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La imparable lucha contra la corrupción

corrupcionLa cruzada de justicia contra aquellos delincuentes que aprovechan sus cargos políticos para enriquecerse ilícitamente (ojo, que el que aprovecha su cargo para enriquecerse lícitamente, no es un corrupto, es alguien que conoce la ley y sus recovecos), cuenta con un nuevo hito en su camino: ya tenemos el Portal de la Transparencia.

Sin desmerecer la medida, habrá que ponerla en su sitio: sólo es un lugar donde obtener información muy variada: desde los currículums de nuestros altos cargos, hasta información acerca de subvenciones, contratos públicos y, por supuesto, los sueldos de los altos cargos de la Administración General del Estado.

En mi búsqueda de información para saber de lo que hablo, tres intentos me ha llevado el acceder a la información del Portal, no porque sea complicado, sino por las reticencias generadas por la exigencia del registro, ya que se pide DNI y nº de cuenta bancaria (¡?); y además tras aportarlo, ni siquiera se ingresa automáticamente, sino que ha de esperarse a la “invitación” autorizada por la Agencia Tributaria (otro ¡?), por tanto se percibe la sensación de que el portal está, la información también, pero cuanto menos gente acceda, mejor. En cuanto a los contenidos, muchos de ellos ya estaban disponibles en otros portales, pero lo importante es que la información está dispuesta para leer, no para descargar, lo cual es otro síntoma de sentirse no invitado para el visitante.

En definitiva es un paso, pero no como medida estrella contra la lucha contra la corrupción, para esto más valdría dotar de medios y de independencia al poder judicial. De hecho, las medidas anticorrupción del Gobierno más parecen un lavado de cara frente a la galería que una lucha efectiva, ya que con luz y taquígrafos ponen en marcha medidas y por detrás en los callejones ponen todo tipo de trabas a la lucha efectiva; llámese el caso de la inminente sustitución del juez Ruz, que retrasaría el caso Gürtel y sus relacionados (como el caso Bárcenas) más de un año, hasta después de las elecciones.

Así, este tipo de portales, no son un arma propiamente dicha contra la corrupción, ya que no se sabe si esa información se contrasta ni a qué nivel. Por ejemplo, están los currículums de los altos cargos, pero ¿están contrastados? No hay que olvidar que cuando se elige a un alto cargo se hace a dedo normalmente, de modo que lo que menos importa es el currículum; así tenemos a día de hoy a un filólogo al frente del Ministerio de Sanidad.

Por otro lado, en cuanto a los datos económicos, el hacer que los cargos públicos deban declarar sus bienes al jurar el cargo y al dejarlo para comprobar si hay enriquecimiento ilícito, está bien, pero realmente es una tarea un tanto inútil: el corrupto, al igual que el defraudador nunca declararía los bienes y/o ganancias que obtiene de forma ilícita; usará testaferros, la consabida lata de Cola Cao o cualquier otra manera de asegurarse su lucro sin que la Agencia Tributaria pueda echar mano de sus ganancias.

Por último, en cuanto al debate generado por el hecho de que según qué cargos cobren más que el propio Presidente del Gobierno (sin desmerecer los más de 78.000 € que éste cobra, limpios de polvo y paja) sólo es un síntoma más de la política de descontrol y de despilfarro llevada a cabo desde que este país es democrático: se asignan cargos a dedo y, por supuesto, sus sueldos también, sin más limitación que las partidas presupuestarias adscritas. Igualmente, dependiendo de la Administración para la que el político realice su buen hacer recibe una contraprestación u otra, siendo así que existe una enorme disparidad entre lo que cobran los distintos presidentes autonómicos o los alcaldes de las distintas ciudades, teniendo muchos de ellos más sueldo que el Presidente del Gobierno y su equipo de Ministros.

