Para entender éstas noticias hay que saber qué significa provisionar, más que nada qué significa para el caso de los bancos y, por sobre todo, qué repercusiones tiene ésto para el público en general.
La palabra provisión, en cuanto a su significado tiene distintas acepciones:
Para tratar de entender más el concepto diré que los bancos como cualquier otra empresa tiene la obligación de llevar contabilidad y que la contabilidad obliga a cumplir con una serie de principios como el de “prudencia” y éste a la vez obliga a reconocer las pérdidas aunque luego sean reversibles, o sea, que aunque en el futuro esas pérdidas no se produzcan. Y en éste sentido ¿quién puede negar que las propiedades que embargaron, embargan y embargarán los bancos cada vez pierden más valor? El problema es que hasta ahora y desde el año 2007 no se veían obligados a reconocer con tanta severidad esas “pérdida” potenciales.
Mediante el Real Decreto-Ley 2/2012 el Gobierno obliga a las entidades financieras a provisionar en un porcentaje mayor los activos inmobiliarios adjudicados, es decir que, de las ganancias millonarias que acostumbran a declarar, ya no serán tanto y deberán guardar para hacer frente a esa pérdidas. También se podrán hacer a través de ampliaciones de capital, con beneficios no distribuidos, de la venta de filiales, etc.
¿Y cuándo se harán realmente efectivas esas pérdidas? Pues en el momento en que se vean obligados a vender a precios bajos. Veámoslo con un ejemplo, imaginemos que el banco se ha adjudicado una vivienda por 200.000€, este tipo de activo inmobiliario problemático se tiene que provisionar al 35%, por tanto antes del 31 de diciembre de 2012 en la contabilidad figurará una provisión por 70.000€. Este mismo año el banco declarará una pérdida de 70.000€ por este activo (bajo el supuesto de que no hubiese provisiones anteriores). ¿Qué ocurre si el banco vende el inmueble más adelante por 200.000? En el ejemplo de la venta declararía un beneficio atípico de 70.000€ que compensaría la pérdida declarada en su momento a través de la provisión. Si vende por 130.000€ no va a declarar ni pérdida ni ganancia ya que se provisionó en su momento; y en el caso que tuvieran que vender por debajo de los 130.000€ tendrán que declarar aún más pérdida.
¿Y por qué no han vendido hasta ahora? Justamente porque no querían perder tanto. Saben que toda la cartera de propiedades embargadas que tienen, no valen lo que valen y en algunos casos ni tan sólo la mitad por la cuál se las auto-adjudicaron. Seguramente valen mucho menos.
Todo ésto propiciará que la banca saque a mejores precios sus pisos y ello, evidentemente, conllevará una reducción del precio de la vivienda. Vender a precios bajos los pisos adjudicados les significaba aflorar pérdidas. La reforma financiera, de hecho, lo que hará es obligarles a reflejar la potencial pérdida, vendan o no, con lo que de ahora en más “cuando vendan a pérdida” (por tener que vender los pisos muy baratos), ya no tendrán que reconocer pérdidas tan suculentas. Ya se habrán reconocido mediante las “provisiones”.
Y al tener ya reconocidas las pérdidas, les incentivará a vender, con lo que se deberá facilitar el crédito para adquirirlas a los ciudadanos. Esto es lo que afirma el Gobierno, “habrá que ver si es cierto o si lo que se dice es verdad”.
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A Luiz Inácio Lula da Silva no se le olvida que lo que hizo el primer día de su gestión como presidente de Brasil fue reunir a todos sus ministros, subirlos a un avión y llevarlos a los lugares más pobres del país.
Quería que el presidente del Banco Central o su ministro de Hacienda “vieran a ese país que no se queja, que no hace manifestaciones, pero que está ahí, que es real y verdadero. Eso quizá haya ayudado a cambiar las cosas”.
Da Silva conocía muy bien esos sectores. Salió de una de esas zonas donde es común que los niños vayan a la cama sin comer o pasen un domingo sin almuerzo.“Conocí el pan por primera vez a los 7 años –recordó el exmandatario–. Hasta esa edad, el café que me tomaba por la mañana era con harina de yuca. Sé que es la desesperación de una madre que está delante de un fogón sin gas y sin lo más elemental para hacer una comida para sus hijos”.
