Cómo aparcar la corrupción del panorama electoral

Si es misteriosamente casual o casualmente misterioso es algo difícil de decir. Dos de los principales jueces que están actuando en contra de los intereses del partido en el poder serán próximamente apartados de sus cargos por causas totalmente legales y claras pero, asimismo, evitables. Una tercera magistrada pende de una decisión si ha de abandonar la meticulosa e interminable investigación a la que está sometiendo al principal partido de la oposición en su feudo tradicional.

Y no es por pensar mal, pero en un año con casi todas las citas electorales que podríamos tener, resulta curioso que los tres magistrados tengan que abandonar su cargo antes de las citas con las urnas dejando a sus sucesores una serie de temas pendientes que, por su complejidad y trascendencia, no ofrecerán más resultados hasta pasado un tiempo, que es realmente lo que necesitan esos partidos para cubrir el flanco de la corrupción dentro de su estrategia electoral.

El primero de los afectados, con apenas 34 años, y tras una breve escala como juez de refuerzo en la Audiencia Nacional, Pablo Rafael Ruz Gutiérrez, que fue elegido a mediados de 2010 para sustituir a la máxima estrella judicial hasta entonces, Baltasar Garzón, al que nadie pensó que llegaría a eclipsar. Durante estos años ha lidiado con los casos más polémicos del panorama judicial español: el caso Faisán (o el misterioso caso del chivatazo a ETA), el fichaje de Neymar, o los mejores de todos, la trama Gürtel, con sus innumerables ramificaciones, y el caso Bárcenas, el examigo de Rajoy.

Con respecto a este último caso, y siguiendo las palabras del propio Rajoy, que dijo que las elecciones se decidirían por la economía, el juez Ruz ya ha dado por concluida la investigación de los “papeles de Bárcenas” considerando acreditado que el PP dispuso de una “caja B” entre 1990 y 2008, con la que sufragó campañas electorales, sobresueldos a dirigentes y las reformas de sus locales, entre ellos su sede central. Con entradas de fondos procedentes de donativos de empresas de casi 8 millones de euros, empresas a las que no se les ha podido acusar de cohecho al no poderse establecer una relación causal entre los donativos y las concesiones de obra pública, pero que sí permitirán juzgar a los extesoreros del partido y ya se verá a qué responsables del mismo por delito fiscal. Con salidas de fondos que supuestamente iban a sobresueldos de altos cargos del partido, compra y reforma de sedes del mismo, financiación de campañas electorales, donativos a víctimas de terrorismo y enriquecimiento de los propios tesoreros. A destacar la partida de 1,55 millones de euros para la reforma de la sede de Génova del PP.

El caso es que en estos días el juez Ruz acaba con la sustitución que venía desempeñando en la Audiencia Nacional y desempeñará sus funciones en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Móstoles, pasando a su puesto hasta ahora el juez José de la Mata Amaya, que tampoco es el titular de la plaza, siendo también un sustituto en comisión de servicios. Con esta acción, totalmente legal, se paraliza durante un tiempo la investigación, al menos hasta después de las elecciones.

En cuanto al segundo de los casos de magistrados a quienes se les niega poder continuar con su labor de investigación es José Castro, famoso por el caso Noos y su imputación a la Infanta, pero más relevante para el partido gobernante por su investigación del caso Palma Arena y su imputación al exministro Jaume Matas, dentro también de la trama Gürtel, que viene a ser como como un enorme bicho con cara de señor con bigote que mantiene ocupados a buena parte de los juzgados de España. El asunto es que el caso Palma Arena, del que sólo se han esclarecido 7 de las 26 piezas de las que se compone, supone la investigación del supuesto desvío de más de cincuenta millones de euros públicos en forma de contratos y adjudicaciones ilícitas durante la construcción del velódromo palmesano (2005-2007). Una de esas piezas, la causa contra Matas abierta por el caso de la ópera de Calatrava, por el que el arquitecto valenciano acabó percibiendo hasta un total de 1,2 millones de euros por un proyecto asignado a dedo que nunca se llevó a cabo, ha podido cerrar recientemente su proceso de instrucción,.

Con el septuagésimo cumpleaños del juez, su jubilación forzosa y la negativa de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Baleares a la petición del juez de poder continuar en su cargo hasta terminar la instrucción del caso Palma Arena, se da un poco de tregua a la estrategia electoral del PP, pero sobre todo a la defensa de Matas.

En cuanto al tercer magistrado que queda apartado de su labor actual es la jueza Mercedes Alaya, esta vez por la vía del ascenso, dejando su actual plaza de instructora del caso de los ERE fraudulentos en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y pasará a desempeñar la plaza de Magistrada de lo penal de la Audiencia Provincial de Sevilla. De momento, Alaya ya ha pedido diferir su traslado hasta que la instrucción de las causas “esté avanzada o concluida para no causar un importante menoscabo al servicio público que se presta”. Le han dicho que sí hasta que su juzgado tenga nuevo titular. Mayo o junio. Lo que también se especula es con la posibilidad de que pueda solicitar una prórroga de un año más en este puesto, de lo que hay precedentes por parte del juez ayudante del Caso Malaya.

Con siete macrocausas abiertas, entre las que destaca el caso de los ERE, numerosos roces con la Fiscalía y la Audiencia por la lentitud de la instrucción y la falta de medios que ella ha aducido, con algunos ilustres del PSOE entre los más de trescientos imputados y con unas cifras de fraude que podría alcanzar los 3.015 millones de euros, cantidad pendiente de justificar en los cursos de formación entre los años 2005 a 2013, según la intervención General de la Junta de Andalucía, su traslado a la Audiencia Provincial daría un respiro a los encausados aunque no la apartaría totalmente del caso.

Así las cosas, los partidos principales afrontarán las próximas elecciones tratando de eludir la corrupción, que será el arma principal de los partidos emergentes, con la que paliarán sus posibles carencias de programa.