El aval es un contrato que se realiza precisamente con el fin de garantizar o asegurar el cumplimiento de una obligación económica a través del compromiso de un tercero, que es a quien se conoce como avalista. A través de este contrato -que es de carácter público, es decir, se firma ante notario- quien avala se declara dispuesto a hacer frente a los compromisos que adquiere el avalado en caso de que éste no lo haga.
Es decir, se compromete de forma solidaria al pago del préstamo y tiene las mismas obligaciones que el titular del mismo respondiendo del cumplimiento de sus obligaciones con los bienes presentes y futuros según se contempla en el Artículo 1911 del Código Civil.
Éste es uno de los puntos quizás más desconocidos de quien decide asumir el difícil papel de ser avalista, pero no es el único. Es habitual que muchos avalistas desconozcan hasta dónde llega su compromiso cuando acceden a avalar a alguien y cuál es su papel en caso de que el titular del préstamo deje de pagarlo.
Cuál es el papel del avalista
El papel de avalista es fácil de explicar: ante un impago, la entidad financiera requerirá en primer lugar su abono al titular del préstamo mediante el envío de una carta. Si el impago persiste en el tiempo, la entidad financiera advertirá al deudor del inicio de acciones legales contra él. Por ley, y así figura en el contrato de un préstamo, el banco o caja está obligado a respetar los plazos para ejecutar el aval, que suelen ser de 3 meses.
Si transcurrido ese periodo, el deudor sigue sin abonar lo que el banco le reclama, éste acudirá al avalista. Es importante tener en cuenta que, por ley la entidad financiera no está obligada a comunicar al avalista -salvo que se pacte lo contrario- del incumplimiento del pago del préstamo.
Lo más habitual es que el avalista reciba como primera información una notificación judicial. Es aconsejable, por tanto, a la firma del contrato del préstamo, establecer la obligatoriedad de que la entidad informe al avalista en caso de impago del titular.
Una vez recibida la notificación judicial, el avalista deberá hacer frente a las deudas contraídas por el titular del préstamo y a las penalizaciones por demora que se aplican a las mensualidades no pagadas y que dependen de cada entidad. Además, deberá hacer frente a los costes procesales, es decir, a los gastos del juicio.
Si el avalista abona el pago de la deuda, la entidad financiera no exigirá nada más y el préstamo seguirá su curso. Sin embargo, si éste no se hace cargo de la deuda, se iniciará una demanda judicial que suele conllevar la petición de embargo de los bienes tanto del titular del préstamo como del avalista.
Cuando un préstamo cuenta con varios avalistas la entidad puede solicitar el embargo de los bienes de sólo uno de ellos que cubran la totalidad de la deuda, es decir, el banco o la caja puede ir a por cualquiera de ellos, con preferencia sobre el que tenga los bienes más fácilmente embargables si con estos cubre el total de la deuda.
Qué puede hacer el avalista en caso de impago del titular
Un avalista no puede hacer nada ante el impago del titular más que intentar saldar la deuda que es a lo que se comprometió cuando firmó el contrato del préstamo. No obstante, si tiene que hacer frente a las obligaciones del deudor, tiene la opción de reclamarle la deuda que él ha pagado al acreedor y emprender contra el titular del préstamo las acciones legales que considere oportunas para que pueda cobrar las cantidades que avaló.
Para ello, es recomendable contar con una contragarantía, es decir, un documento firmado ante notario mediante el cual el titular de un préstamo se compromete a abonar a su avalista la deuda que contraiga con él.
Viendo los riesgos que asume un avalista en caso de impago por parte del titular de un préstamo, es más que recomendable analizar y valorar exhaustivamente a quién se avala, porque puede terminar siendo una auténtica pesadilla para el avalista, sobre todo teniendo en cuenta lo que puede llegar a durar un aval.
