Hilo de impuestos y política y evasión fiscal

Tizo

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Primero, fue lavado de dinero. Luego fijación en tasas de cambio. Ahora, evasión fiscal.

HSBC, el banco más grande de Europa, ha soportado una serie de escándalos y pagado millones en sanciones a los reguladores de todo el mundo. Pero las revelaciones de que su filial en Suiza ayudó a ricos a evadir impuestos están haciendo surgir nuevas dudas sobre si los bancos grandes como HSBC se han vuelto demasiado grandes para operar, y sobre quién debe ser responsable de que las cosas salgan mal.

Los legisladores en el Comité del Tesoro del Parlamento británico bombardearon el miércoles a Douglas Flint y Stuart Gulliver, presidente y director de finanzas del banco, respectivamente, con preguntas sobre responsabilidad personal en medio de acusaciones de que su filial suiza ayudó a clientes acaudalados, entre ellos 1.000 británicos, a evadir impuestos. Había veces que la audiencia sonaba como si hubiera sido una conversión, con palabras que incluyeron remordimiento, resarcimiento, moralidad y vergüenza.

Sin embargo, Flint y Gulliver no pidieron perdón por sus malos actos, pero estuvieron cerca.

"Estamos sufriendo por un horrible daño a la reputación", reconoció Flint. "Un banco vive de su reputación. Ningún banco quiere asociarse con actividades.

Flint y Gulliver se han disculpado públicamente por la conducta de HSBC antes, haciendo hincapié en que la cuestión de Suiza fue un histórico y que el banco ha tomado medidas para garantizar prácticas adecuadas. HSBC "no tiene apetito" para ayudar a los evasores de impuestos, dijo el banco en una carta abierta publicada en los periódicos nacionales.

El escándalo estalló este mes cuando reporteros publicaron documentos filtrados que datan del año 2005 al 2007 donde se detalla que 30.000 cuentas en el banco privado suizo tenían casi 120.000 millones de dólares en inversiones. La información fue entregada a las autoridades francesas por un ex empleado del banco.

HSBC no es el primer banco en ser golpeado con acusaciones de que ayudó a los clientes a evadir impuestos mientras algunos gobiernos trataban de recaudar más impuestos y balancear sus presupuestos, devastados por la crisis financiera.
 

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Panamá dio luz verde el martes a un anteproyecto de ley contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo que forma parte de sus esfuerzos para salir de una lista de países con normas frágiles en esa materia.

El Consejo de Gabinete del gobierno del presidente Juan Carlos Varela aprobó la iniciativa, que debe ir a discusión en la Asamblea Nacional. Dicho anteproyecto se ha preparado desde octubre entre los sectores público y privado, y es uno de los compromisos clave asumidos por el país para buscar su salida de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Esa inclusión ha llevado a instituciones financieras estadounidenses a ser más meticulosas en sus relaciones de negocios con los bancos panameños, según el gobierno.

Los expertos afirman que la situación afecta la imagen de uno de los centros financieros más dinámicos de América Latina.

El anteproyecto, del que aún no se han difundido detalles, refuerza los sistemas de control y supervisión ya establecidos en la banca, la actividad bursátil y los servicios financieros en general, dijo la ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela.

La iniciativa obliga a sectores no financieros a hacer reportes de transacciones sospechosas, una cuestión que han venido haciendo principalmente los bancos. En ese grupo de actividades no financieras figuran las empresas de transporte de valores, juegos de azar, zonas francas, empresas dedicadas a la compra de automóviles nuevos y usados, empresas de bienes raíces y la lotería nacional.

Panamá ya aprobó otras normas para erradicar actividades ilícitas en su economía de servicios, como una que obliga a la identificación del beneficiario final al conformarse las sociedades anónimas.

La iniciativa también pretende erradicar la financiación de armas de destrucción masiva. El gobierno dijo que dará mayores detalles el miércoles.
 

