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La hiperregulación de la economía

imagesEn España existe un caos en cuanto a normas se refiere. Así lo entiende la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, siempre con un ojo puesto en el gran acuerdo de libre comercio que se está negociando, por lo que no es una opinión desinteresada. Lo que sí es claro es que existe un exceso de legislación y además el exceso de la misma no solo confunde a las empresas que tienen que ponerla en práctica sino que, muchas veces, hace que se ronde lo irracional. Tal exceso perjudica sobre todo a las pymes, afirman al unísono patronal, empresarios y partidos políticos. Un ejemplo de la maraña de leyes, a menudo contradictorias lo tenemos cuando en 2012 se puso en marcha un sistema de creación de empresas que permitía acelerar el proceso para constituir una Sociedad Limitada en 48 horas. Un año después, con la llegada de la ley de emprendedores, esa posibilidad quedaba anulada sin llegar a establecerse ninguna alternativa. Y así, hoy, para constituir una empresa, hay que volver a hacer los trámites de toda la vida, lo que supone unos 20 días en el mejor de los casos. Otro ejemplo: en 2012 la ley del IRPF sufrió 55 cambios legislativos de mayor o menor envergadura.

En España hay en vigor más de 100.000 leyes, decretos leyes, reglamentos, disposiciones, etc., además de un millón de páginas de boletines de comunidades autónomas y del propio BOE. Y tal número aumenta cada vez más. De hecho el traspaso de competencias a las comunidades autónomas, que tuvo su gran época entre los años 1988 y 2006, originó un impulso legislador a las mismas que todavía dura, de modo que la “hipertrofia legislativa”, lejos de conseguir su principal objetivo, que es regular, amenaza con coartar y limitar la actividad económica.

Esto es así hasta el punto de que para comenzar cualquier actividad económica que conlleve alguna producción industrial hay que poner en juego miles de euros en licencias, interminables colas en distintos departamentos de diferentes administraciones e innumerables zancadillas administrativas en requisitos, a veces descabellados, cuyo incumplimiento originaría sanciones y más trámites interminables. ¿El coste? En el año 2010 CEPYME analizó las cargas administrativas soportadas por las empresas españolas y estimó que éstas podían reducirse en 3.326 millones de euros anuales.

En España, a cada intento de realizar una actividad económica corresponde una interminable lista de trámites administrativos. El delirio ha alcanzado tales cotas que, a la sombra de las prolijas normativas municipales, han florecido empresas concertadas que, por un buen dinero, “ayudan” al atribulado emprendedor a desenmarañar la madeja normativa, a conocer cómo y cuándo -y a qué coste administrativo- podrá abrir su peluquería, panadería, taller, tienda, despacho o garito.

¿Cuál es el motivo de tal fiebre reguladora? Principalmente dos. Uno tiene que ver con el “celo profesional” de los nuevos legisladores en escena y el otro, más oscuro y retorcido, con la creación de barreras a la competencia.

Con respecto al primero, con el traspaso de la competencias estatales a las autonomías comenzó el estallido de normativa comunitaria de todo tipo. Aquí los intereses políticos son un componente muy importante, tanto es así que se ve una correlación entre las comunidades autónomas con un alto componente nacionalista y la cantidad de legislación generada. Siendo así que la comunidad autónoma que más publica en su boletín oficial es la catalana.

Con respecto al segundo, es claro que la hiperregulación restringe la libre entrada a la actividad económica. Esto hace que los que ya estén instalados en el sector puedan operar sin apenas competencia, obteniendo enormes beneficios de mercados cautivos susceptibles de compartir con los políticos a través de comisiones, regalos o puestos en consejos de administración. Además, las normas o requisitos deben ser enrevesados y ambiguos para permitir cierto grado de discrecionalidad a la hora de conceder permisos y licencias.

Pero este no es sólo un problema nacional, a nivel europeo, entre los años 2000 y 2014, se han producido a través de los oscuros engranajes legislativos de las instituciones europeas más de 42.000 disposiciones jurídicas. La sobrerregulación europea, que provoca regulaciones en cascada en todos los países miembros ha dado lugar a diferentes estudios, cuyas conclusiones son claras: una reducción de las cargas administrativas podría provocar un aumento del 1,5% del PIB comunitario, unos 150.000 millones de euros. En España, con nuestro sistema hiperdescentralizado, con frecuencia se pueden necesitar más de 300 normas para aplicar la exigencia derivada de la legislación europea original. Y esto es así porque son muchas las Administraciones que se pueden ver enfrentadas con el cumplimiento de los objetivos fijados.

