Con una tasa de paro del 34,2 por ciento según la última EPA y una juventud en la que el 59 por ciento no puede acceder a un puesto de trabajo, la creación de empleo es el gran tema de esta campaña electoral.
PSOE:
Creación de una Entidad Pública de Crédito “que facilite la financiación allí donde es más necesario para favorecer el crecimiento económico y la generación de empleo. El objetivo básico de la Entidad sería facilitar financiación a la actividad productiva, bien con los recursos propios de la entidad o captando financiación del exterior. La diferencia con la banca tradicional es que esta entidad no captaría depósitos”.
Andalucía Activa: “los socialistas andaluces queremos refundar en una única institución denominada “Andalucía Activa”, todos los instrumentos de apoyo al desarrollo empresarial con los que cuenta la Administración, porque somos conscientes de que estas mejoras que proponemos en la financiación de la actividad productiva constituirán un elemento crucial para la recuperación”.
Creación de un Plan de Actuación para el Trabajo Autónomo: “los y las socialistas nos comprometemos a poner a disposición líneas preferentes de financiación para los autónomos y autónomas, tanto a través del sistema bancario, como programas públicos de microcréditos reembolsables. Creemos necesario reforzar el papel de las organizaciones profesionales del trabajo autónomo y su representación institucional. Nos comprometemos a elaborar con ellas un Plan de Actuación para el Trabajo Autónomo para poner en valor el trabajo autónomo y desarrollar medidas dirigidas a apoyar la creación y consolidación de las empresas en línea con la recientemente aprobada Orden de incentivos para el desarrollo industrial y la creación de empleo”.
Rebaja de impuestos condicionada: “los y las socialistas de Andalucía vamos a seguir exigiendo al Gobierno de España la devolución de los 1.235 millones de euros que adeuda a los ciudadanos andaluces por la recaudación del IRPF, de manera que, si nos devuelve ese dinero, lo trasladaremos íntegramente al bolsillo de los andaluces y las andaluzas con una rebaja de entre 2 y 3,5 puntos de la tarifa autonómica de ese impuesto para las clases medias y trabajadoras”.
Ley Agraria de Andalucía: un “instrumento para impulsar la competitividad de nuestra agricultura y ganadería en el marco de la política agraria comunitaria. Podremos abordar en ella, desde el diálogo con las Organizaciones Agrarias y la participación de los sectores, las necesidades del sector desde una perspectiva general, orientando su implantación a la mejora de las estructuras agrarias, a la incorporación de jóvenes agricultores, a la ordenación de los recursos, a la comercialización y cuantos aspectos contribuyan a conseguir un sector que responda a una mayor producción y a mayores cifras de empleo, desde una perspectiva de sostenibilidad.
PP:
Reducción de impuestos: “Reduciremos la tarifa autonómica del IRPF, especialmente para rentas bajas y medias, mediante una rebaja de 2 puntos para cada uno de los cuatro primeros tramos autonómicos (bases liquidables menores de 60.000 euros), y de un punto en cada uno de los tramos para las bases liquidables mayores a 60.000 euros.
Estableceremos nuevas deducciones en el tramo autonómico del IRPF para las familias numerosas de 250 euros, que se intensificarán hasta los 400 euros en los casos de categoría especial, y que alcanzarán los 900 euros cuando alguno de los cónyuges padezca una discapacidad superior al 65%.
Aprobaremos nuevos beneficios fiscales para que las familias con rentas bajas y medias puedan deducirse del tramo autonómico del IRPF una parte de los gastos que emplean en: la guardería de sus hijos menores de 3 años, tener a un hijo universitario estudiando en una provincia distinta a la de residencia familiar, el aprendizaje de idiomas extranjeros, la compra de material y libros no cubiertos por los servicios públicos en la educación primaria, secundaria y universitaria, la adquisición de prótesis y órtesis no cubiertas por los servicios públicos, los intereses pagados en préstamos para la financiación de estudios de master y doctorado”.
