El coste del trabajo

Ufano y satisfecho como el cuervo del viejo cuento se encuentra el ejecutivo tras lo que considera uno de los logros de su legislatura: la reforma laboral tan necesaria. Bajo su árbol se hallan, no ya el zorro, sino la legión de aduladores como grandes empresas, patronal, bancos, etc. lisonjeando la medida hasta que el trozo de queso le explote en la cara con los cada vez más alarmantes datos del paro.

Por mucho que se empeñe la plana mayor del ejecutivo la reforma llevada a cabo no funciona. Las cifras del paro han seguido aumentando porque las medidas adoptadas se enfocaron desde el punto de vista de abaratar el coste del despido, no para abaratar el coste del trabajo: a las empresas no les sale tan caro despedir como mantener los puestos de trabajo, a pesar de la bajada general de salarios habida.

Por ejemplo, imaginemos un empresario que desee contratar un trabajador al mínimo coste posible. Obviamente ofrecerá el salario mínimo: 752,85 € por 12 pagas (no 14 como es el dato que habitualmente aparece), por el cual cotizará a la Seguridad Social la cantidad mínima de 225,10 €. Además ha de tener en cuenta que este trabajador tendrá un mes de vacaciones en el que será sustituido por un trabajador temporal o por horas extras de sus compañeros, lo que suma 81,50 € mensuales. Por otro lado, la empresa debería prever un posible despido de este trabajador, lo que generará a la empresa un coste de aproximadamente una mensualidad más por año trabajado; suponiendo una posibilidad de cada tres de que este despido se produzca, supondría unos 250 € más anuales (casi 21 € al mes). Por último habrá que contemplar el coste de un seguro de convenio (si es obligatorio, dependiendo precisamente del convenio de la empresa) y de una mutua de accidentes, costes con gran variabilidad, pero que creo que pueden reflejarse con la cantidad de 25 € mensuales. Todos estos cálculos nos dan un resultado de 1.105,28 € al mes de coste para la empresa: un 47% más sobre el salario que percibe el trabajador. Es decir, la empresa paga casi un 50% más cara la miseria que ofrece a un trabajador. Traducido esto al principal motor del empleo de este país, que es la PYME, le supone normalmente un coste inasumible en estos tiempos tan inciertos, con lo que se suele arreglar con la plantilla que tiene, exigiendo horas extras que muchas veces no se abonan y, en momentos puntuales, con trabajadores sin contrato.

Y es que la mejora de la productividad del trabajo para el gobierno parece que sólo consiste en reducir el poder adquisitivo de los trabajadores. Ya se intentó en los años previos a la crisis con el “papeles para todos” de la era Zapatero, cuya intención no era otra que la llegada de inmigrantes suficientes para que los salarios dejasen de crecer. Nunca se previó que se vivía en una burbuja y que el sector de la construcción acumulaba desequilibrios que debían corregirse y cuya solución no dependía en casi nada de los trabajadores del sector.

Las medidas a adoptar deben pasar por una relajación de los costes laborales que tienen las empresas, pero ya no los que dependen del trabajador, sino los que dependen del estado: unos costes de seguridad social más asequibles para los nuevos contratos realizados a trabajadores en paro de larga duración por parte de empresas que cumplan determinados requisitos (por ejemplo reducir los costes de seguridad social a 50 € mensuales el primer año de contrato para las PYMES) reduciría el miedo a las mismas a contratar, liberaría al estado de los costes que esos trabajadores en paro le suponen y serviría para aumentar la maltrecha renta disponible de las familias, que es en suma el gran problema que se debe afrontar por parte del ejecutivo. Veremos lo que se cuece en la segunda reforma laboral que el gobierno prepara…