La duración del aval se agota bien por acuerdo entre las partes o bien por extinción de la obligación garantizada, que en caso de un préstamo hipotecario puede llegar a ser de 40 años. Además, hay que tener en cuenta que al ser avalista de una persona se reduce la capacidad de obtener por si mismo un préstamo en el futuro. La entidad financiera podría negarse si el solicitante se encontrase como garantía en otro préstamo.
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Ayer me crucé con una prima (prima de sangre) y me habla de lo contenta que estaba porque se había comprado una vivienda con un "teórico" 60% de descuento al banco X, se le quedaba en 90.000 euros.... En breve pagará mucho menos que el alquiler por una casa que está mucho mejor que la que habita ahora, pero hay unas cuantas cosas que hay que tener en cuenta...
Le han dado euribor+1,6, con lo cual el descuento del 60% en la práctica se queda en un 30% sobre un euribor+0,5% y que a la mínima que el euribor pegue un estirón (al 4%) se encontrará con una subida de cuota del 70%...
Ella ha hecho números y dice que les salen, pero aún a día de hoy con esos superdescuentos hay que andarse con ojo de donde se meten... (Y ojito con el gancho de la desgravación fiscal, es mejor hacer los números sin contar con la misma).
Saludos.
Los sindicatos lanzan otra huelga general con la menor afiliación en 20 años: un 16% http://ow.ly/feWi1
Martes 13 y encima un eclipse http://dlvr.it/2TCQGP
R. Centeno:
el centro de la cuestión, es que el problema de España no es económico, como en Grecia, Irlanda y Portugal. Es político.
Político fue el desastre financiero, donde un Gobierno insensato hizo caso omiso de la carta de los inspectores del BdE en 2006, en la que se alertaba inequívocamente de lo que iba a suceder, e hicieron justo lo contrario de lo que debían. Política fue la decisión de ignorar la crisis y de falsear el cálculo del PIB que desde 2008 se sobrevalora en más de dos puntos anuales. Y política es la decisión de mantener un modelo de Estado infinanciable y corrupto, unos bancos inviables y unos monopolios esenciales con licencia para robar. Afirmar que hay soluciones que dejen intacto este entramado de expolio sin límites es un insulto a la inteligencia y un engaño miserable a los españoles.
Primera medida: cambio del modelo de Estado
La primera medida es obvia, indiscutible, sine que non: hay que cambiar el modelo de Estado. Ningún país puede soportar un sistema político que lleva al despilfarro anual del 11% de su PIB. Es metafísicamente imposible. Desde las duplicidades entre administraciones –36.000 millones–, hasta la estructura del sistema –17 comunidades autónomas con todos los elementos propios de un Estado soberano y 8.127 ayuntamientos con una legión de personas y medios–.
Y todo ello con el descontrol más absoluto y el mayor nivel de corrupción, tanto institucional como personal, de la historia de España. Es obsceno, es inmoral y es indigno que la casta política, con la señora De Cospedal al frente, afirme con total cinismo que “las Comunidades no son el problema”. Si el despilfarro del 11% del PIB no es el problema, ¿entonces cuál es, Maricospe?
Y ya no vale el camelo habitual, el de corregir los excesos. El sistema es el exceso. Hay que cortarlo de raíz manteniendo solo las autonomías históricas: País Vasco, Navarra y Cataluña. Y reducir los ayuntamientos a menos de 3.000. Mantener el resto de autonomías es contrario a la razón y a la realidad histórica. Es solo un invento de la infausta Transición para que la casta política pudiera colocar a sus familiares y amigos por cientos de miles, y con sueldos un 40% por encima que la media del sector privado. Un diferencial jamás ocurrido antes de la Transición y que tampoco sucede en ningún otro país, donde los salarios públicos están siempre por debajo de los privados. Están saqueando España sin contemplaciones. Desde aquí me adhiero a los llamamientos a los funcionarios para que saquen a la luz todo lo que saben de corrupción, estafas, apropiación indebida, gastos suntuarios, engaños y clientelismo. Hay que desenmascarar a los corruptos. España debe saber.