Promociones a la contratación de jóvenes: “Pondremos en marcha un Plan Urgente para el Fomento del Empleo Joven, en el que se incluirán: Nuevos Incentivos a la contratación indefinida de jóvenes, que se incrementarán más si la persona joven contratada tiene titulación universitaria o FP de Grado Superior y el contrato indefinido se realiza para el desarrollo de tareas propias de su titulación.
Medidas de fomento del autoempleo de los jóvenes y facilitar la puesta en marcha de proyectos empresariales liderados por jóvenes, con ayudas directas para el fomento del emprendimiento joven y nuevos incentivos fiscales para inversores (business angels) que apuesten por iniciativas empresariales lideradas por jóvenes andaluces.
Impulsaremos líneas de crédito y financiación para jóvenes emprendedores. Entre ellas estableceremos el Programa Crédito Emprendedor Joven destinado a la financiación de proyectos”.
Eliminación de impuestos: “Reduciremos progresivamente hasta su práctica supresión el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en nuestra Comunidad Autónoma, a fin de equiparar el derecho de los andaluces con el que gozan otros españoles en sus respectivas comunidades.
Reduciremos el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados rebajando la factura fiscal del tráfico mercantil y en especial las cargas asociadas a la vivienda, modulando mayores beneficios fiscales para jóvenes y personas con discapacidad”.
Autónomos: “Aprobaremos el Plan Estratégico del Trabajo Autónomo, como instrumento marco para el desarrollo de todas las políticas y medidas vinculadas a este colectivo, en colaboración con las asociaciones de trabajadores autónomos más representativas en Andalucía, e impulsaremos la inmediata puesta en marcha del Consejo Andaluz del Trabajo Autónomo.
Implantaremos un Programa de Ayudas para el Fomento y la Consolidación del Empleo Autónomo con garantía de continuidad y convocatorias anuales, en el que incluiremos: “Programa Cuota Cero”: Ayudas directas para que las 6 primeras cuotas de cotización a Seguridad Social tengan coste cero, alcanzando hasta un año en el caso de jóvenes. Financiación de tasas municipales durante el primer año de actividad.
Ayuda directa para el inicio de actividad e inversiones destinada a personas desempleadas y graduadas en función del colectivo con mayor dificultad de inserción laboral.
Subvenciones para operaciones de fusión y para hacer crecer la actividad o negocio mediante subsidiación de préstamos. Incentivaremos a la contratación del primer trabajador, así como la contratación de familiares a título de autónomo colaborador.
Creación de un Programa de Apoyo a la Conciliación Familiar y Laboral “destinado a las trabajadoras autónomas. Reducción fiscal por conciliación del trabajo con la vida familiar por cada hijo entre 3 y 5 años, extensiva a todas las madres trabajadoras y no limitada como ahora solo a familias monoparentales. Deducción del 15% por gastos de guardería de hijos menores de 3 años con un máximo de 400 euros anuales por hijo.
Medidas para la racionalización y flexibilización de horarios, de jornada continua, promoción del teletrabajo y de contratación a tiempo parcial. En el empleo público favoreceremos la flexibilidad horaria con la implantación del sistema “Bolsa de Horas”, que permita cumplir la jornada de manera variable y compensar el tiempo dedicado a la conciliación, recuperando posteriormente horas de trabajo.
Favoreceremos la coordinación y flexibilización entre los horarios laborales y el de los centros educativos, especialmente mediante el refuerzo de prestaciones como servicios de comedor, aula matinal, actividades extraescolares, etc.
Ampliaremos la oferta educativa para los niños de 0 a 3 años mediante la puesta en marcha de un Plan de Impulso y Promoción de Escuelas Infantiles en Andalucía.
