El artículo 49 de la Constitución Española dice:
Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos.
Ya en 1982, para dar cumplimiento a este artículo de la Constitución se dictó la Ley de Integración Social de los Minusválidos, que lo más relevante en materia de empleo era que
Las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores vendrán obligadas a que de entre ellos, al menos, el 2 % sean trabajadores minusválidos. El cómputo mencionado anteriormente se realizará sobre la plantilla total de la empresa correspondiente, cualquiera que sea el número de centros de trabajo de aquélla y cualquiera que sea la forma de contratación laboral que vincule a los trabajadores de la empresa. (…)
De manera excepcional, las empresas públicas y privadas podrán quedar exentas de esta obligación, de forma parcial o total, bien a través de acuerdos recogidos en la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal . (…)
A raíz de esta Ley, se crearon los Centros Especiales de Empleo para favorecer la integración laboral de las personas con discapacidad. Su objetivo es el mismo que el de cualquier otra empresa: realizar un trabajo productivo participando regularmente en las operaciones de mercado. Pero se diferencian en que su plantilla está formada por, como mínimo, un 70% de personas con discapacidad.
Actualmente, se está preparando por parte del Gobierno, un Real Decreto que incluirá el derecho del trabajador a un Programa Personal de Desarrollo Laboral que le prepare para trabajar fuera del Centro Especial de Empleo. También reconocerá el derecho del trabajador a pedir una excedencia cuando tenga la oportunidad de pasar a la empresa ordinaria.
Posteriormente, en 2003, se dictó la Ley de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, que se inspira en los principios de vida independiente, normalización, accesibilidad universal, diseño para todos, diálogo civil y transversalidad de las políticas en materia de discapacidad. La ley considera que son personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.
En cuanto a las Administraciones Públicas, el Estatuto Básico del Empleado Público, dice
En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al 7 % de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se alcance el 2 % de los efectivos totales en cada Administración Pública.
La reserva del mínimo del 7 % se realizará de manera que, al menos, el 2 % de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.
Cada Administración Pública adoptará las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo y, una vez superado dicho proceso, las adaptaciones en el puesto de trabajo a las necesidades de las personas con discapacidad.
Es verdad que aún nos falta mucho, pero cada vez se adoptan más medidas para que las personas discapacitadas tengan más igualdad de oportunidades en esta sociedad aún no hecha para ellos.
Según el Observatorio Estatal de la Discapacidad al finalizar el mes de octubre de 2011, el acumulado de contrataciones a personas con discapacidad durante este año es de 52.596 contratos, frente a los 50.860 que se realizaron en ese mismo periodo del 2010. Estos datos registrados suponen un 3,4% de incremento en relación con los datos del mismo periodo de 2010.
En materia de bonificaciones, el Gobierno bonifica el 100% de las cuotas de la Seguridad Social a discapacitados contratados por la ONCE.
¿Cumple tu empresa, ya sea pública o privada con la normativa en esta materia? ¿Qué más crees que se podría hacer para integrar a las personas con discapacidad en los centros de trabajo?
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El fin de semana se celebró un Congreso. Los azafatos eran del Centro Ocupacional apoyados por una persona sin discapacidad, su cometido era facilitar los micrófonos a las personas que querían tomar la palabra. Los asistentes aplaudieron la iniciativa.