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Actualizado el 27 de septiembre de 2024
Hay quien cree que si hubiera sobrevivido la banca pública estatal (la local aún está viva aunque agonizante) hubiera sido una ayuda en la actual crisis para dar los créditos que las entidades privadas niegan pero parecen olvidar que es precisamente la facilidad en prestar dinero sin suficientes garantías el principal motivo de la actual crisis financiera y si son las cajas de ahorros las que se encuentran en peor situación que sus homólogos privados es porque criterios políticos primaron sobre los económicos. El que algunos cargos designados por políticos resultaran no ser malos gestores –como en el caso de Unicaja o BBK- ha resultado ser más la excepción que la norma y viendo el coste al erario de Cajasur, CCM o la CAM no quiero ni pensar cuanto capital tendría que haber puesto el estado si por ejemplo el B. Hipotecario hubiera seguido siendo público durante los años de la Burbuja Inmobiliaria.
No obstante, aunque la banca sea privada, la garantía estatal para evitar su quiebra los convierte en empresas que si ganan se reparten los beneficios entre sus accionistas y si pierden, recurren al dinero público. Eso debería ser inadmisible pero no sólo es lo normal en todos los países del mundo, es que ningún gobierno tiene pensado cambiarlo. Y parece que el nuevo que tenemos en España no es la excepción y mientras considera –o no- crear un banco malo que compre determinados activos a los bancos para mejorar su liquidez y sus finanzas, amplía los avales a la banca lo que liga –aún más- su solvencia a la nuestra. El problema es que en el “sector financiero más sólido del mundo” duermen en sus balances unos 338.000 millones de euros de exposición inmobiliaria, la mitad de los cuales son problemáticos -según el propio Banco de España-, eso sin contar los riesgos en deuda pública. Los defensores de crear un banco malo creen que los liberaría y permitiría a las entidades centrarse en conceder nuevos préstamos (la misma falsa excusa que motiva las macrosubastas de largo plazo a bajos tipos de BCE). Además, creen que si se intercambiaran esos activos tóxicos por bonos garantizados por el Estado, las entidades obtendrían un colateral válido para adquirir más liquidez del Banco Central Europeo.
Como dije antes, la banca pública en España no me parece una buena idea pero comprar con dinero público los malos activos de la banca privada para que ellos puedan –cuando quieran- prestar dinero es absurdo, sería más lógico –y más fácil, más barato y más justo- prestar el capital directamente del estado a los ciudadanos. Sea mediante los avales o sea además con el banco malo no hay ninguna duda que de lo que se trata es de que los contribuyentes paguemos los errores de gestión de bancos y cajas de ahorros. Es tal el trato de favor que recibe la banca que es mejor ser un banco que un estado: Hace algunos días en gurusblog hicieron una inteligente comparación que nos dejaba bastante mal suponiendo que España fuera una empresa pero si vamos más allá y suponemos que España se convirtiera en un gran banco no tendría muchos de los problemas de solvencia y liquidez que tiene ahora y podría obtener de BCE financiación prácticamente ilimitada a una cuarta parte de lo que paga por ser un estado emisor de deuda.
Así que lo que parece claro es que no es la titularidad de la banca el problema, sino el poder que los políticos le otorgan. Son ellos los que deciden las ayudas que les dan, los privilegios que les ofrecen, la labor del banco central… y los que mantienen un sistema que les otorga una excesiva importancia como creadores de dinero. Son ellos los que permiten que privaticen beneficios y socialicen pérdidas. Mientras no cambie esto cualquier medida, lejos de ser una solución, será un remiendo temporal aunque nos gastemos todo el dinero público en sanear todo el sector financiero.
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De los 47 aeropuertos y dos helipuertos que forman la red de Aena, un total de 21 cerró el año 2011 con caídas en su tráfico de pasajeros y 22 registraron menor número de operaciones que el ejercicio anterior. Las estadísticas dejan algunos datos sorprendentes: Huesca Pirineos, aeropuerto diseñado para la época invernal, sólo tuvo 9 pasajeros en diciembre y Albacete no pasó de 92. En el conjunto del año, los descensos más acusados los registraron Huesca, Girona, Vitoria y Logroño, con caídas entre 27 y 53 por 100.
