Y es que España ha salido de la crisis, los que no hemos salido hemos sido los españoles. El torpedeo a la línea flotación de la clase media (ya de por sí más débil que el promedio europeo) ha sido salvaje, y lo va a seguir siendo: han subido todos y cada uno de los impuestos, algunos varias veces, han disminuido las prestaciones, se ha desplomado el crédito a familias y empresas, se han destruido muchos de los logros del estado del bienestar: educación, sanidad…. Y casi todo lo ha pagado la exhausta clase media y trabajadora de este país, que ha colaborado, en aras de la mayoría democrática y la globalización, a inyectar recursos en grandes empresas, reflotar la banca y salvaguardar intereses que en nada benefician directamente a los que pagamos las facturas.
Y ahora el peligro es la “japonización”, es decir enrocarnos en una posición con inflación baja (o hasta deflación, y ahí sí que nos reiremos) y crecimiento bajo, lo que significa una baja creación de empleo. A una tasa del 26% de paro es una situación insostenible.
Pero nos queda Alemania, se debe pensar desde el gobierno. Hemos hecho todos los deberes que desde Europa nos han encomendado, de hecho hemos sido los más aplicados (como el estudiante que sólo se aplica la noche de antes del examen y logra la iluminación del Espíritu Santo en el último momento) y ahora, pensamos, Alemania debería correspondernos. Debería estimular su demanda interna, aumentar sus salarios, gastar más, en definitiva, para así fomentar sus importaciones, equilibrar un poco su balanza comercial y servir de locomotora a todos sus maltrechos socios europeos.
Pero Alemania ya ha dicho que ni en broma hará tal cosa. Mucha labor de maquillaje, como de vez en cuando ofertar empleos a inmigrantes europeos, pero poca acción de locomotora y poca unión bancaria que alivie el problema de financiación del resto de Europa. Alemania tiene sus propios problemas: un 5% de paro no es en sí un problema, pero la precariedad en el empleo también avanza en aquel país. No tiene problemas de financiación, pero su deuda ronda un 80% de su PIB. Y además tiene la experiencia de lo que supone el coste de tirar de la economía de una zona deprimida: la reunificación aún no ha cerrado sus últimas heridas.
Por tanto, ¿se ha equivocado el gobierno al aplicar todos los ajustes tan costosos socialmente y fiar su salvación al salvavidas europeo? Es pronto para decirlo. Alemania tomará todas las cautelas posibles pero seguramente volverá a impulsar el crecimiento europeo, ya que tarde o temprano tendrá que escoger entre tirar de Europa o rescatarla: sólo Irlanda ha respondido a este tratamiento, Portugal está sumida en el pozo y de Grecia ya ni se habla si no es para pedir nuevos rescates.
Nosotros mientras, sin el empujón alemán, estamos poco a poco atrayendo capital extranjero, situándonos como una buena opción de inversión (de momento la estabilidad política y social aún lo permite), estamos financiándonos sin problemas (aunque cada vez estemos más endeudados) y tenemos unas perspectivas de crecimiento débiles, pero verdes. Lo malo de esto es el enorme coste social que está suponiendo: la pobreza se extiende, las diferencias sociales se agrandan, la clase media desaparece y la sociedad se polariza. Estaría bien recordar que apoyar a las grandes empresas de un país ayuda al crecimiento económico, pero que un país está compuesto por su población en su totalidad, no por el 1% más influyente y que abusar del 99% para que ese 1 restante pueda hacer de locomotora económica, tiene sus límites.
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Este pasado sábado el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se ha puesto un poco más en lo que en esta columna se ha venido llamando "ponerse ‘on the record'" sobre el tema de Cataluña. Rajoy lo hizo con énfasis: "Mientras yo sea presidente no se celebrará ningún referéndum ilegal, ni se fragmentará España. Que quede claro". Ahora falta dejar claro qué van a hacer las dos "partes" (el gobierno de España y el de Cataluña) para evitar el riesgo de un "supuesto inconstitucional máximo", como sería la celebración de un referéndum con intención separatista o un acto unilateral de independencia, y con respecto a la necesidad de proponer "un proyecto sugestivo de vida en común", como se decía hasta no hace mucho, antes de romper. Todo eso necesita otros ‘on de record' de una parte y de otra.
Esta modesta columna se dedicará hoy a otear la cuestión desde un solo ángulo, el de la oportunidad y viabilidad de la reclamación soberanista de los independentistas catalanes y los pronunciamientos de sus instituciones, a la luz de las limitaciones y constricciones impuestas por el aquí y ahora europeos, en medio de una crisis fiscal y financiera monumental, que debilita la posición de Europa en el mundo, y dentro de lo que entendemos por mundo occidental. Las respuestas a estos interrogantes, o a otros del mismo cariz, deberían ser puestas "on the record" por quien ha promovido la causa de la independencia de Cataluña, antes de que haya de hacerlo la parte que ha sido llamada a responder al desafío independentista. Todo según el orden exigido por la buena dialéctica.
