En este gran mapa circular de fichas de dominó verticales ninguna pieza puede caer sin arrastrar a todas: hay que parar los temblores para que no haya un terremoto pero ¿es eso posible? Ahí soy optimista, aunque reconozco que falta coordinación y que existe demasiado nacionalismo en el mundo como para que las grandes potencias económicas acuerden soluciones globales, pienso que ante una catástrofe que pueda arrastrarnos a todos, por puro instinto de supervivencia esa ayuda internacional aparecerá. Y me refiero a que la FED actuará si teme una crisis bancaria en China, o el BCE ante un posible default de la deuda japonesa.
Por supuesto, crisis ocurrirán y desplomes bursátiles e impagos de deuda pero el sistema global, como se ha visto en esta gran recesión, puede sobrevivir a esos terremotos siempre y cuando todos mantengamos la confianza en el dinero emitido por los bancos centrales.Y es que mientras mantengamos la fe en que un papel con un sello anti-falsificadores o una anotación en cuenta tienen valor, esto puede funcionar aunque haya crisis financieras cíclicas.
Creo es una lección que las arriesgadas políticas monetarias de los últimos años nos han enseñado a todos. Podría ser que el sistema financiero se sostuviera por sí mismo pero de poco nos va a servir si dependemos para la economía real de un producto – combustibles fósiles- que se agota o cuya extracción es tan cara que sólo es accesible para unos pocos o si directamente empeoramos dramáticamente nuestro ecosistema.
Ahí sí puede venir una crisis sistémica, al igual que de una revolución social, de un conflicto geopolítico grave (que puede ser más probable de lo que parece) o de una catástrofe ecológica grave. De momento petróleo hay pero si la economía global vuelve a crecer como lo hacía antes de 2007 hay dificultades técnicas para poder producir mucho más de 90 millones de barriles al día –el consumo actual- sin unas inversiones multimillonarias que ya deberían haberse hecho.
Es evidente que el petróleo barato se ha acabado porque cada vez cuesta más conseguir algo que cada vez está más demandado por lo que aunque aún tarde décadas en acabarse, el petróleo podría provocar una crisis sistémica global. Necesitaríamos una revolución tecnológica que aún no se ha producido. La teoría del pico de Hubbert predice que la producción mundial de petróleo llegará a su cenit y después declinará tan rápido como creció, resaltando el hecho de que el factor limitador de la extracción de petróleo es la energía requerida y no su coste económico. Esto último significa que da igual que el barril valga 200$ ya que aún a ese precio puede no ser rentable, ¿Por qué? El motivo es que cuando empezaron las extracciones de petróleo a mediados del siglo XIX los inmensos campos petrolíferos aportaban unos 100 barriles –de crudo de alta calidad- por cada barril usado en la extracción, el transporte y el refino. Este ratio se denomina retorno de energía invertida y ha ido perdiendo eficiencia a lo largo del tiempo a medida que se explotan yacimientos cada vez más inaccesibles: actualmente se recuperan menos de 10 barriles de crudo por cada barril usado en el proceso.
La razón de estos rendimientos decrecientes es que, a medida que se seca un pozo, el petróleo de otro resulta más difícil de extraer cada vez. Esa disminución seguirá hasta que, llegado un punto, por cada barril invertido en la extracción solo se obtenga otro barril…
Por supuesto nadie sabe cuándo ocurrirá (y las predicciones realizadas hasta ahora han resultado erróneas porque por ejemplo la capacidad de refino actual es mucho mejor que en 1850) ya que depende de los posibles descubrimientos de nuevas reservas, el aumento de eficiencia de los yacimientos actuales, extracción profunda o la explotación de nuevas formas de petróleo no convencionales (como el controvertido fracking).
El año exacto del pico no podrá determinarse hasta que ya haya sucedido. Riesgos energéticos y riesgos ecológicos podrían acabar con el actual sistema económico antes que las crisis financieras. Sin embargo, son éstas la principal preocupación de nuestros dirigentes económicos y políticos.
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“Queremos decidir el 9N, sí, pero también antes y después, y no hacerlo sólo sobre la cuestión territorial, como pretenden las oligarquías catalanas para seguir perpetuándose en el poder. El derecho a decidir se está utilizando para defender los intereses de la casta y tapar la corrupción. Hay que desenmascararlos”. Así de categórico se expresa Jaume Asens, abogado y portavoz de Guanyem, la marca-paraguas bajo la que se presentará Podemos a las elecciones municipales en Cataluña, junto a movimientos sociales y mareas ciudadanas. Una claridad que no está gustando nada entre las cúpulas de los partidos de la izquierda independentista, principalmente ERC, aunque en las CUP tampoco se sienten demasiado a gusto.
