descuento con respecto a la última cotización. El ejemplo más reciente ha sido la colocación de la mitad del paquete de Banco Santander en BME en apenas unas horas y con descuento cercano al 4% sobre la cotización del valor.
Dada la actual situación de escaso ahorro nacional y la falta de inversiones institucionales españoles fuera del sistema financiero, lo más previsible es que gran parte de las participaciones de bancos y cajas vayan a parar a manos de inversores extranjeros.
Previsiblemente en apenas dos años, el mapa accionarial de las empresas cotizadas españolas distará mucho del actual, habiéndose incrementado notablemente el peso de los inversores extranjeros. En este contexto llama la atención la reforma legal encaminada a la eliminación de las restricciones de voto en las empresas cotizadas. Seguro que más de un inversor institucional extranjero estará ya planeando su estrategia a seguir.
Jesús Sánchez-Quiñones es director general de Renta 4