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Actualizado el 27 de septiembre de 2024
Vamos a mirarlo desde otro punto de vista, el Lunes nos levantamos con una buena noticia.
Son muchos, pero muchos menos. Las víctimas mortales en las carreteras españolas fueron el año pasado 1.479, lo que significa un número histórico: bajar por primera vez de 1.500 muertos, una barrera que parecía inalcanzable hace una década cuando se llegó a 4.067 fallecidos (año 2001).
Si nos remontamos un poco más en el tiempo, en 1990 (con bastantes menos coches en circulación), se registraron 5739 víctimas mortales, el año pasado 4 veces menos.
Es imposible saber cuál ha sido la clave ya que muchos son los factores que entran en juego y las medidas adoptadas para atajar este problema, el carnet por puntos, mejora de las carreteras, rádares, controles de alcoholemia, campañas de concienciación, etc. Como véis medidas de todo tipo, algunas muy impopulares y otras que han requerido una gran inversión pública. Ha costado varias décadas pero por fin estamos en números europeos.
De alguna manera, el problema que teníamos con los accidentes de tráfico en los 90 me recuerda mucho al que tenemos ahora con la economía sumergida. Conducíamos sin cinturón, con alguna copilla de más y vacilabamos con lo que corríamos por unas autovías tercermundistas. No eramos conscientes del calibre del problema, de los miles de muertes que se producían cada año y de los miles de millones que esto nos costaba a los contribuyentes. El estado apenas hacía nada para atajarlo. Todos mirábamos hacia otro lado.
El Lunes, los técnicos de hacienda comentaron que el coto a la economía sumergida recaudaría 38.000 millones sin recortes.
Según la organización, con la implantación de unas políticas adecuadas que redujeran en diez puntos la tasa de fraude en España, el Estado podría recaudar cada año más de 38.500 millones de euros adicionales, 25.500 millones de euros en impuestos evadidos y 13.000 millones de euros en cuotas a la Seguridad Social. La cifra total supone más del doble de los 16.500 millones que prevé ahorrar el nuevo Gobiermo de Mariano Rajoy con la congelación del SMI y del sueldo de los funcionarios, el recorte del gasto en ministerios y organismos públicos y la fuerte subida de impuestos.
En la actualidad, la tasa de economía no declarada alcanza el 23,3% del PIB, lo que supone cerca de 245.000 millones anuales, de los que el 65,9%, casi dos terceras partes -161.647 millones de euros- proceden del fraude fiscal y el tercio restante es fraude laboral.
Necesitamos de medidas similares a las aportadas para evitar los accidentes de tráfico. Más controles, “rádares” que detecten transacciones no declaradas y un cambio en la normativa (legalizando ciertas actividades que sólo trabajan en negro). Medidas impopulares pero necesarias. Al igual que ya no está bien visto conducir rápido o ebrio, quizás en una década miremos con mala cara a aquel que engaña a hacienda o no pide factura cuando le hacen un trabajo. Para todos será una molestia pero aflorar ese dinero no declarado nos permitirá no sólo evitar más recortes si no que incluso bajar algún impuesto.
Por otra parte, necesitamos un esfuerzo por parte del estado. No son normales las tramas burocráticas e impositivas a las que se enfrentan los negocios, las múltiples ventanillas de la administración pública, esa que es la primera defraudadora al pagar a más de 180 días, no puede ser que cobrar en negro sea muchas veces más fácil, rápido y rentable que hacerlo por lo legal, que contratar a alguien sea una auténtica pesadilla con un coste absurdo, que las empresas se conviertan en recaudadoras de un IVA que muchas veces no cobran. Ese esfuerzo lo tenemos que hacer todos, ellos mejorando las “autopistas” de los negocios, fomentando la circulación y nosotros conduciendo con más responsabilidad. Queremos ver que todos estamos sujetos a las mismas normas, sin excepcion y necesitamos también campañas de concienciación que nos haga ver a los defraudadores como ladrones y no como listos. Esto no se logra ni en un año ni en una legislatura, puede tardar décadas pero lo primero es tener la intención para hacerlo y avanzar en ello.
Si hemos podido dividir la mortalidad en las carreteras entre cuatro ¿por qué no podremos reducir la economía sumergida a la mitad?. Probablemente a ti no te haya afectado nunca un accidente de tráfico pero te aseguro que si te afecta cuando alguien cobra en B.
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En efecto, serían medidas impopulares porque de ese 23,3% de economía sumergida nos beneficiamos todos. Y aunque sólo sea por unos pocos euros de IVA que nos ahorramos en cualquier compra, a todos nos duele aportar.
Pero, dicho esto, estoy de acuerdo en que es absolutamente imprescindible seguir por este camino. Siguiendo con el simil de los muertos en carretera, correremos menos pero también lloraremos menos.
