Zapatero exige ahora 600 millones a los ayuntamientos
La política municipal se ha convertido en una ratonera a menos de un año para las urnas. Los programas electorales de muchos alcaldes deberán centrarse en explicar cómo piensan sanear las cuentas, pagar las nóminas y saldar las cuentas pendientes.
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Con el grifo de la deuda cerrado a partir del próximo año, 6.546 municipios (ocho de cada diez) deberán reingresar al Estado 565 millones de euros en 2010, según datos del Ministerio de Economía.
Los ayuntamientos han caído en la misma trampa que las comunidades. Los ingresos fiscales previstos por el Gobierno para 2008 fueron excesivamente optimistas. Por eso, ahora, una vez cerrada la liquidación, los alcaldes deben devolver parte del dinero. El desfase puede sumar otros 1.000 millones en 2009.
“Parece que cada noticia nos la dediquen”, ironiza el presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Salvador Esteve. Según explica, esta devolución plantea “una situación muy grave” para los gobiernos municipales si se le suma al anuncio de que se les prohibirá endeudarse a partir de 2011 y se les obligará a amortizar todas sus cuentas de tesorería el 31 de diciembre. Desde la Federación Catalana de Municipios (FMC), el socialista Manuel Bustos alerta de la “tensión presupuestaria extrema” que sufren los consistorios. Según recuerda Esteve, estos ofrecen un 30% de competencias que por ley no les correspondería –como el servicio de guarderías de 0 a 3 años– pero que asumieron en época de bonanza.
Más de una ciudad va a tener que replantear el modelo de servicios públicos o su estructura administrativa para sobrevivir a la crisis. 55 ayuntamientos deberán devolver este año al Estado más de un millón de euros. Aunque lo más sorprendente es que 40 de ellos poseen una población de menos de 75.000 habitantes y no son capitales de provincia –estos se financian por el régimen general frente a las capitales y grandes urbes que participan en la cesión de impuestos–.
Collado Villalba, municipio madrileño de apenas 55.000 habitantes, debe al Estado 2,1 millones de euros. Es decir, 39 euros por habitante. Otro ejemplo destacado es el de Cieza. El desajuste de este municipio murciano de 32.000 habitantes, de 1,9 millones de euros, supera al de la capital de su comunidad. En total, una factura de 59 euros por habitante. Otros como Benidorm, Rubí, Manresa, Elda, Linares, Torrelavega, Ponferrada, Viladecans copan los primeros puestos.
Entrega de llaves como protesta en Cataluña
Representantes de las dos principales entidades municipalistas de Cataluña mantuvieron en julio una reunión con el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías. El presidente de la FCM, Manel Bustos, habla de riesgo de “colapso económico” si el Estado no rectifica. Durante el que será un “otoño caliente”, según augura Salvador Esteve, ambas entidades mantendrán una segunda entrevista con Zarrías, que se comprometió a reconsiderar estas medidas. Si la situación se mantiene, desde la ACM, que reúne a consistorios convergentes, plantean como protesta que todos sus ayuntamientos hagan “una entrega simbólica” de llaves en Madrid.
La clave: el IVA
Las capitales de provincia y urbes de más de 75.000 habitantes que participan en la cesión de tributos del Estado han sufrido el derrumbe del IVA, que explica el 99% de las devoluciones.
“Será la quiebra”
Es “escandaloso”, valora Lluís Recoder (CiU), alcalde de Sant Cugat, que deberá devolver 1,2 millones. “O esto se resuelve o será la quiebra para muchos municipios”, pronostica.
“Ni un duro”
Manresa deberá devolver 1,57 millones. Su alcalde, Josep Camprubí, se pregunta “quien podrá cuadrar” el presupuesto municipal en 2011. Pide que no se tenga que retornar “ni un duro”.
Más tiempo
Vilanova debe 1,36 millones y tendrá que dejar de “hacer otras cosas”, observa el concejal de Hacienda, Albert Sanabra. “No es lo mismo retornar ese dinero en 5 años que en 10 o en 20”, añade.