Algunas reacciones a los datos son curiosas. El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, ha apelado a la piedad del Gobierno para que mantenga abierto el aeropuerto logroñés que, según datos de la Comisión Nacional de Competencia, ha recibido más de 3,6 millones de euros de subvenciones entre 2007 y 2011 para atender a sólo 17.877 pasajeros en 2011. Actualmente, su actividad ha quedado reducida a un único vuelo diario a Madrid, operado por Air Nostrum. Los temores de Sanz no son injustificados. La filial de Iberia ha suprimido esta semana sus conexiones a Madrid y Barcelona desde el aeropuerto de Badajoz ante la escasa demanda y la falta de un acuerdo con la Junta de Extremadura en materia de subvenciones. El aeródromo extremeño se queda sin vuelos comerciales, después de que en los últimos años Fomento ampliara sus instalaciones por 15 millones de euros y las autoridades regionales y locales destinaran 9,3 millones a ayudas a las aerolíneas que operaban en él.
Otro miembro del Ejecutivo, el titular de Industria, José Manuel Soria, ha terciado criticando que las comunidades autónomas "paguen porque vengan los turistas a España". En los últimos cuatro años, las aerolíneas han recibido de las arcas públicas más de 247 millones de euros. Práctica que, lejos de acabar, está cada vez más extendida, convirtiéndose en arma de doble filo. Así, las compañías buscan cuantías cada vez más suculentas por aeropuertos en creciente declive, bajo la amenaza de cancelar rutas y suprimir puestos de trabajo. Ejemplo de ello es el acuerdo cerrado esta semana por la Generalitat de Cataluña y la aerolínea de bajo coste Ryanair. Tras varios meses de desavenencias, la compañía irlandesa ha anunciado que seguirá volando a Reus y Girona hasta 2016, pero a cambio de más de ocho millones de euros y varios terrenos gratis para construir un hangar y un hotel. La compañía, que acapara el 90 y el 70 por 100 de los viajeros que pasan por ambos aeropuertos se ha comprometido a transportar, a partir de abril, tres millones de personas al año a Girona y entre 500.000 y 900.000 a Reus. La aerolínea había suprimido previamente, a lo largo de 2011, numerosas rutas provocando fuertes descensos en el tráfico de los dos aeródromos.
La situación en los aeropuertos de iniciativa privada es, si cabe, más decadente. El construido en Ciudad Real, que costó 1.100 millones de euros, se quedó sin vuelos comerciales el pasado mes de octubre, después de que Vueling suprimiera sus rutas ante su nula rentabilidad. La sociedad que gestiona las instalaciones, CR Aeropuertos, en situación concursal, se enfrenta ahora a la necesidad de inyectar cerca de 100 millones de euros para evitar su liquidación.
Otro, el fantasmagórico aeropuerto de Castellón, promovido por la diputación provincial que preside Carlos Fabra (PP), rompió a principios de año el contrato con su sociedad concesionaria por ser "inasumible para las arcas autonómicas". Curiosamente, esta misma semana ha comenzado la construcción de la estatua de 24 metros que presidirá el acceso al aeródromo y costará 300.000 euros. El aeropuerto, en el que se han invertido 150 millones de euros, permanece inoperativo desde su inauguración, en marzo de 2011. La previsión era que comenzase a funcionar en mayo próximo, pero parece difícil tras el divorcio con su concesionaria.
Durante la campaña, el Partido Popular instó a racionalizar las infraestructuras y estudiar pormenorizadamente la situación de cada aeropuerto. Según ha adelantado el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, en los próximos días el Gobierno se posicionará sobre el nuevo modelo aeroportuario. Desde las filas populares se ha defendido con fervor la separación de la navegación aérea de la gestión aeroportuaria, manteniendo la primera en manos públicas y dejando la segunda a la iniciativa privada. Cómo y cuándo, está por despejar.
Sarkozy en España el lunes para hablar de cambios en la Unión Europea http://dlvr.it/151rXY
Para ayudar a la banca
España recurriría al fondo de rescate de Bruselas http://dlvr.it/15Jr8j
Parece que los acuerdos sindiactos/empresarios no irán más allá de concertar algunos pequeños detalles en materia de “puentes”, mutuas y resolución de conflictos. Poco más. Las excusas de “haber faltado tiempo” suenan difícilmente asumibles dado que llevan cuando menos dos años “dialogando” en un contexto de paro dramático y deberían llevar muchos más. Las posturas siguen irreconciliables y se esgrimen como excusa perfecta para desvincularse de la que debiera ser su máxima prioridad. Al Ejecutivo le tocará, pues, asumir la responsabilidad de modificar una legislación de más de tres décadas de antigüedad, que ha sido parcheada en múltiples ocasiones, con éxito descriptible, adaptándola de una vez por todas a un mundo globalizado.
No va a ser tarea sencilla si se quiere trascender de simples retoques superficiales. Remozar –de verdad- el mercado de trabajo es esencial, pero ¿es oportuno o arriesgado subir demasiado las expectativas? Cualquier amago de equiparación entre reforma laboral y recuperación del empleo puede ser germen de frustración posterior, incluso comprometiendo seriamente la eficacia de los cambios introducidos.
