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La viñeta de la semana

La viñeta de la semana 1

20, 3% de paro, el peor dato desde hace 13 años, sindicatos mayoritarios tragando con el pensionazo…

Progresistas despejando las cunetas.

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jrmora

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  • Barricadas, gasolina, palos y piedras.
    Eso es lo que nos esta pidiendo nuestro pais.

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  • Me estoy fijando en los simbolos del camión y hay que ver la obsesion que tienen con las manos que dos de ellos se hacen representar por una mano que trinca algo.

    Y el otro CCOO es como un comecocos.

    ¿No hay nadie que tenga un simbolo de manos abiertas, como manos limpias?

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  • cañera cañera la viñeta

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  • Acertadísima la viñeta!!
     
    SALUDOS

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  • 2 rcalber

    A veces queremos que los resultados de nuestros actos se vean reflejados de inmediato… paciencia y perseverancia. El tiempo es nuestro mejor “socio”.

    Existe un dicho popular que dice “Manos que no dais… que esperáis”,... pues eso.

     

     

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  •  
    Rajoy asegura que en dos años "arreglará" la economía
    En una entrevista a El Mundo, Rajoy ha señalado que no tiene "la más mínima duda" de que, en caso de ganar esos comicios, el plazo será más reducido que los cinco años de reformas previstos por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
    "Estoy absolutamente convencido de que se podría conseguir (la creación de empleo) en dos años. Recuerdo que en el año 1996 había un 22% de paro, tuvimos que tomar medidas y, sobre todo, fuimos capaces de generar confianza y, a partir de ahí, crecimos", ha apuntado.
    Asimismo, ha descartado una posible intervención a España, a pesar de que ha señalado al Gobierno como responsable de la "desconfianza" en la economía española. En este sentido, ha asegurado que las empresas españolas son "muy potentes" y hay unos trabajadores "muy cualificados".
    Respecto al actual acuerdo con los sindicatos para la reforma de las pensiones, Rajoy se ha mostrado "favorable" y se ha mostrado confiado en que el Ejecutivo escuche las propuestas 'populares' para mejorarla. Así, ha reiterado la necesidad de que "haya gente trabajando y cotizando", al tiempo que ha incidido en la importancia de priorizar que la gente "efectivamente" se jubile a los 65 años.
    Entre las propuestas incluidas en un plan a cuatro años que presentará en las Cortes -sin especificar la fecha-, ha adelantado que propondría "bajar selectivamente" algunas cotizaciones, como en el caso de empleo juvenil. En este misma línea, ha señalado que también reduciría los impuestos al ahorro "en cuanto pudiera".
    En cuanto a la reforma del sistema financiero, el líder del PP ha pedido "transparencia", debido a que el Banco de España ha estimado en 20.000 millones de euros las necesidades de capital del sistema "y no son las cifras que manejan otros". "Quien debe de saber si esa cifra es adecuada es el Banco de España y a mí no me ha comunicado nada, ni al conjunto de la opinión pública", ha criticado.
    Asimismo, ha lamentado que el Gobierno no haya pactado con el PP la opción de entrar en las cajas de ahorro, ya que la propuesta únicamente le fue enviada "dos o tres días antes" de ser anunciada. Para Rajoy, si el Estado tuviese que entrar en el capital de las cajas, tendría que ser "en situación límite y por un mínimo" periodo de tiempo.
    Además, ha criticado la actuación del Banco de España que, a su entender, ha cambiado las reglas para las cajas de ahorro "a mitad del partido". "Algunas cajas han hecho un plan para sanear activos y bajar capital y ahora se encuentran con que el Gobierno les exige una subida de capital", ha afirmado.
    Otra de las medidas de Rajoy de cara a combatir la crisis sería la de "privatizar o cerrar" la mayoría de las 4.000 empresas y entes públicos y "suprimir" la mayor parte de los asesores y del personal de confianza que está adscrito a todas las administraciones.
    Además, considera necesario que las comunidades estudien el cierre de embajadas y de organismos "superfluos", como en el caso de los diferentes defensores del pueblo de cada comunidad. "No puede haber 17 normas en temas tan importantes como medio ambiente, las grandes superficies o transportes". Asimismo, contemplaría la posibilidad de bajar el IVA del sector turístico del 8% al 4%.
    Rajoy ha asegurado que, en caso de llegar al Gobierno, dará "autorización" para que las televisiones autonómicas puedan tener una gestión privada. "Que no quepa la menor duda que modificaré la actual ley para otorgar esa autorización", ha manifestado.
    El líder del PP se ha mostrado contrario al cierre de Garoña y ha resaltado que paralizaría el cierre de la central nuclear, en caso de que el Consejo de Seguridad Nuclear afirmase que "cumple las condiciones de seguridad" necesarias.
    Por último, ha explicado que a día de hoy no apoya la creación de un copago sanitario. Respecto a los inmigrantes, prevé la creación de un "contrato de integración" que implicase aceptar la Constitución, aprender el idioma y "respetar las costumbres" españolas.