Una secesión efectiva y viable de Cataluña sin duda debilitaría las capacidades de España para influir en los otros estados de Europa y de Occidente, pero esto no quiere decir que la pérdida neta de España vaya a ser ganancia neta de Cataluña. Un país pequeño como Cataluña seguiría teniendo relativamente poco que ofrecer en términos de peso económico y estratégico en comparación con lo que quedase de España, que es la mayor parte. Empecemos por este último aspecto, el estratégico.
España aún tendría capacidad de actuar en la defensa de los intereses estratégicos que comparte con la OTAN, más particularmente con Estados Unidos y Francia, y más generalmente con la Unión Europea, después de la independencia de Cataluña y en los mismos términos con que lo hace ahora. España es un contribuyente neto a misiones de las Naciones Unidas (Afganistán, Líbano), a la política europea de seguridad y defensa (Somalia, misiones en África, control de migraciones, etc.), mientras que los recursos que Cataluña podría dedicar a esas políticas comunes serían muy reducidos y, con toda probabilidad, su posible oferta quedaría diferida hasta la construcción de un edificio diplomático y militar exclusivamente catalán desde prácticamente cero. El ingreso de España en la Alianza Atlántica y en la Unión Europea fueron largos procesos plurianuales. No se puede prever cosa distinta para una hipotética Cataluña independiente.
No es probable que Washington se dirija a Barcelona para negociar sobre algún interés propio, sin una estimación del efecto que causaría sobre las relaciones más completas y consolidadas que mantiene con Madrid. Sería ingenuo que alguien en Cataluña tratase de conseguir el apoyo de Washington con el señuelo de ofrecer a la Alianza un pequeño ejército, o una base naval, en unos momentos en que los Estados Unidos están orientando su política de alianzas hacia entendimiento particularizados, para unos fines estratégicos muy específicos, con los pocos países europeos "que cuentan". Cataluña, al separarse, habría mermado marginalmente el potencial estratégico de España pero sin ganar apenas nada para sí, en cuanto a influencia sobre áreas claves del sistema europeo y occidental de seguridad.
Los procesos de separación conocidos en Europa pertenecen a otra época.
Luego está la cuestión de cuánta fragmentación puede admitir el sistema europeo sin asegurarse el fracaso. Los independentistas se dan ánimos unos a otros sobre la viabilidad de una secesión en la actual Europa, haciendo referencia a unas independencias que ocurrieron en condiciones histórico-políticas radicalmente distintas de las que prevalecen hoy. Aquellas independencias fueron sólo el remate de un moribundo: el sistema construido por la "pax sovietica" en la mitad oriental de Europa. Es cierto que tres países del Báltico oriental se separaron de la antigua URSS por procedimientos pacíficos (con cadena humana y todo), pero eso ocurrió en el proceso de superación de la estructura ilegal, caduca y disfuncional creada por el totalitarismo stalinista, y cuando Rusia estaba en momentos muy bajos.
Lo mismo puede decirse de la separación de Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Montenegro y Kosovo. Todas esas separaciones tuvieron lugar con la caída de la Federación Yugoslava (FY), dominada por Belgrado (Serbia), y duró un periodo históricamente efímero, que va desde la fragmentación típicamente balcánica de la primera mitad del siglo XX hasta la unidad autoritaria impuesta por Tito desde 1945 de modo efectivo pero extremadamente precario. Han pasado 24 años desde la muerte de Tito (1980), y la ruptura de la FY no ha aportado algún beneficio neto a la mayor parte de las repúblicas separadas. Sólo Eslovenia y Croacia han ingresado en la Unión Europea, mientras que las otras bracean aún en la maraña de dificultades generada por sus conflictos identitarios.
La única referencia a una separación pactada y pacífica es la de Eslovaquia y la República Checa, dos países mantenidos juntos por una unión imperial primero y un tratado de vencedores sobre vencidos después, impuesto por la Paz de Versalles. Cualquier sugerencia de que éste es un precedente válido para el caso de Cataluña y España es querer estirar el uso de la historia más allá de lo que un historiador solvente autorizaría.
