El primero de los planes, fechado en junio de 2009, creó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob). Su propósito era facilitar los procesos de integración de instituciones viables. Se estrenó nueve meses después, con la concesión de ayudas a la primera oleada de fusiones, protagonizada por tres grupos de cajas: Catalunya-Manresa-Tarragona, Sabadell-Terrasa-Manlleu (Unnim) y Duero-España. El capital se inyectó vía participaciones preferentes con vencimiento a cinco años. Caso de no devolverlas, el Frob podía venderlas en el mercado, un aspecto muy criticado entonces, especialmente desde las comunidades autónomas, por cuanto suponía abrir la puerta a la privatización.
Un año más tarde, se aprobó la reforma de la ley de cajas, cuyo objetivo era profesionalizar su gestión -despolitizarla- y dotarlas de capacidad para acceder a los mercados de capital. En ese momento había varias uniones en marcha, con y sin ayudas públicas. Algunas adoptaron la peculiar figura Sistema Institucional de Protección (SIP), rebautizado como fusión fría, a la que se acogieron Bankia, Banca Cívica y Mare Nostrum (BMN). En total, 2010 acabó con 17 entidades o grupos.
Pero los deberes seguían sin estar terminados y la desconfianza hacia el sistema financiero español no se disipaba. A finales de 2011, en uno de sus últimos consejos de ministros, el gobierno encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero aprobó una ley para reforzar el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y que la banca asumiera una mayor porción de los costes de su restructuración. La ex vicepresidenta, Elena Salgado, señaló que "el sector financiero tendrá que asumir en su totalidad los costes de las pérdidas que aparezcan”.
Para acelerar el proceso en febrero de 2012 el actual Gobierno aprobó una nueva ley para el reforzamiento del sistema financiero. En esencial trató de fortalecer el nivel de solvencia de las entidades, aumentando los requerimientos de capital. Los requisitos previos, que debían cumplirse el pasado 30 de septiembre, se endurecían para las entidades muy dependientes de la financiación ajena y que no hubiesen colocado a terceros al menos el 20 por 100 de su capital social, lo que propició la creación de bancos para concentrar la actividad financiera dejando la obra social prácticamente en las fundaciones. Tres salieron a Bolsa: CaixaBank, Bankia y Banca Cívica. Tres fueron intervenidas por el Frob: Unnim, CatalunyaCaixa y Novagalicia.
Tras la adjudicación de Unnim a BBVA, el FGD tendrá que devolver al Frob los 953 millones que había aportado y cubrir el 80 por 100 de las futuras pérdidas del grupo catalán vinculadas al ladrillo durante los próximos diez años. No así en el último movimiento del sector: la fusión Unicaja-Caja España- Duero, cuya negociación venía de largo y cuyo sistema de ayudas es atípico, al llegar a las dos entidades por separado, condición impuesta por la andaluza para culminar el proceso.
La última es la fusión entre CaixaBank y Banca Cívica, lo que convierte al grupo resultante en la primera entidad por volumen de activos en España, con más del 350.000 millones de euros
Un año más tarde, se aprobó la reforma de la ley de cajas, cuyo objetivo era profesionalizar su gestión -despolitizarla- y dotarlas de capacidad para acceder a los mercados de capital. En ese momento había varias uniones en marcha, con y sin ayudas públicas. Algunas adoptaron la peculiar figura Sistema Institucional de Protección (SIP), rebautizado como fusión fría, a la que se acogieron Bankia, Banca Cívica y Mare Nostrum (BMN). En total, 2010 acabó con 17 entidades o grupos.
Pero los deberes seguían sin estar terminados y la desconfianza hacia el sistema financiero español no se disipaba. A finales de 2011, en uno de sus últimos consejos de ministros, el gobierno encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero aprobó una ley para reforzar el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y que la banca asumiera una mayor porción de los costes de su restructuración. La ex vicepresidenta, Elena Salgado, señaló que "el sector financiero tendrá que asumir en su totalidad los costes de las pérdidas que aparezcan”.
Para acelerar el proceso en febrero de 2012 el actual Gobierno aprobó una nueva ley para el reforzamiento del sistema financiero. En esencial trató de fortalecer el nivel de solvencia de las entidades, aumentando los requerimientos de capital. Los requisitos previos, que debían cumplirse el pasado 30 de septiembre, se endurecían para las entidades muy dependientes de la financiación ajena y que no hubiesen colocado a terceros al menos el 20 por 100 de su capital social, lo que propició la creación de bancos para concentrar la actividad financiera dejando la obra social prácticamente en las fundaciones. Tres salieron a Bolsa: CaixaBank, Bankia y Banca Cívica. Tres fueron intervenidas por el Frob: Unnim, CatalunyaCaixa y Novagalicia.
Tras la adjudicación de Unnim a BBVA, el FGD tendrá que devolver al Frob los 953 millones que había aportado y cubrir el 80 por 100 de las futuras pérdidas del grupo catalán vinculadas al ladrillo durante los próximos diez años. No así en el último movimiento del sector: la fusión Unicaja-Caja España- Duero, cuya negociación venía de largo y cuyo sistema de ayudas es atípico, al llegar a las dos entidades por separado, condición impuesta por la andaluza para culminar el proceso.
La última es la fusión entre CaixaBank y Banca Cívica, lo que convierte al grupo resultante en la primera entidad por volumen de activos en España, con más del 350.000 millones de euros