La Comisión de Hacienda del Congreso dará este martes luz verde al proyecto de ley de Racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa que, entre otras cosas, incluye la devolución al personal funcionario de otro día de asuntos propios o ‘moscoso’, de los tres que les fueron retirados con los recortes del decreto “antidéficit” de julio de 2012.
La medida fue anunciada por el propio ministro Cristóbal Montoro en el Pleno de la Cámara Baja del pasado 27 de marzo, durante el debate de totalidad del proyecto de ley, como reconocimiento a la “aportación” que el sector público ha realizado a la salida de la crisis económica.
Así, los ‘populares’ han presentado una enmienda al texto para modificar el Estatuto Básico del Empleado Público y reconocer el derecho de los funcionarios a disfrutar de hasta cinco días de asuntos particulares al año. El anterior ‘moscoso’ les fue devuelto a finales del año pasado, y aún les quedaría un día de libre disposición por recuperar.
Junto con este añadido, las enmiendas del partido que da sustento al Gobierno incorporan otro cambio sustancial para el sector público, ya que se pretende modificar tanto el Estatuto Básico del Empleado Público como la Ley de la Carrera Militar para que personal del Ejército pueda desempeñar puestos en la Administración civil.
Así, se incorpora a la normativa una nueva situación administrativa para los militares profesionales, como es la de servicio en la Administración, donde podrán ocupar puestos con carácter de funcionario de carrera o de personal laboral fijo, quedando sujetos a los mismos derechos y deberes que el resto de funcionarios en materia de horarios, jornada, vacaciones, permisos, licencias o régimen disciplinario.
No les será de aplicación, sin embargo, lo previsto para la promoción interna, carrera administrativa, situaciones administrativas y movilidad, aunque sí podrán participar en procesos de provisión de otros puestos abiertos a los militares. Su retribución será la que les corresponda como miembros del Ejército más la complementaria derivada de su puesto en la Administración, sin que los ascensos militares que puedan recibir conlleven variación alguna en estas condiciones. También seguirán cotizando a la Seguridad Social como militares.
Para acogerse a esta nueva opción, deberán participar en las correspondientes convocatorias públicas y obtener plaza en función de los mismos criterios de mérito y capacidad que el resto de aspirantes, si bien deberán contar con al menos 20 años de carrera y el Ministerio de Defensa podrá imponerles requisitos específicos.
Su movilidad a las unidades administrativas donde se permita esta posibilidad quedará condicionada a la autorización previa del Subsecretario de Defensa. Una vez dejen de prestar servicio en la Administración civil, deberán solicitar el reingreso al Ministerio y les corresponderá pasar a la situación de reserva.
Según argumenta el PP en la enmienda, con este cambio se regula una situación que “de hecho ya se produce” y que da lugar a una “laguna normativa” para estos trabajadores. Sin embargo, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ya ha expresado su malestar por la decisión, reclamando al Ministerio que reactive el diálogo social para negociar estos cambios, y recordando que el voto de los empleados públicos puede decantar las elecciones europeas.
El sindicato sí valora, sin embargo, otro cambio que introduce este proyecto de ley para potenciar la figura del personal interino y regular la movilidad voluntaria de personal entre administraciones públicas.
De este modo, los interinos podrán prestar servicio tanto en la unidad concreta que figura en su nombramiento como en otras que participen en el mismo programa o que desempeñen tareas similares si no idénticas, como fórmula para mejorar la eficiencia de los recursos públicos.
Todas estas enmiendas, así como el resto de las que han presentado tanto el PP como los grupos parlamentarios de la oposición, serán debatidas el martes en la Comisión, ya que en la fase de ponencia no se incluyó ninguna modificación al proyecto de ley remitido por el Gobierno.
De hecho, la norma tenía que haber sido votada el pasado martes, aunque finalmente el PP decidió desconvocar la sesión de la Comisión para dejar más margen a la negociación con el resto de formaciones, según ha explicado a Europa Press la ponente socialista, Meritxell Batet, que duda no obstante de que este tiempo adicional vaya a permitir mover unas posturas muy alejadas, dado que el partido mayoritario sólo les ha enviado de momento una propuesta de transaccional sobre la licencia deportiva única que “no resuelve los problemas” que el PSOE ve a la norma.
Unas discrepancias que, de hecho, llevaron al principal partido de la oposición a pedir amparo a la Mesa de la Comisión, primero, y a la Mesa del Congreso, después, ya que consideran que una decena de las enmiendas ‘populares’ –relativas a temas energéticos o ferroviarios, por ejemplo– no guardan ninguna relación con el objeto del proyecto de ley y que, por tanto, deberían ser excluidas.
Los socialistas llegaron incluso a pedir un informe técnico a los letrados de la Cámara al respecto, documento que concluía que la forma utilizada para tramitar estos cambios se ajusta a lo previsto en el Reglamento.
Otra de las quejas del PSOE se deriva de la inclusión en el proyecto de ley de un artículo para prever que el Tribunal de Cuentas deba emitir informe preceptivo sobre los anteproyectos de ley o normas reglamentarias que versen sobre su régimen jurídico o sobre el ejercicio de sus funciones fiscalizadora o jurisdiccional.
Batet considera que esta modificación supone atribuir al organismo una nueva función, sin recurrir para ello a la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, que es donde se regula esta materia. Algo que, a su entender, es irregular dado que las leyes de carácter orgánico sólo pueden modificarse en otras de igual rango.
