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Mark Roe es profesor de Derecho en la Escuela de Leyes de Harvard y ha escrito este artículo para project Syndicate:
Si la frontera del capitalismo es con el socialismo, sabemos por qué el mundo acierta cuando ve a Estados Unidos como fuertemente capitalista. La titularidad estatal es baja y se la considera una aberración cuando ocurre (como las absorciones por parte del gobierno de General Motors y Chrysler en los últimos años, de las cuales los funcionarios quieren salir a toda prisa). El gobierno interviene en la economía menos que en la mayoría de los países avanzados, y los principales programas sociales como la atención médica universal no están tan profundamente arraigados en Estados Unidos como en otras partes.
Sin embargo, éstas no son las únicas dimensiones a tener en cuenta cuando se juzga cuán capitalista es Estados Unidos realmente. Consideremos hasta qué punto manda el capital -es decir, los accionistas- en las grandes empresas: si surge un conflicto entre los objetivos del capital y los de los gerentes, ¿quién gana?
Analizado de esta manera, el capitalismo de Estados Unidos se vuelve más ambiguo. La ley estadounidense les da más autoridad a los gerentes y a los directores corporativos que a los accionistas. Si los accionistas quieren decirles qué hacer a los directores -digamos, pedir prestado más dinero y expandir el negocio, o cerrar la fábrica deficitaria-, bueno, no pueden hacerlo. La ley es clara: la junta de directores de la corporación, no sus accionistas, rige el negocio.
Algún ingenuo respecto de la manera en que funcionan las corporaciones estadounidenses podría decir que esas reglas son muy débiles, ya que los accionistas simplemente pueden elegir nuevos directores si los que están en el cargo son recalcitrantes. Siempre que puedan elegir a los directores, se podría pensar, los accionistas mandan en la empresa. Eso sería factible si la titularidad corporativa estadounidense fuera concentrada y poderosa, y si los accionistas importantes fueran dueños, digamos, del 25% de las acciones de una compañía -una estructura común en la mayoría de los otros países avanzados, donde con más frecuencia familias, fundaciones o instituciones financieras tienen ese tipo de autoridad dentro de las grandes empresas.
Sin embargo, ni ésa es la manera en que funciona la titularidad en las firmas estadounidenses ni el modo en que se llevan a cabo las elecciones corporativas en Estados Unidos. La titularidad en las grandes empresas norteamericanas es difusa -los accionistas en bloque son escasos, incluso hoy-. Los fondos de cobertura con grandes bloques de acciones son la novedad, no la norma.
Las elecciones corporativas para los directores que administran firmas estadounidenses son costosas. Los directores que están en el cargo normalmente se nominan a sí mismos, y la compañía paga sus gastos electorales (por solicitar votos de accionistas distantes y dispersos, producir materiales de votación, presentar demandas legales y, cuando se impugna una elección, pagar litigios costosos en Estados Unidos). Si a un accionista, por caso, no le gusta cómo están administrado la compañía los directores de GM (y, en los años 1980 y 1990, la estaban llevando a la ruina), es libre de nominar a nuevos directores, pero debe pagar sus robustos costos electorales y no debería esperar que alguien, en particular en GM, alguna vez se los reembolse. Si tiene 100 acciones, o 1.000, o incluso 100.000, desafiar a los titulares actuales sencillamente no vale la pena.
Así las cosas, las elecciones impugnadas son pocas, los directores en función las ganan -las pocas veces que ocurren- y siguen ejerciendo el control. Las empresas y sus gerentes están sujetos a los mercados competitivos y a otras limitaciones, pero no a la autoridad de los accionistas.
En lugar de una elección en la que se podría remover a directores recalcitrantes, una compañía externa podría intentar comprar la firma y todas sus acciones. Pero las reglas del juego corporativo estadounidense -sumamente influenciadas por los directores y sus organizaciones de lobby- normalmente les permiten a los directores rechazar ofertas externas, y hasta impedirles a los accionistas vender sus acciones a alguien de afuera. Los directores carecían de ese poder a principios de los años 1980, cuando se produjo una ola de compras hostiles de este tipo; pero para fines de la década, los directores lograron que las reglas fueran cambiadas a su favor, para permitirles rechazar ofertas casi por cualquier causa. Hoy basta con rechazar la oferta de precio de alguien de afuera (incluso si no hubiera nadie que pagara más).
Los reformistas de las leyes corporativas estadounidenses se vienen concentrando desde hace mucho tiempo en las elecciones corporativas. Hace aproximadamente una década, después de los escándalos de Enron y WorldCom, el regulador del mercado bursátil de Estados Unidos, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por su sigla en inglés), consideró exigir que las empresas les permitieran a determinados accionistas calificados incluir a sus nominados al directorio en la boleta electoral pagada por la compañía. La propuesta real era anodina, ya que sólo unos pocos directores -no los suficientes como para cambiar la mayoría de una junta- podían ser nominados, y votados, a expensas de la compañía.