El caso es que el Gobierno, para tratar de organizar este caos, ha optado por lanzar un globo sonda: ha determinado que los políticos en este país cobran poco (menos que cargos como los Secretarios de Estado) y que la solución pasa por subirles el sueldo, con lo cual se eliminarían también las tentaciones de la corrupción, como si un político bien pagado fuese incorruptible. De todos modos, visto el alcance y la voracidad de algunos imputados, no se me ocurre cual debería ser su sueldo para comprar su honradez. Igualmente, todo ha quedado en eso, en un globo sonda, ya que la Vicepresidenta Soraya Sáenz, ya ha anunciado que el Gobierno, frente a este descontrol, hará lo que mejor sabe hacer: nada; ni subirá sueldos a Ministros ni los bajará a los altos cargos, ya que los salarios públicos están congelados. Igualmente, la explicación de este desfase ha sido que en 1998 se subieron mucho los sueldos de los distintos cargos de la Administración a través de complementos de productividad; ese complemento nunca se aplicó a los ministros, porque sus sueldos eran los únicos que se hacían públicos y el Gobierno quiso evitar la polémica de esa subida.

Manuel González

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  • Buenos días.
    Hoy me he desayunado con las declaraciones de "la Cospell": "La corrupción es de todos".
    Es preocupante que una persona tan abyecta haya llegado a ocupar cargos tan importantes, pero es más preocupante aun que los siga ostentando.
    Aunque ahora que lo pienso... seguramente tiene razón por eso mismo.
    Salu2.

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  • ¡Una vergüenza esta ley de "transparencia"! Seguimos sin saber cuántos asesores y cuántas libres designaciones hay... y qué ganan, siendo esto lo principal a controlar, ya que son los brazos ejecutores de las tropelías que pueden comenter los "altos cargos".
    Transparencia sería que se accediese a la Administración en auténticas condiciones de igualdad, con una carrera administrativa en la que primase, por encima de todo, la competencia y capacidad, no la económica sino la profesional, con auténticos concursos de méritos hasta el nivel 30 inclusive.
    Desgraciadamente hoy por hoy, los puestos del nivel 26 para arriba (salvo excepciones y sólo en este nivel 26) están reservados a la élite económica y en el ejército nadie que haya entrado como soldado raso podrá llegar nunca al generalato.
    ¿Es transparente y no es susceptible de sospecha que un Grupo A (y muchísimos diputados, asesores, libre-designados y altos cargos lo son...)pueda controlar cuánto ganan de trienio y complementos cuando son ellos los que negocian sus retribuciones complementarias? Un trienio retribuye el mero, simple y tonto, paso del tiempo, pero un Grupo A gana 42,65 €. (que conserva y sigue incrementado si hace carrera política) mientras un Grupo C2 cobra 13,47 €., cuando el tiempo pasa igual para ambos y, objetivamente, dejar pasar el tiempo no supone ningún mérito si no es aprovechado.
    Esta "Ley de transparencia" no añade nada a lo que los avezados buscadores de "mamandurrías" ya sabíamos detectar en los boletines oficiales...

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  • Casi dos tercios de la deuda soberana mundial se registra en dólares http://dlvr.it/7qBGbD

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  • El Banco de Rusia elevó su principal tasa de interés de 10,5 a 17% en una medida desesperada para apuntalar la moneda local, el rublo, así como para ayudar a la economía del país a sortear sus dificultades financieras.

    La medida fue anunciada el martes en Moscú después de que el rublo perdiera casi 50% de su valor desde enero ante los efectos negativos de las sanciones de Occidente impuestas al país por el conflicto en Ucrania y la caída internacional de los precios del petróleo.

    La precipitación del rublo podría disparar la inflación a niveles peligrosos y paralizar la economía rusa.

    La agresiva decisión del Banco Central pone de relieve la magnitud de los peligros financieros que enfrenta Rusia. Refleja además los temores de las autoridades de que una declinación del rublo provoque compras de pánico, incite a los ahorradores a sacar su dinero de los bancos y profundice los problemas económicos de Rusia.

    Subiendo las tasas de interés, el banco confía en que los inversionistas consideren financieramente más atractivo mantener su dinero en Rusia.

    "Adoptaron la medida como incentivo para alentar a la gente a que mantenga sus rublos en el país en lugar de que continúen abandonándolo y sacando sus divisas", dijo Barry Eichengreen, economista de la Universidad de California en Berkeley.

    "Es una estrategia para ganar tiempo. No resuelve ninguno de los problemas centrales de la economía rusa", como la caída de los precios del petróleo, las sanciones occidentales y la corrupción a gran escala, agregó.

