droblo
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Completo aquí: http://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/monthly_reports/im_1704_cast_abril.pdf
copio la introducción:
Congratulémonos, España es uno de los países del mundo con una mayor esperanza de vida. Nuestros lectores de 65 años vivirán, en promedio, hasta los 84 años; nuestras lectoras, hasta los 88. Algunos y algunas incluso más si, además de leer este Informe Mensual, practican otros hábitos saludables, como realizar ejercicio de forma regular y mantener una dieta equilibrada. Todo apunta, además, a que la esperanza de vida seguirá aumentando, probablemente a un ritmo creciente: se ha prolongado cerca de seis años en los últimos cuatro decenios y se prevé que se alargue cerca de ocho años en los próximos cuatro.
Esta gran noticia es la base fundamental de todas las discusiones sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones. El desafío es común a la inmensa mayoría de economías avanzadas pero, en España, la presión de la demografía a medio y largo plazo es especialmente alta, ya que la mayor longevidad se ve acompañada por una tasa de fecundidad de entre las más bajas del mundo. Además, España cuenta con el hándicap añadido de un mercado laboral que arroja unas tasas de empleo relativamente bajas.
Unas pocas cifras ayudan a ilustrar estas presiones: actualmente, en España, el número de cotizantes a la Seguridad Social ronda los 18 millones, alrededor de un 60% de la población en edad de trabajar, y el número de personas mayores de 65 años se acerca a los 9 millones. O sea, tenemos poco más de 2 cotizantes por cada persona en edad de jubilación.
Las previsiones demográficas para 2050 indican que, con una tasa de empleo igual a la actual, esta ratio se reduciría a 1 o, lo que es lo mismo, el número de cotizantes igualaría el número de personas mayores de 67 años (unos 14,5 millones). Incluso en una situación de pleno empleo, la ratio apenas se situaría en torno a 1,2. Por lo tanto, las tendencias demográficas imponen un desafío enorme sobre un sistema de pensiones como el nuestro, de reparto, en el que las pensiones de los jubilados se deben cubrir con las aportaciones de los cotizantes.
Las reformas de 2011 y, especialmente, 2013 tuvieron en cuenta estas presiones y plantearon una serie de reglas que permiten garantizar la sostenibilidad del sistema. De hecho, estas reformas –con las que España se adelantó a muchos otros países– resultaron clave en su día para recuperar la confianza de los inversores internacionales. Entre otros cambios, se retrasó de forma escalonada la edad de jubilación, se introdujo un factor de sostenibilidad –que liga la pensión a la esperanza de vida– y se estableció una fórmula que determina la revalorización anual de las pensiones en función de la situación presupuestaria de la Seguridad Social (con una revalorización mínima del 0,25%).
La cuestión es que, muy probablemente, estas reglas lograrían alcanzar la sostenibilidad del sistema mediante una fuerte, aunque gradual, disminución de la generosidad de las pensiones. Es de prever que durante muchos de los años en las próximas décadas, las reglas actuales implicarían revisiones anuales del 0,25% para las pensiones. No en vano, la Comisión Europea, por ejemplo, ha estimado una probable reducción de la ratio entre pensión media y salario medio, también llamada tasa de sustitución, de unos 20 puntos a largo plazo, hasta situarla por debajo del 40%.
El debate actual debe centrarse, por tanto, en la conveniencia de concentrar el peso del ajuste de las pensiones en su generosidad, una opción que políticamente puede ser poco sostenible. Existen alternativas que deben explorarse, por ejemplo, ligar de forma automática la edad estándar de jubilación a la esperanza de vida, como han hecho en los Países Bajos o Dinamarca; aumentar los incentivos a trabajar durante más años; obtener recursos adicionales para el sistema de pensiones, o promover el ahorro privado para la jubilación de modo que pueda suplementar las futuras pensiones públicas. Cualquier medida, además, debe enmarcarse en una estrategia de política económica más amplia, que persiga mejorar las perspectivas de crecimiento de la productividad y el empleo, y asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
En todo caso, la transparencia es clave. Tener una idea clara y anticipada sobre la pensión con la que podemos contar el día que nos jubilemos es esencial para poder planificar nuestro ahorro adecuadamente.