El magnetismo de la Unión Europea
Como demuestran los casos de los Balcanes y Ucrania, la UE tiene una influencia magnética sobre un puñado de países desperdigados por la geografía de Europa, gracias al ideal de unidad política, su garantía de las libertades y su promesa de solidaridad económica. Si se debilitan estos ideales liberales, se debilitarán los apoyos internos a las libertades y a los fundamentos de la seguridad económica de un conjunto de países aún no integrados en la UE. Véase Ucrania. El ejemplo de una Cataluña separada unilateralmente de España va contra el ideal de unidad que está en la base del proyecto europeo. El argumento de que una Cataluña independiente querría reintegrarse inmediatamente a Europa, sin dañar el proyecto europeo (o mejor aún, que nunca "saldría" de Europa después de la secesión), desafía el sentido común, por decirlo de modo poco hiriente.
El Libro Blanco escocés que explica la mecánica de la independencia tiene 670 páginas, y está lleno de cláusulas autorrestrictivas con las que se pretende demostrar que secesión no equivale a fragmentación. Y para ello ofrece renuncias a bastantes de los atributos típicos de la independencia (moneda, banca, jefatura del estado, seguridad, etc.), como prenda de que su independencia no supone realmente mucha independencia.
Pero ocurre que la Unión tiene abiertos varios flancos en los que lucha por seguir siendo la garante de un sistema europeo operativo, contra los intereses contrapuestos de varios subsistemas nacionales (países del centro, de la periferia, del norte, de la ultraperiferia, etc.). Piénsese en la credibilidad del sistema de pagos de la deuda de los países europeos, pendiente de un delgado hilo de confianza garantizado aún por Alemania y el BCE, y considérense los imponderables creados por una larga y reñida disputa sobre el reparto de activos y pasivos fiscales entre Cataluña y España.
¿Estamos seguros de que la eurozona va a resistir otro shock de incertidumbres, en nuestro caso en una de las mayores economías del euro, un shock posiblemente superior a los creados por las deudas de Grecia y Chipre, si Cataluña llegara a separarse de España? Dado el estado de hiperestesia de los mercados sobre las debilidades fiscales y financieras de la eurozona, y en particular las de su banca, la aparición de dudas sobre la viabilidad de la parte catalana de deuda española, o sobre el resultado de las negociaciones entre Madrid y Barcelona para repartírsela, crearía dudas sobre la viabilidad del euro, ya que los volúmenes implicados en nuestro caso multiplican por equis los riesgos, en comparación con la crisis creada por cualquier hipotético ‘default' de un estado pequeño como los que han amenazado hasta ahora al euro, o la bancarrota de una entidad financiera mayor, de ámbito español o europeo.
Las autoridades independentistas catalanas aseguran que el euro seguiría siendo la moneda de una Cataluña independiente. Pero ¿lo consentirá el Banco Central Europeo? ¿Seguiría queriéndolo Cataluña después de un tiempo de someterse a las restricciones de una moneda "adoptada" sobre cuya gestión no tendría influencia alguna? ¿Puede Cataluña, como alternativa a la moneda común, adoptar una distinta sin sufrir de inmediato una drástica devaluación de sus más optimistas previsiones sobre su valor y cotización, ya que sus deudas seguirían denominadas en euros? Una devaluación equivale a la elección deliberada de un modelo de desarrollo basado en los estadios menos evolucionados de las economías industrialmente avanzadas. Es una forma de poner en riesgo los avances industriales y tecnológicos de que Cataluña tan justamente se precia.
Y en este mismo orden económico-industrial, pero volviendo a los Estados Unidos, ¿es prudente que Cataluña se embarque en un nuevo curso de su economía "nacional", estando ausente de las negociaciones UE-EE.UU para una zona de libre comercio?
El calendario, tal como está planteado, es inasumible y conduce al choque
De lo que dijo este sábado el presidente del gobierno en Barcelona se deduce la existencia de flancos débiles de la economía de Cataluña: la seguridad social catalana es deficitaria y las pensiones se cubren gracias a la caja común de la seguridad social.
Lo mismo se puede decir de los efectos de la separación sobre los delicados instrumentos creados en Europa para contener la crisis bancaria. Los créditos extendidos desde Cataluña superan los depósitos bancarios allí radicados, apuntó Rajoy. ¿Podrá resistir el sistema bancario español (y el catalán, por supuesto, en la medida en que pueda distinguirse del español) el ejercicio de cuadrar los ajustes, sin perder en el camino la confianza de los mercados? ¿Necesita Europa más fragmentación de sus sistemas bancarios nacionales, o más bien éstos necesitan más integración, más corresponsabilidad, "más Europa"?
El tono imperioso e impaciente que impregna la reclamación de Artur Mas, de fijar el calendario para un referéndum de autodeterminación de Cataluña, es inasimilable no sólo en términos constitucionales, como quiso dejar en claro el presidente del gobierno Mariano Rajoy en su discurso de Barcelona este 25 de enero, sino también prácticos.