De hecho, la diputada catalana recuerda que el Ejecutivo ya ha registrado en el Congreso una ley orgánica de acompañamiento a la Ley de Racionalización de la Administración, por lo que este cambio podría tramitarse a través de dicho texto. “El problema no es qué cambian sino cómo lo hacen”, insiste Batet, para quien esta nueva función es de hecho “muy razonable”.
Sin embargo, en su sesión del pasado martes la Mesa de la Cámara Baja se declaró no competente para tratar este asunto y dejó en manos de la Mesa de la Comisión de Hacienda, que preside el ‘popular’ Gabriel Elorriaga, la decisión definitiva.
Así las cosas, el próximo martes 20 de mayo a partir de las 12.00 horas la Comisión parlamentaria debatirá todos estos asuntos pero, dada la mayoría absoluta de la que goza el PP, el proyecto de ley saldrá adelante incluyendo todos estos aspectos.
Además, como la Comisión de Hacienda tiene competencia legislativa plena sobre este proyecto de ley, tras su debate y aprobación el Congreso lo enviará al Senado para que continúe con su tramitación, y sólo deberá regresar al Pleno de la Cámara Baja en caso de incluir más modificaciones.
El Euríbor, el principal índice de referencia para calcular las hipotecas variables en España, continúa…
El Euribor es el índice de referencia más utilizado en las hipotecas variables en Europa…
El precio de la electricidad en el mercado mayorista alcanzará este viernes un nuevo máximo…
En el último año, un 18% de los españoles con hipoteca ha modificado su tipo…
Hola ¿Qué tal? Yo bien, gracias por preguntar. Esta mañana hemos estado reunidos de urgencia…
El precio medio del día 14 de noviembre de 2024 es de 0.188 €/kWh, lo…
Ver comentarios
Son 2.900.000 funcionarios, son muchos potenciales votos.
jajajaja. A los funcis, esos de la oposición, les han dao polsaco tanto unos como los otros. A los de designación no, que a esos les han mejorado todo, como se pretendia (quitar a unos pa darselo a los otros). Como mucho, dándole otro de los mocosos perdidos a los funcis y operando sueldo disminuido x horas, les vienen devolviendo 0.80 céntimos al año del promedio de casi 2000 que les han chorizao, y en esas condiciones: "especia". Por lo tanto ¿2.900.000 votos? Ufff. Yo diría que 2.175.000 abstenciones y 725.000 votos nulos (= papeletas untadas en excre porcina o perruna para que, además, se manchen los componentes de mesa electoral ¡por colaboradores!.)
Es una patraña para conseguir más votos y que pasa con el sector privado a nosotros no tratan ni de comprarnos bajando irpf o iva, simplente tratan de mimar algo al empleado público, además el empleado público trabaja menos horas que el privado en misma categoria profesional (como es mi caso ganan una media de 300-400 euros más) y para los que no lo sepan las fuerzas del orden estan exentas de pagar ciertas tasas como renovaciones del carne de conducir a todo españolito de a pie te cuesta x más 23,20 de tasa pero ellos no tienen porque pagar dicha tasa (el estado les devuelve el importe) se les asigna una sociedad médica privada, ayudas en la compra de material escolar para sus hijos... y asi una larga lista de ayudas.
Y si es cierto se ham realizado recortes en el sector público y nos han pedido que protestemos y huelgas pero ¿donde estaba el sector público cuendo la empresa privada empezo a destrozar a sus empleados?
Vamos un insulto para la inteligencia de los funcionarios, yo tenia 6 asuntos particulares ( no confundir los asuntos propios, que son sin retribuir) mas 3 de los llamados canosos (los que en vez de subida salarial se nos dio en días libres) osea 9 días de asuntos particulares al año, me quitan (roban) 6 y me dejan 3, y me los van restituyendo uno a uno, cuando les interesa por tema electoral. De verdad piensan que les vamos a votar por devolver lo que nos han robado.
@angel
Sigo sin entender porque necesitas ni un día de asuntos particulares... pagados por los demás... quien está robando?
Estos se pasan a los trabajadores por el forro sin importarles si son públicos o privados. Algún melón se empeña en enfrentarlos, no sé con que intención... Bueno, sí sé.
Ahh, los días de asuntos propios o moscosos no son una gracia divina a los funcionarios. Son un pago en especie para compensar unas congelaciones de sueldo en la época del ministro Moscoso que todavía arrastran, junto con otras posteriores.
(para #anónimo 3) No se de donde sacas la información, pero mi mujer es funcionaria y de nada de lo que mencionas se beneficia. No hay larga lista de nada, más que de recortes injustos que al final acabamos pagando los ciudadanos de este país con menos sanidad, menos educación e impuestos cada vez más altos. Ahora, como cada vez que hay elecciones se acuerdan de los ciudadanos, ahora es cuando hay que responderles con nuestro legítimo derecho al voto.
Por si nadie se da cuenta, los funcionarios son personas. Y como personas, los que votan al PPSOE seguirán votando al PPSOE (salvo algunas excepciones), y los que votan a otros partidos, pues votarán a otros partidos. Como el resto de personas, vaya.
No me creo que una persona, sea funcionario o no, vaya a votar al PP o al partido que sea por un día más de vacaciones, sea en la pública o la privada.
Yo soy funcionario y nunca votaré al PP ..... ni aunque me devuelvan la paga extra que me robaron