La utopía de la competencia perfecta

En los años en que estudiaba (o lo intentaba al menos) todos los profesores de economía que tuve se empeñaron en demostrar las bondades de un mercado perfecto en el que la libre competencia era la norma; de hecho, buena parte de las teorías económicas de las distintas escuelas parten del supuesto de la competencia perfecta para elaborar sus enunciados. Dentro del campo de la legislación económica, desde la Constitución hasta buena parte de las Leyes, exposiciones de motivos, reglamentos, etc. de nuestro Ordenamiento Jurídico defiende un modelo de mercado en el que la libre competencia sea el motor y la inspiración de nuestra economía. Hasta que salimos del papel. Y nos encontramos con la realidad: la libre competencia, entendida como una gran masa de ofertantes que compiten entre sí en igualdad de condiciones y que no tienen poder para influir individualmente en la regulación de los mercados es una utopía tan grande como la creencia en la bondad innata del ser humano.

De esta forma, los reguladores económicos que intentan defender, promover y restaurar la competencia al libre mercado se encuentran con que, ni es una situación natural de equilibrio en los mercados, ni es una situación deseable o deseada por los actuantes en los mismos (llámese empresas y Gobiernos principalmente). De hecho, por muchos esfuerzos que los reguladores de los mercados hagan para instaurar la libre competencia, imponiendo sanciones a las empresas que abusen de su posición dominante o incluso obligando a las empresas monopolistas a ceder parte de su negocio o a desmembrarse en varias empresas (como ocurrió con la Standard Oil de Rockefeller), lo cierto es que, al cabo de un cierto tiempo, el mercado vuelve a concentrarse en unas pocas empresas dominantes, lo que parece dar a entender que el equilibrio real de los mercados se da cuando se alcanza el oligopolio.

¿Cómo afecta esto a nosotros, los pobres ciudadanos consumidores?

En una situación de competencia perfecta en un mercado, ningún ofertante o demandante tiene poder suficiente para afectar al precio de mercado, existen multitud de empresas que ofertan unos bienes bastante homogéneos y que compiten vía precio para ofrecer a una multitud de consumidores la mejor calidad al mejor precio, dedicando a ello el máximo excedente que su estructura de costes les permite.

Por el contrario, en una situación de competencia imperfecta, como son un mercado oligopolista o monopolista, los ofertantes con un peso relevante en el mercado son pocos (o uno solo), lo que lleva a situaciones de restricción de la producción para fomentar una elevación de los precios, dando lugar a unos mayores márgenes o excedentes que engrosan las ganancias de las empresas dominantes. Los defensores de estos mercados aducen que estos excedentes fomentan la concentración de capital que permite la financiación de grandes proyectos de investigación, así como el aprovechamiento de las economías de escala que se originan al concentrar la producción en unas pocas empresas.

La realidad es que esos excedentes tienen otra misión que no es otra que la retribución del capital de las empresas. Tanto es así que en muchas ocasiones la búsqueda de esta retribución al capital determina la actuación de las empresas, es decir, para las mismas es más importante el reparto de dividendos a los accionistas que el buen servicio a sus clientes vía calidad de producto o precio asequible.

En España, el ejemplo más claro y que más está dando que hablar lo tenemos en el sector energético. Tanto el sector eléctrico o gasístico, como el sector de la producción y venta de hidrocarburos están en manos de unas pocas empresas. Empresas que, como en todo oligopolio, prefieren cooperar entre ellas que competir, lo que les permite la acumulación de recursos para acometer proyectos de inversión de envergadura, por un lado, y para satisfacer las retribuciones correspondientes al capital aportado por sus inversores, por otro. La consecuencia no puede ser otra que el trasvase vía precio de recursos de los consumidores a estas empresas y sus accionistas. Y en nuestro país, este trasvase además es sangrante, porque aunque los oligopolios estén presentes en casi todos los mercados y en casi todos los países, los reguladores estatales de los países de nuestro entorno son mucho más efectivos y cuentan con más medios para forzar a las empresas a aceptar medidas de fomento de la competencia (o de disminución de los abusos a los consumidores, que viene a ser lo mismo).

En España, y aquí podríamos hablar de toda una tradición independientemente del partido que haya gobernado, existe una especial vinculación entre el poder político y el poder empresarial en doble sentido: por un lado los distintos Gobiernos favorecen (o simplemente miran para otro lado) en los casos en los que las empresas dominantes necesitan absorber más excedentes del mercado para hacer frente a sus proyectos de inversión o a sus necesidades de retribución de capital y, por otro, las empresas pagan estos favores posibilitando una “jubilación” más que honrosa a los políticos que les han favorecido creándoles puestos en sus consejos de administración con generosas remuneraciones.

Es así que se entiende que las empresas que más han crecido en los últimos años, sobre todo en el aspecto internacional, en sectores clave de la economía como son las empresas petroleras, las eléctricas y las de telecomunicaciones, cuenten con un alto número de expolíticos en sus consejos de administración y, al mismo tiempo, los consumidores estemos pagando los precios más altos de toda Europa por los servicios que estas empresas ofrecen (ejemplo de la electricidad). Esto sólo significa una cosa: que los consumidores estamos pagando, con el beneplácito de nuestros gobernantes, los planes de expansión internacional de estas empresas consideradas estratégicas, por no hablar del enriquecimiento de sus grandes accionistas.