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Panamá aprobó una ley para combatir el blanqueo de capitales con la que espera salir de una lista gris internacional, lo que ha afectado los negocios del centro financiero con instituciones de Estados Unidos.

La norma, que también persigue el financiamiento del terrorismo, fue aprobada la víspera en forma unánime por la legislatura unicameral y quedó pendiente de la sanción del presidente Juan Carlos Varela. La ley es una pieza clave en los esfuerzos que ha hecho Panamá para lograr su exclusión de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional en la que el país fue colocado en 2014.

La nueva norma amplía la supervisión obligatoria en instituciones, empresas y sectores no financieros y profesionales a fin de detectar posibles movimientos de capital ilícito. Es decir que a partir de la promulgación de la ley no sólo las actividades financieras como la de los bancos -uno de los sectores fuertes del país- estarán en el ojo de los organismos supervisores.

Entre las actividades no financieras se incluyen la de la zona libre de Colón, al norte de la capital y considerada la más grande de Latinoamérica; los casinos y el negocio inmobiliario, dos sectores de fuerte auge en la última década.

La legislatura también aprobó la noche del miércoles una modificación a una ley del 2013 que creó un régimen de custodia aplicable a las acciones al portador y con la que se busca conocer al verdadero dueño de la sociedad anónima. La modificación acorta el plazo de tres años que se le dio a los tenedores de acciones al portador para pasarlas a un custodio, que podría ser un banco, con lo que tendrán que hacerlo antes del 31 de diciembre.

Panamá es considerada históricamente una jurisdicción atractiva para el registro de sociedades anónimas, pero el negocio ha sufrido constantes cuestionamientos por presuntamente servir como vía para ocultar actividades ilegales.

La nueva ley es considerada el 70% de un conjunto de medidas que Panamá debe tener listas o en vigor a mediados de año para aspirar a que una nueva evaluación impulse su salida de la lista gris.

"Ya era una cosa de urgencia que el país se actualizara", dijo el jueves a The Associated Press Isabel Fernández, directora de la Unidad de Políticas para la Prevención de Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo, para quien uno de los puntos destacables de la nueva norma es la inclusión de 16 nuevos "sujetos" obligados a supervisión.

Señaló que el martes tendrán una reunión en Miami, Estados Unidos, con el grupo de revisión de las Américas del Grupo de Acción Financiera Internacional a fin de informarles sobre los avances de las medidas que impulsa Panamá. El grupo tendrá su próxima plenaria general en octubre.

Panamá no es el único país en América Latina en problemas, según Fernández. Aseguró que Ecuador está en una lista negra o de naciones "no cooperantes y de alto riesgo".
 

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Panamá lamentó ser incluido por la Unión Europea en una lista de países que no cooperan en materia fiscal y pidió al bloque reconsiderar su posición.

El gobierno panameño "rechaza categóricamente la posición adoptada por la Comisión Europea y exige la sustracción de nuestro país de la lista de países no cooperadores, al no estar fundamentada en una evaluación objetiva", expresó la cancillería en un comunicado divulgado el jueves.

De acuerdo con la cancillería, al analizar el sistema tributario panameño la instancia europea debió reconocer "el alto nivel de compromiso que ha mantenido nuestro país en materia de cooperación internacional".

A su vez, agregó, debió tomar en cuenta que Panamá tiene acuerdos fiscales vigentes con 10 países europeos entre ellos España, Francia, Portugal, el Reino Unido y Suecia y ha firmado acuerdos fiscales con Austria, Dinamarca e Italia aunque todavía no están vigentes.

En este sentido, indicó el comunicado, la generación y publicación del listado en el que se incluye a Panamá como paraíso fiscal no es "cónsona con la aplicación de los principios fundamentales de las relaciones en el mundo moderno y tiene por objeto único generar desprestigio y afectar la reputación de países con los que están llamados a tener un mayor nivel de acercamiento y cooperación".

Panamá fue incluido en una lista de 30 jurisdicciones consideradas no cooperadoras en materia fiscal en una publicación reciente de la Comisión Europea.
 

