Este fenómeno, en claro proceso expansivo, tiene mucho que ver con dos aspectos determinantes: por un lado la depreciación del factor trabajo, es decir, la continuada bajada de los salarios propiciada por el Gobierno y, por otro, las existencia de distintas fórmulas que permiten a las empresas cubrir sus puestos laborales con empleados contratados a bajo coste, tanto en lo que corresponde a la nómina propiamente dicho, como en lo que corresponde a cotizaciones, impuestos y coberturas sociales. Al fin y al cabo, las distintas modalidades de empleo que se pueden ofrecer en el mercado laboral, responden, a día de hoy, a la política seguida de abaratar lo máximo posible la mano de obra de modo que la economía española gane en productividad a costa de la reducción salarial.
Así, al margen de la contratación a tiempo parcial, que en muchos casos viene encubriendo la realización de horas extras que ni se declaran ni se pagan, podemos encontrar las siguientes modalidades de contratación que vulneran los derechos y los ingresos de los trabajadores en aras de una mayor productividad:
Contrato de prácticas. Este contrato no tiene nada que ver con el de formación, ya que el trabajador no tiene por qué estar formándose en ese momento. Con este contrato, las empresas se ahorran un 50% en contingencias comunes, con el consiguiente ahorro en cotizaciones, y además la nómina puede ser durante el primer año un 60% de la categoría profesional que figure en el contrato. Añadiendo a esto lo dispuesto para fomentar la contratación de jóvenes, mediante el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (PDF), se añade una bonificación adicional del 50% en los seguros sociales, siempre que el trabajador sea menor de 30 años y esté adscrito a tal sistema.
Contrato de formación. Con esta modalidad se requiere que el trabajador esté estudiando en el momento de la firma del contrato. El salario será a convenir entre empleado y empresa, con lo que se puede entender que muchos contratos se cierren sin más compensación que una promesa de futura incorporación en plantilla. Y aunque la limitación a las empresas sea que la duración del contrato no pueda ser superior a seis meses, esto basta para muchas de ellas, que en un país dedicado al turismo como motor principal de la economía, este periodo de tiempo es suficiente para cubrir una temporada turística.
El juego de las categorías profesionales. Dentro del convenio al que esté adscrita la empresa se marcarán las categorías profesionales de los trabajadores de la misma, que llevarán asociadas unos máximos y mínimos salariales. Así, Un titulado superior debería estar entre las categorías profesionales más altas y, en consecuencia, tener un salario acorde con su formación y actividad dentro de la empresa, pero, en ocasiones, las empresas juegan con estas categorías y establecen contratos marcando categorías más bajas para tener que pagar un salario menor.
El falso autónomo. Esta controvertida figura supone, de manera totalmente legal, una pérdida de derechos por parte de los trabajadores. En muchas ocasiones, la necesidad de encontrar empleo hace que un trabajador acepte ser autónomo para desempeñar sus tareas, de este modo la empresa se ahorra las cotizaciones sociales, limitándose a pagar una factura mensual por los servicios prestados, mientras el trabajador ha de hacer frente a sus seguros sociales e incluso a veces a toda una serie de gastos asociados a su trabajo como pueden ser herramientas, uniformes, combustible y mantenimiento de su propio vehículo, que de otra manera podrían correr a cargo de la empresa.
El falso TRADE. Estas siglas se refieren a un trabajador autónomo económicamente dependiente, lo que significa que el 75% de los ingresos del mismo por rendimientos del trabajo deben venir de un solo cliente. Lo que suele ocurrir con esta fórmula es que se convierte en una tapadera de trabajo a tiempo completo, ya que la empresa exige que se dedique, no un 75%, sino un 100% de atención. Sin embargo, el autónomo no podrá, legalmente, facturar más del 75% a una única empresa, por lo que se verá atado de pies y manos salarialmente. Cobrará un 75% del trabajo que realiza al 100% para una organización.
Gracias a esto, cada vez es más común encontrarse con trabajadores con empleos de 600 euros al mes, explotados y con contratos de risa. Jóvenes con horas de trabajo remuneradas a 3,75 euros, o ni eso. Mujeres que trabajan muy por debajo de su cualificación y que no se pueden permitir un alquiler. Todo ello lo que demuestra es que la dura realidad del mercado laboral es que se está repartiendo el trabajo: la demanda de trabajo se satisface con empleos temporales y a tiempo parcial, lo que lleva a la precarización del empleo. El basar la política de empleo del país en trabajo precario y salarios bajos por ahora lleva a una redistribución de la riqueza en la que los que más tienen, más acumulan, el donde nos lleve después el tiempo nos lo dirá.
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El FMI mejora las previsiones de crecimiento de la economía española. La revisión al alza de las previsiones de hace solo dos meses es sustancial: seis décimas para 2015, hasta el 3,1%, y cinco décimas para 2016, hasta el 2,5%. Para apuntalar la capacidad de crecimiento a medio y a largo plazo, la institución recomienda adoptar medidas para impulsar la creación de empleo (por ejemplo, vincular los incrementos salariales a las condiciones específicas de la empresa), fomentar el crecimiento de las pymes, persistir en los esfuerzos de consolidación fiscal, reforzar la solvencia del sector bancario y reducir la deuda privada.