Dicen que de tal perro tal dueño pero el símil no solo se aplica a las mascotas. También el coche que conducimos en cierta manera nos representa y, por las declaraciones de bienes que han hecho los nuevos ministros, sabemos qué coche conduce cada uno de ellos.
En esto del motor el más apasionado es sin duda el nuevo ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que en su declaración como diputado ha revelado que mantiene la propiedad sobre cuatro vehículos diferentes. Es el diputado miembro del nuevo Gobierno con más coches, según datos del portal de venta de vehículos en Internet Coches.com.
La página web indica que Cañete es un "fan de los coches clásicos" y afirma que ha llegado a competir en rallies. Así, el nuevo ministro de Agricultura incluye en su declaración de bienes un clásico Morgan 4/4, modelo creado en 1936, así como un Mercedes-Benz 500 de 1993, un Volvo S40 T4 y un Suzuki Vitara.
Según las declaraciones de bienes de los nuevos miembros del Gobierno, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, asegura poseer un Audi A3 comprado en enero de 2000.
De su lado, Ana Pastor (titular de Fomento) es propietaria, junto con su marido, de un BMW X3 de 3.0 litros, matriculado en 2008, y de un Mini Cooper de 2011.
El nuevo ministro de Justicia y ex alcalde de Madrid, Alberto Ruíz Gallardón, posee dos coches (un Lancia Y comprado en 2004 y un BMW X1 de 2011). Pero su pasión son las motos, posee dos, una Yamaha WR 400F comprada en 2003 y una BMW K 1200 R comprada en 2005.
Hay otros ministros que declaran únicamente un coche. Es el caso de Cristóbal Montoro (Hacienda), que según su declaración de bienes posee un Mercedes-Benz ML 270 CDI, de ocasión, y el de José Manuel Soria (Industria), que declara un Volkswagen Golf TSI de 2010. Fátima Báñez (Empleo) también dispone de un solo vehículo, un Mercedes Clase A 160 usado. Jorge Fernández Díaz, el titular de Interior, también tiene un único coche un Seat Ibiza de 1999. Es el ministro con un vehículo más modesto.
La ministra de Sanidad, Ana Mato, asegura poseer un Nissan Micra de 2001 para moverse por la ciudad y un Toyota Rav4 de 2003, más grande, según se desprende de su declaración de bienes.
El único en esta lista que no tendría coche propio es el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy. El apartado de vehículos, embarcaciones y aeronaves de su declaración de bienes aparece vacío por lo que no cuenta con ningún coche o motocicleta a su nombre ni al de su mujer, ya que su régimen patrimonial del matrimonio es ganancial.
No obstante, a esta lista falta por añadir las propiedades en cuanto a vehículos y motocicletas de los ministros que no son diputados, como Luis de Guindos (Economía y Competitividad), José Manuel García Margallo (Asuntos Exteriores y Cooperación), Pedro Morenés (Defensa) y José Ignacio Wert (Educación, Cultura y Deporte).
Lo que hay que leer
Los hijos de los desempleados son más bajitos, según un estudio alemán http://dlvr.it/13LkDx
Un hipopótamo se pasea por las calles de un pueblo mallorquín http://dlvr.it/13M8FX
Pese a los planes de ajuste aprobados por los diferentes gobiernos de la eurozona, los respectivos tesoros tendrán que acudir en 2012 a los mercados con intensidad igual o parecida a la del año recién concluido. Según cálculos de la agencia Fitch sumarán emisiones por un importe que rondará 1,5 billones de euros, equivalentes al 15 por 100 de su Producto Interior Bruto (PIB) conjunto; deberán hacerlo, tanto para cubrir sus necesidades (déficit) del ejercicio como para (re)financiar los vencimientos comprometidos para los próximos doce meses. La cifra global no llega a reducir en un 1 por 100 las colocaciones efectuadas a lo largo de 2011 y no hay la menor garantía de que las condiciones de las subastas vayan a ser más favorables.
Es cierto que, tras el agravamiento de las tensiones durante el mes de noviembre, los mercados de capitales parecen haberse tranquilizado. Las medidas del Banco Central Europeo (BCE), los acuerdos de la cumbre europea de diciembre y los relevos en los gobiernos de Grecia, Italia y España parecen haber favorecido la tregua, pero los riesgos que protagonizaron buena parte del pasado ejercicio permanecen.
La continuidad del rescate de Grecia sigue en el aire y su solución definitiva no parece cercana. Tampoco los otros dos países rescatados, Irlanda y Portugal, han conseguido regresar al mercado, por lo que se mantiene la incertidumbre sobre si el importe asignado en sus programas de ayuda resultará suficiente o será necesario aportarles más fondos. Los otros dos grandes estados de la periferia, España e Italia, también parecen lejos de solventar las dudas, a pesar de los relevos en el gobierno, y la amenaza de las agencias de calificación crediticia no sólo no ha amainado, sino que ya alcanza también a países que aún conservan la máxima nota de solvencia posible, como es el caso de Francia.