IU:
Creación de un Banco Público Andaluz, “sin limitaciones en cuanto a sus actividades. Esta institución debe estar gobernada de acuerdo con los principios de profesionalidad, independencia, responsabilidad social, banca ética, transparencia, participación y control desde la soberanía popular. Su actividad debe orientarse a proporcionar crédito a las actividades en función de las prioridades definidas por la política de desarrollo económico socialmente justo, territorialmente equilibrado y ambientalmente sostenible.
El resultado de su actividad debe cubrir los costes de la misma y posibilitar su expansión.
El Banco Público Andaluz (BPA) se financiará con depósitos, valores y operaciones monetarias con el BCE. No obstante, para iniciar su actividad, además del capital social inicial la entidad requiere una primera “inyección” de capital. Para ello IULV-CA considera que el Estado debe aportar o bien esa financiación o su garantía para obtenerla. En particular, creemos que podría hacerse a partir los fondos europeos puestos a disposición del FROB o a la garantía del Estado para obtener dicha financiación. Por su parte la Junta de Andalucía aportaría los recursos no empleados en los Fondos Reembolsables Sin Personalidad Jurídica que hasta la fecha se han demostrado no operativos y complementaría con otras aportaciones presupuestarias.
Propuesta de Trabajo o Empleo Garantizado: “el Estado tiene la obligación de garantizar un puesto de trabajo remunerado (con condiciones dignas) a cualquier persona que no haya podido encontrar empleo en el sector privado o en el sector público tradicional, y que esté preparada y dispuesta a trabajar, sin importar su experiencia profesional, cualificación, sexo, renta o edad. Por lo tanto, se trata de:
Reforzar las actividades económicas y sociales que hoy son insuficientes (educación pública, sanidad pública, culturales, deportivas, generación de energía renovable…)
Crear nuevas actividades (sobre todo ecológicas: reforestación, reutilización y reparación de materiales y productos, optimizar rendimiento energético de edificios, energías renovables, …)
Remunerar, visibilizar y dignificar el trabajo de cuidados y otros trabajos voluntarios repartiendo esas actividades de forma solidaria.
Plan de Transformación Energética que derive en “la soberanía energética de los territorios y al horizonte de eliminar totalmente las emisiones de gases de efecto invernadero. Para ello contendrá entre otros los siguientes programas:
Programa de incentivación de instalaciones energéticas de autoconsumo. Papel principal de la energía solar y minieólica.
Establecimiento de medidas fiscales que graven el consumo de energías no renovables y contaminantes, así como la disposición de incentivos fiscales al uso de las energías renovables y no contaminantes. Creación de un tributo que grave la energía en función del CO2 emitido por cada unidad de energía producida.
Ley de Ordenación de la Investigación, Desarrollo, Aplicación e Implantación Territorial de las Energías Renovables en Andalucía, dirigido asimismo a propiciar la progresiva sustitución de las fuentes energéticas no renovables por las nuevas energías alternativas y a potenciar la descentralización del sistema energético andaluz, así como el autoabastecimiento”.
Planificación democrática de la economía: “nuestra propuesta es que a partir de la reforma de las funciones y composición del Consejo Económico y Social se constituya una estructura de planificación que elabore y controle la ejecución del Plan Económico Cuatrienal que se aprobará como Ley por el Parlamento de Andalucía. El Plan será vinculante para el gobierno e indicativo para el resto de agentes. Tendrá, por tanto, correspondencia necesaria en los Presupuestos anuales que deberán responder a los objetivos del Plan. Toda la planificación sectorial
de contenido económico deberá guardar coherencia con él, incluyendo las diferentes propuestas que recoge este programa. Deberá basarse, además, en las determinaciones del planeamiento territorial y ambiental”.
Reforma de la Ley de Administración de la Junta de Andalucía y eliminación de la figura de la Agencia Pública Empresarial: “a partir de esta reforma IULV-CA propondrá la aprobación por Ley de un Estatuto de la Empresa Pública Andaluza que conlleve, al menos, los siguientes tres elementos:
Sujeción al Plan Económico de la actividad de las empresas públicas andaluzas, con asunción de objetivos particulares dentro de la misma.
