La medida, posiblemente más política que efectiva, no se habla de un permiso de residencia definitivo, ni mucho menos de ciudadanía, sino de una medida que puede ser revocada por el siguiente inquilino de la Casa Blanca. Por ello, puede no tratarse sino de una medida destinada únicamente a intentar recuperar el voto hispano de cara a las próximas elecciones para los demócratas. Otra cosa sería una reforma integral de la migración, que sólo podría ser llevada a cabo por una ley del Congreso. Pero con esta medida, la Casa Blanca cumple su papel y advierte a la importante minoría hispana del peligro que supondría un republicano en la presidencia.
Por tanto, nada que ver con la gran regularización del gobierno Zapatero en la España del 2005, la más famosa aunque no la única que ha habido en el país. Esta regularización, llevó a que casi 700.000 inmigrantes presentaran la solicitud de regularización, además de otros 400.000 ilegales, familiares de regularizados, que pudieron normalizar también su situación acogiéndose a los distintos supuestos de la ley de arraigo social o laboral. En total más de un millón de inmigrantes regularizados, cifra que hizo decir al entonces Ministro de Trabajo, Jesús Caldera, que sólo quedaban 100.000 inmigrantes ilegales en España, sin haber tenido en cuenta (parece que nadie lo tuvo) el efecto llamada que la medida tuvo, y por la que se estima que 800.000 sin papeles lograron entrar en España para intentar acogerse a la medida.
Esta medida tuvo una serie de efectos, algunos de gran calado, en nuestras vidas. Aparte del aumento de la tensión en nuestras fronteras, con oleadas de cayucos y de asaltos de vallas, la Unión Europea mostró su descontento, porque muchos inmigrantes aprovecharon la regularización para poder continuar su viaje hacia Europa; igualmente, tuvo también efectos sobre la economía sumergida, ya que afloraron entonces muchos empleos hasta entonces inexistentes, sobre todo en los sectores hosteleros, de la construcción y del servicio doméstico.
Pero el mayor efecto, el que más consecuencias tuvo, fue la presión hacia abajo de los costes laborales. De golpe y porrazo cientos de miles de inmigrantes, la mayoría de baja cualificación, pudieron acceder a empleos de manera legal en España, lo que empujó los salarios a la baja. El efecto quedó bastante camuflado debido a que vivíamos en aquella época en plena euforia constructora, siendo ese el sector que absorbió a buena parte de estos recién llegados al mercado laboral. Por tanto pudo tratarse (si no hacemos caso del “buenismo” del que parecía hacer gala Zapatero) del primer intento de devaluación salarial en nuestro país en el siglo XXI. Nada que ver, pobre ingenuo, con lo que consiguieron sus sucesores en la Moncloa, sin necesidad de la ayuda de esta ingente cantidad de personas.
La medida igualmente en Estados Unidos difícilmente va a afectar a los salarios a la baja: hablamos de un colectivo de más de un millón de personas, pero en una población de más de 316 millones de personas y con una tasa de paro del 5,8%. En cuanto al efecto llamada, difícilmente se va a dar: ya han advertido que se endurecerán las medidas para los ilegales, aparte del posible carácter efímero de la regularización en sí. En la España del 2005, por el contrario, sí se produjo un efecto llamada (por lo que el número de ilegales no se redujo, sino que pudo hasta aumentar) y se integró de golpe a más de un millón de personas al mercado laboral en un país con un 9,2% de paro y algo más de 40 millones de población. Este aumento de la población activa en más de un 5%, con un millón de personas dispuestas a trabajar, muchos de ellos casi a cualquier precio con tal de obtener los papeles de la regularización, tuvo que incidir en los salarios a la baja en aquellos trabajos que requerían de menor formación.
Por tanto, la comparación no es posible: mientras que esta medida en Estados Unidos obedece a fines políticos y no tendrá seguramente un efecto real en su economía. En España en el 2005, el único fin fue seguramente ceder a las presiones de la patronal, que seguía demandando mano de obra barata para seguir construyendo y alimentar la burbuja, de cuya explosión aún vivimos los efectos.
