Ayer vi en esta web una viñeta que trataba con humor cómo sería la economía si la llevasen los ingenieros. Hoy os la traigo traducido y un pelín localizado, ya que más allá de la nota cómica que tiene nos puede hacer reflexionar sobre los peligros de reducir demasiado ciertos conceptos económicos así cómo la sensación de riqueza que muchas veces tenemos y las soluciones que muchas veces nos puede aportar la teoría.
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Discutía hoy con un compañero de trabajo sobre el tema de las puertas giratorias y como regularlo, precisamente a raíz de que Esperanza Aguirre haya sido fichada por una empresa cazatalentos. En mi opinión, este -el de qué hacemos con los antiguos políticos cuando estos deciden dejar la política- es un problema muy complicado de resolver – no creo que tenga solución, en realidad- aunque naturalmente sí hay arreglos institucionales mejores y peores.
Por un lado, se puede pensar que si lo que queremos son políticos con buenas cualidades profesionales, hacer de la política una vía muerta con un régimen de incompatiblidades muy duro no es la mejor forma de atraer talento. Además, es natural pensar que una vez que un político deje la política debe tener alguna forma de reciclarse. No tiene sentido pensar que un ministro o un presidente de una comunidad autónoma deba pasar a trabajar en un burger king. En parte, porque si uno establece un régimen de incompatibilidades con esas características es probable que de forma encubierta los políticos intenten garantizarse la jubilación (desviando recursos hacia familiares, por ejemplo, que los mantengan después). Si esto funciona así, tiene sentido pensar que al final el único tipo de gente que entre en política será la que tenga un puerta de vuelta a su puesto abierta fuera del sector privado, es decir, los funcionarios. O, alternativamente, habrá que establecer una pensión suficientemente alta. Finalmente, muchos antiguos políticos tienen una “expertise” considerable: conocen los asuntos públicos, saben gestionar, etc ¿realmente tiene sentido echar a esa gente a la basura cuando tal vez podrían estar generando valor en algún sitio?
Sin embargo, como contaba Juan Santaló en este post, existen buenas razones para pensar que los políticos generan valor para las empresas por los malos motivos. ¿Por qué es útil para una empresa tener un político en su consejo de administración? Pues aparte de por sus conocimientos, probablemente por sus conocidos y su influencia en la esfera política, como señala Juan Santaló.
¿Qué formas hay para resolverlo? Mi primer impulso ha sido “establecer un régimen de incompatibilidad draconiano”. No tengo la sensación de que la productividad del sector privado en España vaya a perderse mucho prescindiendo de Esperanza Aguirre o de Rodrigo Rato, así que igual no nos perdemos demasiado. La política española está, de todas formas, plagada de funcionarios y los que no lo son, suelen ser aparatchiks.
Mi amigo sin embargo me hacía notar que aunque un régimen de incompatibilidades unido a una pensión más o menos generosa puede ayudar, esto es solo la superficie del problema. En realidad, por lo que hay que preguntarse es por qué para una empresa es ventajoso tener políticos en sus consejos de administración. En otras palabras, si de lo que se trata es de “capturar rentas regulatorias”, ¿el problema no viene precisamente de que nuestra economía es demasiado propicia a este tipo de rentas? Si las empresas se molestan en contratar a antiguos políticos para comprar influencia política, el problema está en que la política influye demasiado en el sector privado. Si abrir un negocio no dependiera tanto de tener una licencia; si la regulación del sector eléctrico no dependiera tanto del BOE sino de reguladores más difíciles de capturar, entonces tiene sentido pensar que las empresas reorientarían su actividad hacia mejoras productivas y no hacia actividades de captura de rentas.
Esto enlaza con el intercambio que tuve con Pepe Fernandez Albertos alrededor del tema de la “predistribución“. Una de las razones por las que soy hostil a redistribuir mediante intervenciones directas en los mercados (en lugar de a través de impuestos) es porque esto hace que en la esfera pública se mezclen cuestiones principalmente técnicas con cuestiones de tipo político. El efecto de estas intervenciones es crear rentas, es decir, hacer que los beneficios de una empresa pasen a depender de forma muy directa del BOE y generen un incentivo para que inviertan una parte de sus recursos en influencia politica en lugar de actividades productivas.
Lo razonable es, entonces, crear mercados competitivos, regulados por autoridades blindadas frente a la influencia, tanto política como de las propias empresas y asegurarse de que existen los contrapesos y mecanismos de control para que cumplan su función de una forma suficientemente agresiva, manteniendo una separación suficientemente nítida entre el sector público y el sector privado -una de las razones por las que soy hostil en general a las empresas públicas -o a las cajas de ahorros- es precisamente por difuminar esa frontera..