Al final podría ser verdad lo que ya dijo hace 2000 años Tácito, “Cuanto más corrupto es un país más leyes tiene”.

Manuel González

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  • En relación con el artículo de hoy,

    Totalmente de acuerdo con el autor. Ya no es que tengamos un cambio de 55 normas en algo como el IRPF, es que ocurre cada año.

    Yo es que cojo una declaración de IRPF y es que hay aspectos que no sé ni por donde cogerlos, porque resulta que hay apartados que son remanencia de una historia rara ... en fin.

    A eso hay que añadir la broma de que tambien tenemos 17 comuniddes autonomas añadiendo cambios en su parte de IRPF.

    Ahora añade la cantidad de impuestos, por hablar de una cosa, y los ambitos locales, autonomicos,estatales, Seguridad Social como organismo autonomo y luego, además, añade que no hay un regimen general si no que hay regimen general, regimen especial del: campo, taurinos, deportistas, autonomo, empleados domestico ... o, regimenes del irpf (Estimacion Directa Normal, Objetiva, Directa simplificada) ... o del IVA (General, Simplificado, Agencias de iaje, Segunda Mano, Agricola ...)

    Es que es un jaleo y estamos hablando solo de impuestos. Como te metas en normativas de seguridad laboral, licencias, seguros, ...

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  • También en relación al artículo de hoy.

    Estamos inclumpliendo sistemáticamente la legislación europea en relación a la Unidad de Mercado, licencias únicas de actividad que sean válidas en todo el territorio nacional, colegiación única, idénticos requisitos y sobre todo el artículo 138,2 de la Constitución "Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales." y el artículo 139, 1 Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. y 2 Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.
    Siempre he tenido claro que hay competencias que no pueden ni deben ejercer las Autonomías porque deben ser exclusivas del Estado... y ¿¿¿ todavía hay quién pretende abrogarse aún más!!! Así no hay modo de prosperar y acabar con las desigualdades y privilegios que asfixian nuestro sistema fiscal y productivo haciendo que realmente sólo unos pocos paguemos impuestos y dificultando la actividad económica y profesional libre.

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  • El complejo independentista catalán formado por el ‘govern’ de la Generalidad, más la coalición gobernante Junts pel Sí y su apoyo parlamentario externo, la CUP, se hallan en una especie de suspensión animada, inseguros de dar el siguiente paso en su causa, cuando los que ya han dado encuentran obstáculos aparentemente insuperables. Estos son de tres tipos.

    En el plano in­ter­na­cio­nal, su ac­ti­vidad en pro de la le­gi­ti­ma­ción de la in­de­pen­dencia ha en­con­trado ecos poco sig­ni­fi­ca­tivos en los círculos de poder ex­tran­je­ros, aparte de haber ‘colocado’ al­gunas in­for­ma­ciones en me­dios im­por­tan­tes.

    En el plano eco­nó­mico, la más ur­gente preo­cu­pa­ción de la opi­nión ca­ta­lana es que las fi­nanzas de la Generalidad man­tengan la ca­beza fuera del agua, aunque sea con la ayuda del go­bierno es­pañol, y evitar que el ‘rating’ de su deuda des­cienda otro es­ca­lón, una vez más con el apoyo de Madrid. En este sen­tido, Cataluña está para pocos ex­pe­ri­men­tos.

    En el plano in­terno ‘nacional es­pañol’, está la re­com­po­si­ción de las fuerzas de iz­quierdas ca­ta­lanas dis­tintas a la CUP (En Comú Podem, Podemos, Catalunya Sí qu’es Pot, etc.), que se ha­llan ex­pec­tantes ante cómo va a quedar el cuadro final del ciclo elec­toral es­pañol abierto el pa­sado 20 de di­ciem­bre, y que no lleva ca­mino de acla­rarse pronto. Es pro­bable que En Comú Podem (ECP) dispu­tará a Podemos la he­ge­monía de la iz­quierda ca­ta­lana fa­vo­rable al ‘derecho a de­ci­dir’. Ya hay ten­siones in­tensas entre los di­rec­tivos ca­ta­lanes y Pablo Iglesias, líder de Podemos.