Esa exigencia equivale a una presión injustificada y en "vía de apremio" sobre el gobierno, que lleva implícita la amenaza de "la vamos a armar" en España, y en consecuencia en Europa, si no nos dais lo que reclamamos en el plazo que os hemos puesto. No hacen cosa diferente los partidos populistas que en varios países de la Unión exigen concesiones unilaterales, en base a su capacidad de romper los límites institucionales y los equilibrios parlamentarios internos, mediante prácticas políticas rayanas, o incursas, en pura demagogia.
Flash España: ''EPA del 4T13: primera creación de empleo no estacional desde 2008''
El comportamiento del mercado laboral en el 4T13 fue mejor de lo esperado a principios del trimestre, pero ligeramente peor de lo que sugerían los datos de afiliación a la S. Soc. y paro registrado
Dijsselbloem: "En todo el mundo se habla de la recuperación de España" http://www.expansion.com/2014/01/27/economia/1390825406.html …
Un hombre acusado por Estados Unidos de idear una de las mayores tramas internacionales de blanqueo de capitales a través de internet dijo el lunes en España que es víctima de una caza de brujas porque se negó a facilitar datos informáticos sobre su empresa al FBI.
Arthur Budovsky, de 40 años, se declaró inocente ante un tribunal de Madrid y rechazó su extradición a Estados Unidos nueve meses después de su detención en el aeropuerto internacional de Barajas. Budovsky fue arrestado cuando intentaba regresar a Costa Rica, la supuesta sede de la compañía Liberty Reserve.
Budovsky renunció a la ciudadanía estadounidense y su pasaporte es de Costa Rica, donde el sector de negocios en línea está desregulado.
La Fiscalía estadounidense sostiene que la empresa, dedicada al pago y la gestión de transferencias en línea de bancos y oficinas de cambio de divisas, era una tapadera para el blanqueo de capitales. Una especie de banco de los bajos fondos que usaba el crimen organizado de todo el mundo y que movió un volumen cercano a los 6.000 millones de dólares.
Un relato muy diferente al que Budovsky hizo en España.
A preguntas de su abogado defensor Gonzalo Boyé, Budovsky explicó que fundó Liberty Reserve en Costa Rica en el 2006. Según dijo, vendió su participación al año siguiente y permaneció vinculado a la misma como consultor externo.
El acusado dijo que su papel era meramente técnico. Y que lo único que hizo fue desarrollar un programa informático que permitía realizar transferencias de forma segura y confidencial. Además, afirmó que Liberty Reserve jamás aceptó dinero en metálico y que colaboró durante años con el FBI y el servicio secreto de Estados Unidos, así como con el SOCA británico y otras agencias de seguridad de España o Francia, cuando el sistema detectaba transacciones dudosas.
Budovsky, quien declaró en inglés con ayuda de un intérprete, se declaró víctima de una caza de brujas. Aseguró que sus problemas comenzaron cuando el FBI le pidió en 2011 que revelase el código fuente del programa informático que había creado. Es decir, todos los secretos de su desarrollo.
"Me negué. Es como si piden a Coca-Cola que revele su fórmula", dijo Budovsky. "La verdad es que Estados Unidos quiere proteger su monopolio en plataformas de transferencia de bancaria".
Budovsky dijo que la intervención de Liberty Reserve y sus servidores, localizados en Holanda, ha permitido el acceso de Estados Unidos a valiosa información financiera de 800.000 usuarios y unas 44 millones de transacciones.
Finalmente, consideró que se le califica de "traidor" por haber renunciado a la ciudadanía norteamericana y dejó entrever que su origen ruso fue determinante en la detención.
En la línea expuesta por su defensa, Boyé afirmó que el caso estadounidense contra Budovsky está construido sobre meras sospechas, que probablemente no serían suficientes para abrir un caso en España. Y que por lo tanto tampoco justificarían una extradición, tal y como exige el tratado suscrito entre los dos países.
Por ello, pidió a la justicia española la inmediata puesta en libertad de su cliente.
Un tribunal de la Audiencia Nacional, compuesto por tres jueces, deberá decidir en las próximas semanas si procede su extradición a Estados Unidos. Si la acepta, tendrá que ser ratificada por el gobierno. Si la rechaza, quedará inmediatamente en libertad al no pesar cargos contra él en el país ibérico
Segunda victoria de la calle sobre los poderes políticos corruptos en poco tiempo... Esto sí son brotes verdes.
Empiezo a creer que ¡sí, se puede! Hay que continuar.
Mariano Rajoy ha “enchufado” a 32 parientes y amigos gallegos http://www.espiaenelcongreso.com/2014/01/27/rajoy-ha-hecho-millonarios-32-parientes-y-amigos-gallegos-todos-los-nombres/ …