No obstante, las organizaciones de lobby de los directores -como la Mesa Redonda Empresarial y la Cámara de Comercio (y sus abogados)- atacaron la iniciativa de la SEC. El lobby fue feroz y se dice que llegó a la Casa Blanca. Los intereses comerciales intentaron reemplazar a los comisionados de la SEC que querían la regla y sus abogados amenazaron con demandar a la SEC si avanzaba. Funcionó: las personas con información privilegiada dentro de las empresas de Estados Unidos en repetidas ocasiones presionaron para sacar la propuesta de la agenda de la SEC en la década siguiente.
Luego, en el verano de 2010, después de una elección relevante y una crisis financiera que debilitó la credibilidad de los directores en funciones, la SEC promulgó reglas electorales que les daban a ciertos accionistas calificados libre acceso a las boletas electorales pagadas por las compañías. Tan pronto como lo hizo, el establishment gerencial de Estados Unidos demandó a la SEC y las autoridades del gobierno se sintieron obligadas a suspender las nuevas reglas antes de que ni siquiera entraran en vigencia. El litigio hoy está en las cortes de Estados Unidos.
La lección es que Estados Unidos es menos capitalista que "gerencialista". Los gerentes, no los dueños, tienen la última palabra en las decisiones corporativas.
Tal vez sea algo bueno, Incluso cierto pensamiento orientado al capitalismo sostiene que a los accionistas les va mejor si los gerentes toman todas las decisiones importantes. Y muchas veces los intereses de los accionistas y los gerentes están alineados.
Sin embargo, existe evidencia considerable de que cuando los gerentes están en desacuerdo con los accionistas, la discreción gerencial en las empresas estadounidenses es excesiva y debilita a las compañías. Los gerentes de firmas establecidas siguen adelante con empresas que pierden dinero durante demasiado tiempo, cobran excesivamente en relación a su propio desempeño y el de la compañía y muchas veces no actúan con la suficiente agresividad como para ingresar a mercados nuevos pero riesgosos.
Cuando se trata de capitalismo vs. socialismo, sabemos de qué lado está Estados Unidos. Pero cuando se trata de gerentes vs. dueños del capital, Estados Unidos es gerencialista, no capitalista.
Si la frontera del capitalismo es con el socialismo, sabemos por qué el mundo acierta cuando ve a Estados Unidos como fuertemente capitalista. La titularidad estatal es baja y se la considera una aberración cuando ocurre (como las absorciones por parte del gobierno de General Motors y Chrysler en los últimos años, de las cuales los funcionarios quieren salir a toda prisa). El gobierno interviene en la economía menos que en la mayoría de los países avanzados, y los principales programas sociales como la atención médica universal no están tan profundamente arraigados en Estados Unidos como en otras partes.
Sin embargo, éstas no son las únicas dimensiones a tener en cuenta cuando se juzga cuán capitalista es Estados Unidos realmente. Consideremos hasta qué punto manda el capital -es decir, los accionistas- en las grandes empresas: si surge un conflicto entre los objetivos del capital y los de los gerentes, ¿quién gana?
Analizado de esta manera, el capitalismo de Estados Unidos se vuelve más ambiguo. La ley estadounidense les da más autoridad a los gerentes y a los directores corporativos que a los accionistas. Si los accionistas quieren decirles qué hacer a los directores -digamos, pedir prestado más dinero y expandir el negocio, o cerrar la fábrica deficitaria-, bueno, no pueden hacerlo. La ley es clara: la junta de directores de la corporación, no sus accionistas, rige el negocio.
Algún ingenuo respecto de la manera en que funcionan las corporaciones estadounidenses podría decir que esas reglas son muy débiles, ya que los accionistas simplemente pueden elegir nuevos directores si los que están en el cargo son recalcitrantes. Siempre que puedan elegir a los directores, se podría pensar, los accionistas mandan en la empresa. Eso sería factible si la titularidad corporativa estadounidense fuera concentrada y poderosa, y si los accionistas importantes fueran dueños, digamos, del 25% de las acciones de una compañía -una estructura común en la mayoría de los otros países avanzados, donde con más frecuencia familias, fundaciones o instituciones financieras tienen ese tipo de autoridad dentro de las grandes empresas.
Sin embargo, ni ésa es la manera en que funciona la titularidad en las firmas estadounidenses ni el modo en que se llevan a cabo las elecciones corporativas en Estados Unidos. La titularidad en las grandes empresas norteamericanas es difusa -los accionistas en bloque son escasos, incluso hoy-. Los fondos de cobertura con grandes bloques de acciones son la novedad, no la norma.