Otro factor a tener en cuenta es la previsible fuerte competencia en los mercados por captar fondos, que podría desembocar en nuevos encarecimientos del coste de financiación, sumados al ya se produjo el pasado ejercicio. A las múltiples subastas de deuda soberana se agregarán las del fondo de rescate europeo y los vencimientos del sector privado, así como las eventuales necesidades para cubrir una reactivación del crédito, necesaria para tratar de relanzar las economías. Todo ello podría obligar a los emisores, incluidos los propios estados, a elevar la rentabilidad de sus titulos para mantener atraída la demanda de los inversores.
A diferencia de otros años, el mes de enero no concentra muchos vencimientos, pero en febrero Italia ya tiene que devolver más de 50.000 millones de euros. Tampoco la primavera será tranquila: en marzo habrá vencimientos por 45.000 millones, en abril se sumarán otros 45.000, a los que toca añadir los más de 20.000 que habrá de afrontar el tesoro español. Y, así, poco más o menos hasta el final.
Más
A las españolas les importa más el dinero de su pareja que su atractivo: lavanguardia.com/vida/20120103/
Los estadounidenses baten en Navidad el récord de compra de armas http://j.mp/uDxyHB
La pérdida de algo más de mil empleos cada día laborable de 2011 es sin duda un registro lamentable, tanto desde una óptica personal para todos y cada uno de los afectados como para el conjunto del país. Es lógico, por tanto, que el dato facilitado por el Ministerio de Empleo haya centrado la principal atención este martes, pero igual o más inquietante es otro registro facilitado: el cómputo de afiliados a la Seguridad Social, que ha retrocedido a poco más de 17,2 millones, 355.000 menos que al inicio del año. Si a ello se añaden las últimas estimaciones sobre la Encuesta de Población Activa (EPA), que se dará a conocer la última semana de enero, empieza a ser creíble superar la cifra de cinco millones de desocupados, lamentable récord para una de las cinco grandes economías de la zona euro. Un panorama, se mire como se quiera, desolador.
Lo es para las cuentas públicas, con un volumen de subsidios al desempleo que equivale a tres puntos de Producto Interior Bruto (PIB) y la amenaza, cada vez más cercana, de serio desequilibrio entre prestaciones y cotizaciones en Seguridad Social, a lo que hay que añadir la caída de ingresos por pérdida de rentas, abstención en el consumo y pérdida de actividad.
Junto a todo eso, conviene no obviar un efecto no tan medible, pero real: incertidumbre, desánimo, miedo y riesgo creciente de catastrofismo progresivamente enquistados en la sociedad. Sin paliativos, la situación lleva meses siendo de auténtica emergencia y son cada vez más los ciudadanos que no entienden por qué partidos, sindicatos, patronales y demás erigidos en representantes del cuerpo social no se han conjurado para frenar la sangría del (des)empleo. Y la verdad es que no tienen por qué entenderlo; más bien al revés.
Hace ya tiempo que debería estar asumido que la falta de crecimiento es sólo una parte de la explicación. Prueba de ello es que varias economías comunitarias han retrocedido igual o más que la española, pero ninguna ha multiplicado sus tasas de paro como ésta. La evidencia, sin embargo, no ha sido hasta ahora suficiente para asumir que mucho y muy profundamente toca cambiar.
Si una economía no es capaz de generar empleo y bienestar para los ciudadanos pierde su razón de ser. Y una sociedad caracterizada –dominada- por el miedo y el ansia predominante de salvar lo propio entraña serios riesgos de desembocar en cualquier cosa… menos en lo que, hoy por hoy, la mayoría sigue aspirando vivir y legar a los que vengan detrás.
K. Rogoff: "Hay que replantearse el imperativo del crecimiento" http://dlvr.it/13LpTR
Los datos no engañan y la crisis menos. Desde el año 1997, se han realizado 87 ofertas públicas de venta (OPV) en el mercado español y solo 26 de ellas -menos de un 30%- son rentables a día de hoy. Para los inversores, claro. Porque las cifras de beneficios del 2010 para los bancos de inversión suponen hasta el 41% de su beneficio total. Un negocio redondo y sin riesgo. Para quienes han creído en cambio en las supuestas ventajas de las ofertas públicas lo que se puede constatar es que cuanto más próximas están en el tiempo, peor rentabilidad ofrecen. Será por la crisis. De hehco, de las ocho empresas que salieron el pasado año en el mercado español solo una de ellas, Secuoya, ha cerrado el año con gancias, un 5,71%. Sin embargo, los bancos de inversión han obtenido más de 10.000 millones de dólares cada uno gracias a los ingresos por colocaciones
Bruselas discutirá con España medidas para compensar el desvío del déficit http://bit.ly/rMAMBw