Tras el largo periodo de “paz” y expansión económica post-II Guerra Mundial las crisis económicas se han combatido, en grandes rasgos, con política monetaria (si había recesión bajando los tipos de interés y si había exceso de inflación, subiéndolos) y, siguiendo la teoría keynesiana, aumentando el gasto público para sustituir la disminución de la actividad económica privada. Otro recurso muy utilizado ha sido la devaluación de la divisa. Veamos lo que ha pasado en la actual recesión económica en España:
Y por supuesto, al no tener potestad para ello la devaluación no es una opción para España. Estas son, resumiendo mucho, los motivos por lo que lo que se hizo no nos sacó de la crisis a lo que hay que sumar la losa que supone la deuda que arrastramos algo que, a mi parecer, choca completamente con la idea de que la solución es que fluya más el crédito. No es sólo que los bancos lo estén pasando mal –no hay suficiente espacio hoy para hablar de la responsabilidad de nuestro sistema financiero- y no quieran conceder préstamos, es que las cifras no mienten y las más recientes -de Banco de España- son muy claras:
Tanto el de las familias como el de las empresas están en tendencia descendente pero muy lenta ya que aún siguen en los mismos niveles que estaban en otoño de 2007. Mientras, la deuda estatal es la más grande que hemos tenido nunca. Es decir, debemos tanto como en 2007 (mucho más si sumamos la deuda pública) pero entonces crecía nuestra economía, teníamos –según la EPA- más de 3 millones menos de parados y la financiación era asequible.
¿Cómo entonces conseguir que aumente el gasto y la inversión cuando el grifo del crédito está cerrado? La mejor opción es conseguir que las bolsas enormes de dinero que están inmóviles –que las hay- empiecen a moverse, algo que –excluída en España una revolución tecnológica que genere nuevas necesidades al estilo iPhone- se suele conseguir bien con rebajas de impuestos para los nacionales bien con subvenciones y garantías para los capitales extranjeros. Lo primero no sólo no ha ocurrido, es que las finanzas están tan mal que han decidido lo contrario, incluso encareciendo el consumo elevando el IVA. Lo segundo –que se aplica puntualmente por ejemplo a Ryanair- vuelve a chocar con el problema ya citado de la confianza. Si hay miedo a un futuro impago o a una futura salida de España del €, aparte del de los turistas poco dinero foráneo se gastará en España, especialmente cuando hay otros países con una situación similar que ofrecen –a su juicio- más garantías. Es decir, no hay inversión ni del que tiene el capital ni del que necesita un crédito para obtenerlo.
Así pues, seguimos en el mismo círculo vicioso –que ya padecíamos en junio de 2009 cuando escribí un artículo titulado como el de hoy: Por qué esta crisis va para largo– sin perspectivas de romperlo: no se invierte porque no se consume y no se consume porque al no haber inversiones hay más paro y menor confianza en el futuro, circunstancias que retraen a los inversores y consumidores potenciales. Las Administraciones públicas no sólo no ayudan, además suben impuestos –restando liquidez a inversores y consumidores- y son un claro competidor por el capital diponible –tanto interno como externo- ya que tienen unas enormes cantidades de deuda que colocar.
Si el contexto internacional fuera mejor podría ver por ese lado un motivo para pensar en un final cercano a la crisis pero incluso eso está empeorando, especialmente el de nuestos vecinos que son nuestros socios comerciales más importantes. Y el gobierno puede hacer mucho -como aplicar el máximo rigor en la gestión del erario, pagar las facturas a tiempo y/u ofrecer una imagen internacional que trasmita confianza- pero las consecuencias de su actuación son muy limitadas en el corto plazo. Por ejemplo, si llega un día que el sentimiento cambia y miles de españoles que no necesitan del banco para poder pagar por un coche ensamblado en España, se ponen de acuerdo en comprarlo y de repente la empresa fabricante necesita contratar a un par de miles de operarios nuevos, quizás tengan razón los que defienden la nueva reforma laboral y gracias a ella lo hagan con más decisión que antes y fichen a 500 más en lugar de 500 menos gracias al menor coste de un futurible despido si luego la demanda de automóviles no se mantiene… pero de momento ni estamos en esa fase ni a meses de estarlo.