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El desplome del petróleo ha dado alas en bolsa a las aerolíneas en los dos últimos meses pero sobre todo ha impulsado a dos valores por encima de sus competidores: IAG y Ryanair. El desplome del oro negro de las últimas semanas se ha visto ha acompañado por la dilución de los riesgos del eventual impacto del ébola sobre el sector y por la presentación de resultados trimestrales y las previsiones anuales de todas las entidades cotizadas. El descenso del combustible se ha convertido un soporte adicional para el rallie general de esta industria desde el mes de octubre
Economías avanzadas: lo bueno, lo malo y lo feo http://dlvr.it/7dR0Y9
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Mientras en España el sector de la construcción y de la obra pública sigue en un estado de atonía a la espera de una recuperación más clara del PIB, del empleo, del crédito, del consumo y de las inversiones públicas, algo que no parece que se vaya a producir hasta el 2016, las grandes empresas constructoras cotizadas españolas siguen aumentando la cartera de contratos en el extranjero.
Es la única fórmula de asegurar su supervivencia, estando esta actividad cerca de alcanzar el 85% en lo que se refiere a obras pendientes de ejecutar. Objetivo prioritario de muchas de ellas: reducir la deuda.
De entre las grandes empresas del sector, las dificultades por las que atraviesa FCC han sido las que más han tenido entretenidos a los analistas y a los medios económicos, aunque todo parece indicar que los problemas puedan entrar definitivamente en vías de solución.
Al menos, los que han llevado a la compañía a una muy difícil situación y que han estado motivados por las graves dificultades financieras de su máxima accionista, Esther Koplowitz –“la señora” como es conocida en el sector-, aunque la compleja solución pasa por la pérdida inicial del control de la sociedad, factor que llevó a la empresa a una situación cercana al no retorno.
El caso FCC
Los analistas ponen de relieve, pese a la quita del 15% de una parte de la deuda y la ampliación de 1.000 millones de euros prevista para finales de mes, la ardua tarea que queda por hacer en la compañía constructora que ha atravesado uno de los momentos más delicados de su historia, aunque confían que tras el encmbramiento de Koplowitz, el vicepresidente y consejero delegado, Juan Béjar, el hombre elegido por la banca para sanear la empresa, pueda empezar a actuar sin las cortapisas a la que dicen ha estado sometido hasta ahora por las interferencias de la accionista que ejercía el control.
Béjar, que sustituyó hace poco más de un año al anterior primer ejecutivo Baldomero Falcones, ha debido hacer frente a una situación extraordinariamente difícil a la que había llevado la compañía Falcones, lo que no impidió que fuera “despedido” con una indemnización multimillonaria.
Hoy, FCC tiene que seguir haciendo frente a un ajuste y redimensionamiento de sus estructuras, instaladas en una grandeur imposible que la hacen poco competitiva en algunas áreas, a lo que hay que sumar la pérdida del músculo financiero que hizo fuerte a la compañía en el pasado y que ha quedado reflejada en una pérdidas nada desdeñables de casi 790 millones de euros al término del tercer trimestre.
La compañía dice que el problema puede estar en vías de solución con el aterrizaje de inversores de referencia como Carlos Slim, Soros o Gates en el capital de la compañía, algo que en el sector se ve con cierta incredulidad al considerarlo más como una operación de marketing que como una operación de creación de valor, ya que tal como se plantea parece que el problema está en que Koplowitz siga manteniendo el control de la sociedad en lugar de en abordar una reestructuración seria del negocio.
En cualquier caso, la inicial pero fallida entrada de Soros merece una explicación aparte y todo parece indicar, según informaciones periodísticas, que éste pensaba adquirir un FCC con un descuento de hasta el 20%, lo cual, ya descartado , hubeira sido una mala noticia ya que hubiera marcado una referencia para el resto de accionistas, y por tanto, presionar la cotización de la sociedad a la baja.
Como grupo líder del sector, aparece ACS y su presidente Florentino Pérez que, a decir del sector, gestiona la compañía como gobierna el Real Madrid y su palco de autoridades, lo cual tiene sus ventajas aunque también sus inconvenientes como quedó claro cuando dimitió en 2006 como presidente del club blanco antes de que éste encadenara una tercera temporada consecutiva sin títulos.
Los últimos resultados trimestrales han decepcionado, especialmente la evolución del EBITDA, el circulante y, sobre todo, la deuda, en un año en el que se espera continúe la restructuración del grupo y la obtención de sinergias entre las distintas filiales, entre las que están la alemana Hochtief y la australiana Leighton, cuyas cuentas consolidadas están siempre sujetas a un estricto escrutinio por parte de analistas y del propio sector que ven con recelo algunos de los parámetros financieros de ACS.