Modelo de financiación que diferencie el coste de los servicios y actividades que se les encomiende al contrario del actual sistema de “transferencias” y “encomiendas”.
Modelo de gobierno corporativo que contemple el control parlamentario y social así como la participación de los trabajadores, en el sentido expuesto para la Banca
Pública”.
Podemos:
Agencia Tributaria de Andalucía: “Organizar una Agencia Tributaria de Andalucía eficaz. En el marco de una reestructuración del sector público andaluz — tras una auditoría económica, funcional y organizativa y sobre el grado de desempeño competencial —, se deberá proceder a un nuevo modelo en la organización, el funcionamiento y la dotación de medios de la Agencia Tributaria de Andalucía (ATA). En aras del principio de independencia, debería configurarse como una entidad de Derecho Público, dependiente del Parlamento y no del Gobierno andaluz. Dicha Agencia tendría personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía en materia organizativa, presupuestaria y de gestión de personal”
Recuperación del talento: “Recapitalización y recuperación del talento investigador emigrante mediante la contratación de doctores de excelencia andaluces que se encuentran en el extranjero, en un proyecto con una duración de cinco años y con el compromiso de estabilización de sus carreras investigadoras en las instituciones de investigación donde desarrollen su I+D+I (Universidades, Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera, etc.).
Aumento del número de becas de investigación para dotar al I+D+I del talento humano suficiente para competir científicamente a nivel global.”
Apuesta por las cooperativas: “Plan de ayuda a las acciones de base cooperativa que cumplan con los requisitos de igualdad, sostenibilidad e innovación, mediante acciones
como la cesión de suelo público en desuso para los proyectos de emprendimiento cooperativo, así como estímulos fiscales.
Priorizar las cooperativas en los concursos públicos mediante el establecimiento de “cláusulas sociales” en los procesos de licitación.
Crear un servicio público de asesoría para las entidades cooperativas.
Planes de formación específicos en el cooperativismo para demandantes de empleo y funcionarios públicos.
Renovación del SAE: “Fortalecer el Servicio Público de Empleo Andaluz (SAE)
Conectar las políticas de empleo con las políticas económicas apoyando los sectores intensivos en mano de obra cualificada, y la economía social.
Implementar un nuevo modelo de gestión de las políticas de empleo de carácter universal y permanente, orientado hacia el fortalecimiento de la calidad del empleo.
Fortalecer el servicio público de intermediación laboral del SAE. Mejorar la profesionalización del servicio nos permitirá establecer la asistencia socio-laboral como un derecho básico para toda la ciudadanía.
Garantizar itinerarios de empleo creíbles para todas las personas desempleadas, atendiendo a la diversidad que registra nuestra ciudadanía y, especialmente, la transición laboral de sectores económicos deprimidos, así como a los jóvenes y a las mujeres, desarrollando programas de formación y empleo diferenciados que atiendan a la especificidad de los distintos colectivos que componen la ciudadanía andaluza.”
Empleo de calidad: “Apostar por el empleo público y privado de calidad:
Regular de manera general y unitaria las prácticas de inserción laboral para evitar que se conviertan en una fórmula de precarización del empleo.
Garantizar un sistema permanente de acreditación de competencias mediante certificados de profesionalidad.
Realizar auditorías socio-laborales sobre materias como contratación temporal y a tiempo parcial, jornada y horas extras, para eliminar el abuso de estas figuras, así como la promoción o conciliación de la vida laboral y familiar.
Revisar las políticas de descentralización productiva y subcontratación que suponen la precarización de las condiciones de trabajos de muchas personas y no siempre una reducción de costes.
Establecer un certificado de responsabilidad social que limite o impida a la Administración Andaluza la contratación con aquellas empresas que no respeten los derechos de las personas trabajadoras o impongan a estas condiciones precarias de trabajo.
