Pensiones

El otro día el popular Leopoldo Abadía en el programa de Buenafuente defendía la subida de la edad de la jubilación en Francia con un “es que los viejos no se mueren ni a tiros”.  Sí, en el fondo el tema es sencillo: cada vez hay más jubilados que viven más tiempo y para pagarles la pensión o éstos cobran menos o a los que trabajan hay que quitarles más dinero vía impuestos o vía nómina. Esto no debería ser así, el dinero que cada uno aporta a lo largo de su vida laboral debería estar creciendo en inversiones seguras y rentables y sernos devuelto durante nuestra vejez mes a mes y no tener que obtener los fondos de los actuales cotizantes. El problema es que, como el futuro es impredecible, esta seguridad –caso de que los gobiernos gobernaran para el largo plazo- no se puede obtener, y eso incluye a todas las profecías que se han incumplido. Hasta ahora las previsiones catastrofistas sobre el sistema público de pensiones han fallado porque en épocas de expansión económica aumentan los cotizantes (por los emigrantes y menor desempleo) y los salarios son más altos con lo que el estado recauda más pero si esta crisis va para largo no parece que el actual sistema sea viable sin una reforma: de una manera o de otra rebajarán la cuantía destinada a pensiones. Puede ser haciendo trabajar más años a la gente (yo estoy radicalmente en contra) o ampliando los años de cotización para que la cuantía de las pensiones sea menor… y seguro hay otras alternativas pero al final es una cuestión matemática: menos trabajadores y más pensionistas significa que o unos aportan más u otros reciben menos. Yo estoy en contra de aumentar la edad de jubilación (aunque parece menos disparatada esa opción en Francia –de 60 a 62- que en España –de 65 a 67-), tanto porque me parece anacrónico (debemos trabajar cada vez menos tiempo y no más) como sobre todo porque es algo que no nos podemos permitir con la alta tasa de paro que tenemos. Cada año se jubilan unas 150 mil personas en España, si ampliamos dos años la edad de retirada hablamos de 300 mil puestos de trabajo menos que ofrecer en nuestro ya crítico mercado laboral. Pero evidentemente algo hay que hacer porque en pocos años en el mundo occidental se jubilarán los que nacieron con el baby boom posterior a la II Guerra Mundial (España en eso va con diez años de retraso, por una vez es positivo) con lo que las pensiones en el futuro serán muy probablemente de menor cuantía.

Las pensiones públicas nacen de 2 ideas: los seguros y la Seguridad Social. El origen de los seguros está en Escocia; 2 ministros de la iglesia escocesa (calvinistas) fueron sus inventores en 1744; lamentaban tanto la suerte económica de las viudas y huérfanos de los clérigos que dieron con una solución: En vida darían un dinero para un fondo que invertiría para que, tras la muerte, hubiera dinero que destinar a los vivos. La clave estuvo en el correcto cálculo de cuánto dinero sería necesario para las contingencias, y ahí radicó su éxito. De hecho, sus fórmulas no difieren mucho de las actuales, basadas en probabilidades y estadísticas, y que llevan a que las compañías de seguros sepan cuanta prima deben pagar sus asegurados para afrontar todos los imprevistos y aún así ganar dinero. Aún ahora el  “scottishwidows” o “fondo de las viudas escocesas” es un participante famoso e importante en los mercados. La idea se extendió primero a los soldados y luego a toda la sociedad. El que los seguros privados pasaran a ser públicos, la idea de un fondo social para imprevistos tuvo su origen, según el profesor de Harvard Niall Ferguson, en Japón, porque tras el gran terremoto de 1923 las compañías privadas no se hicieron cargo de nada por ser una catástrofe natural. Aunque antes, en 1883, el canciller alemán Bismarck ya puso en marcha un seguro de enfermedad, y el término “Seguridad Social” fue inventado después, en la América de Rooselvelt, fue el país nipón el que universalizó un  fondo de asistencia social. Lástima que en realidad buscaba una mejor salud de los jóvenes, futuros protagonistas de los delirios bélicos del emperador. El “todos deben estar asegurados” no murió a pesar de la derrota en la II Guerra Mundial que empobreció al país; es más, la asistencia estatal japonesa recibió tal impulso que se contagió a la mayoría de los países que vieron que ante la destrucción de una guerra no se podía confiar en los seguros privados. La Seguridad Social se convirtió en algo común: el estado empezó a pagar si no trabajas, si estás enfermo, si eres viejo…eso sí, a cambio gran parte del sueldo se destina a todos esos “seguros”. Japón con esa filosofía se convirtió el siglo pasado en la segunda gran potencia mundial en pocas décadas.

