Fraude fiscal: mas allá del “con IVA o sin IVA”

Cualquier día de la semana, en cualquier lugar de España, en una cafetería cualquiera a las 6 de la mañana. Decenas de trabajadores en paro se reúnen y no es consecuencia de una quedada por Internet o una reunión social para cambiar impresiones; de vez en cuando aparece una furgoneta y un puñado de estos trabajadores, muchos de ellos extranjeros, tras una breve conversación suben al vehículo y se marchan a trabajar: misión cumplida, el día ha ido bien, trabajarán toda la jornada por 25 o 30 euros. Mientras se marchan, soportan las miradas de envidia de los que se quedan, muchos de ellos tendrán que volver a casa sin haberlo conseguido.

Llevarán a cabo trabajos que no hace tanto tiempo se presupuestaban, se realizaban a precios de mercado, se pagaban con factura y daban lugar a nóminas y seguros sociales. Ahora se pactan de palabra, se pagan por jornada maratoniana y funcionan dentro de los que se llama economía sumergida. Y todos tan contentos: estos trabajadores hoy aportarán dinero a casa, en cuanto a los empresarios, ahorrarán una serie de costes que quizás les permita precariamente ganar tiempo a esta crisis que no acaba nunca y que tal vez los mantiene en el borde del precipicio desde hace ya tanto tiempo…

Quizás porque esto ocurra a esas horas tan intempestivas o quizás porque ocurre con una cierta fluidez, lo que impide que ocurran otras consecuencias de la pobreza, posiblemente no somos demasiado conscientes de los dramas que a diario están viviendo multitud de personas con las que nos cruzamos por la calle: el hecho de tener que sentirse agradecidos por poder trabajar sin contrato, sin seguro, sin la seguridad de que se va a poder seguir trabajando mañana y a cambio de un sueldo miserable.

Desde el comienzo de la crisis en el 2008 hasta el 2012, según un informe publicado por el Sindicato de Técnicos de Ministerio de Hacienda (Gestha) la economía B creció en 60.000 millones de euros, superando los 253.000 millones: un 25% del PIB. Los motivos son evidentes: tras el enorme batacazo del sector inmobiliario y su posterior efecto arrastre sobre el resto de la economía y sobre la tasa de desempleo, las continuas subidas impositivas y los recortes sociales han motivado que a un enorme volumen de población sólo le queden unas limitadas salidas para poder seguir viviendo: emigrar, los que puedan y sin certeza de un futuro mejor, mendigar, trabajar en negro, solución que puede llegar a ser muy parecida a la anterior, o ir a las trincheras, llevar al extremo lo que se ha venido a llamar la “crispación social”.

Como parece (y si lo pensamos, con un 25% de paro sostenido desde ya hace tiempo, es casi inverosímil) que la última salida no ha sido la que se ha tomado, por suerte para todos, es evidente que la población más afectada por la crisis ha tomado cualquiera de los otros caminos.

Pero aún hay otro factor que ha influido, y mucho, en el aumento de estos niveles de economía sumergida. De hecho ha influido desde dos vías: directamente, porque este factor es, en sí mismo un generador de economía B, e indirectamente, porque su existencia anima y empuja a la autojustificación a los defraudadores. Este factor es el de la corrupción. Todos y cada uno de los estamentos de Gobierno, políticos, sociales, culturales, etc. de este país han tenido en estos años, y tienen, en mayor o menor medidas tramas corruptas que han estafado, desviado o simplemente perdido miles de millones de euros. A veces han sido actuaciones delictivas flagrantes de enriquecimiento: caso SGAE, caso Matas, caso Bárcenas, caso Urdangarín (y la lista podría seguir mucho más) y en otras la corrupción no ha podido ser esgrimida porque el hecho ha sido embarcarse en inversiones monstruosas sin sentido, hipotecando las arcas públicas para el fin de los tiempos, llámese aeropuerto de Castellón, o el de Ciudad Real, o polideportivos varios, etc. Para estos casos haría falta en nuestro código penal la figura de la “negligencia absoluta” con el agravante de “político electo”.

Muchas son las voces que se levantan en contra de estos hechos: la economía sumergida es un fraude que está dificultando la supervivencia de muchas otras pymes y autónomos que sí están cumpliendo con sus obligaciones tributarias y que, al fin y al cabo, están pagando la factura derivada de este elevadísimo nivel de fraude fiscal. Cuanto mayor sea la presión fiscal que tienen que aguantar las pymes, mayor será la economía sumergida y, por tanto, mayor será el agujero fiscal que se genera y la competencia desleal a la que tienen que hacer frente las empresas. Las instituciones complican cada vez más esta situación con su voracidad y aunque quizás algo se mejore con la nueva reforma fiscal, me da que sólo una actuación firme en tres frentes simultáneamente puede revertir este proceso: una bajada efectiva de la presión fiscal, una persecución del fraude a todos los niveles, sobre todo en grandes empresas, y una lucha ejemplarizante contra la corrupción. Aunque creo que sería más sencillo que nos tocase a todos la lotería que encontrar la voluntad política de realización de estos cambios.

En uno de los pocos sectores que sobrevive a la crisis, el del turismo y la hostelería, con resultados récord en España en los últimos años, se incrementa la actividad pero el número de contratos no aumenta debido a que muchos trabajadores contratados a tiempo parcial pasan a hacer una jornada completa, igual de 45 horas semanales, sin declarar. Y así, en una época de precariedad para millones de familias, el Gobierno prefiere mirar para otro lado, porque estos ingresos pueden explicar que no haya un nivel de conflictividad social explosivo en un país con cinco millones de desempleados.

Sin embargo, para el presidente de Gestha el fraude fiscal realizado por trabajadores y pequeños empresarios supone sólo una mínima parte del total. De hecho, la propia Hacienda sabe que más del 72% del total del fraude es imputable a grandes empresas y a grandes fortunas, como también sabe que la persecución de este fraude, tanto por falta de medios, como por sofisticación del mismo, es casi imposible. Así, esta falta de persecución a los grandes defraudadores (o de resultados), junto a los numerosos escándalos de corrupción política, no hacen sino alentar al aumento de “una desafección de los españoles hacia el pago de impuestos”.

Mientras tanto el presidente de muchos de estos grandes defraudadores, sigue metiéndose a político realizando declaraciones del tipo: “Un millón de amos y amas de casa están apuntados al paro para intentar cobrar algún subsidio”, o “Los parados quieren los miniempleos de 400 euros al mes”. A este señor habría que invitarle a un café cualquier día de la semana, en cualquier lugar de España, en una cafetería cualquiera a las 6 de la mañana.