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Manuel Lionza.– La reforma del sector financiero más profunda desde la emprendida en parecida dirección a raíz de la crisis de 1929, está ya en marcha, para bien o paramal. La iniciativa, propiciada por el presidente Obama y uno de los platos fuertes de su programa electoral, ha sido una de las tareas prioritarias, y auténtica piedra de toque junto con la reforma sanitaria, que han ocupado la primera mitad de su mandato. Las intensas presiones desplegadas por el sector financiero, acostumbrado desde los años setenta a actuar prácticamente con total impunidad, a veces con la cómplice omisión de los reguladores, y su creciente rol en la economía mundial -creyéndose una especie de megagobierno intocable del que parecía depender el destino y felicidad humanos-, no han impedido acometer su reforma.Een ella habrá ganadores y perdedores y no necesariamente serán todos los consumidores.
Una vez entre en vigor, con la firma presidencial después de la aprobación por el Senado, se limitarán las prácticas que se han demostrado explosivas en la presente crisis financiera, además de garantizar algunas salvaguardas -escasas, a tenor de las expectativas creadas- a los consumidores, víctimas por partida doble de esta crisis: como suscriptores de productos financieros tóxicos o no rentables o, simplemente, inadecuados para personas con perfil insolvente, a sabiendas de las propias entidades; y como contribuyentes, cuyo dinero ha servido para rescatar a algunas de las entidades que engordaron al socaire de esas prácticas, en no pocos casos, de dudosa legalidad.
PERDEDORES
Grandes bancos. Las entidades tendrán que dotar con miles de millones su base de capital para reforzar su solvencia y así evitar riesgos para el sistema financiero. Entidades como Bank of America y el banco de inversión Goldman Sachs no podrán operar por cuenta propia, ni invertir en hedge funds ni en fondos de capital riesgo, y las entidades que posean mesas de negociación en derivados tendrán que deshacerse de ellas si no quieren perder la ventanilla de financiación de emergencia de la Fed.
Agencias crediticias. Las Three Big -- Moody's, Standard & Poor's y Fitch Ratings -- tendrán que ser más transparentes, y competir con otras más pequeñas cuya creación potencia la reforma. Además, se creará un consejo de calificadoras para elegir a la que debe poner el grado de solvencia a las emisiones de deuda.
Consumidores. No han resultado tan ganadores como se enfatizó desde los prolegómenos de la reforma. Se crea ex novo la Oficina de Protección del Consumidor Financiero, con sede en la Fed, e independiente del poder político. Estará dotada de amplias competencias, pero la protección a los consumidores estará condicionada a la estabilidad del sistema. Si una norma dirigida a proteger a los consumidores de determinados abusos amenaza al sistema, éste tendrá preferencia. Productos como hipotecas y tarjetas de crédito estarán sujetos a nuevas reglas.
Titulizaciones- Las prácticas de emitir y fragmentar papel para centrifugar el riesgo, lo que provocó la gigantesca contaminación con las conocidas hipotecas subprime, adquiridas indiscriminadamente tanto por firmas de inversión como por inversores finales, se quieren limitar obligando a los emisores a suscribir un porcentaje del papel que colocan en los mercados. El Senado ha establecido que los emisores mantengan en sus carteras un 5 por ciento del papel que emiten, como medida para calibrar la calidad de lo que venden; el porcentaje se ve insuficientemente disuasorio en el sector bancario.
GANADORES
Pequeños bancos. La Reserva Federal continuará supervisando a los bancos pequeños. La nueva oficina de defensa del consumidor financiero no endurecerá la normativa para los productos financieros de estas entidades bancarias, que seguirán sujetas al control de la autoridad supervisora.
La Reserva Federal. La autoridad monetaria aumenta sus poderes de supervisión sobre el sistema financiero. Se crea una especie de Comité de Riesgo con competencias para vigilar el sistema financiero y decidir si una entidad de gran tamaño necesita deshacerse de activos.
Una vez entre en vigor, con la firma presidencial después de la aprobación por el Senado, se limitarán las prácticas que se han demostrado explosivas en la presente crisis financiera, además de garantizar algunas salvaguardas -escasas, a tenor de las expectativas creadas- a los consumidores, víctimas por partida doble de esta crisis: como suscriptores de productos financieros tóxicos o no rentables o, simplemente, inadecuados para personas con perfil insolvente, a sabiendas de las propias entidades; y como contribuyentes, cuyo dinero ha servido para rescatar a algunas de las entidades que engordaron al socaire de esas prácticas, en no pocos casos, de dudosa legalidad.
PERDEDORES
Grandes bancos. Las entidades tendrán que dotar con miles de millones su base de capital para reforzar su solvencia y así evitar riesgos para el sistema financiero. Entidades como Bank of America y el banco de inversión Goldman Sachs no podrán operar por cuenta propia, ni invertir en hedge funds ni en fondos de capital riesgo, y las entidades que posean mesas de negociación en derivados tendrán que deshacerse de ellas si no quieren perder la ventanilla de financiación de emergencia de la Fed.
Agencias crediticias. Las Three Big -- Moody's, Standard & Poor's y Fitch Ratings -- tendrán que ser más transparentes, y competir con otras más pequeñas cuya creación potencia la reforma. Además, se creará un consejo de calificadoras para elegir a la que debe poner el grado de solvencia a las emisiones de deuda.
Consumidores. No han resultado tan ganadores como se enfatizó desde los prolegómenos de la reforma. Se crea ex novo la Oficina de Protección del Consumidor Financiero, con sede en la Fed, e independiente del poder político. Estará dotada de amplias competencias, pero la protección a los consumidores estará condicionada a la estabilidad del sistema. Si una norma dirigida a proteger a los consumidores de determinados abusos amenaza al sistema, éste tendrá preferencia. Productos como hipotecas y tarjetas de crédito estarán sujetos a nuevas reglas.
Titulizaciones- Las prácticas de emitir y fragmentar papel para centrifugar el riesgo, lo que provocó la gigantesca contaminación con las conocidas hipotecas subprime, adquiridas indiscriminadamente tanto por firmas de inversión como por inversores finales, se quieren limitar obligando a los emisores a suscribir un porcentaje del papel que colocan en los mercados. El Senado ha establecido que los emisores mantengan en sus carteras un 5 por ciento del papel que emiten, como medida para calibrar la calidad de lo que venden; el porcentaje se ve insuficientemente disuasorio en el sector bancario.
GANADORES
Pequeños bancos. La Reserva Federal continuará supervisando a los bancos pequeños. La nueva oficina de defensa del consumidor financiero no endurecerá la normativa para los productos financieros de estas entidades bancarias, que seguirán sujetas al control de la autoridad supervisora.
La Reserva Federal. La autoridad monetaria aumenta sus poderes de supervisión sobre el sistema financiero. Se crea una especie de Comité de Riesgo con competencias para vigilar el sistema financiero y decidir si una entidad de gran tamaño necesita deshacerse de activos.