Por lo general, a los clientes normales se les suele incluir en la banca tradicional como ‘clientes personas físicas’. En el caso de que sea un autónomo, hay entidades que lo segmentan como Pyme y otras como cliente persona física dependiendo de su actividad. A las empresas lógicamente las segmentan como ‘clientes personas jurídicas’, pudiendo hablar de diferentes tipos dentro de este colectivo atendiendo a su tamaño. Por último, los clientes ‘VIP’ o de posiciones de ahorro importantes, suelen ser segmentados dentro de la banca personal en la que tienen incluso un asesor personal que se encarga de todos sus productos.
De esta forma no hay ni un solo cliente que no esté segmentado en una categoría determinada. Es la forma normal que todas las entidades poseen para clasificar a sus clientes.
Pero no queda aquí la cosa ya que, para facilitar más el trabajo y la comercialización de productos, las entidades financieras emplean lo que se entiende como ‘colectivización’, o para ser más claros, agrupan a los clientes en colectivos. Aquí ya no es la forma jurídica o las cifras de sus posiciones en la entidad lo que los agrupa. Lo que se emplea para esta clasificación es un rasgo de su actividad profesional, laboral, sector al que se dedica o incluso la pertenencia a un grupo, que permite agrupar a un número de clientes mínimo que posee un rasgo en común.
Este característica diferenciadora es la que da origen a un colectivo en el cual los miembros suelen demandar productos similares, lo que permiten a la entidad financiera crear ofertas de productos específicos para cada uno de estos grupos y, sin son rentables para la entidad, podrán incluso realizarles ofertas que a otros colectivos de clientes o clientes de la calle no se las puede ofrecer.
Veamos algunos ejemplos. Hay entidades que a los miembros de un determinado Colegio Profesional los colectivizan, por ejemplo, a los abogados. Todo aquel que demuestre a la entidad que pertenece al Colegio de Abogados, es colectivizado como tal y es susceptible de recibir una oferta de productos específica por ser un miembro del citado colectivo. Otras entidades a todo aquel que es arquitecto, con independencia de que esté colegiado o no, lo incluye en el ‘Colectivo Arquitectos’. En el primer ejemplo agrupaban por pertenencia y en el segundo por profesión. En las empresas suelen predominar colectivos en base a sectores de actividad: sector textil, sector farmacias, sector seguros,…. Las empresas en función de su actividad podrán ir a uno u otro colectivo.
¿Interesa estar como cliente en un colectivo o es mejor estar sin agrupar?
Lógicamente es preferible pertenecer a un colectivo. ¿Por qué? Sencillamente porque alguien que representa a ese colectivo seguro que ha llegado a un acuerdo con la entidad para que a cualquier miembro del mismo se le ofrezcan una serie de productos en condiciones especiales que no se ofrecen a todos los clientes. Condiciones que serán mejores ya que el que negocia ofrece la posibilidad de entrar a captar clientes nuevos en un grupo y no cliente a cliente. Son lo que se entiende por convenios de colectivos que muchas entidades los firman por un plazo determinado con la idea de captar más clientes.
¿Cómo sé que pertenezco a un determinado colectivo?
Las entidades financieras firman continuamente acuerdos con colectivos con lo cual probablemente el empleado que nos atienda no sea conocedor de todos. Hay entidades que en sus aplicaciones permiten buscar si hay acuerdos firmados con algún colectivo en el que encaje el cliente que entra por la puerta, pero en estos casos no se suele buscar salvo que el cliente se lo indique. A fin de cuentas si se capta como cliente, más le ganará la entidad con condiciones normales que como miembro de un colectivo.
Por este motivo, si cualquiera de nosotros va a solicitar algo a un banco, lo mejor que puede hacer antes es dirigirse a un responsable de su empresa, a la dirección de su Colegio Profesional o a alguien que mande en el grupo al cual pertenece y le pregunte directamente si se ha firmado con alguna entidad algún acuerdo de trato preferente por pertenecer a ese grupo. Así sabremos de antemano a que entidad acudir y comprobar si nos aplican las condiciones de ese colectivo o no.
