Por supuesto se pueden hacer muchas cosas para reducir gastos y aumentar ingresos pero lo cierto es que 2015 –a pesar de haberse creado más de medio millón de empleos y haber crecido el PIB por encima del 3%- lo cerramos con 50 mil millones de € de desfase entre lo que ingresamos y lo que gastamos y con una deuda pública real de las AA.PP. por encima del 140% del PIB. Pensar que con esta situación financiera podremos mejorar el actual sistema del bienestar incluso por encima de lo que teníamos en 2007 con por ejemplo una renta básica es engañar a la gente. Imaginemos que algunos políticos tienen razón y que con la lucha contra el fraude fiscal y con mayores impuestos a los más ricos no se resiente la actividad económica y conseguimos esos 50 mil millones de € cada año para eliminar el déficit. No se lo creen ni ellos pero imaginemos que pasa, eso tampoco significaría que podamos aumentar aún más el gasto público como se promete. Porque está el tema de las pensiones.
Las pensiones son el mayor gasto de los PGE de 2015: 115.669 millones de € que hasta ahora se han podido abonar recurriendo para completarlas al Fondo de Reserva de la Seguridad Social (hay 13 CC.AA. que no pueden abonar las pensiones sólo con las cotizaciones) que se acabará en 3 o 4 años a lo sumo. ¿Qué pasará después? Las únicas dos soluciones para las pensiones son o recortarlas (rebajando su cuantía o aumentando la edad de jubilación –aún más- para ahorrarse durante años el pagar las nuevas, ambas medidas injustas, durísimas e impopulares) o financiarlas con impuestos (bien en el presente, con cargo a los PGE, o bien en el futuro, emitiendo más deuda con lo que en ambos casos el desfase ingresos/gastos aumentará). Claro, otra cosa sería si creáramos millones de puestos de trabajo pero ni con todos los creados en 2015, que han sido muchos, se ha conseguido no evitar recurrir al Fondo de Reserva porque el importe de las cotizaciones de los nuevos salarios no son suficientes.
La percepción que los españoles tenemos de nuestra economía está nublada por la situación que vivimos los primeros años del actual siglo pero si eliminamos la época de la burbuja inmobiliaria y todo el contagio benéfico que eso provocó (mayores ingresos por impuestos, mayores ventas de coches y electrodomésticos, mínimos en la tasa de paro etc.) resulta que la situación económica española actual es similar a la de la crisis de 1993: alto desempleo, temporalidad y ayudándonos de la política monetaria para poder salir del hoyo (entonces devaluando, ahora con la ayuda de BCE). Lo mejor es que ahora exportamos más pero la clave está en que si no podemos recuperar los trabajos que la burbuja generó (directa e indirectamente), ¿qué nos queda? Los políticos hablan de crear empleos como si fueran ellos los que contratan cuando al final en la actualidad los empleos creados surgen del consumo y del turismo, actividades que no dejan márgenes para grandes salarios y que, por su estacionalidad, promueven los contratos temporales. Cliqueando AQUí podéis ver los grandes empleadores españoles.
Pensemos por ejemplo en los más de 60 mil empleos que ha perdido estos años el sector financiero español, eran puestos de trabajo de una remuneración aceptable que nunca se recuperarán porque eran un exceso, los usuarios bancarios podemos seguir realizando nuestras gestiones sin ellos, ¿qué empresas, qué sectores pueden recolocar a esos trabajadores y ofrecerles un sueldo similar? Lo peor es que en la Europa más rica, con menor tasa de paro, sistemas educativos más eficientes y con menos contratos temporales también han asumido que el estado del bienestar no va a mejorar y es común el copago sanitario o elevar la edad de jubilación por ejemplo. Es evidente que deberíamos haber cambiado el sistema productivo español hace muchos años y haber gestionado la crisis de otra manera pero de nada vale lamentarnos del pasado, ahora toca tomar medidas hoy con situaciones reales actuales.
Y no se puede mejorar el estado del bienestar y es incluso complicadísimo mantener el que tenemos sin antes haber arreglado nuestra situación financiera y haber conseguido que nuestros trabajadores puedan ofrecer un valor añadido que genere la posibilidad de un mayor salario. Y para eso hacen falta varias cosas como crear un clima propicio para que surjan negocios que no sean bares o supermercados o recortar lo que los empresarios deben gastar por cada contratación nueva. Por eso aumentar salarios por decreto (como pretenden hacer elevando el SMI) es contraproducente salvo que el mayor gasto en el sueldo no recaiga en el empleador. No nos dejemos engañar, los próximos años, gobierne quien gobierne, o se recortará el actual estado del bienestar o se mantendrá a duras penas con el parche de emitir más deuda que antes o después habrá que pagar con más impuestos.