Como viene siendo habitual, para aquellos que no entráis aquí obsesivamente todos los días, os…
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La energía nuclear se ha vuelto más segura desde que se produjo el devastador accidente hace un año en Fukushima, Japón. Será todavía más segura en los próximos años siempre y cuando los gobiernos, los operadores de las instalaciones nucleares y los reguladores no bajen la guardia.
El accidente de Fukushima lo originó un terremoto y un tsunami de una severidad sin precedentes. No obstante, como lo han reconocido las autoridades japonesas, los errores humanos y de organización también tuvieron un impacto importante.
Por ejemplo, las autoridades encargadas de la regulación nuclear de Japón no eran lo suficientemente independientes, y la supervisión del operador de las instalaciones nucleares, TEPCO, era deficiente. En el lugar, en Fukushima, el suministro de energía de reserva, que es esencial para mantener las funciones de seguridad vitales como el enfriamiento de los reactores y las barras de combustible gastado, no estaba adecuadamente protegido. La capacitación para responder a accidentes graves era inadecuada. En el sitio y a nivel nacional, hacía falta la capacidad integrada de respuesta a emergencias.
Los errores humanos y de organización no son únicos en Japón. Fukushima fue una alerta para todos los países que usan energía nuclear. Provocó un examen de conciencia y el reconocimiento de que en ningún lado se puede dar por garantizada la seguridad. Ya se han identificado las principales del accidente.
En efecto, los gobiernos, reguladores y operadores de las instalaciones nucleares en todo el mundo han empezado a aprender las lecciones correctas. Se ha puesto en marcha un plan decisivo de acción de seguridad nuclear internacional. Como resultado, se ha reducido la probabilidad de otro desastre de la escala del de Fukushima.
¿Qué es lo que ha cambiado exactamente? Tal vez lo más importante es que se han revisado radicalmente los supuestos de peor escenario de los planes de seguridad. En Fukushima los reactores resistieron un terremoto de una magnitud de 9 grados –una fuerza mucho mayor de la que podían resistir de acuerdo a su diseño. Sin embargo, las instalaciones no estaban hechas para soportar las olas de tsunami de 14 metros de alto que arrasaron con el dique en menos de una hora.
Después de Fukushima se han fortalecido en todas las instalaciones nucleares del mundo las defensas en contra de múltiples desastres naturales severos, incluidos los terremotos y los tsunamis. Se están tomando medidas para mejorar la capacidad de respuesta en caso de cortes de energía prolongados, proteger las fuentes de energía de reserva y garantizar la disponibilidad de agua para enfriamiento incluso en condiciones de catástrofe graves.
Los estándares de seguridad nuclear mundial se están revisando. Se trabaja en la mejora de la disposición para emergencias nacionales e internacionales. Se está supervisando más rigurosamente a los operadores de las instalaciones y los reguladores nacionales. Los países permiten que en sus instalaciones haya más revisiones exhaustivas internacionales de seguridad.
A pesar del accidente, parece que el uso de energía nuclear en el mundo va aumentar progresivamente en los próximos veinte años, aunque a una tasa más lenta de lo que se había previsto. Las razones de dicha decisión no han cambiado: hay una creciente demanda de energía, aunado a preocupaciones por el cambio climático, volatilidad de los precios de los combustibles fósiles, y la garantía de los suministros de energía. Será difícil para todos lograr los dos objetivos de asegurar el suministro de energía sostenible y de reducir los gases de efecto invernadero a menos que la energía nuclear siga siendo una parte importante de la combinación de energía global.
La Agencia Internacional de la Energía Atómica prevé que se sumen para 2030 al menos 90 reactores nucleares más a los 437 que operan actualmente en todo el mundo. Aunque algunos países abandonaron o limitaron sus programas de energía nuclear después de Fukushima, los principales consumidores de energía nuclear, como China, India y Rusia, van a continuar con ambiciosos planes de expansión. Muchos otros países, sobre todo en el mundo en desarrollo, están considerando introducir energía nuclear.
La seguridad nuclear es de máxima importancia para los consumidores establecidos y nuevos. Es un asunto de interés para los países que han decidido eliminar gradualmente la energía nuclear porque sus instalaciones seguirán operando durante décadas y tendrán que desmantelarlas y almacenar los desechos nucleares de forma segura. También es del interés de los países que se oponen firmemente a la energía nuclear, puesto que muchos de ellos tienen vecinos con instalaciones de energía nuclear.