A cada colectivo se le suele hacer una oferta cerrada de productos a condiciones determinadas y se vende el paquete completo: un tipo de cuenta corriente, un tipo de tarjeta de crédito, si quiere un préstamo o póliza de crédito a un diferencial determinado o incluso mejoras en las condiciones si va a solicitar una hipoteca.
Así por ejemplo, en este último producto que hemos mencionado, hay un colectivo que posee muchas ventajas en la actualidad, como es el de los funcionarios, o sea, miembros asalariados de las AA.PP.
El Estado llega al acuerdo con las entidades financieras para que a sus empleados les de mejores condiciones, con lo que las hipotecas para funcionarios son las mejores del mercado. Eso sí, no es lo mismo trato a un funcionario que es nivel A que a otro que es nivel D por ejemplo. Ambos tienen mejores condiciones que los clientes de la calle por ser funcionarios. Al de más nivel se le presupone más ingresos y, en teoría, estables y sin riesgo a irse al paro, con lo cual las condiciones a ofrecerle son mejores que al funcionario nivel D. También hay entidades que dentro del funcionariado hacen escalas en función de su sector de actividad (médicos, departamento de justicia, cuerpos de seguridad del Estado,…).
Pero siguiendo con el ejemplo, si las hipotecas están en la actualidad casi todas por encima de diferenciales del +2,50% y habitualmente al +3% para los clientes de la calle, hay miembros de este colectivo del funcionariado que siendo nivel A poseen condiciones en hipotecas de +0,40% o de +0,50% (los de Justicia son muy bien tratados por las entidades financieras).
¿Y el funcionario nivel D que comentábamos? Pues puede que tenga mejores condiciones que el cliente de la calle y peores que el nivel A, pero a lo mejor hablamos de diferenciales en las hipotecas de +1,75% o + 2%.
Lo que está claro es que, hablando siempre entre comillas, al colectivo funcionario se le presupone una mayor estabilidad en el empleo lo que hace que sea más apetecible de captar como cliente para las entidades financieras que otro colectivo.
A modo de conclusión, si vamos a una entidad financiera a solicitar algún producto, lo mejor es que hayamos preguntado antes a cualquier colectivo al que pertenezcamos si hay convenio por pertenecer a ese grupo con alguna entidad. Ahorraremos tiempo, negociaciones y disgustos si al final contratamos algo en una entidad y nos enteramos con retraso que teníamos un convenio con mejores condiciones en otra.
José Luis del Campo Villares, iAhorro.
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Desde la llegada de nuestro país a la democracia, intenten recordar una o varias leyes que afecten a derechos sociales, a la igualdad de oportunidades, a la creación o la ampliación del estado del bienestar, a la justicia social, que haya sido elaborada o impulsada por partidos u organizaciones de la derecha. Repasen detenidamente: la universalización de la seguridad social, la universalización y ampliación de la enseñanza, la igualdad entre hombres y mujeres, el reconocimiento de derechos de las personas homosexuales, la ley de dependencia, los sistemas de protección social… Ni uno solo de ellos ha sido impulsado por gobiernos de la derecha en nuestro país o por sus organizaciones sociales.
Por el contrario, a la chita callando, aprovechando la crisis económica, mientras usted y yo comentamos el último episodio de corrupción o de descrédito de los políticos, se está reformando todo el edificio institucional propio de un estado de bienestar en función de unos valores que se asientan en el poder del dinero, la división social y el quebranto de la igualdad de oportunidades. No hay una sola ley importante que no esté siendo convenientemente talada, disminuida o simplemente aniquilada. La justicia gratuita ha dejado ser tal y ahora si, por ejemplo, quiere pleitear contra las cláusulas abusivas de los bancos, prepare 300 euros para la primera demanda. La seguridad social ha dejado de ser universal y se ha expulsado a más de 700.000 inmigrantes. El aumento de las pensiones deja de estar ligado a su indicador real que es el coste de la vida. Los derechos de las personas con dependencia han dejado de ser vinculantes y se han convertido en potestativos. En la educación se impone el criterio de excelencia al de igualdad y se aumenta el poder religioso en las aulas… Hasta 30 leyes centrales para nuestra vida están siendo modificadas en una operación que ya no se puede llamar reforma, sino demolición.
