Las televisiones autonómicas entran en Carta de Ajuste

No está el horno para bollos en el seno de la televisión pública, y no es para menos. El cierre de Canal 9, aparte de la cola que traerá por el tema laboral y por sus connotaciones políticas, y la amenaza de lo mismo que planea sobre el canal asturiano, despiertan temores en el resto de las televisiones autonómicas, todas tan endeudadas, todas tan politizadas…

Desde 1982, se comenzó la implantación de las televisiones autonómicas con el objetivo de promover cultura, lengua propia y realidad social de la comunidad, teniendo a su favor la proximidad con su audiencia (como propósito no está mal hasta que alguien confundió “audiencia” por “electorado”). Así, con una vocación de servicio público, buscan potenciar la realidad cultural de la comunidad actuando como agente dinamizador de la autonomía. Por otro lado, se buscaba la creación de una incipiente industria audiovisual capaz de crear producción que pudiera competir con los canales nacionales. Es este punto en el que se han obtenido los resultados más dispares; sólo la TV3 catalana, seguida en menor medida por la ETB vasca y el Canal 9 valenciano han logrado cierto éxito a la hora de exportar producto a la televisión nacional (o incluso internacional en algún excepcional caso). Aun así, de las casi 200 productoras de televisión, muchas han nacido y desarrollado de la mano de la televisión autonómica de su comunidad y se pretende que vayan madurando hasta crear un tejido industrial audiovisuales independiente del canal autonómico correspondiente. Es así que la media de la producción propia de las televisiones autonómicas según la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (en PDF) es del 43% de su programación, suponiendo un 76% de sus costes.

Pero, hablando de costes, ¿Cuánto nos cuestan las televisiones autonómicas? Atendiendo a las subvenciones que reciben, la cifra está en unos 30 € por habitante y año, lo que son alrededor de unos 900 millones al año, aunque la cifra es muy dispar ya que depende de los habitantes de cada región y el volumen de producción de cada televisión, teniendo en cuenta además que hay regiones sin canal autonómico, como La Rioja, Navarra, Castilla León o Cantabria. Esto no parece ser mucho, comparado con la media europea, que anda por los 42 € por habitante y año; el problema viene cuando se compara el coste con la audiencia: así, por ejemplo, en Baleares, la televisión autonómica cuesta 1.200 € por espectador y año.

A esto hay que añadir los 2.600 millones de euros que se estima que de deuda tienen acumulada, siendo los campeones TV3, Canal 9 y TeleMadrid (de ETB se desconocen datos porque el gobierno vasco equilibra en el presupuesto autonómico). Así, podemos decir que el 74% de los ingresos vienen vía subvención, dejando el resto a la publicidad y la venta de programación a otras cadenas. La crisis ha golpeado duramente a la venta de publicidad en estos medios: su carácter local hace que las empresas de ámbito nacional no lo tengan como un medio principal, y a las empresas locales les resulte un medio caro en relación al beneficio obtenido, teniendo en cuenta además la media de audiencia que estos canales obtienen y de lo que sólo TV3 puede enorgullecerse.

Pero no sólo la crisis está golpeando duramente a estas entidades, el carácter público de estas televisiones lastra inevitablemente su gestión, ya que son menos flexibles a las exigencias del mercado, no pudiendo adaptar fácilmente sus gastos de personal e infraestructura, (no hay más que ver el revuelo que se levanta cuando anuncian recortes de plantilla) y más expuestas a la mala gestión derivada de decisiones políticas: inversiones desmesuradas y en contra de la lógica del mercado y, sobre todo la instrumentalización política del medio que fomenta más la política del partido en el poder autonómico que el servicio público para el que inicialmente nació y que da lugar a enchufismo, manipulación política, contrataciones irregulares… todo un catálogo de mala praxis económica y política que ocurre cuando se confunde servicio público con partidismo, electoralismo y adaptación de los servicios del estado a la propia conveniencia.