El centro de la cuestión es que el problema de España no es económico, como en Grecia, Irlanda y Portugal. Es político
Pero voy a ser mas concreto. Hay que eliminar los 2,5 millones de empleos* públicos nombrados a dedo o con pruebas a medida. Ningún país y menos España se puede permitir pagar a gente por no hacer nada. Aparte de su disparatado sueldo medio, el costo total es mas disparatado: oficinas –la mayoría de lujo– en edificios señeros, medios de todo tipo, cientos de miles de ordenadores a la última, 300.000 teléfonos móviles, 30.000 coches oficiales, etcétera. Pero es que el tema es mucho peor que no hacer nada. Les pagamos por destruir España.
Hay 350.000 personas dedicadas a tiempo completo a idear, legislar y controlar 17 mercados diferentes, a poner barreras de todo tipo entre las regiones españolas. Han destruido la unidad de mercado, que es el elemento esencial para el crecimiento. Es mas fácil mover productos entre Estados europeos que entre regiones españolas. ¿De qué sirve la reforma laboral sin unidad de mercado? Y les recuerdo lo que ya he repetido mil y una veces, una de las verdades más profundas del funcionamiento de nuestra economía: por cada puesto eliminado en el sector público se crean 2,8 en el sector privado.
Los beneficiarios y la casta dirán que la marcha atrás es imposible. ¡Mentira! Que nos lo pregunten a los españoles. Convóquese un referéndum claro, Autonomías sí o Autonomías no. ¿O es que dejar que los españoles decidamos es imposible? No podemos permitir que sea una oligarquía que no nos representa quien decida sobre nuestras vidas. Es imposible mantener la situación actual.
Segunda medida: implantación de una democracia real
Es el tema esencial, previo incluso al anterior. No voy a repetir lo explicado en numerosas ocasiones aquí y en detalle. La democracia real fue hurtada a los españoles por los padres de la infausta Transición, algo por lo que, como decía mi gran amigo Camilo José Cela, “si tuvieran vergüenza, se habrían pegado un tiro”. No se lo pegaron, sino que llevan 35 años viviendo como rajás a costa del pueblo.
Lo que implantaron fue una oligarquía donde no existe división de poderes, ni institución independiente alguna, y eso no es una democracia, es una dictadura. Una dictadura de partidos. Los diputados no representan al pueblo, no han sido elegidos por él. Solo representan a quien les puso en una lista; son meros aplaudidores, aparte de chorizos que pierden iPads a decenas y exigen que se les reemplacen. El pueblo no les importa nada. Véase a la alcaldesa de Madrid, de puente con la ciudad llorando a sus muertos. Tiene cinco secretarias, mayordomo y dos conductores, un auténtico escándalo, mientras sube hasta las tasas hasta por casarse y los IBIs sin parar, aunque el valor de las viviendas se hunda. Hay que echarlos como sea.
Esto es lo primero que cambiar porque un régimen oligárquico corrupto y depredador, donde se tapan los unos a los otros –hoy por ti y mañana por mí, tú colocas a mi primo y yo a tu cuñado– es absolutamente incompatible con el crecimiento. Y simultáneamente es imprescindible cambiar la infecta ley electoral que sostiene todo el tinglado, y permite además que los votos de nacionalistas y separatistas valgan cinco veces los del resto de los españoles. El procedimiento el mismo: referéndum. O por las buenas ahora, o por las malas antes o después.