Pasará en el resto de Europa y por supuesto pasará en España, país que sólo consiguió bajar del 10% de tasa de paro en un momento de burbuja irreal que ninguno queremos que se repita. La estructura demográfica es la que es y cambiarla en el corto plazo es una imposibilidad. Ya esquivamos la bala hace 20 años con la emigración pero hoy hay tan poco trabajo que somos los españoles los que emigramos. Yo no quiero que perdamos lo que tenemos pero es que las cuentas no salen. Si a alguno sí le salen, que por favor nos diga cómo.
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Todos aquéllos que sólo saben exigir y se toman las bondades del estado de bienestar como un derecho irrenunciable según el cual el Estado provee independientemente de cuáles son sus aportaciones quizás deberían viajar un poco para valorar lo que tenemos aquí.
Poniendo a Suiza como ejemplo, donde si no eres de allí y no trabajas, ya puedes ser cirujano cardiovascular o físico nuclear, que tienes que largarte. Y si trabajas, los impuestos son mínimos, pero es que las prestaciones son inexistentes. O sea que tienes que pagarte un seguro médico sí o sí, la guardería tres cuartos de lo mismo y todo a precios prohibitivos.
Así que, como decía José Mota, las gallinas que entran por las que salen y si no somos capaces de meter suficientes luego no pretendamos sacar el doble por muchos derechos que nos creamos tener y por mucho que alcemos la voz.
Votos negativos en 3,2,1 ...
S&P ¿Y ahora qué? http://dlvr.it/DJPqNy
Junqueras tendrá que pedir 6.600 millones al Estado en 2016 http://www.elmundo.es/cataluna/2016/01/17/569ab51022601d2e1e8b456e.html …
Al menos un 39,4% de los nuevos diputados del Congreso -es decir cuatro de cada 10- son funcionarios o forman parte del personal estatutario de los Servicios de Salud, pese a que éstos sólo suponen el 3,4% de la población española. Al menos 138 de los 350 diputados son parte de los 1.562.407 funcionarios que hay en las distintas administraciones, según el análisis de las fichas personales de los miembros del Congreso.
La sobrerrepresentación de los funcionarios en el Congreso ha aumentado en esta XI Legislatura. Al comenzar la legislatura anterior, en diciembre de 2011, había 126 funcionarios que eran diputados, 12 menos que en la cámara que se constituyó el miércoles pasado.
La tipología de estos 138 funcionarios-diputados incluye desde los cuerpos de élite de la administración que forman los abogados y los técnicos comerciales del Estado, hasta los maestros de primaria o los agentes de los cuerpos de seguridad. Entre ambos extremos hay diputados que son diplomáticos, letrados, inspectores de Hacienda, magistrados, funcionarios de carrera de las distintas administraciones, profesores titulares de universidad, médicos, enfermeros o catedráticos de instituto.
La cifra puede ser superior, pero no menor. Quizá algún diputado no haya concretado en su ficha su condición de funcionario. Los que sí han sido excluidos de este cálculo son aquellos diputados que se han desempeñado en algún momento como personal laboral de la Administración (un universo de 620.178 personas) o que se encuadrarían en la categoría de “otro personal” del Estado (360.202 personas) en la que figuran los eventuales y los interinos.
La razón para separarlos es que a ellos no se les reserva el puesto como a los funcionarios. Éste fue el caso, por ejemplo, de Pablo Iglesias Turrión, que era profesor titular interino en la Universidad Complutense y perdió su empleo cuando fue elegido eurodiputado. Si se consideran estos dos grupos, el personal de la Administración asciende a 2.542.787 personas (el 5,5% de la población), según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de julio de 2015.
Las formaciones del bipartidismo son las que mayor densidad de funcionarios presentan. El PSOE es el partido que más funcionarios tiene, un 47,8% de sus diputados reúnen esta condición (43 de 90). Le sigue el Partido Popular, con un 44,7% de sus diputados. Las formaciones emergentes tienen porcentajes menores. Podemos, considerado globalmente, tiene un 29% de funcionarios (20 de 69) mientras que Ciudadanos tiene un 27,5% (11 de 40).
Hay partidos con un número menor de diputados donde la sobrerrepresentación del “partido de los funcionarios” suele pesar más. Es el caso de Coalición Canaria (CC) con un 100% ya que su única diputada es funcionaria en excedencia. Y en el PNV donde son el 50% de sus representantes (3 de 6 diputados), o de EH-Bildu (1 de 2) y UPN-PP (también 1 de 2).
