Un nuevo rescate a la banca, y ya van…

Casi seis años han pasado ya y todavía no ha tenido bastante la máquina financiera del país a la hora de engullir recursos de la economía. Un sector que según Zapatero estaba sano y se perfilaba como uno de los más sólidos de Europa (ese Señor Presidente que para luchar contra la crisis, miró para otro lado, la negó, como negó su alcance, y que da conferencias de economía a 60.000 euros la pieza), pero que después de un plan de rescate, de la creación de un “banco malo” que limpiase de activos tóxicos los balances de los bancos y de una reestructuración que se ha llevado por delante buena parte del sector; después de todo eso, seguramente vaya a tener otro nuevo rescate más.

Ahora, después de asegurarnos el siguiente Señor Presidente que el rescate con fondos europeos a la banca no supondría ninguna carga para las arcas del estado y equivocarse o mentir, que no sé qué es peor, resulta que se ha descubierto un nuevo rescate, esta vez encubierto en forma de aval a nuestro sanísimo sector bancario.

El caso es que alrededor de 40.000 millones de euros han sido avalados por nuestro gobierno gracias al decreto ley aprobado de urgencia en noviembre del año pasado, y que facilita “determinadas medidas destinadas a permitir que ciertos activos por impuestos diferidos puedan seguir computando como capital”. En definitiva, se trata de ahorros de impuestos futuros que surgen de pérdidas o provisiones anteriores. Por ejemplo, cuando un banco detecta que tendrá una posible pérdida, como cualquier empresa, dotará una provisión, que lógicamente reducirá el beneficio de ese año para la entidad, pero que no será deducible fiscalmente hasta que la pérdida sea real. Antes del decreto, si dentro del plazo no había beneficios suficientes para ahorrarse esos impuestos, éstos se perdían acabado el plazo para poder deducírselos; ahora, el Estado responde de esos créditos fiscales en caso de que los bancos no los puedan usar para compensar beneficios futuros, de hecho, están garantizados con deuda pública. Esto se hizo para no castigar la solvencia de los bancos, con vistas a que les fuera más fácil superar las pruebas de estrés europeas, siendo la manera de compensar la desventaja comparativa con los bancos de otros países europeos, donde se pueden deducir estas provisiones con cargo a devoluciones de Hacienda de impuestos pagados en ejercicios anteriores. Ni qué decir que ya intentará nuestro sector bancario hacerse con todo lo que pueda de esta cifra.

Por tanto, ¿cómo queda la cifra final del rescate cargo a nuestro bolsillo?

• Dinero público inyectado por el FROB: 61.361 millones, para el rescate a las entidades con problemas, donde destaca, por su volumen, la inyección a Bankia: 22.424 millones. Aquí está incluido el rescate europeo, aunque no se incluye el rescate a la CCM, ya que aún no existía el FROB. De este dinero se dan por perdidos 37.000 millones por ahora.
• Los Esquemas de Protección de Activos o garantías contra pérdidas futuras: algo más de 15.700 millones. Gracias a estas EPA, las entidades compradoras de los bancos y cajas con problemas se encargaban muy bien de hacer aflorar todas las pérdidas ocultas posibles y sanearlas a costa de estas medidas. Este dinero es directamente déficit público.
• Pérdidas procedentes del pago de la SAREB a los bancos por la compra de los activos, que ha sido considerado por Bruselas superior en un 70-75% al precio real de mercado, lo que supone un sobrecoste para las arcas del estado. En definitiva, se trata de un montante estimado por Bruselas de algo más de 20.000 millones.
• Partida de casi 3.000 millones debida a ajustes varios en la CAM y BANKIA (cómo no, que se apunta a todas).

Tenemos la cifra final, que recientemente el Tribunal de Cuentas del Congreso ha reconocido, de 107.913 millones. Con lo que una familia de 4 miembros ha colaborado con algo más de 8.000 euros para el saneamiento de nuestro comprensivo, humano y bien amado sistema bancario. Si a esto le añadimos que esta familia puede estar pasando dificultades por estar afrontando una situación de desempleo y que puede estar en una situación de riesgo de impago de su hipoteca, tenemos la ecuación perfecta: el banco que entre todos hemos saneado (o quizás aún no del todo), procederá a renegociar con el cliente, dotando además una provisión por la insolvencia del crédito hipotecario de la que se beneficiará al aplicarse la medida de aval de créditos fiscales.

En definitiva, no sé si se podría calificar a este rescate como un “rescate a la española”, lo que sí sé es que choca con el sentido común de manera clamorosa. Ha pasado de no ser necesario porque teníamos un sistema financiero saneado y fuerte, a necesitar una serie de pequeños ajustes con unos créditos europeos que “devolverían las propias entidades” y, finalmente, a una situación donde 250.000 millones de euros (una cuarta parte del PIB) se ha volatilizado entre activos tóxicos y pérdidas, donde nuestro sistema financiero ha absorbido casi 150.000 millones de euros de las arcas del estado, a donde presumiblemente poco o nada será devuelto. Siendo además este uno de los pocos casos donde la operación no fue rentable: en casi todos los países donde se rescató a toda o parte de la banca, el gobierno, como mínimo ha recuperado la inversión, siendo el caso más espectacular Estados Unidos, donde su gobierno parece haber hecho un buen negocio.

La pregunta vuelve a ser ¿no hubiera sido más barato dejarles quebrar?