Durante su visita al país, el expresidente de Brasil compartió no sólo su historia de vida, sino los resultados de su política social que sacó a 28’000.000 de brasileros de la pobreza y que redujo drástricamente los niveles de desnutrición y desescolarización de los niños y jóvenes de su país.
Brasil es una de las diez economías más importantes del mundo, pero para Lula esto de poco ayuda si no hay democracia ni políticas de distribución del crecimiento para evitar que el dinero siga en manos de pocos “y el pueblo siga pobre y desnutrido”.
“Cuando empecé mi gobierno, el 10 por ciento de la población más rica cogía la mitad del dinero del país y le dejaban a los más pobres apenas el 10 por ciento”, recordó el exmandatario quien logró cambiar estas cifras aumentando el salario mínimo en un 62 por ciento en cinco años, aún con voces en contra que le advertían que lo único que lograría era el crecimiento de la inflación.
“Y la inflación no aumentó”, dice ahora con satisfacción. Esta sola decisión sacó a millones de brasileros de la pobreza.
Es más, asegura que con la crisis del 2008 Brasil salió adelante gracias a esta población. “El consumo creció siete veces más, sobre todo en los sectores populares. Los pobres comenzaron a ser tratados como ciudadanos”.
Para Luiz Inácio Lula da Silva hubo varias estrategias clave para lograr los resultados. Una fue bancarizar la población pobre: en un año 45’000.000 de brasileros tenían cuentas bancarias activas, y esto ayudó a hacer viable la segunda estrategia: no dejarles a intermediarios la administración ni la entrega de estos recursos públicos.
“No creo que deba existir la figura del intermediario, porque la mitad de la plata se queda con él.
En Brasil las personas que reciben beneficios del gobierno no tienen contacto con intermediarios. Reciben una tarjeta magnética con la que puede ir al banco y sacar el dinero. Eso es sagrado”, recalcó el expresidente.
Y una tercera estrategia que garantiza el éxito es tener registros de calidad y hacer seguimiento a los programas y beneficiarios. Equipos del gobierno viajaron a lugares remotos en donde encontraron habitantes que ni siquiera tenían actas de nacimiento; eran ciudadanos que no existían. Ellos son hoy beneficiarios del programa bolsa familia, que entrega tarjetas a las mujeres del hogar para que cuenten con el dinero para la alimentación y la educación de su familia.
“Son 13 millones de tarjetas. Las personas van al banco y no les deben favores a alcaldes ni a gobernadores ni al presidente.
Me decían que estaba desperdiciando el dinero, que estaba creando vagabundos que no trabajaban. Había personas que criticaban que los pobres compraran lápices o zapatos para los niños y no comida.
Eso es fácil decirlo para alguien que los tiene, pero no para los que nunca lo han tenido.
Quienes nunca han pasado hambre ni necesidades no saben qué son 80 dólares en manos de una madre de familia”.
Combatir el hambre fue una prioridad del gobierno de Lula da Silva, al punto de crear un ministerio dedicado exclusivamente para esta tarea. En seis años la desnutrición de Brasil se redujo un 73 por ciento y la mortalidad infantil en un 45 por ciento.
La política es ejemplo en el mundo. Esta apuesta incluye restaurantes populares, programas de lactancia materna, promoción de la agricultura familiar, distribución de alimentos a los más pobres, la entrega de microcréditos y fomento de la economía local a través de la compra al pequeño productor para abastecer los programas de alimentación del gobierno, entre otros.
“La garantía para la buena alimentación de la población debería ser la prioridad de todos los hombres públicos y de los ciudadanos de buena voluntad. No es normal –dijo– que un gobernante del mundo no ponga la lucha contra el hambre como una prioridad de sus presupuestos, así como en sus políticas”.
La generación de millones de empleos formales para padres de familia buscó reducir el trabajo infantil y por el contrario, llevar a estos niños y jóvenes a las 214 escuelas de educación básica nuevas, así como a las 14 universidades federales construidas durante su periodo. Hoy hijos de albañiles estudian carreras como medicina en estas universidades.
