Cuando algunos reclaman que exista banca pública en España parecen olvidar que el 50% de nuestro sistema financiero antes de esta crisis eran cajas de ahorros. Recuerdo que en cuanto salió el FROB profeticé que esos créditos en su gran mayoría nunca se devolverían con sus intereses sino que acabarían pagándose con propiedad, pasando ésta de diputaciones, ayuntamientos y comunidades autónomas al estado central que podría, mejorada la situación, cobrarse parte de ese capital privatizándolas en unos años. El problema es que, como hemos visto con la CAM, no es que ciertas cajas valgan poco dinero, es que su valor es negativo y para poder sanearlas hay que inyectar aún más fondos para que su valor sea de cero euros. Sin embargo, hay en algunos círculos cierta nostalgia hacia la banca pública que existía en la España franquista –casi toda más antigua pero que tuvo su apogeo en la década de los ´60 del pasado siglo- y en los primeros años de democracia. Excepto el ICO, todos – B. Exterior, Caja Postal, B. Hipotecario, B de Crédito Local y B. de Crédito Agrícola- se fusionaron en la llamada Corporación Bancaria de España en 1991 –usando como marca comercial Argentaria- que fue privatizándose –obteniendo capital público desde manos privadas con ello- entre 1993 y 1996. Al igual que las cajas de ahorros, el funcionamiento de esta banca pública no ofrecía al cliente un trato mejor que el de la banca privada y cuando desapareció no se la echó en falta y Argentaria se acabó fusionando con el Banco Bilbao Vizcaya y no ha necesitado –ni se espera necesite- ninguna ayuda –al menos directa- pública.
Hay quien cree que si hubiera sobrevivido la banca pública estatal (la local aún está viva aunque agonizante) hubiera sido una ayuda en la actual crisis para dar los créditos que las entidades privadas niegan pero parecen olvidar que es precisamente la facilidad en prestar dinero sin suficientes garantías el principal motivo de la actual crisis financiera y si son las cajas de ahorros las que se encuentran en peor situación que sus homólogos privados es porque criterios políticos primaron sobre los económicos. El que algunos cargos designados por políticos resultaran no ser malos gestores –como en el caso de Unicaja o BBK- ha resultado ser más la excepción que la norma y viendo el coste al erario de Cajasur, CCM o la CAM no quiero ni pensar cuanto capital tendría que haber puesto el estado si por ejemplo el B. Hipotecario hubiera seguido siendo público durante los años de la Burbuja Inmobiliaria.
No obstante, aunque la banca sea privada, la garantía estatal para evitar su quiebra los convierte en empresas que si ganan se reparten los beneficios entre sus accionistas y si pierden, recurren al dinero público. Eso debería ser inadmisible pero no sólo es lo normal en todos los países del mundo, es que ningún gobierno tiene pensado cambiarlo. Y parece que el nuevo que tenemos en España no es la excepción y mientras considera –o no- crear un banco malo que compre determinados activos a los bancos para mejorar su liquidez y sus finanzas, amplía los avales a la banca lo que liga –aún más- su solvencia a la nuestra. El problema es que en el “sector financiero más sólido del mundo” duermen en sus balances unos 338.000 millones de euros de exposición inmobiliaria, la mitad de los cuales son problemáticos -según el propio Banco de España-, eso sin contar los riesgos en deuda pública. Los defensores de crear un banco malo creen que los liberaría y permitiría a las entidades centrarse en conceder nuevos préstamos (la misma falsa excusa que motiva las macrosubastas de largo plazo a bajos tipos de BCE). Además, creen que si se intercambiaran esos activos tóxicos por bonos garantizados por el Estado, las entidades obtendrían un colateral válido para adquirir más liquidez del Banco Central Europeo.
Como dije antes, la banca pública en España no me parece una buena idea pero comprar con dinero público los malos activos de la banca privada para que ellos puedan –cuando quieran- prestar dinero es absurdo, sería más lógico –y más fácil, más barato y más justo- prestar el capital directamente del estado a los ciudadanos. Sea mediante los avales o sea además con el banco malo no hay ninguna duda que de lo que se trata es de que los contribuyentes paguemos los errores de gestión de bancos y cajas de ahorros. Es tal el trato de favor que recibe la banca que es mejor ser un banco que un estado: Hace algunos días en gurusblog hicieron una inteligente comparación que nos dejaba bastante mal suponiendo que España fuera una empresa pero si vamos más allá y suponemos que España se convirtiera en un gran banco no tendría muchos de los problemas de solvencia y liquidez que tiene ahora y podría obtener de BCE financiación prácticamente ilimitada a una cuarta parte de lo que paga por ser un estado emisor de deuda.
Así que lo que parece claro es que no es la titularidad de la banca el problema, sino el poder que los políticos le otorgan. Son ellos los que deciden las ayudas que les dan, los privilegios que les ofrecen, la labor del banco central… y los que mantienen un sistema que les otorga una excesiva importancia como creadores de dinero. Son ellos los que permiten que privaticen beneficios y socialicen pérdidas. Mientras no cambie esto cualquier medida, lejos de ser una solución, será un remiendo temporal aunque nos gastemos todo el dinero público en sanear todo el sector financiero.
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A vueltas con la banca