Menor contención salarial. Los costes salariales por hora crecieron un 0,8% intertrimestral en el 1T 2015 (0,1% en el 4T). No obstante, este repunte se debe en gran parte a la devolución del 25% de la paga extra de 2012 a los empleados públicos. De cara a los próximos meses, los salarios podrían experimentar incrementos algo superiores a los registrados en los últimos tres años. Así, en mayo, los salarios pactados en convenio aumentaron un 0,7% (0,6% en el 1T). Asimismo, el acuerdo salarial firmado esta semana entre patronal y sindicatos establece una subida salarial del 1,0% en 2015 y del 1,5% en 2016.
La caída de la inflación se suaviza en mayo por cuarto mes consecutivo y se sitúa en el -0,2% (-0,6% en abril). Este incremento obedece a un avance de dos décimas de la inflación subyacente (hasta el 0,5%) y a una menor presión bajista del precio de los bienes energéticos.
La demanda de la vivienda sigue ganando tracción. Las transacciones para la compra de vivienda crecieron en abril un 9,8% interanual, acumulado de 12 meses (frente al 9,5% en marzo). Es el sexto mes consecutivo que la tasa de crecimiento es positiva. Esta tendencia se apoya, sobre todo, en la recuperación de la economía y en la estabilizacion del precio de la vivienda. Dado que estos dos soportes se mantendrán a medio plazo, la demanda seguirá avanzando a paso firme, lo que permitirá que se reduzca el elevado nivel de stock de viviendas vacías por vender.
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El crecimiento de la eurozona aumentó hasta el 0,4% intertrimestral en el 1T (1,0% interanual), apoyado por la demanda interna. El consumo privado contribuyó en 0,3 p. p. al avance intertrimestral del PIB; el consumo público, en 0,1 p. p.; y la inversión, en 0,2 p. p., lo que muestra la recuperación interna de la economía europea. El sector exterior restó 0,2 p. p., a causa de un aumento de las importaciones mayor que de las exportaciones. Aun así, las exportaciones ganarán tracción a lo largo de 2015 y 2016, favorecidas por la depreciación del euro.
En EE. UU., los indicadores de actividad muestran un buen ritmo de crecimiento en el 2T. El índice de confianza empresarial para las pequeñas empresas (NFIB) subió significativamente (1,4 puntos) hasta los 98,6 puntos, y se sitúa rozando los niveles típicos de precrisis (100,6). Las ventas minoristas también avanzaron un robusto 2,7% interanual (1,5% en abril).
Los indicadores de actividad de China siguen dibujando una ralentización controlada de la economía. Fueron positivas la producción industrial, que avanzó un 6,1% interanual, frente al 5,9% de abril, y las ventas minoristas, que crecieron un 10,1%, levemente por encima del 10,0% del mes anterior. Por el contrario, las importaciones cayeron un 17,6%, lo que refleja la debilidad de la demanda interna, y las exportaciones volvieron a retroceder por tercer mes consecutivo (2,5%). En la misma línea, la inflación se moderó hasta el 1,2%, significativamente por debajo del 1,5% de abril y por debajo de nuestras previsiones.
Incertidumbre política en Turquía. Los resultados de las elecciones legislativas del 7 de junio sorprendieron: el Partido Islamista, liderado por Erdogan, aunque venció no obtuvo la mayoría absoluta. Este resultado evitará que prospere la reforma constitucional propuesta (que hubiese orientado a Turquía hacia un presidencialismo fuerte), pero también complica la gobernabilidad del país. Ante la incertidumbre, la bolsa y la lira abrieron la semana con fuertes pérdidas. No obstante, tras la sorpresa inicial, los mercados financieros se recuperaron. A este cambio también contribuyó el buen dato del PIB del 1T 2015, cuyo crecimiento (2,3% interanual) fue superior a lo esperado.
TVE sigue pagando por el programa de Buruaga pese a que lo ha cancelado http://www.eldiario.es/sociedad/TVE-Buruaga-euros-programa-emitira_0_397561114.html …
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) cerró 2014 con unas pérdidas de 84 millones de euros por la aportación a RTVE y las provisiones para el plan de la empresa de minería Hunosa. Los ingresos totales de explotación del holding público empresarial ascendieron a 4.304 millones de euros en 2014.
En 2013 la compañía registró 500 millones de euros de beneficios, en buena medida gracias a las plusvalías de por la venta del 1,58% de la participación de Airbus. Además, la SEPI explicó en un comunicado que en 2014 sus cuentas se vieron lastradas por tres motivos. Primero, por la dotación para ejecutar el plan de empresa de Hunosa 2013-2018, en cumplimiento del mandato de Bruselas; en segundo lugar, por la aportación de 130 millones de euros para compensar las pérdidas de la Corporación RTVE. Y finalmente, por la evolución de la cotización de Indra, que registró minusvalías latentes de 70 millones el año pasado que hubo que provisionar.
