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Los datos de déficit público 2010 anunciados este martes por la vicepresidenta económica, Elena Salgado, suenan positivos, a primera vista. En contra del augurio de muchos expertos se ha cumplido el plan acordado con la Comisión Europea... aunque por los pelos. La diferencia entre el descuadre registrado (98.227 millones de euros) y el límite marcado es de poco más de 600 millones, pero supone un argumento para reforzar la confianza en los compromisos del Gobierno.
Especialmente destacado fue el esfuerzo realizado por la administración central, que logró rebajar su saldo negativo prácticamente a la mitad en un solo año. A ello contribuyeron tanto los ingresos, en parte debido a las alzas fiscales, como los gastos, que invirtieron la tendencia alcista de la primera mitad del año para terminar con un descenso del 5 por 100.
Mientras, las comunidades autónomas, que siguen levantando sospechas en el exterior, se desviaron en más de 4.000 millones de euros. Incumplieron nueve de las diecisiete y volvió a quedar patente que siguen sin encontrar el modo de compensar la caída de los ingresos procedentes del ladrillo, que abrillantaban sus cuentas en los años del boom. El pasado ejercicio, el déficit autonómico supuso un 36 por 100 del total de las Administraciones Públicas, el doble que el año anterior. Lor gobiernos autonómicos gestionan aproximadamente la mitad del gasto público y sobre ellos recaen competencias, como sanidad o educación, donde existe poco margen para recortar.
La desviación más inquietante fue la registrada por la Seguridad Social, que en 2010 volvió a los números rojos, tras una década de excedentes. Su déficit se debió a que tuvo que asumir los desfases del Servicio Público de Empleo Estatal y el Fondo de Garantía Salarial (3.700 millones), pero aun descontando este efecto, su saldo fue seis veces menor que en 2009.
Los datos de Seguridad Social correspondientes a enero de 2011, también difundidos este martes (1 de marzo), muestran que la tendencia persiste y el ahorro acumulado en años anteriores sigue encogiendo, con un incesante aumento del gasto en pensiones y unos ingresos prácticamente estancados (-1 por 100) a causa del desempleo. Y es que, sin crear empleo, lo demás difícilmente podrá mejorar.
Especialmente destacado fue el esfuerzo realizado por la administración central, que logró rebajar su saldo negativo prácticamente a la mitad en un solo año. A ello contribuyeron tanto los ingresos, en parte debido a las alzas fiscales, como los gastos, que invirtieron la tendencia alcista de la primera mitad del año para terminar con un descenso del 5 por 100.
Mientras, las comunidades autónomas, que siguen levantando sospechas en el exterior, se desviaron en más de 4.000 millones de euros. Incumplieron nueve de las diecisiete y volvió a quedar patente que siguen sin encontrar el modo de compensar la caída de los ingresos procedentes del ladrillo, que abrillantaban sus cuentas en los años del boom. El pasado ejercicio, el déficit autonómico supuso un 36 por 100 del total de las Administraciones Públicas, el doble que el año anterior. Lor gobiernos autonómicos gestionan aproximadamente la mitad del gasto público y sobre ellos recaen competencias, como sanidad o educación, donde existe poco margen para recortar.
La desviación más inquietante fue la registrada por la Seguridad Social, que en 2010 volvió a los números rojos, tras una década de excedentes. Su déficit se debió a que tuvo que asumir los desfases del Servicio Público de Empleo Estatal y el Fondo de Garantía Salarial (3.700 millones), pero aun descontando este efecto, su saldo fue seis veces menor que en 2009.
Los datos de Seguridad Social correspondientes a enero de 2011, también difundidos este martes (1 de marzo), muestran que la tendencia persiste y el ahorro acumulado en años anteriores sigue encogiendo, con un incesante aumento del gasto en pensiones y unos ingresos prácticamente estancados (-1 por 100) a causa del desempleo. Y es que, sin crear empleo, lo demás difícilmente podrá mejorar.