En 1976 Milton Friedman demostró con la ecuación MV=PQ que algo fallaba. Es decir, que el dinero circulante y la velocidad del dinero es igual a precios y gastos. Es decir, a más dinero, más inflación. La inflación acaba con los beneficios del fondo de dinero público destinado a imprevistos ya que el dinero pierde y pierde valor. Es uno de los motivos por lo que ocurre lo que actualmente en España, que el dinero de los cotizantes actuales es el que paga las pensiones pasadas y no el dinero ingresado en su día. Para vencer a la inflación hacen falta inversiones más rentables pero que suelen ser más arriesgadas, como la bolsa, con lo que la pensión queda en manos de los vaivenes de los mercados financieros. En España ya tuvimos una gran polémica con ese tema en 2007. Volviendo a Japón, la alta esperanza de vida y el parón demográfico provoca que en la actualidad esté cerca el momento (unos 10 años) en que por cada pensionista sólo haya 2 trabajadores, la deuda pública agobia al país y muchos creen que la poderosa Seguridad Social del Japón acabará colapsando. La otra vía ocurrió en el Chile de Pinochet, de la mano del profesor de Chicago José Piñera, que diseñó el más famoso experimento de cambiar el sistema de Seguridad Social pública a otro de propiedad del cotizante y gestión privada. Entre 1979 y 1981 se implantó un sistema de pensiones que ofrecía –voluntariamente- darse de baja del sistema anterior y destinar el 10% de su sueldo a unos gestores que manejarían una cuenta a nombre del trabajador, es decir, el capital, ese 10%, seguía siendo de cada uno. El 80% de los trabajadores se cambió. El auge económico de Chile desde entonces, la reducción de la pobreza y la alta rentabilidad individual de los fondos de pensiones, parecen dar la razón a los defensores de este sistema. El problema del sistema chileno está en los trabajadores que no tienen empleo o que lo tienen de forma irregular y sus aportaciones son nulas o mínimas.

Puede parecer que entre ambos sistemas, el público y el chileno, la diferencia es sólo de gestión. Al fin y al cabo en ambos el estado nos tutela y obliga a los ciudadanos a que tengamos un seguro de pensiones, como lo tenemos a terceros si queremos conducir un coche o de vida para las hipotecas porque si no, habría millones que no lo tendrían y acabarían recurriendo al estado ante su insolvencia, y la clave sigue siendo la misma: aportar dinero toda la vida para que nos sea devuelto. Pero aunque el sistema público contrate a los mejores gestores e invierta en los mismos productos (por ejemplo en Francia más de la mitad de la hucha de las pensiones se invierte en bolsa), si los gestores privados de ese dinero se equivocan –o tienen la catadura moral de un Madoff- pueden perderlo todo (vimos en 2008 a jubilados norteamericanos obligados a volver a trabajar por culpa del desplome bursátil) mientras que si lo hacen los gobiernos está toda la estructura del estado detrás para auxiliarnos, por lo que también es un tema de seguridad. Es muy difícil ganar mucho sin arriesgar, por eso los fondos chilenos invierten mucho en renta variable, sobre todo nacional. Como la bolsa chilena los últimos años ha subido como un cohete ha ido muy bien pero, ¿y si hubiera bajado como la de Japón?

Pero no es sólo la gestión o la seguridad, la gran diferencia entre ambos sistemas está en que el chileno es más “justo” individualmente porque cada uno recibe por lo que da pero por eso mismo es más socialmente injusto. A veces se nos olvida que el “estado del bienestar” se financia con las mayores aportaciones –en porcentaje y en términos absolutos- de los que más tienen, es decir, no recibimos lo mismo que aportamos, ni para bien ni para mal. Puede que uno piense que de lo que le cogen de su nómina sobra dinero para una operación de apendicitis en la vida y el par de veces al año que va al médico pero es gracias a lo que le quitan a Botín o al Corte Inglés –por ejemplo- que su padre puede tener gratis una operación a corazón abierto, dispone de una autovía hacia la ciudad donde pasar el “puente” o de un colegio para su hijo. Y si esto queremos mantenerlo –otra cosa es que no, y es una opción respetable- quizás tengamos que cambiar de mentalidad. No se exige que la educación pública sea económicamente sostenible, se intenta con la sanidad pero aún no ha ocurrido (se calcula en 11 mil millones el déficit sanitario español) y sin embargo nos empeñamos en que las pensiones sí deben serlo. Ojalá se consiga, por supuesto, pero quizás deberíamos asumir que no es obligatorio que lo sean o que, como ocurre con la sanidad y el resto de servicios públicos, puede que debamos recibir todos lo mismo aunque algunos aporten mucho más que otros.