Transparencia bancaria: ¿realidad o ficción?

Si hay algo de lo que tienen dudas los clientes de las entidades bancarias es acerca de la transparencia de la información. Y es que con la crisis financiera global, los bancos son vistos como las entidades de más riesgo. Desde el inicio de esta tapa incierta, los bancos son vistos con cierto recelo y sus estados financieros son constantemente cuestionados después de que muchos bancos ya hayan tenido serios problemas para pasar los test y pruebas de tensión realizados por los reguladores.

Esto ha llevado a generar un cierto clima de desconfianza, ya que los bancos sumidos en dificultades para hacer frente a sus pagos, han lanzado productos bancarios dudosos, cuyo máximo exponente serían las participaciones preferentes y las cuotas participativas,  en los contratos siguen existiendo cláusulas cuyo contenido no se explica de manera clara, y en muchos casos el cliente crece de la información adecuada para entender todos los riesgos de las operaciones, lo que llega a encontrarse en presencia de un error en el consentimiento y podría declararse nulo el propio contrato.

Normas de transparencia bancaria

El Banco de España recoge una serie de normas de transparencia y protección de la clientela bancaria, normas que contienen una serie de preceptos a las entidades financieras que están bajo la supervisión del Banco de España y que permite así, proteger los intereses de los clientes.

Grosso modo,  las normas recogen las obligaciones específicas aplicables a las relaciones contractuales de ambas partes, exigen la comunicación de las condiciones básicas de todas las operaciones, así como regular aspectos sobre la promoción y publicidad del producto, la información y las normas de actuación.

¿Los clientes están protegidos?

Los consumidores no se cansan de reivindicar a las entidades bancarias una mayor claridad y transparencia en los servicios bancarios, lo que nos indica que, a pesar de la existencia de esta normativa, su regulación ha quedado obsoleta y que las situaciones que se han vivido en el panorama financiero español, exige no sólo actualizaciones como las que se aprobaron en los contratos de créditos al consumo sobre transparencia de las condiciones y requisitos de información con respecto a los servicios de pago y en su consiguiente ampliación, sino que se debe hacer un repaso por las necesidades de la situación económica actual, de cara a formalizar una normativa más relevante y actualizada al contexto vigente.

Aun incluso después de la Ley de Economía Sostenible aprobada en marzo de 2011, en el que se desarrollaban principios en relación con la concesión de préstamos hipotecarios y que exigía a llevar a cabo una obligatoria evaluación de solvencia por parte de las entidades antes de la concesión del crédito, las asociaciones de consumidores rechazaron la propuesta alegando que todavía faltan legitimar la inclusión de swaps y cláusulas de suelo en los préstamos hipotecarios.

A pesar de que la regulación haya marcado unas pautas de cambio, parece que todavía queda mucho camino por recorrer para que las normas, finalmente se apliquen y se proceda al tan deseado cambio en la transparencia del sistema bancario.

Mientras tanto, sigue en funcionamiento (y ahora más que nunca) el Servicio de Reclamaciones del Banco de España, un servicio que resuelve las quejas y reclamaciones que presentan los usuarios de las entidades que supervisa la institución. Y de nuevo, a pesar de que el Servicio resuelve las reclamaciones de los clientes, las entidades de crédito no dan valor al contenido de los informes no vinculantes que emite el Servicio.

Tenemos los recursos, las herramientas y los vehículos necesarios para crear un clima de transparencia y confianza en el sector bancario entonces, ¿a qué esperamos para ponernos a funcionar?