Enric Fernández
Economista jefe
31 de marzo de 2017
copio la introducción:
Congratulémonos, España es uno de los países del mundo con una mayor esperanza de vida. Nuestros lectores de 65 años vivirán, en promedio, hasta los 84 años; nuestras lectoras, hasta los 88. Algunos y algunas incluso más si, además de leer este Informe Mensual, practican otros hábitos saludables, como realizar ejercicio de forma regular y mantener una dieta equilibrada. Todo apunta, además, a que la esperanza de vida seguirá aumentando, probablemente a un ritmo creciente: se ha prolongado cerca de seis años en los últimos cuatro decenios y se prevé que se alargue cerca de ocho años en los próximos cuatro.
Esta gran noticia es la base fundamental de todas las discusiones sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones. El desafío es común a la inmensa mayoría de economías avanzadas pero, en España, la presión de la demografía a medio y largo plazo es especialmente alta, ya que la mayor longevidad se ve acompañada por una tasa de fecundidad de entre las más bajas del mundo. Además, España cuenta con el hándicap añadido de un mercado laboral que arroja unas tasas de empleo relativamente bajas.
Unas pocas cifras ayudan a ilustrar estas presiones: actualmente, en España, el número de cotizantes a la Seguridad Social ronda los 18 millones, alrededor de un 60% de la población en edad de trabajar, y el número de personas mayores de 65 años se acerca a los 9 millones. O sea, tenemos poco más de 2 cotizantes por cada persona en edad de jubilación.
Las previsiones demográficas para 2050 indican que, con una tasa de empleo igual a la actual, esta ratio se reduciría a 1 o, lo que es lo mismo, el número de cotizantes igualaría el número de personas mayores de 67 años (unos 14,5 millones). Incluso en una situación de pleno empleo, la ratio apenas se situaría en torno a 1,2. Por lo tanto, las tendencias demográficas imponen un desafío enorme sobre un sistema de pensiones como el nuestro, de reparto, en el que las pensiones de los jubilados se deben cubrir con las aportaciones de los cotizantes.
Las reformas de 2011 y, especialmente, 2013 tuvieron en cuenta estas presiones y plantearon una serie de reglas que permiten garantizar la sostenibilidad del sistema. De hecho, estas reformas –con las que España se adelantó a muchos otros países– resultaron clave en su día para recuperar la confianza de los inversores internacionales. Entre otros cambios, se retrasó de forma escalonada la edad de jubilación, se introdujo un factor de sostenibilidad –que liga la pensión a la esperanza de vida– y se estableció una fórmula que determina la revalorización anual de las pensiones en función de la situación presupuestaria de la Seguridad Social (con una revalorización mínima del 0,25%).
La cuestión es que, muy probablemente, estas reglas lograrían alcanzar la sostenibilidad del sistema mediante una fuerte, aunque gradual, disminución de la generosidad de las pensiones. Es de prever que durante muchos de los años en las próximas décadas, las reglas actuales implicarían revisiones anuales del 0,25% para las pensiones. No en vano, la Comisión Europea, por ejemplo, ha estimado una probable reducción de la ratio entre pensión media y salario medio, también llamada tasa de sustitución, de unos 20 puntos a largo plazo, hasta situarla por debajo del 40%.
El debate actual debe centrarse, por tanto, en la conveniencia de concentrar el peso del ajuste de las pensiones en su generosidad, una opción que políticamente puede ser poco sostenible. Existen alternativas que deben explorarse, por ejemplo, ligar de forma automática la edad estándar de jubilación a la esperanza de vida, como han hecho en los Países Bajos o Dinamarca; aumentar los incentivos a trabajar durante más años; obtener recursos adicionales para el sistema de pensiones, o promover el ahorro privado para la jubilación de modo que pueda suplementar las futuras pensiones públicas. Cualquier medida, además, debe enmarcarse en una estrategia de política económica más amplia, que persiga mejorar las perspectivas de crecimiento de la productividad y el empleo, y asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
En todo caso, la transparencia es clave. Tener una idea clara y anticipada sobre la pensión con la que podemos contar el día que nos jubilemos es esencial para poder planificar nuestro ahorro adecuadamente.
Enric Fernández
Economista jefe
31 de marzo de 2017