Tercera medida: cierre de bancos inviables y reestructuración hipotecaria
Los ocho bancos nacionalizados –o casi– deben ser cerrados ya. Primero porque son inviables, y segundo porque es imperativo adecuar el tamaño del sector financiero al de la economía real. El pasado lunes explique por qué. Algunos sacan el cuento chino de los 100.000 euros garantizados. ¡Dejen de engañar a la gente! Los depósitos de los ocho ascienden a 500.000 millones. De ellos, un 20% son de empresas y del resto, la parte garantizada es el 90%. O sea, 360.000. Pero sus activos son casi un billón en balance –junio 2012–. Los bancos se liquidan y sus activos se venden a mercado. Pueden valer algo así como el 50%, o sea, 500.000 millones. Lo que significa que hay dinero de sobra para pagar a los garantizados. Rescatarlos, que es en lo que está Rajoy avalándolo todo para salvar a unas élites irresponsables y depredadoras, llevará a la ruina definitiva a la nación.
En España, por cada puesto eliminado en el sector público se crean 2,8 en el sector privado
Y luego lo inaplazable, el drama hipotecario. Un drama responsabilidad íntegra de Solbes, Zapatero, bancos y cajas. Los inspectores del BdE se lo dejaron muy claro en su carta de 2006: “El número de familias que tendrán que afrontar graves dificultadas para pagar sus hipotecas crecerá de forma alarmante”. Hicieron todo lo contrario a tomar medidas. “Cuanto más se endeuden, más ricos serán, los pisos siempre subirán de precio”, dirían en 2007. Mintieron conscientemente a los españoles y se negaron a hacer lo que sabían inevitable, llevando a cientos de miles al desastre. Solo por eso, ambos deberían ser procesados. Y ahora, la disparatada política fiscal y económica de Rajoy está produciendo un empobrecimiento brutal de las familias.
Y bancos y cajas gobernadas por PP y PSOE peor: se inflaron a dar hipotecas imposibles de pagar, iban a comisión y les daba igual. La justicia no puede permitir que estos insensatos utilicen una ley medieval contraria a la legislación de la UE para aplastar a los hipotecados. Es urgente ir a una reestructuración hipotecaria en la que los bancos carguen con su parte de culpa. Además y, como señala el FMI, es una forma de relanzar la economía a “relativamente bajo coste”. Y necesita tres cosas: la derogación del desalojo obligatorio dando una moratoria; la entrega de la vivienda salda toda la deuda –no se puede condenar a una familia de por vida– y una reestructuración de no menos de 100.000 millones, que es radicalmente incompatible con el rescate a bancos inviables. O rescate o reestructuración.
Es de vergüenza que los grandes culpables, PP y PSOE, que se han negado desde 2009 a arreglar el problema, necesiten que se suicide la gente y estar en campaña electoral para improvisar una chapuza que aplaza pero no resuelve nada. No están dispuestos a dar un euro ni los bancos a condonarlo. Peor todavía: siendo los responsables máximos de la situación, con una voluntad depredadora como nunca había existido en el pasado, y a pesar de recibir decenas de miles de millones de dinero público, son implacables a la hora de ejecutar y perseguir, excepto el Popular. ¡Dejen de perseguir a las familias desahuciadas! Hay que habilitar a los jueces para tutelar los abusos o ir a los tribunales europeos. El tema es “muy difícil, con muchas complicaciones”, dice Rajoy con lágrimas de cocodrilo.
Es de vergüenza que PP y PSOE necesiten que se suicide la gente y estar en campaña electoral para improvisar una chapuza que aplaza pero no resuelve nada
Todo lo contrario, es muy sencillo. ¡Déjese de salvamentos indiscriminados de bancos inviables, algo que nadie ha hecho en el mundo! Y aplique el modelo de Estados Unidos, el mejor sin duda, que a través de las agencias hipotecarias Fannie Mae y Freddy Mac inyectó 500.000 millones de dólares para reestructurar hipotecas y evitar desahucios. ¡Basta del expolio del banco malo y resuciten el Banco Hipotecario que ustedes destruyeron para que canalice la reestructuración! ¡Basta ya de improvisar chapuzas y de despilfarrar el dinero público para que bankeros, bonistas y acreedores insensatos se vayan de rositas! Y utilicen ese dinero para reestructurar lo más urgente. 100.000 millones de quita hipotecaria elevarían el crecimiento un 1%. ¿O es que ni siquiera saben economía elemental?
