Inmigrantes

Como suele ocurrir cada vez que hay una gran crisis económica, el nacionalismo se dispara. Es una verdad histórica que ha pasado una y otra vez desde el principio de la Humanidad: incluso en sociedades con tradición multicultural y multiétnica: ante la escasez se cierra filas en torno a los que pertenecen al mismo grupo. Y por supuesto se acusa a los de fuera (sean de otra religión, otro país u otra raza) de los problemas. Y en la actualidad no es diferente y nos encontramos incluso con personas, habitualmente solidarias, que empiezan a considerar a los no nacionales como dignos de menor solidaridad. Esto, que se ve claramente en la actual crisis de la €zona (o en Rusia) y que de forma más global lo podemos resumir con el hecho de que hay millones de humanos con problema de obesidad mientras otros muchos millones padecen riesgo de hambrunas, es algo a lo que ya estamos acostumbrados pero no deja de ser tristísimo. Y evidentemente, en un planeta con tantas diferencias de calidad de vida es normal que haya flujos de emigración humana desde las zonas más desfavorecidas hacia las que pueden ofrecer mejoras.

España, país cercano geográficamente al continente más pobre, África, empezó a ser un destino ideal para esos flujos migratorios a partir del alto crecimiento económico de finales del siglo XX y principios del XXI, debido especialmente a la oferta de trabajo poco cualificado que el auge de la construcción y la incorporación de la mujer al mercado de trabajo provocó: peones y empleadas de hogar fueron las dos principales profesiones en las que más se demandaba…y el efecto llamada empezó. Como suele ocurrir, nuestros gobernantes ni vieron ni planificaron ni actuaron a tiempo ante ese nuevo paradigma. Magrebíes y europeos del este por la frontera francesa, latinoamericanos con visado de turistas por Barajas (algo que se intentó subsanar ya muy tarde) y las anecdóticas pero muy televisivas llegada de pateras a las costas fueron la consecuencia de la falta de control y la pasividad de las administraciones. Para colmo, se aprobó algo inaudito: el Plan de Reagrupamiento Familiar.

Un emigrante que llega a España para trabajar, hablo por supuesto de forma legal, es una muy buena noticia económica ya que desde el primer momento, sin haber consumido recursos públicos ni en educación ni en sanidad, aporta a la Seguridad Social y a Hacienda y además consume. Es tan positivo que por ejemplo Alemania desea ingenieros españoles, personas que han consumido recursos públicos en España pero cotizarán allí justo cuando empiezan a devolver a la sociedad lo que han recibido de ella. Claro, si animamos –como hizo el gobierno español- a que esos emigrantes traigan a niños y ancianos, económicamente ya no es tan rentable. Con todo, las cifras siguen demostrando que la emigración fue muy positiva para la economía española.