Para el triunfo de esta operación se requiere la liquidación del patrimonio moral y ético de la izquierda. Necesitan como el agua el sindicalista corrupto, el político de izquierdas trincón. Anoten como la lupa inquisidora no encuentra, o mejor no busca, conductas delictivas en las organizaciones sociales de la derecha. Fíjense en la benevolencia que se aplica a las conductas delictivas de los empresarios y cómo empieza a ser ya una preocupante toma de partido ideológica.
Pero lo anterior no pretende disminuir la responsabilidad o la condena moral de políticos o sindicalistas de izquierda que realmente se hayan enriquecido o malversado caudales públicos. Todo lo contrario. El daño que han producido va mucho más allá de su penalización legal. Sea cual sea su condena, no pagarán el daño que le producen a la izquierda y al movimiento obrero en este país. Han rasgado ese delicado tejido construido con el sacrificio de miles de hombres y mujeres que han dedicado sus vidas a la defensa de causas justas, al progreso de la gente más sencilla, a la conquista de derechos que nos han hecho más libres. Hombres y mujeres, ideas y valores que son ahora más necesarios que nunca. En cuanto a los otros, si se demuestra su culpabilidad y su enriquecimiento personal, ni una lágrima por ellos. Malditos sean.
@conchacaballer
Los dueños de preferentes de Fagor perderían un 95% si quieren liquidez http://cincodias.com/cincodias/2013/10/22/empresas/1382436097_060911.html …
No es el Estado quien negocia mejores condiciones con los bancos............son los bancos, quien buscando un colectivo con remuneraciones fijas, van a MUFACE (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado ) y Sindicatos de funcionarios para ofertar sus productos financieros....y eso es fácil de comprobar, por tanto...José Luis del Campo Villares......
!eres muy grande!!!!
El aeropuerto de Castellón ha pagado 17 millones a 15 consultoras privadas http://mun.do/1cOvNtz
La ministra de Fomento, Ana Pastor, junto con el secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño, y otros altos cargos del ministerio mantuvieron el pasado lunes una reunión con representantes de los seis grandes bancos nacionales (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Popular y Bankia) y el presidente de la patronal Seopan, Julio Núñez, para tratar de avanzar en el rescate de ocho autopistas de peaje en riesgo de quiebra mediante la constitución de una empresa controlada por el Estado.
Fuentes conocedoras del resultado de la reunión señalan que se avanzó en lo que se refiere al problema de la deuda de las compañías con los bancos, pero que aún están lejos las posiciones en el reparto del capital de la Empresa Nacional de Autopistas entre el Estado y sus actuales accionistas (la mayor parte, compañías constructoras). La sociedad incluiría como activos los corredores de pago en crisis más alguna autovía en régimen de peaje en la sombra. Además, también existen diferencias sobre las cantidades que el Gobierno debe compensar por los sobrecostes de las expropiaciones y de las obras no cobradas del perímetro de las concesiones.
Evolución del volumen de acciones de la bolsa española
La llamada doctrina Parot es básicamente aplicar las leyes con efecto retroactivo ( se le a juzgado y sentenciado con una legislación y cumpliendo la sentencia, se le trata de aplicar otra legislación penal......pienso que esta señora en justicia tendrían que cumplir cadena perpetua, también pienso que lo mismo que no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo delito, tampoco se puede modificar la sentencia una vez juzgado, imaginaos que todos se pusieran a modificar a voluntad las condiciones de contratos......la inseguridad jurídica seria la norma, la pregunta es porque nadie modifico el código penal en 30 años.
España demuestra que tener impuestos altos no significa recaudar más