Los países que están planificando nuevos programas de energía nuclear tienen que reconocer que el logro de sus objetivos es una tarea de largo plazo que plantea desafíos. Necesitan invertir mucho dinero y tiempo en la capacitación de científicos e ingenieros, en el establecimiento de reguladores verdaderamente independientes con suficiente financiamiento, y en desarrollar la infraestructura técnica necesaria. Algunos países siguen teniendo deficiencias en este aspecto.
No obstante, contrario a la creencia popular, la energía nuclear tiene en general un buen historial de seguridad. En comparación con los reactores como los de la generación de los de Fukushima, los nuevos reactores que ahora se construyen incorporan sustancialmente características de seguridad avanzadas, tanto activas como pasivas. Sin embargo, a fin de recuperar y mantener la confianza del público, los gobiernos, los reguladores y los operadores tienen que actuar con transparencia sobre los beneficios y riesgos de la energía nuclear –y ser honestos cuando las cosas salen mal.
El hecho de que un accidente como el de Fukushima se haya podido producir en Japón, uno de los países más industrializados adelantados del mundo, es un recordatorio de que con la seguridad nuclear nada está garantizado. La complacencia puede ser mortal. Las mejoras de seguridad de los últimos doce meses solo deben ser el comienzo. No debemos permitir que se vuelvan a adoptar las actitudes de aquí no pasa nada a medida que Fukushima vaya cayendo en el olvido.
Yukiya Amano es director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica
El BPI observa una mejora de la financiación de los bancos de la UE http://dlvr.it/1JRWD0
AGENDA Lunes y semana http://dlvr.it/1JRJXZ
Aunque sindicalmente tiene algo atípico, la prolongada e intermitente huelga de los pilotos de Iberia, bajo los auspicios del corporativo Sepla, ha vuelto a poner sobre la mesa el viejo debate sobre la necesidad de establecer una ley específica que regule ese derecho, particularmente cuando afecta a servicios de carácter esencial para el normal desarrollo de la vida económica y social. No es el único motivo: también da pie la decisión de ir a la huelga general el próximo 29 de marzo, adoptada al cierre de esta semana por Comisiones Obreras y UGT contra la reforma laboral.
Es probable que el conflicto planteado en la principal aerolínea española trascienda la carencia de una regulación específica del derecho de huelga que establece la Constitución. Bien es verdad que su artículo 28.2 señala: “Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”. Y en parecida línea se expresa el artículo 37.2, en materia de conflicto colectivo. Pero ninguno de los intentos –escasos- de los sucesivos gobiernos desde 1978 ha llegado al debate parlamentario, asentando la prevalencia de un conjunto de jurisprudencia de discutible efectividad.
Particularmente delicada ha solido ser la fijación de los servicios esenciales, rara vez emanados de un pacto entre las partes y por lo general decididos por la administración tutelar. Y, probable fruto de ello, unas veces se han cumplido, pero otras no, dando lugar a procedimientos judiciales, en ningún caso contribuyentes a reparar los perjuicios causados a la comunidad citada en el texto constitucional.
La oposición frontal de los sindicatos a una posible ley de huelga ha sido sin duda determinante, apoyados en su presunción de que cualquier norma será limitadora del derecho del trabajador. En ningún momento han dado opción a que regularlo pudiera contribuir a evitar o cuando menos corregir los “excesos” que más de una vez se han producido, a menudo ajenos a la acción sindical y más derivados de desbordamientos asamblearios al margen de la dirección sindical y los comités de empresa.
Nunca suele ser recomendable legislar a medida de un caso específico, pero es inevitable que actitudes como la que mantienen los pilotos de Iberia reavive cuestiones como la debida proporcionalidad entre los fines perseguidos por los huelguistas y los perjuicios causados, máxime cuando trascienden a la empresa en que se desarrolla el conflicto y alcanzan a un sector –turismo- vital para la economía nacional.
A nadie se oculta que, tras apariencia laboral, Sepla protagoniza en Iberia una disputa por el poder. Viene de antiguo, la verdad que con relativo éxito para los pilotos durante las largas décadas en las que la aerolínea disfrutaba del privilegio monopolista en el transporte aéreo español. De aquellos polvos vienen seguramente estos lodos que –no es la primera vez- pueden acabar colocando a la compañía al borde de la ruina irrecuperable. ¿Lo evitaría una buena ley de huelga? Algunos piensan que, si no del todo, al menos abusar del derecho de huelga tendría un coste que considerar.