    Este tipo de desafíos son particularmente difíciles porque la economía rusa depende en muchísima medida de los ingresos petroleros y carece de diversificación para resistir severas dificultades económicas.

    En la actual coyuntura, la economía rusa queda a merced de los mercados financieros globales, en los que el petróleo se cotiza en dólares. El precio promedio del barril de crudo ha descendido debajo de los 56 dólares desde su nivel más alto de 107 dólares durante el verano.

    El gobierno ruso ajustó recientemente a la baja su previsión de crecimiento para 2015 y afirmó que la economía caerá en recesión.

    Sin embargo, existe peligro de que el alza de la tasa de interés sea contraproducente. Se corre el riesgo de que este aumento para contener la inflación inflija mayor daño económico, destacó Eichengreen.

    Si bien el aumento de las tasas puede atraer dinero de los inversionistas, también puede suprimir el crecimiento porque dificultará el crédito y el gasto de los consumidores y las empresas.

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  • El con­sejo de Repsol ha dado luz verde para que la pe­tro­lera ad­quiera la pe­tro­lera ca­na­diense Talisman Energy Inc.. La oferta os­cila entre 8 y 8,50 dó­la­res, frente a los 11 dó­lares que mar­caron el ve­rano pa­sado, lo que su­pone va­lorar la ad­qui­rida en torno a unos 10.000 mi­llones de eu­ros. Se cierra así un acuerdo que se pa­ra­lizó en julio pa­sado tras meses de ne­go­cia­ciones como con­se­cuencia de la caída del precio del crudo. El precio que Repsol abo­nará por la pe­tro­lera ca­na­diense es di­fícil de pre­cisar ha­bida cuenta de que los tér­minos del acuerdo no se han anun­ciado ofi­cial­mente, a la es­pera de la acep­ta­ción del con­sejo de la ca­na­diense

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  • España es una potencia pequeña o en todo caso de nivel medio. Google, en cambio, ha cambiado el mundo, o al menos la manera en que la gente se entera de las cosas. De las noticias y de casi todo lo demás. Los editores miembros de Aede, a esos niveles, son unos alfeñiques. Pero bajo la polémica del Canon Aede y la desaparición mañana martes de Google News bulle un océano proceloso, una guerra feroz.

    Este es el punto de dis­cu­sión que lanza sobre la mesa de de­bate la mí­tica y casi cen­te­naria re­vista cul­tural The New Yorker, que algún medio algo des­pis­tado con­funde con un dia­rio. No es ni si­quiera una te­sis, pero a me­dida que han ido pa­sando los días desde el anuncio de cierra del ser­vicio de no­ti­cias del gi­gante tec­no­ló­gico, la pugna España-Google ahonda en su sig­ni­fi­cado, en los an­te­ce­dentes y en las con­se­cuen­cias.

    El ar­tícu­lo-en­sayo de The New Yorker, fir­mado por Vauhini Vara, se ti­tula en este sen­tido apro­pia­da­mente así: ‘España versus in­ter­net’. Vara, que fue re­dac­to­ra-­jefe de Economía en la re­vista y bas­tantes años re­dac­tora en­car­gada de tec­no­logía en The Wall Street Journal, da un paso más que Emily Greenhouse en Bloomberg, que ti­tula de esta otra forma su aná­li­sis: ‘La guerra de España contra Google’.

    Y ambos van to­davía un poco más allá de las pri­meras reac­cio­nes. En ellas, la sor­presa se unió al es­tu­por, y la in­dig­na­ción a las crí­ticas más se­veras contra los edi­tores es­pa­ñoles y sobre todo contra un Gobierno que ha pro­pi­ciado la re­forma de la Ley de Propiedad Intelectual con la in­fu­mable cláu­sula de com­pen­san­ción ‘irrenunciable’ por parte de quienes en­lacen con­te­nidos de los me­dios con in­clu­sión de ex­trac­tos, por mí­nimos aunque sean. Como ejemplo de­fi­ni­to­rio, el ti­tular de Gizmodo: ‘Una ova­ción ce­rrada a Google por ave­gonzar a España en todo el mun­do’.