• Según la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, el 30% del crecimiento del PIB entre mediados de los años 1990 y la primera década de este siglo fue consecuencia del asentamiento de inmigrantes. El efecto positivo se elevaba hasta el 50% del crecimiento del PIB en el período 2000-2005.
• El 50% del superávit alcanzado por las finanzas públicas en los años de mayor crecimiento de la economía española, de 2002 a 2006, correspondió a impuestos y contribuciones sociales de la inmigración. Por lo tanto la inmigración ha contribuido notablemente a consolidar el sistema de protección social en España. Menos del 1% de los beneficiarios de pensiones en España son extranjeros, y de ellos más de la mitad son ciudadanos comunitarios. La mayoría de inmigrantes, en plena etapa productiva, proporcionan una aportación neta a las arcas de la Seguridad Social, lo que continuará siendo así durante al menos las próximas dos décadas. Sin la emigración de los últimos años nuestro sistema de pensiones estaría aún peor. Dicho de otra manera, los inmigrantes han aportado en su conjunto a la sociedad española más de lo que han recibido y reciben al igual que los emigrantes españoles que hay por el mundo hacen lo mismo en beneficio de otros países, aunque en los últimos años el balance pueda ser negativo.
• El porcentaje del gasto social dedicado a inmigrantes era -en 2007, no tengo datos más recientes- del 5% del gasto sanitario y el 6% del educativo. Aunque ahora haya crecido seguirá siendo sin duda considerablemente inferior al porcentaje de inmigrantes sobre la población total que es –según el INE- del 12.1%.
• Según datos del 2011 del Sistema Integrado de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS), los extranjeros constituían aproximadamente el 13,7% del total de usuarios, muy próximo al 12.1% que representan en el conjunto de la población legal. Sobre el total de intervenciones, el colectivo inmigrante reduce significativamente su presencia hasta el 6,85% de las actuaciones de los servicios sociales.
• La presencia de alumnos inmigrantes es creciente en todos los tramos de la educación obligatoria, cierto, tanto en educación primaria  (11,5%) como en secundaria (12%) pero de nuevo se acerca a la proporción total (12.1%), especialmente si tenemos en cuenta que el 18% de los niños emigrantes estudian en centros privados.
• Respecto a la población autóctona, los extranjeros consultan un 7% menos al médico de cabecera (un 16,5% menos al médico especialista). El recurso a los servicios de urgencias, ese sí, se eleva ligeramente entre los extranjeros y es la vía por la que el 65% de ellos accedieron a tratamiento hospitalario, frente a un 57% en el caso de los españoles.
• Los inmigrantes presentan tasas de pobreza notablemente altas: casi el 30% de los latinoamericanos, africanos y asiáticos –frente al 20% de los ciudadanos de nacionalidad española- se hallan por debajo del umbral del 60% de la renta media. La tasa de paro también es varios puntos más alta que la de los autóctonos.
• Sigue siendo cierto que muchos de los trabajos de los inmigrantes los tienen ellos porque los españoles no los queremos. Como ejemplo un dato: En el caso de las cuidadoras de mayores, el 40% son extranjeras y llegan hasta el 80% cuando es en régimen interino.

En resumen, con las cifras en la mano, la conclusión del principal estudio que se ha realizado en España sobre este tema (elaborado por F.J. Moreno Fuentes y M. Bruquetas Callejo en 2011 para la Obra Social de La Caixa) sigue vigente: “el argumento de sobreutilización y abuso de los sistemas de protección social entre la población inmigrante está totalmente injustificado.”. Esto en cuanto a lo económico, si añadimos que los que no son de nuestra misma nacionalidad son también seres humanos no es ético negarles derechos fundamentales como la sanidad, la educación o la posibilidad de trabajar, por muy en crisis que estemos. Yo no creo que haya que quitarles derechos fundamentales a nadie mientras podamos pagarlos (y podemos si recortamos donde debemos recortar, estoy convencido) y España es un país rico ya que está por encima de la media planetaria y tiene suficientes recursos como para no negar a un ser humano una alfabetización por ejemplo.

Nadie entendería que a un niño por ser hijo de un violador o de un asesino se le negara la educación y la sanidad sin embargo muchos defienden que a un hijo de un inmigrante ilegal se le niegue. ¿Es acaso peor tener la mala suerte de haber nacido en un país pobre que cometer un homicidio? Estoy convencido que a las personas hay que valorarlas por lo que son y por lo que hacen y no por donde han nacido ya que si sólo tenemos en cuenta esto nos convertiremos en una sociedad que ofrece sanidad y educación gratuita al preso español que mató y quemó a sus dos hijos pero se la niega a la sudamericana ilegal que cuida de nuestro abuelo.

Ya que existen las fronteras, deberían funcionar y que no hubiera en España inmigrantes ilegales y que los legales lo fueran por cuotapero el caso es que eso no ocurre pero ellos no son los culpables de esta crisis que hay que localizar entre algunos compatriotas nuestros y entre ciertos dirigentes de otros países más ricos que España y no entre ciudadanos de naciones más pobres. No los utilicemos de chivo expiatorio.