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La fuerza motriz de la política económica de Europa es el “proyecto europeo” de integración política. Ese objetivo se refleja en la creación de un “pacto fiscal” en el que está centrada actualmente la Unión Europea y que constitucionalizaría el compromiso de los Estados miembros con unos límites de déficits supuestamente inviolables. Lamentablemente, es probable que el pacto sea otro ejemplo de la subordinación de la realidad económica de Europa al deseo de los políticos de jactarse del avance hacia una “unión cada vez más estrecha.
En los últimos meses, los planes para un pacto fiscal han evolucionado rápidamente, al pasar de una “unión con transferencias”, políticamente impopular, a un peligroso plan de austeridad fiscal y, por último, a una versión modificada del difunto Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 1997. Al final, el acuerdo al que se llegue este año poco contribuirá –por no decir nada– a cambiar las condiciones económicas de Europa.
La Canciller alemana, Angela Merkel, propuso al principio la “unión con transferencias”, en la que Alemania y otras economía fuertes de la zona del euro trasferirían fondos año tras año a Grecia y otros países necesitados, a cambio de la autoridad para regular y supervisar los presupuestos y las recaudaciones de impuestos de los países beneficiarios. El público alemán rechazó la idea de transferencias permanentes por parte de los contribuyentes alemanes a Grecia, mientras que los funcionarios y el público griego rechazaron la idea de un control alemán de la política fiscal de su país.
El siguiente paso fue el plan fiscal acordado en Bruselas al final del año pasado, en el que se abandonó completamente la idea de una unión con transferencias en pro de un acuerdo por el que cada uno de los países de la zona del euro equilibraría su presupuesto. Conforme a ese plan, se impondría “automáticamente” una sanción financiera a cualquier país que violara esa obligación. Con presupuestos equilibrados en todos ellos no habría necesidad de transferencias fiscales.
Pero, ¿cómo se definiría el requisito de un presupuesto equilibrado? En una carta a los funcionarios que negociaban el acuerdo oficial, Jorg Asmussen, el miembro alemán del Consejo Ejecutivo del Banco Central Europeo, subrayó que un presupuesto equilibrado significaba eso exactamente. Aun cuando un país experimentara un déficit presupuestario porque una contracción cíclica causara una reducción de los ingresos tributarios y un aumento de las transferencias sociales, estaría obligado a aumentar los impuestos o reducir el gasto para restablecer un presupuesto equilibrado.
Si se llegara a aplicar esa propuesta, su efecto sería el de convertir pequeñas recesiones en profundas contracciones económicas. Por fortuna, se abandonó rápidamente esa receta para crear futuras depresiones europeas.
La forma más probable del pacto fiscal parece ahora ser un acuerdo menos rígido que obligue a todos los países a ”equilibrar sus déficits a lo largo del ciclo económico”. Aunque el incumplimiento acarrearía en principio sanciones financieras automáticas, resulta difícil imaginar cómo se podría determinar dicho incumplimiento en un país como España. ¿En qué momento futuro se obligaría a España, con una persistente tasa de desempleo de más del 15 por ciento, aumentar los impuestos y reducir las transferencias sociales? La orden a España de que lo hiciera correspondería a la Comisión Europea, lo que la convertiría en una decisión política y no el requisito técnico “automático” que sus patrocinadores prometen.
Si ésa es la esencia del pacto fiscal que se llegue a acordar, no tendrá un efecto previsible en el comportamiento de los países de la zona del euro. Su único efecto será el de permitir a los dirigentes políticos de la zona del euro afirmar que han creado una unión fiscal y, por tanto, que han acercado más a Europa a la unión política que es su objetivo en última instancia.
Pero una unión fiscal concebida de ese modo es completamente diferente de como la mayoría entiende ese término. En los Estados Unidos, por ejemplo, el Gobierno central recauda el 20 por ciento, aproximadamente, del PIB y paga una cantidad similar. Esa centralización de los impuestos y del gasto crea un estabilizador automático para cualquier región que experimente una contracción económica: los residentes de la región afectada envían menos dinero a Washington y reciben más en transferencias.
En la zona del euro, en la que los impuestos y el gasto se dan en el nivel nacional, no hay un proceso similar. Además, la función fiscal centralizada en los EE.UU. permite a todos los Estados particulares funcionar con verdaderos presupuestos equilibrados, modificados sólo por fondos relativamente pequeños para “momentos de necesidad”.
Pero, aunque el proceso político europeo actual no creará una rígida disciplina fiscal, es probable que los mercados financieros obliguen a los gobiernos de los la zona del euro a reducir sus deudas soberanas y limitar sus déficits fiscales. Durante el primer decenio de la moneda única, la creencia de los inversores en la igualdad de todos los bonos soberanos de la zona del euro mantuvo bajos los tipos de interés en los países periféricos, pese a que sus gobiernos acumularon grandes déficits y una deuda enorme. Los inversores no repetirán ese error: el gato escaldado del agua fría huye.
Para los gobiernos de la zona del euro, eso significa que ahora los mercados financieros impondrán lo que el proceso político no puede lograr. El pacto fiscal de la UE, sea cual fuere su forma final, será poco más que un asunto secundario.