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  • BBVA ha presentado un incidente de nulidad contra el auto que considera suficiente la entrega de la vivienda al banco para saldar la deuda hipotecaria, alegando que sus razonamientos jurídicos son "arbitrarios", según el escrito presentado hoy por la entidad, al que tuvo acceso Europa Press.
     La entidad considera que el auto "lesiona el derecho fundamental de BBVA a la tutela judicial efectiva" porque sus argumentos para desestimar su recurso "resultan irrazonables o arbitrarios, en el sentido técnico-jurídico".
     El banco ha presentado ante la Audiencia Provincial de Navarra este incidente de nulidad del auto, que es firme y previo a la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
    BBVA considera que esta resolución hecha pública ayer "no tiene como base el ordenamiento jurídico, sino una valoración moral subjetiva" por parte del tribunal. El auto concluye que la actuación de BBVA se ajusta a la ley pero es "moralmente rechazable", dentro del contexto actual de la crisis económica y de la "mala gestión" de los bancos del sistema financiero.
     El auto determina que la actuación de BBVA "no constituye un abuso de derecho", pero considera que la disminución de valor del inmueble no sirve como garantía a la entidad para seguir reclamando los pagos mensuales de la hipoteca al cliente, después de tener que quedarse con la vivienda tras una subasta que quedó desierta.
    El banco alega que, en caso de que se llevara esta resolución "hasta las últimas consecuencias", habría que derogar o considerar inaplicables los artículos 579 y 681 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que regulan las ejecuciones hipotecarias y el procedimiento para exigir el pago de estas deudas.
     No se podrían celebrar subastas
    Esto supondría que "dejaría de tener sentido la celebración de una subasta para la ejecución de bienes hipotecados", ya que bastaría con adjudicarlos por su valor de tasación inicial al acreedor hipotecario.
     En concreto, la ley atribuye la facultad al acreedor hipotecario para que pueda elegir la adjudicación a su favor por un 50% del valor de tasación, un sistema que "dejaría de tener sentido alguno".
    La ley establece que el bien pueda adjudicarse por el 50% de su valor de tasación y no por el 100% de ese valor, a elección libre del acreedor ejecutante. La entidad considera que el auto "niega esa posibilidad" legal y le obliga a adquirir el inmueble por el 100% de su valor.
    Además, el BBVA presentará recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por una presunta infracción del artículo 24 de la Constitución Española (CE) en su vertiente de derecho de la ejecución de lo resuelto y respecto a la intangibilidad de las resoluciones judiciales.
    La entidad recurre, en este caso, el auto dictado el 24 de septiembre de 2009 por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Estella, que acordó la adjudicación del inmueble al BBVA por 42.895 euros, donde se reconoce que "el precio de adjudicación es inferior al de las cantidades adeudadas".
    La entidad considera que el auto de la Audiencia Provincial ha prescindido de dicha resolución "desconociendo de modo directo su parte dispositiva que, en consecuencia, deja de surtir efecto alguno", salvo en la parte de la adjudicación. Esto supone también una lesión del artículo 24.1 de la CE por haberse desconocido la fuerza de "cosa juzgada".
    Según el auto, el comprador, además de perder la vivienda, debía pagar 30.000 euros más, de los que 8.000 correspondían a intereses y gastos, para saldar la deuda, de más de 70.000 euros. La Justicia ha dado la razón al consumidor, entendiendo que el inmueble cubre el capital prestado, lo que jurídicamente se conoce como 'dación en pago', una figura no reconocida en la Ley Hipotecaria española.
     

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  • La fórmula de la corrupción
     
     
    Parafraseando a la película «Wall Street 2», diríase que «la corrupción nunca duerme». La cuestión radica en averiguar qué la mantiene despierta o en términos matemáticos, si es posible encontrar una fórmula que explique tan pernicioso fenómeno. Me atrevo a aventurar que la ecuación de la corrupción se enunciaría así: K=(I+N)xC.