El miedo no se aleja de Atenas http://dlvr.it/1J9SYG
Hablando de fabricación de coches…
La pesadilla europea augura otra reestructuración automovilística http://dlvr.it/1JH3kY
Seis equipos de observadores internacionales e independientes comenzarán a examinar los próximos días, en 18 países comunitarios, entre ellos España, la veracidad de las pruebas de resistencia a las que fueron sometidas sus centrales nucleares el pasado verano. Los expertos se desplazarán a las plantas de Almaraz, Ascó, Cofrentes, Garoña, Trillo y Vandellós para evaluar in situ sus sistemas de seguridad y cerciorarse de si, tal y como dijo el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el pasado otoño, son aptas para seguir funcionando.
La iniciativa de evaluar los reactores comunitarios surgió hace casi un año, cuando el devastador terremoto y el posterior tsunami que asolaron el norte de Japón provocaron un grave accidente en la central de Fukushima, poniendo en entredicho esta tecnología. A raíz de ello, los catorce países europeos que albergan reactores atómicos optaron, ante las fuertes críticas de ecologistas y otros sectores antinucleares, por la transparencia y accedieron a examinar sus instalaciones y hacer públicos los resultados.
En el informe final que aprobó a finales de 2011, el CSN español aseguró que las inspecciones realizadas acreditaban que la seguridad de las plantas estaba garantizada, incluso en escenarios adversos como terremotos, inundaciones, pérdida de alimentación eléctrica o accidentes "severos" en el núcleo del reactor. Puntualizaba, sin embargo, que todas ellas debían introducir mejoras para fortalecer aún más los sistemas de protección, especialmente en lo relativo al aporte de agua y refrigeración de las piscinas, para lo cual se marcó un calendario de actuaciones hasta 2016.
Los resultados difundidos hasta ahora reflejan que, en general, las centrales europeas son tan seguras como lo eran antes de Fukushima. Sin embargo, y al igual que sucedió con los stress test de la banca, parece que era lo que tocaba hacer.
Las pruebas no han contentado a todos. Mientras los pronucleares aseguran que el accidente de Japón se produjo ante una "agresión brutal y extraordinaria" y presumen de haber mostrado todas sus cartas en un ejercicio de transparencia, los ecologistas y el sector de las renovables buscan peros a los exámenes y piden un cambio de modelo energético, menos dependiente de esta tecnología. Algunos países como Alemania, Italia, Suiza o el propio Japón, se han unido a esta corriente y han anunciado el propósito de ir desmantelando paulatinamente sus centrales en las dos próximas décadas. Otros, como Estados Unidos, China, Reino Unido y Finlandia, han reiterado que ampliarán su programa nuclear y construirán nuevos reactores.
En el caso de España, el Gobierno conservador ha sido claro desde el principio: contará con todas las tecnologías, incluida la nuclear. cumpliendo incluso el compromiso electoral de recuperar la central de Santa María de Garoña (Burgos), que su antecesor había programado cerrar en 2013.
Ideologías al margen, pese al desprestigio que pesa sobre lo nuclear tras Fukushima, un mix energético sin la presencia de esta modalidad de generación eléctrica parece poco probable, particularmente en España. En 2011, esta tecnología fue la que más aportó a la producción de electricidad, con un 21 por 100 del total, según datos de Red Eléctrica (REE). La contribución al sistema del conjunto de todas las renovables cayó cinco puntos, cubriendo sólo el 33 por 100 de la demanda.
Su papel a la hora de garantizar la seguridad de suministro y sus bajos costes de producción juegan sin duda a favor de lo nuclear. A lo que cabe añadir la compleja coyuntura que atraviesa el sector eléctrico español, con la lacra irresuelta del denominado déficit de tarifa, calculado ya por encima de los 23.000 millones de euros. Eso, y un barril de crudo escalando por encima de los 120 dólares, junto a un sostenido deslizamiento a la baja de la divisa europea, complican sobremanera la factura energética, como para prescindir de cualquier posibilidad de equilibrar el mix.
Las empresas que más contribuyen a cada candidato electoral en los EUA http://dlvr.it/1JL7mF