CDC exige a UDC que defienda la secesión el 27S si quieren ir juntos http://goo.gl/JdqkxD
La aprobación en diciembre de 2013 de la Ley de garantía de la unidad de mercado ha puesto sobre la mesa la necesidad de adoptar medidas que permitan regular de manera eficiente el desarrollo de la actividad económica en nuestro país. Esta eficiencia se ve entorpecida cuando se impone a los agentes económicos diferentes normativas para ejercer su actividad en distintas Comunidades Autónomas. Una fuente importante de distorsiones procede de las diferencias en la regulación fiscal, cuando a una misma actividad se le aplica una tributación diferente, en función del territorio donde se realiza. El Inventario de las distorsiones a la unidad de mercado existentes en España, elaborado por la CEOE en noviembre de 2012, identificó 32 distorsiones de esta naturaleza.
Este principio de unidad de mercado debe conciliarse con el ejercicio de las competencias que tienen asumidas las comunidades autónomas en materia tributaria.
En el caso de los regímenes forales de Navarra y el País Vasco, se produce en la práctica una situación equivalente a la que tendría un país independiente en materia de impuestos directos, siendo de aplicación la legislación estatal en el IVA y los impuestos especiales armonizados, tal y como exige la regulación comunitaria. Esta situación implica la aplicación de una normativa y unos procedimientos de gestión tributaria distintos en la tributación en territorio foral y en el común, lo que supone una ruptura evidente con el principio de unidad de mercado.
Las sucesivas reformas del modelo de financiación de las comunidades de régimen común que se han llevado a cabo a lo largo de las tres últimas décadas han incluido entre sus objetivos el refuerzo de su capacidad tributaria. Se pretende implementar el principio de corresponsabilidad fiscal, que supone que debe haber una correspondencia entre los beneficiarios del gasto público y los que soportan la carga tributaria para su financiación.
Entre los ingresos de las comunidades autónomas se encuentran los impuestos cedidos, total o parcialmente por el Estado, y los impuestos propios. En relación con los impuestos cedidos, el que podría tener una mayor incidencia en la unidad de mercado, el impuesto sobre sociedades, no forma parte de la cesta tributaria autonómica. En la imposición sobre el consumo, el IVA y los impuestos especiales de fabricación, se han configurado como impuestos compartidos desde el año 2001, si bien de una manera peculiar. Se trata de tributos gestionados por el Estado, que transfiere a las Comunidades una parte de su recaudación en función del consumo territorializado. Esto evita que cambios en los tipos impositivos entre regiones puedan provocar fenómenos de desplazamiento en el consumo, como se han identificado en el caso de otros impuestos indirectos en los que disponen de competencias normativas, como el antiguo IVMH, actualmente tramo autonómico del impuesto especial sobre hidrocarburos. Este problema se produciría si se adoptaran fórmulas de cesión de la fase minorista de estos impuestos a las comunidades, alternativa hoy vetada por el ordenamiento comunitario. Sin embargo, se podrían adoptar fórmulas colegiadas que permitieran a las comunidades autónomas tomar decisiones conjuntas en materia de tipos impositivos. Esta colegiación podría aplicarse también en los restantes impuestos indirectos cedidos.
En el caso de la imposición personal, IRPF, impuesto sobre el patrimonio e impuesto sobre sucesiones y donaciones, los cambios en tipos impositivos y beneficios fiscales provocan importantes diferencias en la presión fiscal soportada por los contribuyentes en función de su residencia.
Por otra parte, las comunidades autónomas han ido configurando un complejo sistema de imposición propia, con múltiples figuras que tienen importantes efectos en relación con la unidad de mercado, como los que afectan a la generación de energía, a las grandes superficies comerciales, o a los depósitos bancarios. Esta fragmentación ha llevado al Estado a ejercer sus labores coordinadoras, ocupando el espacio fiscal autonómico, con el objeto de armonizar la aplicación de algunos impuestos en todo el territorio. Así ha sucedido con el impuesto sobre depósitos en las entidades de crédito y con varios impuestos sobre producción de energía y depósito de residuos. Para el futuro parece razonable que esta coordinación se incremente, valorándose cuidadosamente los efectos de los tributos propios sobre las libertades de circulación y establecimiento.
Finalmente, se debería avanzar en la integración de las administraciones tributarias creadas por las comunidades para gestionar tributos propios y cedidos sobre los que tienen atribuidas las competencias, con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Se evitaría así el incremento de los costes de cumplimiento que ahora se producen para los contribuyentes, a la vez que se reducirían los costes de administración del sistema y sería más fácil el control fiscal.
Se trata de propuestas que pretenden, reforzando la coordinación entre niveles de hacienda, avanzar en el camino de la unidad de mercado sin limitar el ejercicio de las competencias de las comunidades autónomas.
S. Álvarez García