    Donde «K» es la corrupción; «I», la inmoralidad del sujeto; «N» son las normas jurídicas imperfectas; y «C», el contexto político degradado.

    En otras palabras, es corrupto quien puede (las normas jurídicas sobre controles tienen agujeros como el queso gruyère), si además quiere (las normas morales no lo frenan para abusar de los dineros públicos) y si recibe el estímulo de un contexto político relajado. En consecuencia, para evitar el resultado de la corrupción habría que actuar sobre los parámetros que la incrementan.

    El factor moral se escapa a las medidas públicas por ser la resultante de la educación familiar, experiencias personales, educación y religiosidad, de manera que ahí el Derecho poco puede hacer.

    En cambio, las normas jurídicas admiten mayor calidad técnica y mayor grado de efectividad en cuanto a controles de la legalidad de las decisiones públicas, particularmente en el ámbito de la contratación. El problema brota cuando leyes cándidas «en nombre de la madre eficacia» relajan los controles de los procedimientos administrativos propiciando figuras de doble uso, como el procedimiento de urgencia, procedimiento negociado, contratos menores, etcétera. Y digo de doble uso, porque, según quién las utilice, actúan como los medicamentos, capaces de salvar al paciente si se usan moderadamente o matarlos si se abusa de ellos.

    Pero «un agujero no hace granero», de manera que «la ocasión» para la corrupción cuenta con la complicidad de otras normas cojitrancas. Por ejemplo, si el legislador (o el Ejecutivo) confía la responsabilidad máxima del uso de tales técnicas a funcionarios leales al «todo vale» (altos cargos, eventuales, funcionarios de libre designación); si la norma es tolerante en cuanto a regalos y compadreo entre proveedores y políticos; o si la normativa contable y presupuestaria no contempla controles de los destinatarios reales de los pagos públicos.

    El empuje para sucumbir a la «tentación» vendrá dado por el contexto de relajo en la moralidad del sector público (altos cargos frívolos que toman decisiones frívolas), que a los ojos del potencialmente corrupto puede proporcionarle para su fuero interno la coartada sociopolítica para comenzar su escalada en la corrupción contractual. Y es que el corrupto no nace, sino que se hace, y además crece siguiendo varios escalones descritos en un imaginario «Manual del corrupto».

    El primer escalón se sube el día en que un contrato es adjudicado por urgencia o directamente a un determinado proveedor, salvando el escollo de la falta de consignación presupuestaria o de trámites burocráticos, para conseguir una apremiante meta del programa electoral o rentabilizar políticamente una decisión. Las normas no entienden de urgencias en las inauguraciones de edificios o puesta en marcha de servicios públicos, y por eso, la autoridad de turno se siente con fuerza para saltárselas si no la frena el funcionario de turno, tarea muy difícil por la distinta situación jerárquica de ambos, como la asumida por Sancho para hacer desistir a Don Quijote de emprenderla con los molinos.

    El segundo escalón se salva cuando el político o alto funcionario corrupto se percata con ronroneo gatuno de que, si una vez atravesó la línea roja y no pasó nada, podrá seguir utilizándola y convertir la excepción en pauta normal.

    Al tercer escalón se asciende cuando se produce la magia del encuentro de dos tendencias. La del político que quiere soluciones rápidas sin importarle las normas (y descubre que «no pasa nada»), y la del empresario sin escrúpulos que como el genio de Aladino da respuesta instantánea a sus deseos.

    El cuarto escalón es el de la consolidación de las estructuras de decisión paralelas, donde todos juegan con la pólvora del rey y donde la puerta de emergencia excepcional de un contrato «fuera de ley» se convierte en una puerta giratoria habitual. El empresario surte al político y el político se deja querer por el empresario, sirviendo de puente el alto funcionario, que también saca tajada.

    Por ello, mientras se mantenga ese desprecio por las normas de control (tildadas de enemigas de la eficacia) y mientras no se consiga la plena ejemplaridad en la clase política, me temo que la corrupción seguirá existiendo, e incluso para el ciudadano podría ofrecerse otra ecuación que explique su impresión ante la corrupción en los siguientes términos: «CR» (corrupción real)- «CND» (corrupción no denunciada) - «CNP» (corrupción denunciada y no probada) - «CP» (corrupción prescrita) = «K» (cachondeo).

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  • Se me olvidaba: yo soy parte de ese sistema de control. A nadie le gusta recibir a un inspector, pero sin control lo que queda es descontrol.

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