El Ministerio de Economía y Hacienda ha presentado este lunes las cuentas de ejecución presupuestaria a cierre de agosto. La administración central ha recortado el déficit en tasa interanual un 42 por 100. Aún así, éste se aproxima a los 35.000 millones de euros. Y terminará el año, según el cuadro macro del Gobierno, cerca de los 50.000 millones, una cantidad que podría convertirse en superávit si consiguiera erradicarse el fraude fiscal en España o, al menos, reducirlo notablemente. ¿Utopía? Los inspectores de la Agencia Tributaria creen que sería posible con una actuación más decidida del Gobierno, según el libro Implicaciones de la economia sumergida en España, editado por el Círculo de Empresarios.
En esta publicación, José María Peláez, inspector de Hacienda, afirma que cada año se dejan de ingresar más de 70.000 millones de euros. Desde el propio Ministerio de Trabajo se ha dado por bueno el dato de que la economía sumergida puede representar aproximadamente el 20 por 100 del Producto Interior Bruto (PIB) español.
En general, los expertos coinciden en que las épocas de crisis y su consiguiente aumento de la precariedad en el mercado de trabajo son un caldo de cultivo propicio al florecimiento de una economía informal. La tentación de defraudar se multiplica en sus diversas vertientes: incumplimientos en afiliación y alta de trabajadores, cesión ilegal de empleados en fines de semana, irregularidades en las cotizaciones sociales, el aumento de los falsos autónomos, el uso fraudulento de las modalidades de contratación temporal así como compatibilizar una prestación por desempleo con un empleo no declarado, sin olvidar uno de los sectores con mayores tasas: empleados del hogar. Se tiende a identificar fraude fiscal con impuestos, cuando las infracciones abarcan temas mucho más diversos.
Es cierto que no hay ningún estudio oficial que cuantifique realmente la economía sumergida, ni el potencial fraude fiscal. Pero hay datos adicionales que permiten hacerse una idea. Por ejemplo, hace unos días, Gestha, la asociación que agrupa a los técnicos de Hacienda, hizo público un informe en el que afirmaba que más de la mitad de los contratos de alquiler de vivienda no tributa a Hacienda, lo que supone una merma de ingresos en torno a los 3.000 millones de euros. Además, el dinero en metálico en España supone en torno al 10 por 100 del PIB, el doble que en la zona euro. Otro apunte: el enorme volumen de billetes de 500 euros que circula por el país, unos 110 millones de euros, cuantía que representa un tercio del total emitido por la Unión Europea y el 64 por 100 del total del efectivo en manos de los españoles.
Existe un Plan de Prevención del Fraude Fiscal, que ha recaudado unos 35.000 millones de euros en los últimos cinco años, cantidad que, a vista del cálculo de los expertos, es más un fracaso que un triunfo. El problema traspasa las fronteras. Un informe del Parlamento Europeo estima entre los 200.000 y los 250.000 los millones de euros anuales dejados de recaudar, una cuestión que se aborda con cierta regularidad en las reuniones del Ecofin sin que se terminen de adoptar medidas contundentes para combatirlo. Tampoco en el G-20. Ni en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Sin ir más lejos, la OCDE ha establecido que un paraíso fiscal ya no lo es en cuanto haya firmado al menos 12 acuerdos bilaterales de intercambio de información. Mónaco, por citar un clásico, los ha establecido, entre otros países, con Andorra, Bahamas, Liechtenstein, Luxemburgo, Qatar, Samoa y Saint Kitts, un pequeño país del continente americano que tiene 38.000 habitantes y una superficie de 261 kilómetros cuadrados.