Estos resultados, aseguró, son una muestra de que “no hay nada más barato que invertir en los pobres” y deja atrás la teoría de que hay que esperar al desarrollo para ser inclusivos. En el caso de Brasil, la inclusión llevó al desarrollo. “Los ricos también se benefician cuando los pobres dejan de serlo”, dijo.
“Hasta le pagamos la deuda el Fondo Monetario Internacional. Después de dos años de gobierno le devolvimos 16.000 millones de dólares que le debíamos. Hoy el FMI nos debe 14.000 millones de dólares que les prestamos para ayudar a la crisis de los países ricos”.
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La proliferación de cadenas a través de la Televisión Digital Terrestre (TDT) y el éxito de otros canales, singularmente internet, han diversificado las opciones más allá de lo inicialmente previsto por los responsables -públicos y privados- del sector, abocando el modelo a una progresiva obsolescencia. El futuro se orienta cada vez con mayor claridad a una televisión personalizada, a la carta, de forma que el consumidor decide cómo, dónde y cuándo desea ver un contenido, dejando atrás los usos predominantes en la actualidad.
Con vistas a ese horizonte -o no- los grupos privados españoles han optado por las fusiones: Telecinco+Cuatro, desde mitad de 2011, y Antena3+La Sexta, prácticamente cerrada tras largos meses de avances y retrocesos. Las cadenas públicas, en cambio, han intentado -pretendido- sobrevivir sin apenas cambios, ni en su particular estatus ni en su modelo de negocio... hasta que la estrechez presupuestaria ha empezado a amenazar su estabilidad.
La estatal Radiotelevisión Española (Rtve) tiene unos meses por delante en los que vivirá importantes cambios. A corto plazo, la elección de la persona encargada de ocupar la presidencia, vacante desde la dimisión de Alberto Oliart en noviembre pasado, será la primera prueba. A la elegida le tocará decidir cómo recorta el presupuesto del ente en los 200 millones exigidos de antemano por el Gobierno. Por el momento, se han anunciado la paralización de las producciones más costosas y rebajas salariales, tanto a la cúpula directiva como a las estrellas de la cadena, pero no parece que vaya a ser suficiente. Entre las posibilidades que se barajan está un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE): el anterior costó más de 120 millones de euros en 2007, pero la plantilla ha vuelto a crecer, hasta superar 6.500 personas. A medio plazo, se ha vuelto a reabrir el debate sobre su financiación. El actual sistema, sin publicidad y con tasas cargadas a las cadenas privadas y a las operadoras de telecomunicaciones planea muchas dudas, sobre todo porque Bruselas objeta que las telecos tengan que sustentar la televisión pública y ha llevado al Gobierno español al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Para las televisiones autonómicas el panorama también es oscuro. Unas más que otras, todas han replicado el modelo de Rtve, entre otras cosas sobredimensionando sus plantillas. Eso, unido a la caída de la publicidad, ha provocado que año tras año necesiten compensar esta merma de ingresos con más subvenciones o simplemente con números rojos crecientes. En este escenario su supervivencia no está asegurada. La asturiana, por ahora caso extremo, está al borde del cierre, aunque habrá que esperar a las elecciones del próximo 25 de marzo para saber si pone punto final a sus emisiones o el nuevo gobierno decide seguir financiándola.
Las que no cierren seguramente no evitarán importantes cambios. Podrán ser privatizadas, tal y como autoriza la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual propuesta por el Gobierno, y reducir sus plantillas a través de un ERE por causas económicas -veinte días por año de indemnización-, aplicando la reforma laboral que acaba de aprobar el Ejecutivo.
No es fácil argumentar ni justificar el coste que para el contribuyente supone mantener el entramado audiovisual público: más de 50 euros por habitante. Mucho menos, en un contexto de austeridad como el actual. Un gasto no siempre acorde con la justificación de servicio público. Por ejemplo, la catalana TV3, la valenciana Canal 9 y Telemadrid tienen más de de un millar de empleados, bastante por encima de las cadenas privadas de alcance estatal, a pesar de tener una actividad más reducida. Además, asumen importantes pagos por retransmitir eventos deportivos que pueden verse tambien en abierto en otras cadenas, como la Fórmula 1 o la Champions League.