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Coca-Cola fue notificada por las autoridades fiscales de Estados Unidos de que debe 3.300 millones de dólares en impuestos federales, más intereses, correspondientes a ejercicios fiscales de 2007 a 2009, dijo la compañía el viernes.

La empresa de bebidas, con sede en Atlanta, dijo en un informe presentado ante autoridades que cree que la evaluación del Servicio Interno de Impuestos carece de mérito y que planea recurrir a "todos los recursos administrativos y judiciales necesarios para resolver el asunto".

Coca-Cola dijo que el desacuerdo es sobre qué tanto debe reportar como ingreso gravable en Estados Unidos en relación con las licencias que permiten que sus filiales en el extranjero vendan productos como concentrados de refresco a embotelladores foráneos.

Es un asunto que enfrentan con frecuencia compañías multinacionales, dijo Robert Willens, presidente de una consultora contable de Nueva York. Señaló que las compañías tienden a cobrar a sus subsidiarias extranjeras bajas tarifas por licencias a fin de sacar los ingresos gravables de Estados Unidos, donde los impuestos corporativos son más altos.

Por lo general, los casos se resuelven por una fracción de la cantidad señalada en la evaluación, agregó.
 

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Decenas de economías mundiales están cerca de adoptar cambios radicales a las reglas fiscales internacionales que podrían representar el fin de la evasión de impuestos por parte de poderosas multinacionales, una práctica que se cree priva a los gobiernos de hasta 240.000 millones de dólares al año.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dio a conocer el lunes un plan que, entre otras cosas, pretende terminar con los paraísos fiscales y exige que las compañías paguen impuestos en los países donde generan ganancias.

Grupos de ayuda aseguran que no es lo suficientemente dura y que no iniciará lo suficientemente pronto. Por su parte, los grupos empresariales temen que las reglas no sean aplicadas de la misma manera en todos lados y que castigue injustamente a algunas compañías.

Sin embargo, todos coinciden en que es un plan ambicioso. La OCDE señaló que su propuesta representa "los cambios más fundamentales a las reglas fiscales internacionales en casi un siglo".

Sesentaidós gobiernos, compañías y organismos no gubernamentales estuvieron involucrados en las negociaciones de las reglas. Los ministros de finanzas de las 20 mayores economías del mundo discutirán el plan en Perú el jueves, y se prevé que sus líderes lo finalicen en una cumbre del G-20 el próximo mes en Turquía.

Google, Facebook, Starbucks y Amazon se encuentran entre muchas compañías criticadas por trasladar sus ganancias a jurisdicciones de bajos impuestos.

Enfrentar la evasión fiscal corporativa resulta especialmente importante para países en vías de desarrollo que dependen en gran medida de los ingresos por impuestos para reducir la pobreza y crear infraestructura. Pero también es importante para economías estancadas en Europa y otras partes que pasan apuros para cobrar impuestos a grandes compañías globales que ganan dinero por internet.

Las dudas persisten sobre cómo los países aplicarán las medidas, y más crucial, cómo serán vigiladas.

La Oxfam dijo en un comunicado el lunes que las corporaciones jugaron un papel demasiado importante en las negociaciones y que, como resultado, el plan no hace lo suficiente para garantizar que las multinacionales paguen impuestos donde hacen sus negocios, además que permite que algunas prácticas continúen hasta 2021.

La Cámara Internacional de Comercio advirtió que "nos esperan desafíos importantes para garantizar que las reglas sean implementadas de una forma coherente y coordinada".

Si bien Estados Unidos y otros gobiernos podrían no adoptar las medidas de la OCDE, la firma global de contabilidad KPMG exhortó a las corporaciones a prestar atención al anuncio del lunes.

El plan debería ser "un llamado a la acción para muchas multinacionales para atender nuevas obligaciones de transparencia y de reportes que probablemente se conviertan en ley en algunos países", declaró Manal Corwin, un ex funcionario del Tesoro de Estados Unidos que supervisa el tema para el equipo de impuesto internacional de KPMG.
 