Pero también hay excepciones: los catalanes de Democracia y Libertad (DL) sólo tienen un 12,5% de funcionarios (1 de 8 diputados) y es el partido que menos densidad presenta si se excluye a Izquierda Unida que tiene dos diputados y ninguno es funcionario. Y si se desgaja del PSOE el grupo de diputados del PSC, estos apenas tienen un 14,3% (1 de 7). Los demás grupos catalanes están más próximos a la media nacional: ERC tiene un 33,4% de funcionarios (3 de 9) y En Común Podemos es la franquicia de Podemos que más funcionarios tiene, un 41,7% (5 de 12).
Este nivel de sobrerrepresentación de los funcionarios en el Congreso es una singularidad española que no se da en otras democracias desarrolladas. Es fruto de la costumbre y de nuestro diseño institucional. En los países anglosajones y nórdicos, la política y el funcionariado están nítidamente separados y hay fuertes incompatibilidades. En España, por el contrario, prácticamente se favorece, ya que a los funcionarios se les reserva la plaza mientras son diputados. Además, las redes de contactos que les facilita la política les permite acceder más rápidamente a puestos superiores del escalafón.
El mercado laboral también contribuye. Al ser difícil consolidar una carrera, son pocas las personas que interrumpen su actividad en España para dedicarse a la política. Esta relación tan estrecha entre la política y el funcionariado contamina ambos lados de la ecuación con efectos duraderos sobre la vida institucional.
Por un lado, politiza la función pública. Víctor Lapuente Giné, profesor en el Instituto para la Calidad de Gobierno de la Universidad de Gotemburgo, escribía en 2012: “Un ejército de individuos -que deben su cargo sobre todo al cultivo de relaciones personales y políticas- ha ido ocupando las capas superiores de nuestras instituciones públicas (…) Pero ¿por qué los gestores de entidades públicas no pueden ser directamente dependientes de aquellos que legítimamente han ganado las elecciones? ¿No forma parte la gestión pública del sano intercambio democrático? No sólo no forma parte, sino que la politización del sector público es uno de los factores que más claramente puede socavar la legitimidad de un sistema democrático”.
Por otro lado, la política se ve contagiada del espíritu de los funcionarios. Los expertos del grupo Politikón, autores del libro La urna rota (Ed. Debate, 2014), lo resumían con acierto: “El problema es que esto genera un sesgo en los representantes que elegimos, al menos en dos aspectos. Primero, que son más reglamentistas y juristas, lo que explica en parte la obsesión por regular, pero la escasa atención a la ejecución de las políticas. Y segundo, que son esencialmente más conservadores, en especial en todo lo tocante al sector público. Al fin y al cabo, si las reformas de la administración en España son tan escasas es en parte porque tenemos el lobby dentro”.
Por la caída del crudo, pocos mega proyectos petroleros seguirán en pie http://dlvr.it/DHPfq0
¿De verdad estamos ante una repetición de 2008? http://dlvr.it/DHzNZc
Austria suspende el acuerdo Schengen http://dlvr.it/DJ9wSm
China La olvidada Taiwán http://dlvr.it/DJBTLK
Se levantan las sanciones a Irán dlvr.it/DHrTWt
Entre el 22 y el 24 de febrero, la Iran Petroleum Company presentará en Londres el nuevo contrato (Iranian Petroleum Contract) que ofrecerá a partir de ahora a los inversores extranjeros en esa industria. Es uno de los primeros resultados del levantamiento oficial de las sanciones europeas contra Irán por su programa nuclear, y de una parte de las impuestas por los Estados Unidos.
El llamado Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) recibió el visto bueno del Organismo Internacional de la Energía Atómica el día 16, con lo que Irán queda ‘open for business’, y no sólo en el campo de la energía. Europa levantará de inmediato sus sanciones comerciales y financieras, y los Estados Unidos irán retirándolas a plazos, según la naturaleza de cada una.
El JCPOA limita las investigaciones de energía atómica para usos civiles durante quince años. Los desarrollos más directamente conducentes a una posible arma nuclear se hallarán bajo inspección internacional durante veinticinco.
Seyed Mehdi Hosseini, presidente del comité para la Reestructuración de Contratos de Petróleo, ha anunciado los planes del gobierno y de la compañía estatal para incrementar sustancialmente la producción. Irán espera añadir 500.000 barriles/día a su actual producción en una semana, y otro aumento de 500.000 b/d en seis meses. Estimaciones moderadas calculan que Irán tiene un stock de al menos 25 millones de barriles de petróleo y condensados. Se calcula que Europa recibirá en las próximas semanas petróleo iraní a un ritmo de 200.000 b/d.
Hosseini ha advertido a las compañías extranjeras que inviertan u ofrezcan sus servicios a Irán que se van a encontrar una industria energética local muy competitiva, debido a la necesidad que ha tenido de prepararse para sobrevivir en condiciones muy adversas. La duración de los contratos se podrá prolongar a veinticinco años.