Además de afrontar el cambio de modelo, como habrán de hacer las privadas, las telvisiones públicas están abocadas a buscar formas de costar menos... a los demás.
Filosofía de la reforma…….
Para eliminar diferencias salariales….eliminemos los salarios consolidados…..”Todos con salarios de miseria”, ¿todos?....no, los empresarios tendrán mas beneficios sacado de la nomina menguante del trabajador, los empresarios pueden despedir barato, son muy valientes……..no le temblara la mano a la hora de despedir a trabajadores fijos para contratar a jóvenes que trabajen por la mitad, como un horario continuo obligaba al empresario a horas extras que son carísimas o contratar a mas trabajadores si quería abrir mas horas el negocio…….son muy valientes...con la reforma ya pueden modificar el horario en virtud a las necesidades del negocio….cuatro horas por la mañana y cuatro horas por la noche y si en la caja suben beneficios, el empresario es quien arriesga……pero si bajan los beneficios el trabajador es solidario con el empresario y asumen también las perdidas……no hay por donde coger esta reforma y disfruten lo votado……esta reforma incrementara el desempleo hasta los siete millones de parados……eso si…..mientras los indicadores sube el riesgo país…….Alemania…aplaude la entrada en el tercer mundo de España…….
Saludos cordiales
Ahora también en castellano
http://elsnouspobres.wordpress.com/
Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) vuelven a reflejar un mal panorama para las empresas españolas. El cierre de 2011 concluyó con 84.781 empresas creadas, un 6 por 100 más que en 2010, pero con 19.743 compañías disueltas, un 6,7 por 100 más anual. El número de empresas que echó el cierre alcanzó cifras máximas desde que se contabiliza la estadística, 1995. Aunque el número de compañías abrieron fue superior al de 2010, aún permaneció muy alejado de las más de 140.000 que se contabilizaban anualmente en los años previos a la crisis.
La mayor parte de las empresas que desaparecieron fueron por cese voluntario de la actividad, aunque aumentó a mayor ritmo el número de compañías que cerró por fusión, hasta un total de 2.327, y por otras causas, unas 3.016. La Comunidad de Madrid sufrió la mayor pérdida de empresas, con 4.198 cierres registrados, seguida de Andalucía, 2.893, y Cataluña 2.639.
Un dato llamativo es el capital suscrito de las empresas que se crearon en 2011, que aumentó un 167,3 por 100 en relación a 2010. Además, el número de compañías que ampliaron capital también aumentó, hasta un total de 36.473, un 5,9 por 100 más que el año anterior.
Por tipo de empresa, la mayor parte de las nuevas compañías se constituyeron como limitadas, que registraron un incremento anual del 6,2 por 100, frente al 13,9 por 100 de descenso contabilizado por las sociedades anónimas. En cuanto a su distribución geográfica, Aragón presentó el mayor capital medio suscrito, mientras que Canarias el menor
Evolución de la Prima de Riesgo de varios países europeos http://dlvr.it/1BwgvL
Los nueve miembros de la cúpula directiva de Banco de Valencia, intervenido por el Banco de España, percibieron en los nueve primeros meses de 2011 una retribución de 2,495 millones de euros, lo que supone un aumento del 7,5 por 100 respecto al mismo período del ejercicio anterior. Dicha cifra se repartió entre el ex consejero delegado del banco, Domingo Parra (sustituido en octubre de 2011 por Aurelio Izquierdo), los directores generales adjuntos y al resto de miembros del comité ejecutivo de dirección general. Se trata en total de nueve directivos considerados como personal clave.
La remuneración del consejo de administración en este mismo periodo fue de 1,981 millones de euros, lo que representa una disminución del 4 por 100 en comparación con el mismo período del ejercicio precedente. Los miembros del consejo de administración del banco percibieron un total de 205.000 euros por su labor en otros consejos de sociedades integrantes del grupo, cuantía superior en un 32,2 por 100 a la contabilizada en el mismo período de 2010.
Banco de Valencia registró una pérdida neta atribuida de 876 millones de euros en los nueve primeros meses de 2011, frente a los beneficios de 63,86 millones del mismo periodo de 2010, según los datos de la entidad, intervenida por el Banco de España el 21 noviembre del pasado año.