No obstante, mantengo la idea de que hay determinados sectores en los que la regulación va a necesariamente influir decisivamente en la cuenta de resultados. Esto es un problema cuando la empresa es lo suficientemente grande como para poder influir sobre el gobierno, como es el caso de las antiguas empresas públicas o de los distintos monopolios naturales. En estos casos, es más o menos inevitable que el gobierno y la empresa mantengan una relación más o menos estrecha. ¿Qué mecanismos pueden existir?
Esta es la razón por la que soy particularmente escéptico sobre conseguir resolver de alguna forma el problema. Sin embargo si una empresa es demasiado grande para un territorio, lo razonable es ampliar el territorio: dividir y vencer. Uno de los grandes logros de la UE ha sido crear un mecanismo para los políticos para sacar determinadas cosas de la agenda y comprometerse de forma creíble a llevar a cabo una política rigurosa. El entorno europeo tiene un poder mucho más fragmentado, de forma que capturar al regulador no requiere influir sobre una autoridad, sino hacerlo sobre una veintena -la comisión, los estados, la corte de justicia, etc…
Cives
Banco de Valencia como ejemplo de la gestión de nuestra crisis financiera
La venta de coches en Europa registra su mayor caída desde 1993http://bit.ly/S1t5t6
Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2012, que el INE publicará el próximo 24 de enero, arrojará una tasa de paro del 26,13%, frente al 25% del trimestre anterior, y un número total de desempleados superior a los seis millones de personas, según las previsiones de Analistas Financieros Internacionales (AFI) y la patronal de grandes empresas de trabajo temporal (Agett).
Para realizar estos cálculos, que implican un incremento del paro de más de 200.000 personas en el último trimestre del año pasado, Afi y Agett presuponen que la población activa mostrará una caída interanual del 0,3% en el cuarto trimestre de 2012.
En cualquier caso, y a la vista de la divergencia de datos entre el paro registrado y la afiliación a laSeguridad Social del periodo octubre-diciembre, los autores de este informe no descartan "una corrección significativa de la población activa" en la última parte de 2012.
De hecho, una vez depurado el efecto de los cuidadores informales, la afiliación a la Seguridad Social cayó en cerca de 218.000 personas en el último trimestre del año pasado, mientras que el paro aumentó en el mismo periodo en 104.400 personas.
A la luz del comportamiento de la afiliación a la Seguridad Social en los tres últimos meses de 2012, Afi y Agett prevén que en este periodo se hayan destruido 322.000 empleos (-4,55% interanual), lo dejaría el total de ocupados a cierre del año pasado por debajo de los 17 millones, algo que no sucedía desde el primer trimestre de 2003.
En el informe de previsiones de Afi y Agett se analiza también la población laboral descontenta, entendiéndose por ésta a quienes no encuentran encaje suficiente entre sus demandas de empleo y la oferta existente: parados, personas que han abandonado la búsqueda activa de empleo por desánimo, y subempleados, esto es, aquellos que trabajan menos horas de las que quisieran.
Los autores de este estudio cifran en 8,6 millones las personas que podían considerarse descontentas laborales, lo que equivale al 36,5% de la población activa ajustada, una cifra que se ha más que duplicado desde el inicio de la crisis (15% en el tercer trimestre de 2007),
Aunque Afi y Agett explican en su mayoría el incremento de la proporción de descontentos laborales por la población desempleada (24,5%), también destacan el notable repunte que han experimentado los subempleados, que alcanzan ya los 2,3 millones de personas, casi un millón más que en el arranque de la crisis.
Los subempleados, que representan el 10% del total de la población activa ajustada, está mayoritariamente formado por mujeres, de entre 35 y 44 años, con formación media y empleadas en el sector servicios. Dentro del subempleo se incluye el empleo a tiempo parcial involuntario, situación en la que se encuentran 1,5 millones de personas en España, un 13,5% más que en el tercer trimestre de 2011.
Según este informe, el descontento laboral es mayor en las comunidades con más paro, razón por la que las mayores tasas de descontentos (incluyendo a los parados) se encuentran en Andalucía (47%), Extremadura (45,8%), Comunidad Valenciana (44,1%) y Canarias (42,9%), frente a País Vasco (25,8%), Cantabria (27,2%) y Navarra (28,7%), que presentan las tasas más bajas.
Excluyendo a los desempleados del índice, las mayores tasas de descontentos laborales se dan en Comunidad Valenciana (16,7%), Extremadura (14,7%), Murcia (14,6%) y Castilla-La Mancha (14%), todas por encima de la media nacional, que en este caso se sitúa en el 12%. En el lado opuesto se sitúan Cataluña (8,5%), Asturias (9,7%), Cantabria (10%) y Galicia (10,1%).
La Rioja, Cantabria, Comunidad Valenciana y Baleares son las regiones donde más ha crecido el peso de los descontentos laborales desde el inicio de la crisis, frente a Galicia, Cantabria y Murcia, que presentan los menores incrementos.
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