Cambios en algunas expectativas nacionales
La entrada de más petróleo, en un mercado ya saturado y con precios a la baja, es una pésima noticia para determinados países, como Venezuela, Ecuador, Rusia, Brasil, etc. También es una razón más para que los otros grandes productores del Golfo (Arabia Saudí, Kuwait, etc.) mantengan su política de precios bajos, al objeto de frustrar las expectativas de Irán, de asegurarse rápidamente fuertes ingresos por su energía.
Se estima que para que el presidente Rouhani cumpla sus planes económicos necesitaría un petróleo a $60/barril. Sin embargo, el barril Brent bajó a $29 el viernes pasado.
Las finanzas de los países de la Unión Europea tienen el viento en popa en materia de energía, al menos durante este año. Pero si los precios del petróleo se recuperan, Europa tendrá dificultades para mantener su modesto crecimiento actual. El caso de España es particular. Los dos meses de incertidumbre política vividos desde las elecciones generales de diciembre, y los que aún pueden estar por delante debido a la dificultad de formar gobierno, restan dinamismo y confianza a los agentes económicos y al propio gobierno, desaprovechando la bonanza de los precios bajos, que normalmente sería la oportunidad de dar un fuerte estímulo a la economía.
Teherán se marcó hace tiempo el objetivo de seis millones b/d de petróleo, que hoy parece imposible de alcanzar en el plazo corto o medio. Primero, hay exceso de oferta para el nivel de precios que Irán necesita. Segundo, el regreso de las compañías occidentales al mercado iraní estará condicionado por la confianza política en la estabilidad interna del régimen. Si en los años 90 del pasado siglo sólo dos grandes compañías occidentales, Total y ENI, se aventuraron a trabajar en Irán a pesar de las dificultades de tipo político, la confianza de los inversores se hundió durante los ocho años de mandato presidencial de Mahmud Ahmadinejad (2005-2013), en los que Teherán siguió una política deliberada de hostigamientos hacia los intereses occidentales.
La vigencia de veinticinco años de los contratos suscita la cuestión de si el régimen es o no constitucionalmente tan estable como para garantizarlos durante ese periodo. El actual presidente, Hassan Rouhani, se ve frenado en sus intentos de liberalización del régimen por la Guardia Nacional Revolucionaria, que tiene su propia agenda política en lo interior y lo internacional. Según se sospecha, la GNR era la principal fuerza promotora del arma nuclear. El mandato de Rouhani finaliza en 2017, y su continuidad en la presidencia requiere de un delicado balance de las fuerzas políticas y religiosas. El líder supremo, Alí Jamenei, que ha respaldado las negociaciones nucleares, es un hombre muy mayor.
Irán se refuerza tanto en el Golfo como en Oriente Medio
Irán recibirá próximamente una fuerte inyección de liquidez, con el acceso a unos $100.00 millones que se estima tiene inmovilizados en entidades obligadas a hacerlo, debido al régimen de sanciones de las Naciones Unidas.
Aparte, naturalmente, de la previsible satisfacción de muchas demandas de consumo, contenidas durante años, ese dinero puede servir para la adquisición de bienes de capital que renueven la planta industrial. Uno de los más probables beneficiarios sería Airbus, con una demanda potencial de 114 aviones de transportes.. El levantamiento de las sanciones fue calificado por Rouhani como “un cambio de rumbo para la economía”. Además, añadió, “abren un nuevo capítulo en las relaciones de Irán con el mundo”.
Si en la situación recién creada Irán queda rehabilitado ante la comunidad internacional, o no, es una cuestión ardua de dilucidar. Arabia Saudí y otros países del Golfo verán con inquietud un aumento del potencial económico de Teherán, que le permitiría sin gran ‘dolor’ ayudar a sus aliados en la Península Arábiga: en Yemen, Bahrain, e incluso a los chiitas de Arabia Saudí. Además, por supuesto, de la Siria de al-Assad, beneficiaria directa de la ayuda financiera y militar de Teherán. Desde ese punto de vista, Rusia, uno de los miembros del comité de potencias garantes del JCPOA, ve reforzado el triángulo Moscú-Teherán-Damasco, en detrimento de las fuerzas rebeldes sirias y del llamado Estado Islámico.
Ankara debe mirar con cautelas el crecimiento de sus intercambios comerciales con Irán, porque la nueva situación ofrece a este país mejores oportunidades para desarrollarse como gran potencia regional, con intereses estratégicos distintos, si no opuestos a los de Turquía, dada la intensa rivalidad desatada en estos momentos entre las secciones sunita y chiita del Islam, que tanto Turquía como Irán quieren liderar.