Finalmente, hay dos medidas clave más: la recuperación de crédito a la economía productiva –pero eso necesita análisis aparte– y los monopolios energéticos, ya explicado en detalle. Y luego lo demás. La enseñanza pública, que en manos de la izquierda más ignorante de la Unión Europea ha dejado de ser el ascensor social que fue en el pasado, la Justicia, la Sanidad, etcétera. Somos una gran nación con un potencial de crecimiento inmenso, pero estamos en manos de la clase política más ruin, más corrupta y más incapaz de Europa. Tienen en sus manos acabar con la crisis, pero no lo harán. No cederán un ápice de sus inmensos privilegios.
*La cifra de enchufados no es mía, la dio Montoro al afirmar que solo 700.000 empleados públicos de los 3,2 millones existentes han realizado una oposición limpia y transparente. El resto han entrado a dedo o con pruebas a medida.
Agenda del dia http://dlvr.it/2TBtw5
El Eurogrupo decidirá el 20 de noviembre si aplica otra quita a la deuda de Grecia http://www.expansion.com/2012/11/13/economia/1352762730.html…
En España hay 22.500 vehículos oficiales. 22 veces más que en USA
Gasto hogares en alimentos se desploma tras el alza del IVA http://bit.ly/TAQjkz
No se engañe, el banco malo lo pagamos usted y yo http://blogs.cincodias.com/lealtad/2012/11/quiz%C3%A1-hayan-escuchado-que-el-sareb-qui%C3%A9n-elegir%C3%A1-estos-nombres-tendr%C3%A1-inversores-particulares-y-que-el-banco-malo.html …
La oleada de desahucios por impago de las hipotecas se ha convertido en uno de los fenómenos más dramáticos de esta crisis. Familias incapaces de hacer frente a sus préstamos hipotecarios son expulsadas de sus hogares y además han de seguir pagando las deudas en las que incurrieron para adquirir una vivienda que ya ni poseen ni pueden utilizar. El marco normativo vigente en España introduce una injustificable asimetría entre la posición del acreedor, entidad financiera, y la del deudor que plantea serias objeciones morales y económicas en un escenario en el que, por factores ajenos a su voluntad y a sus actos, los prestatarios carecen de los recursos necesarios para hacer frente a sus obligaciones. La sensación de injusticia se agrava cuando las instituciones financieras reciben ingentes cantidades de dinero de los contribuyentes para librarse de la bancarrota. La persistencia de este sentimiento es el perfecto caldo de cultivo para el populismo y la demagogia.
En una economía de libre mercado, el cumplir y hacer cumplir los contratos es uno de sus fundamentos básicos y una de las tareas esenciales del Estado. Cualquier acuerdo voluntario entre las partes ha de ser satisfecho y quien no lo haga ha de sufrir las consecuencias. Este criterio es el principio rector de cualquier sistema de obligaciones y contratos existente en un país civilizado. Ahora bien, los benéficos efectos de la libertad contractual sólo se producen si el entorno institucional y legal en el que opera no distorsiona la distribución de los costes y beneficios derivados de una transacción. Este es un elemento central para comprender la problemática creada por los desahucios y para desplegar las medidas adecuadas para resolverla.
Desde un punto de vista teórico, la responsabilidad patrimonial ilimitada de los deudores hipotecarios tiene como objetivo eliminar o debilitar los incentivos de los individuos y/o de las familias a realizar quiebras estratégicas, es decir, aquellas situaciones en las cuales pueden pagar sus hipotecas pero por razones oportunistas deciden no hacerlo. Por ejemplo, si el precio de la vivienda cae por debajo de su valor hipotecario, los prestatarios pueden tener potentes estímulos para devolver a la entidad crediticia ese activo inmobiliario y comprar otro más barato o alquilarlo. En un mercado competitivo, la proliferación de este tipo de comportamientos o el riesgo de que se produzcan se traduciría en una restricción y encarecimiento del crédito disponible.