Importa tener claro que la normativa laboral es un factor, relevante sin duda, pero no el único que determina los niveles de empleo. Se puede deducir, entre otras cosas, al contraponer las tasas de paro de los distintos territorios, estando como están todos ellos sujetos al mismo marco laboral. Poniendo un único ejemplo, dos comunidades autónomas adyacentes, Aragón y Navarra, presentan ahora mismo índices de desocupación del 30 y el 11 por 100, respectivamente.
Una legislación puesta al día, más flexible en todos sus aspectos, desde horarios a gestión interna, pasando por negociación colectiva y contratación, quizás hubiera evitado una parte de la destrucción de empleo producida, pero no cabe entender que por sí misma tiene capacidad de generar empleo. El empresario no decidirá a contratar un trabajador sólo porque le guste más el marco laboral, sino guiado por la mayor o menor expectativa de actividad y beneficio. En otras palabras, sin crecimiento económico no habrá más ocupación, por más que el Gobierno se empeñe en asociar (no)reforma y paro.
A falta de conocer por dónde discurrirá la propuesta que el Ejecutivo remita a las Cortes se aprecia cierto consenso entre organismos internacionales y expertos sobre lo que hace falta abordar. En esencia, deberá orientarse a aumentar la competitividad, entre otras cosas aumentando la productividad global del sistema. Pero también atender otras cuestiones vitales, como mejorar la gestión del desempleo y las políticas activas de ocupación. No es fácil entender que, habiendo aumentado en torno a tres millones el número de parados, sigan existiendo las mismas vacantes sin cubrir que en 2007. La formación no se ajusta a la demanda, no existe cordinación de los Servicios Públicos de Empleo (SPE) entre las autonomías ni reinsercción de los parados de larga duración, como tampoco se ha avanzado en movilidad geográfica o lucha contra el fraude en las prestaciones.
Tarea sin duda importante que los llamados interlocutores sociales no han querido o podido asumir, dejándola en manos exclusivas del Gobierno... pese a la reiterada advertencia sindical de que las reformas que adopta unilateralmente el Ejecutivo fracasan, una y otra vez.
El 70 por 100 de los europeos mayores de 60 no trabaja. Suecia, con una tasa del 61 por 100 de empleo, y Hungría, con el 13 por 100, son los dos extremos para este tramo de edad.
La CE ha designado 2012 como el Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad entre las Generaciones. Envejecimiento activo significa que los grupos de mayor edad tienen la oportunidad de permanecer como fuerza de trabajo y compartir su experiencia, para seguir jugando un papel activo en la sociedad y vivir como una vida sana y satisfactoria posible, según la definición de Bruselas.
'Montoro: se aplazarán 10 años las devoluciones de los anticipos a cuenta de las comunidades autónomas' http://www.expansion.com/2012/01/13/economia/1326479798.html?a=95c82e2393e85ef7ff943bef95e6c6c9&t=1326480217
Poner límites
Las comunidades autónomas españolas necesitan mano dura
La empresa administradora del complejo alicantino Ciudad de la Luz se ha declarado en concurso de acreedores, debido a que la Generalitat Valenciana no ha aportado los fondos comprometido. El fracaso de este proyecto es el último ejemplo de los problemas que están teniendo las administraciones públicas para mantener sus grandes proyectos a flote. El cierre del Centro Niemeyer en Avilés (Asturias) o la situación financiera de los parques temáticos son otro ejemplo.
Aguamarga Gestión de Estudios, la empresa en concurso, ha administrado este complejo audiovisual desde el año 2000, aunque en la última etapa la Generalitat acordó rescindir unilateralmente la concesión, con la justificvación de que había incumplido las condiciones del contrato. Por este motivo, el gobierno autonómico no ha abonado los fondos correspondientes desde 2009.
La Generalitat y el Ayuntamiento de Alicante pactaron convertir la fábrica que Altadis tenía en la ciudad en una "ciudad del cine y la cultura". El coste de las obras se estimaba en torno a los 300 millones de euros. Ahora, la comunidad estudia privatizarlo tras invertir 160 millones.
Según el diario 'El País', la Ciudad de la Luz obtuvo en 2010 pérdidas que superaron los 20 millones de euros, arrastra una deuda de 190 millones, un déficit patrimonial de 28 millones y un desfase del fondo de maniobra que ronda los 68,5 millones.
En el caso del asturiano Centro Niemeyer, el gobierno autonómico ha asumido la gestión y, aunque aún está cerrado, se espera su reapertura para este mismo año, aunque probablemente cambie la programación.
Así quedan todos los ratings soberanos de S&P del mundo