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Funcionarios de hacienda de las 20 economías más grandes del mundo acordaron endurecer las leyes y aumentar la cooperación transfronteriza para combatir la evasión impositiva por parte de las empresas multinacionales, que alcanza los 250.000 millones de dólares anuales.

El acuerdo unánime fue anunciado el viernes en la capital peruana al margen de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional. El plan, que será sometido a una cumbre del Grupo de los 20 el mes próximo en Turquía, trata de responder a temores de que grandes empresas -como Apple y Google- no pagan los impuestos que deben.

El plan de acción de 15 puntos fue elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en consulta con un centenar de países. Trata de eliminar el llamado "shopping impositivo" en busca de las tasas más favorables, la transferencia de ganancias y todo un conjunto de estrategias que le cuestan a las haciendas entre el 4 y 10% de los ingresos anuales por impuestos empresarios.

"No se trata de si los impuestos son altos o bajos sino de pagar los impuestos", dijo el ministro británico de Hacienda, George Osborne.

El mexicano Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, dijo que la aplicación del plan será crucial, dada la amplia gama de capacidades y recursos de las autoridades fiscales del mundo. Con ese fin, el secretario estadounidense del Tesoro, Jacob Lew, dijo que Estados Unidos duplicará los fondos para ayudar a los países en desarrollo a mejorar sus conocimientos técnicos.

"No se trata solamente de asegurar la sustentabilidad de las finanzas públicas sino de recuperar la confianza de nuestros ciudadanos que sufren penurias económicas", dijo Gurría.
 

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Apple Italia acordó pagar 318 millones de euros (350 millones de dólares) en impuestos debidos de años pasados, dijeron fiscales italianos el miércoles, como parte de un amplio esfuerzo de la Unión Europea para obligar a multinacionales a pagar lo que deben en cada país en el que operan.

Italia ya ha presentado causas contra compañías tecnológicas globales que tienen oficinas centrales en países de impuestos bajos, como Irlanda, para evitarse cargas fiscales más altas en otras naciones, como Italia. Esa práctica, conocida como "traslado de ganancias", ha sido fuertemente criticada por ejecutivos de la UE, que quieren que las multinacionales paguen impuestos donde obtienen los ingresos, no donde tienen sus bases regionales.

En octubre, los 28 países del bloque acordaron compartir los detalles de los acuerdos fiscales que alcancen con grandes compañías para asegurarse de que son justos con otros países. La UE ya le ordenó a Starbucks y Fiat pagar millones en impuestos atrasados a Luxemburgo y Holanda, respectivamente.

Los fiscales en Milán confirmaron el miércoles un informe en el diario romano La Repubblica que reportó que Apple aceptó pagar impuestos por el periodo 2008-2013. Los fiscales dijeron además que las responsabilidades fiscales de Apple para esos cinco años dependerán de un fallo internacional sobre esos casos. Declinaron dar detalles.

Declinaron decir además cómo el pago de impuestos atrasados pudiera afectar una pesquisa criminal, conducida por los fiscales, sobre presunta evasión de impuestos por tres empleados de Apple. La Repubblica dijo que dos son ejecutivos que están en Italia y el tercero está en Irlanda.

Las oficinas de Apple en Milán, Londres e Irlanda estaban cerradas el miércoles, por lo que no se pudo contactar a nadie para comentario.

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, ha rechazado reiteradamente la noción de que la compañía está tratando de evadir impuestos. En una entrevista con el programa de CBS "60 Minutes" transmitida el 20 de diciembre, Cook dijo: "Apple paga cada dólar que debe".

La televisión estatal italiana dijo que los 318 millones de euros en el acuerdo son mucho menos que los que las autoridades italianas dicen que la compañía debió haber pagado en esos años.

Las autoridades fiscales italianas han examinado también las cuentas de las oficinas de Facebook en Milán.

Asimismo, Google dijo que está trabajando con las autoridades en Italia para determinar lo que pudiera deber.
 
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