    No es que Emily Greenhouse, tam­bién como ejem­plo, no atice las pa­ve­sas, aunque con la inevi­table me­tá­fora tau­rina: ‘Para un gi­gante como Google, el mer­cado pe­rio­dís­tico es­pañol es una mi­nu­rria, un ma­le­tilla frente a un miura ase­si­no’. Pero tam­bién re­co­noce que al con­se­guir que Google mueva fi­cha, ‘al menos es po­sible que la de­ci­sión es­pa­ñola pueda ser un punto de in­fle­xión’ en la bús­queda por parte de los edi­tores de re­cibir un pago por sus con­te­ni­dos. Por eso añade: ‘De modo que aunque España no sea un gran ne­go­cio, la apuesta puede tener al­cance eu­ro­peo’.

    Tanto Bloomberg como The New Yorker citan en este sen­tido una vez más una frase bas­tante re­ciente que ha pa­sado a primer plano en la te­si­tura ac­tual. Fue una de­cla­ra­ción al diario fi­nan­ciero alemán Handelsblatt del co­mi­sario para la Economía y Sociedad Digital, Günther Oettinger: ‘Si Google toma pro­piedad in­te­lec­tual de la UE y hace uso de ella, la UE puede pro­teger esa pro­piedad y exigir que Google pague por ello’.

    Si se lle­gara a ese punto, ¿cerraría Google News en los demás países de la UE? Pues pro­ba­ble­mente no, porque hay mucho en juego. Greenhouse en­tre­vista a este res­pecto a Angela Mills-Wade, di­rec­tora eje­cu­tiva del Consejo Europeo de Editores, que muestra su ‘asombro’ por que Google haya dicho que no ob­tiene be­ne­fi­cios con Google News al no in­sertar pu­bli­ci­dad: hace seis años, en 2008, la vi­ce­pre­si­denta de Google Marissa Mayer re­veló que el ser­vicio Google News a es­cala mun­dial valía al menos 100 mi­llones de dó­la­res. Y las au­to­ri­dades fis­cales y de com­pe­tencia de la UE tratan tam­bién de sacar ta­jada ante el po­derío de Google y otras tec­no­ló­gi­cas.

    Pero no es di­nero todo lo que re­luce, o lo que no queda claro en este caso. También está en juego la li­bertad de in­for­ma­ción, de en­la­ces, de puertas abiertas al co­no­ci­miento y a la ini­cia­tiva en el mundo de in­ter­net. Ahí hay di­nero, claro que sí, pero para los Gobiernos puede ser un que­bra­dero de ca­beza. La se­gunda con­se­cuencia del Cano Aede y del cierre de Google News en España es que se ha des­en­ca­de­nado una ba­talla dentro de la gue­rra.

    China ha obli­gado a Google a aceptar fil­tros de cen­sura a in­for­ma­ciones del ex­te­rior. Rusia está tra­ba­jando para ce­rrar su es­pacio ci­ber­né­tico to­tal­mente en un mo­mento dado si con­si­dera que hay pe­ligro para la se­gu­ridad na­cio­nal. La Justicia eu­ropea ha va­li­dado el ‘derecho al ol­vi­do’, a ins­tan­cias pre­ci­sa­mente de un ciu­da­dano es­pa­ñol.

    The New Yorker in­cor­pora como ma­teria de re­fle­xión el co­men­tario de Jeremy Malcolm, de la Fundación por la Libertad Electrónica: ‘El en­lace es fun­da­mental en el fun­cio­na­miento de la Web’, pero ‘dicho esto, no existe nada es­crito que avale le­gal­mente el de­recho a en­la­zar, ni ningún acuerdo in­ter­na­cio­nal’.

    Malcolm vi­sua­liza un fu­turo po­si­ble­mente más res­tric­tivo: ‘Una vez que sea ilegal que los agre­ga­dores en­lacen no­ti­cias de por­tales pú­bli­ca­mente dis­po­ni­bles, les sería mucho más fácil hacer a quienes pre­tenden prohibir otros tipos de en­la­ces, como a los vi­deos po­lí­ticos de YouTube’. Y la propia Vauhini Vara, sin com­partir del todo ese te­mor, está de acuerdo en que ‘la li­bertad en in­ternet está en de­clive en todo el mun­do’.

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