Lo que sí ha demostrado Pérez han sido sus capacidades y dotes empresariales y políticas, para bien o para mal, y para demostrarlo ahí está el asunto Castor del que ha salido indemne sin que a nadie parezca haberle importado lo más mínimo la solución que se le ha dado, aunque pueda parecer que encierra un claro ejemplo de connivencia perversa o de colusión de intereses entre administración pública y empresa privada y cuyo resultado es un claro perjuicio para con los intereses de los ciudadanos que son los que terminaran pagando el desaguisado.
Por las razones que sean, son pocos en España los medios que están dispuestos a entrar en el mundo ACS-Real Madrid, aunque el tipo de negocio de ACS, sus estructura de deuda o su apalancamiento, haya llegado a preocupar hasta al propio Wall Street.
Algunos creen ver en su reciente incursión en el mundo de la limpieza municipal todo un síntoma de lo que está pasando en ACS, cuya filial Urbaser se encargará de la retirada de los desperdicios acumulados en las calles madrileñas en situaciones excepcionales durante los próximos siete años, prorrogables otros dos más y lo hará a cambio de ingresar 61,7 millones de euros, una cifra un 15,7% más barata que la del presupuesto ofrecido por el Gobierno municipal.
Ferrovial es, posiblemente, la mejor empresa del sector como consecuencia de acertar en su estrategia de negocio y lo demuestra ganando mucho dinero y haciendo gala de una capacidad de gestión envidiable como ha quedado claro con los aeropuertos y las autopistas.
Pillada en corrupción
Es la única constructora que fue “pillada” en un caso de corrupción como el caso Palau y eso sigue afectando a la constructora que ha aprendido la lección y ha decidió trabajar conjuntamente con los medios de comunicación más influyentes como parte de la solución.
En esas circunstancias, es menos preocupante que les quiebre una autopista en Indiana o que alguna otra pueda correr el mismo camino en EEUU. El antídoto, según los mal pensantes, patrocinar algún acto de la presidenta chilena Bachelet y el diario El País, financiar el XXV aniversario de El Mundo u organizar un viaje de periodistas a la inauguración de una autopista en Texas.
Acciona es otro de los grupos que ha atravesado serios problemas en los últimos tiempos como consecuencia de la “política” energética del gobierno Rajoy que ha dejado a los pies de los caballos a las empresas que habían apostado fuerte con las renovables como es el caso de Acciona, Abengoa o ACS.
Hoy, todo parece indicar que tiene como asignatura pendiente redefinir su actividad que le permita recuperar su maltrecha situación en el mundo de las renovables y algún que otro tropiezo protagonizado en el sector del agua, ya que según los analistas “Acciona ha empeorado el guidance de EBITDA (de plano a -8%, -22%E), aunque factores no recurrentes le están permitiendo un fuerte crecimiento en el beneficio neto”.
OHL es otra de las grandes llamada a protagonizar un salto cualitativo en un futuro inmediato como consecuencia de la cercana retirada de su líder, Villar Mir, y su muy personal manera de hacer negocios y la aparición de un nuevo primer ejecutivo como es el ex ministro Piqué.
A Piqué le espera continuar con las desinversiones y una intensa actividad si quiere recuperar la mejor OHL y de ello dan fe los últimos malos resultados obtenidos, la cuenta de explotación y sus mermadas capacidades a la hora de abordar algunas obras en el exterior.
En Sacyr, las aguas vuelven a su cauce tras pacificar el asunto de Panama y conseguir un razonable grado de saneamiento y estabilidad financiera que perdió durante la etapa de del Rivero y prueba de ello es la estabilidad en el beneficio neto conseguido. Por lo que parece, está en proceso de liquidar, por fin, Vallehermoso, refinanciar su participación del 9% en Repsol de donde perciben suculentos dividendos y ampliar el capital de Testa.
Sacyr, forzar la máquina
Como alguna de sus colegas, tiene la tarea pendiente de reforzar su estrategia para asegurar su posicionamiento y todo parece indicar que van a forzar la máquina en su internacionalización y en hacerse fuertes en la actividad industrial relacionada con el sector energético, no en vano su paso por Repsol les permite tener un observatorio privilegiado en este sector.