Las elecciones corporativas para los directores que administran firmas estadounidenses son costosas. Los directores que están en el cargo normalmente se nominan a sí mismos, y la compañía paga sus gastos electorales (por solicitar votos de accionistas distantes y dispersos, producir materiales de votación, presentar demandas legales y, cuando se impugna una elección, pagar litigios costosos en Estados Unidos). Si a un accionista, por caso, no le gusta cómo están administrado la compañía los directores de GM (y, en los años 1980 y 1990, la estaban llevando a la ruina), es libre de nominar a nuevos directores, pero debe pagar sus robustos costos electorales y no debería esperar que alguien, en particular en GM, alguna vez se los reembolse. Si tiene 100 acciones, o 1.000, o incluso 100.000, desafiar a los titulares actuales sencillamente no vale la pena.
Así las cosas, las elecciones impugnadas son pocas, los directores en función las ganan -las pocas veces que ocurren- y siguen ejerciendo el control. Las empresas y sus gerentes están sujetos a los mercados competitivos y a otras limitaciones, pero no a la autoridad de los accionistas.
En lugar de una elección en la que se podría remover a directores recalcitrantes, una compañía externa podría intentar comprar la firma y todas sus acciones. Pero las reglas del juego corporativo estadounidense -sumamente influenciadas por los directores y sus organizaciones de lobby- normalmente les permiten a los directores rechazar ofertas externas, y hasta impedirles a los accionistas vender sus acciones a alguien de afuera. Los directores carecían de ese poder a principios de los años 1980, cuando se produjo una ola de compras hostiles de este tipo; pero para fines de la década, los directores lograron que las reglas fueran cambiadas a su favor, para permitirles rechazar ofertas casi por cualquier causa. Hoy basta con rechazar la oferta de precio de alguien de afuera (incluso si no hubiera nadie que pagara más).
Los reformistas de las leyes corporativas estadounidenses se vienen concentrando desde hace mucho tiempo en las elecciones corporativas. Hace aproximadamente una década, después de los escándalos de Enron y WorldCom, el regulador del mercado bursátil de Estados Unidos, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por su sigla en inglés), consideró exigir que las empresas les permitieran a determinados accionistas calificados incluir a sus nominados al directorio en la boleta electoral pagada por la compañía. La propuesta real era anodina, ya que sólo unos pocos directores -no los suficientes como para cambiar la mayoría de una junta- podían ser nominados, y votados, a expensas de la compañía.
No obstante, las organizaciones de lobby de los directores -como la Mesa Redonda Empresarial y la Cámara de Comercio (y sus abogados)- atacaron la iniciativa de la SEC. El lobby fue feroz y se dice que llegó a la Casa Blanca. Los intereses comerciales intentaron reemplazar a los comisionados de la SEC que querían la regla y sus abogados amenazaron con demandar a la SEC si avanzaba. Funcionó: las personas con información privilegiada dentro de las empresas de Estados Unidos en repetidas ocasiones presionaron para sacar la propuesta de la agenda de la SEC en la década siguiente.
Luego, en el verano de 2010, después de una elección relevante y una crisis financiera que debilitó la credibilidad de los directores en funciones, la SEC promulgó reglas electorales que les daban a ciertos accionistas calificados libre acceso a las boletas electorales pagadas por las compañías. Tan pronto como lo hizo, el establishment gerencial de Estados Unidos demandó a la SEC y las autoridades del gobierno se sintieron obligadas a suspender las nuevas reglas antes de que ni siquiera entraran en vigencia. El litigio hoy está en las cortes de Estados Unidos.
La lección es que Estados Unidos es menos capitalista que "gerencialista". Los gerentes, no los dueños, tienen la última palabra en las decisiones corporativas.
Tal vez sea algo bueno, Incluso cierto pensamiento orientado al capitalismo sostiene que a los accionistas les va mejor si los gerentes toman todas las decisiones importantes. Y muchas veces los intereses de los accionistas y los gerentes están alineados.
Sin embargo, existe evidencia considerable de que cuando los gerentes están en desacuerdo con los accionistas, la discreción gerencial en las empresas estadounidenses es excesiva y debilita a las compañías. Los gerentes de firmas establecidas siguen adelante con empresas que pierden dinero durante demasiado tiempo, cobran excesivamente en relación a su propio desempeño y el de la compañía y muchas veces no actúan con la suficiente agresividad como para ingresar a mercados nuevos pero riesgosos.
Cuando se trata de capitalismo vs. socialismo, sabemos de qué lado está Estados Unidos. Pero cuando se trata de gerentes vs. dueños del capital, Estados Unidos es gerencialista, no capitalista.