En medio de una crisis financiera, la posibilidad de realizar quiebras estratégicas tendría efectos catastróficos. Si los propietarios de las viviendas deciden no honrar sus hipotecas porque el valor de éstas excede el de sus casas, el impacto depresivo sobre los precios de ese activo se acentúa. Este movimiento bajista incentiva nuevas defaults, lo que genera una espiral letal. Para desactivar esta peligrosa tendencia, la responsabilidad personal y universal sobre los préstamos hipotecarios parece una opción razonable. Ahora bien, este planteamiento, llevado al extremo, podría aplicarse también a cualquier otra modalidad de préstamo, lo que conduciría a una parálisis de todas las decisiones de consumo e inversión que implicasen demanda de crédito.
Ahora bien, ese abanico de riesgos no justifica establecer una discriminación legal entre el tratamiento dado a las personas físicas y a las jurídicas cuando se enfrentan a un problema idéntico: un desfase entre sus activos y sus pasivos. ¿Por qué las sociedades y los profesionales pueden utilizar procesos concursales cuando son incapaces de pagar o refinanciar sus préstamos y los hogares no? Esta pregunta es además clave en un contexto de un abultado endeudamiento de las familias, con un desempleo rampante y con una restricción brutal de los flujos crediticios al sector privado. Este es el caso de España, el único Estado de la Unión Europea que carece de una ley de bancarrota personal, lo que tiene muy negativas implicaciones sobre las economías domésticas y sobre el conjunto del sistema económico.
Las entidades de crédito que se quedan con activos inmobiliarios por impago del préstamo hipotecario han de incorporarlos a su balance y provisionarlos con recursos propios si no logran venderlos. Esto crea una tensión adicional en la posición financiera de los bancos y de las cajas, sobre todo, en un entorno en el que o bien no existe demanda solvente para adquirir los pisos embargados o bien el precio capaz de vaciar el mercado supone la generación de importantes minusvalías para unas instituciones con graves problemas de liquidez e incluso de solvencia. La legislación vigente conduce a un juego de suma cero, en el que las partes implicadas, acreedores y deudores pierden.
Por añadidura, la vivienda es la principal inversión de la mayoría de los hogares y constituye de lejos su principal activo. La hipoteca es lo último que deja de pagar una familia española. Además, la gente tiene que vivir en algún sitio. Esto significa que los desahuciados buscarán otra residencia si son despojados de la suya en caso de impago de la hipoteca y los bancos se convierten en propietarios de un activo que no pueden rentabilizar. En estas circunstancias sería mucho más operativo bien renegociar los préstamos hipotecarios o, si esto es imposible por razones financieras, permitir a sus titulares utilizar la vivienda a cambio de un alquiler inferior al valor de la hipoteca hasta que la situación mejore.
Cualquier fórmula como la descrita, hay otras muchas, es mejor que mantener la situación actual y su previsible trayectoria en el horizonte del corto y del medio plazo, un aumento de los desahucios a medida que la crisis deje sin recursos para pagar sus préstamos hipotecarios a un número creciente de familias y una presión también creciente sobre los estados financieros de la banca. Por ello es imprescindible abordar este problema y no sólo por razones humanitarias, sino por el propio interés de las instituciones financieras cuya responsabilidad en la gestación y desarrollo de la crisis no es menor y a las que se han aportado y están aportando cuantiosos fondos públicos para salvarlas de la bancarrota. El desequilibrio entre el tratamiento dado a los acreedores y el concedido a los deudores no sólo es un error, sino una fuente de deslegitimación de una economía de mercado.
Bernaldo de Quirós