Aunque no forma parte de los grandes grupos constructores queda, por último, Abertis, la concesionaria por antonomasia de las autopistas españolas participada por la Caixa, en donde gestiona directamente más de 1.500 kilómetros, lo que representa el 59% del total de vías de peaje del país y que tras anunciar la intención de realizar una OPV para la división de telecomunicaciones, que permitirá a la empresa resultante tener más autonomía propia para financiarse y una mayor visibilidad a futuro, en su plan estratégico para 2015 prevé acciones en países como Francia, Brasil, Chile, Estados Unidos y Europa Occidental. En España, al día de hoy, queda poco por hacer.
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El ministro de Economía, Luis de Guindos, y el Gobierno en su nombre ha vuelto perder la oportunidad de adelantarse a los acontecimientos. Ha tenido que esperar a que finalizara el período de moratoria parcial de la normativa sobre desahucios en España, para anunciar en el Senado las nuevas medidas del Gobierno. Seguro que son muy relevantes las mismas, pues afecta nada menos que al Fondo Social de la Vivienda, que se ampliará un año más.
De Guindos ha añadido además que estudia mantener la moratoria hipotecaria que se mantiene en vigor hasta mayo del año que viene. Pero esto tendría que haberlo hecho antes de que el Partido Socialista le hubiera interpelado en el Senado y hoy vuelva a hacerlo en el Congreso de los Diputados, donde le preguntarán por el problema de los desahucios que no sólo no ha desaparecido, sino que sigue muy vivo.
Como ha recordado la plataforma de afectados por el problema de los desahucios, pese a la moratoria, en lo que va de año sólo se han parado el 8% de los desahucios. 26.549 familias han perdido su casa en los seis primeros meses, un 24,4 % menos que un año antes. 17.472 de los desahucios se han producido por decisión judicial. Los acuerdos con los bancos para entregar la vivienda a cambio de no tener que seguir pagando han alcanzado los otros 9.077 casos.
Resulta inaudito que siendo una materia de esta sensibilidad, el Gobierno no lo haya anunciado antes, pese al tiempo que ya ha pasado desde que Tribunal Europeo de Luxemburgo diera un varapalo a la avaricia de la banca. Por desgracia, en el entorno financiero tratan de restar importancia al caso de los desahucios en nuestro país poniendo sobre la mesa lo pequeño que resulta el problema si nos centramos en porcentajes.
Según los datos dados a conocer por el Banco de España el pasado día 13 en España contamos con un total de 6.553.470 hipotecas. De ellas 5.953.411 son hipotecas para vivienda habitual, mientras otras 600.059 hipotecas lo son para otras viviendas.
Así, según señala el propio Banco de España que los 26.549 casos de ejecución hipotecaria suponen sólo el 0,41 % respecto del número de hipotecas a hogares para adquisición de vivienda, que se rebaja al 0,33 % si se compara con la vivienda habitual.
Es verdad que estadísticamente el 0,41 % de algo no es mucho. Pero si extrapolamos para todo el año, los más de 50.000 desahucios que se producirán previsiblemente en 2014 suponen un grave drama para cada una de esas familias, que multiplicado por un mínimo de dos personas por familia puede hacer que se supere, con total seguridad, las 100.000 personas que este año se van a ver privadas de un bien como es la vivienda, cuyo derecho reconoce la Constitución española.
Parece lógico que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) denunciara recientemente que, pese a la intervención de Tribunal Europeo de Justicia, sólo se han podido parar el 8 % de las 162.862 órdenes de desahucio de los dos últimos años. Eso teniendo en cuenta la moratoria parcial aprobada por el Gobierno en noviembre de 2012.
El anuncio del ministro de Economía les devolverá a algunos la tranquilidad. Pero si el Gobierno tenía previsto tomar esta decisión, ¿por qué se empeña en hacerlo tan mal y darlo a conocer cuando le interpelan en el Senado y el Congreso?
El 52,9% de las familias con hijos menores de edad no logran ahorrar este año - http://www.diarioabierto.es/226153/el-529-de-las-familias-con-hijos-menores-de-edad-no-logran-ahorrar-este-ano …
"Reestructurar la deuda equivale a ser expulsado de los mercados" http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/53284-el-bundesbank-avisa-a-podemos-reestructurar-la-deuda-equivale-a-ser-expulsado-de-los-mercados …