Martin Feldstein, ex Presidente de la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas y ex Presidente del Consejo de Asesores Económicos del Presidente Ronald Reagan, es profesor de Economía en Harvard.
Copyright: Project Syndicate, 2012.
Traducido del inglés por Carlos Manzano.
En los últimos meses, los planes para un pacto fiscal han evolucionado rápidamente, al pasar de una “unión con transferencias”, políticamente impopular, a un peligroso plan de austeridad fiscal y, por último, a una versión modificada del difunto Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 1997. Al final, el acuerdo al que se llegue este año poco contribuirá –por no decir nada– a cambiar las condiciones económicas de Europa.
La Canciller alemana, Angela Merkel, propuso al principio la “unión con transferencias”, en la que Alemania y otras economía fuertes de la zona del euro trasferirían fondos año tras año a Grecia y otros países necesitados, a cambio de la autoridad para regular y supervisar los presupuestos y las recaudaciones de impuestos de los países beneficiarios. El público alemán rechazó la idea de transferencias permanentes por parte de los contribuyentes alemanes a Grecia, mientras que los funcionarios y el público griego rechazaron la idea de un control alemán de la política fiscal de su país.
El siguiente paso fue el plan fiscal acordado en Bruselas al final del año pasado, en el que se abandonó completamente la idea de una unión con transferencias en pro de un acuerdo por el que cada uno de los países de la zona del euro equilibraría su presupuesto. Conforme a ese plan, se impondría “automáticamente” una sanción financiera a cualquier país que violara esa obligación. Con presupuestos equilibrados en todos ellos no habría necesidad de transferencias fiscales.
Pero, ¿cómo se definiría el requisito de un presupuesto equilibrado? En una carta a los funcionarios que negociaban el acuerdo oficial, Jorg Asmussen, el miembro alemán del Consejo Ejecutivo del Banco Central Europeo, subrayó que un presupuesto equilibrado significaba eso exactamente. Aun cuando un país experimentara un déficit presupuestario porque una contracción cíclica causara una reducción de los ingresos tributarios y un aumento de las transferencias sociales, estaría obligado a aumentar los impuestos o reducir el gasto para restablecer un presupuesto equilibrado.
Si se llegara a aplicar esa propuesta, su efecto sería el de convertir pequeñas recesiones en profundas contracciones económicas. Por fortuna, se abandonó rápidamente esa receta para crear futuras depresiones europeas.
La forma más probable del pacto fiscal parece ahora ser un acuerdo menos rígido que obligue a todos los países a ”equilibrar sus déficits a lo largo del ciclo económico”. Aunque el incumplimiento acarrearía en principio sanciones financieras automáticas, resulta difícil imaginar cómo se podría determinar dicho incumplimiento en un país como España. ¿En qué momento futuro se obligaría a España, con una persistente tasa de desempleo de más del 15 por ciento, aumentar los impuestos y reducir las transferencias sociales? La orden a España de que lo hiciera correspondería a la Comisión Europea, lo que la convertiría en una decisión política y no el requisito técnico “automático” que sus patrocinadores prometen.
Si ésa es la esencia del pacto fiscal que se llegue a acordar, no tendrá un efecto previsible en el comportamiento de los países de la zona del euro. Su único efecto será el de permitir a los dirigentes políticos de la zona del euro afirmar que han creado una unión fiscal y, por tanto, que han acercado más a Europa a la unión política que es su objetivo en última instancia.
Pero una unión fiscal concebida de ese modo es completamente diferente de como la mayoría entiende ese término. En los Estados Unidos, por ejemplo, el Gobierno central recauda el 20 por ciento, aproximadamente, del PIB y paga una cantidad similar. Esa centralización de los impuestos y del gasto crea un estabilizador automático para cualquier región que experimente una contracción económica: los residentes de la región afectada envían menos dinero a Washington y reciben más en transferencias.
En la zona del euro, en la que los impuestos y el gasto se dan en el nivel nacional, no hay un proceso similar. Además, la función fiscal centralizada en los EE.UU. permite a todos los Estados particulares funcionar con verdaderos presupuestos equilibrados, modificados sólo por fondos relativamente pequeños para “momentos de necesidad”.
Pero, aunque el proceso político europeo actual no creará una rígida disciplina fiscal, es probable que los mercados financieros obliguen a los gobiernos de los la zona del euro a reducir sus deudas soberanas y limitar sus déficits fiscales. Durante el primer decenio de la moneda única, la creencia de los inversores en la igualdad de todos los bonos soberanos de la zona del euro mantuvo bajos los tipos de interés en los países periféricos, pese a que sus gobiernos acumularon grandes déficits y una deuda enorme. Los inversores no repetirán ese error: el gato escaldado del agua fría huye.
Para los gobiernos de la zona del euro, eso significa que ahora los mercados financieros impondrán lo que el proceso político no puede lograr. El pacto fiscal de la UE, sea cual fuere su forma final, será poco más que un asunto secundario.
Martin Feldstein, ex Presidente de la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas y ex Presidente del Consejo de Asesores Económicos del Presidente Ronald Reagan, es profesor de Economía en Harvard.
Copyright: Project Syndicate, 2012.
Traducido del inglés por Carlos Manzano.