El problema no sólo se centra en los diferentes puntos de vista respecto a la cuestión territorial ni en la 'osadía' de saltarse el guion establecido por los partidos clásicos para centrarse en la consulta y en nada más que en la consulta. El verdadero problema que trae de cabeza a los dirigentes de Esquerra es que el mensaje de Guanyem está calando entre sus simpatizantes y militantes de base. Muchos de ellos, con y sin carné de afiliado, están participando en este nuevo espacio político. "Como ya antes participábamos juntos en las calles, luchando codo con codo, ya sea parando desahucios o repartiendo comida en bancos de alimentos", matiza Asens. Un trasvase de militantes que ha abierto el primer cisma en el soberanismo.
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El tema del petroleo es bastante más preocupante de lo que nos dicen habitualmente. Hoy por hoy es casi insustituible y las alternativas están a años luz, quizás el gas natural sea lo que más se le parezca aunque también es un recurso no renovable.
Sin haber una gran recuperación en el mundo está sobre los 100 dolares, cuando las economías empiecen a tirar de verdad ya veremos a cuanto se va.
Y en España con la dependencia del petróleo que tenemos, lo único que se ha hecho es provocar una gran devaluación interna de sueldos para unos y no para todos, con el fin de que nuestras industrias sigan siendo competitivas. A todo esto habría que unir una Administración sobredimensionada que engulle los recursos de la sociedad.
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Parecía que estaba hecho pero nuevamente el plan de salvamento de las autopistas en quiebra ha quedado aplazado a septiembre. El Gobierno suspendió a última hora la reunión que estaba prevista para el jueves 31 lo que impidió que el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones de agosto diera el visto bueno. No hubo encuentro entre Hacienda, Economía y Fomento con los seis bancos acreedores, Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Popular y Sabadell para constituir Seittsa.
La futura empresa pública aglutinará los pasivos y los activos del conjunto de las nueve radiales en quiebra y entre Hacienda y sus representates tendrán que cerrar los flecos que aún están pendientes de resolver. Seittsa será quien asumirá toda la deuda que arrastran las autopistas -unos 2.300 millones de euros- si, como está previsto, las entidades aceptan una quita del 50%.
Ambas partes querían dar por finiquitadas las negociaciones el pasado mes de julio pero algunas de las exigencias que imponían los bancos para la firma no acababan de convencer al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por lo que se ha preferido ampliar las negociaciones hasta el mes de septiembre.
Por un lado, las entidades acreedoras quieren asegurarse que el acuerdo tendrá el visto bueno de Bruselas y que no pone trabas a la creación de la sociedad pública que se responsabilizará de la deuda. Además, exigen que el Banco de España se comprometa con Seittsa de que la deuda que asumen definitivamente de 2.300 millones de euros a través del crédito que otorgan a la sociedad pública está exenta de provisiones, de modo que no afectará a sus cuentas de resultados.
A falta de algunos flecos por cerrar, el acuerdo global pasa porque la nueva sociedad estatal de quien dependerán las radiales en quiebra pedirá un crédito sindicado de 2.300 millones de euros a los bancos acreedores y que estos acepten una quita del 50% del total de la deuda bancaria más la compra de la deuda que tienen los bancos extranjeros, que se eleva a 646 millones de euros.
En un principio, este crédito estaría repartido en un primer bloque de 1.654 millones de euros a un interés que oscilará entre el 1% y el 1,9% y del 4,11% para los 646 millones de euros que adquieren por la deuda de las entidades extranjeras. El plazo para ambos casos sería de 30 años. Desde que arrancaron las negociaciones entre el Estado y la banca, el Ejecutivo ha dejado claro que no pensaba poner ni un duro en el plan de salvación de las radiales Se compromete únicamente a crear una sociedad pública de rescate de las nueve autopistas y que ésta asumiese la deuda pero con una quita del 50%. En la operación final, no existe como tal entrega de dinero público pero sí asunción de deuda por parte de Seittsa y asunción de riesgos por parte de la Administración Central.
Por tanto, indirectamente el rescate para el Estado de las nueve autopistas supone quedarse con unos activos (las radiales) con la mitad de la deuda que actualmente soportan -unos 2.300 millones de euros-. La otra opción habría sido dejar sin resolver el problema y abandonar las autopistas a su suerte. Tal y como sostiene la ministra de Fomento, Ana Pastor, de no acometer el rescate, la responsabilidad patrimonial del Estado se elevaría a 4.600 millones de euros que, a la postre, computaría en el déficit.
Aparte del acuerdo con la banca, las constructoras concesionarias tienen que dar el visto bueno como es el caso de Abertis, ACS, Sacyr, Acciona y Cyntra. Uno de las exigencias que han puesto encima de la mesa es dejar sin efecto las garantías que en su día sellaron con la banca ante posibles insolvencias de las autopistas.