    Iglesias apoya el ‘derecho a de­ci­dir’ pero no la in­de­pen­den­cia. La rup­tura de ECP con Podemos daría es­pe­ranzas de que aquel mo­vi­miento aca­baría por pa­sarse al in­de­pen­den­tismo. Vale, pues, la pena es­perar a ver si el campo in­de­pen­den­tista se en­san­cha. También vale la pena es­perar a ver si una coa­li­ción de go­bierno PSOE-Podemos per­mite re­su­citar el in­cierto apoyo dado en el pa­sado por los so­cia­listas al de­recho a de­ci­dir.

    De mo­mento, solo as­pi­ra­ción a una ‘decisión so­be­rana’

    Llama la aten­ción que las fuerzas in­de­pen­den­tistas de Cataluña no se hayan sen­tido, apa­ren­te­mente, alu­didas por las de­cla­ra­ciones de Artur Mas a Catalunya Radio, del pa­sado 9 de marzo, cuando dijo que su par­tido, Convergencia Democrática de Cataluña, no de­bería pre­sen­tarse “estrictamente como (un par­tido) in­de­pen­den­tista sino so­be­ra­nis­ta”.

    Esa de­cla­ra­ción re­sulta des­con­cer­tante para los que sienten la ne­ce­sidad im­pe­riosa de la in­de­pen­dencia de Cataluña. Tal es el caso de dos de sus más ar­dientes de­fen­so­res, Jordi Turull, por­tavoz del grupo par­la­men­tario de CDC, y Josep Rull, con­se­ller de Territorio y Sostenibilidad en el nuevo go­bierno pre­si­dido por Carles Puigdemont. En los úl­timos días no se les ha es­cu­chado co­men­tario al­guno sobre esa no­table co­rrec­ción de Mas a la que todos ellos lla­maban ‘hoja de ru­ta’, que debía con­ducir inexo­ra­ble­mente a la in­de­pen­den­cia.

    Aunque es com­pren­sible que esos dos in­de­pen­den­tistas se mues­tren dis­cre­tos, por res­pon­sa­bi­lidad ins­ti­tu­cio­nal, sobre lo dicho por su líder moral y ‘jefe’, Artur Mas, la dis­cre­ción pa­rece ser tam­bién la regla en la otra fuerza de la coa­li­ción go­ber­nante, Esquerra Republicana y en la que da so­porte par­la­men­tario al ‘govern’, la CUP.

    La coa­li­ción go­ber­nante en Cataluña, Junts pel Sí, for­mada por CDC y ERC, con el apoyo par­la­men­tario de la CUP, se pre­sentó a las elec­ciones con un pro­grama abier­ta­mente in­de­pen­den­tista, que el ’parlament’ ha em­pe­zado a desa­rro­llar me­diante la pre­pa­ra­ción de las leyes de ‘desconexión’ que lle­varán a la in­de­pen­dencia de Cataluña en 18 me­ses, de los que al menos ya ha co­rrido uno. Puigdemont de­claró, hace pocos días, ante los cón­sules acre­di­tados en Barcelona, que Cataluña sería un país so­be­rano antes de año y me­dio.

    Soberanismo e in­de­pen­den­tismo, ¿conceptos di­fe­ren­tes?

    Mas, en las de­cla­ra­ciones que co­men­ta­mos, fue muy claro en otro punto: “Estamos di­señando un nuevo país y hay que re­pen­sarlo to­do”, cosa que no pa­rece que estén ha­ciendo los que al­can­zaron el poder cuando él “se hizo a un la­do”, para usar su propia ex­pre­sión, ce­diendo el puesto de ‘president’ a Puigdemont, y así ase­gurar el voto de la CUP al go­bierno in­de­pen­den­tista.

    El ‘repensamiento’ de Mas in­cluye los si­guientes pun­tos: no es­pe­rar, como han hecho hasta ahora sus se­gui­dores más com­pro­me­ti­dos, que en die­ci­séis meses se podrá llegar a la in­de­pen­den­cia. Tampoco se puede pedir a los go­ber­nantes ca­ta­lanes “proclamar el es­tado ca­talán sin un re­fe­rén­dum”, ni “hacer un montón de leyes sa­biendo que el Tribunal Constitucional las tum­ba­rá”, ni en tanto el go­bierno es­pañol “tenga el grifo de las fi­nan­zas”.

    El pre­ten­dido re­fe­réndum de au­to­de­ter­mi­na­ción como acto fun­da­cional de la República Catalana, o como con­fir­ma­ción de una de­cla­ra­ción uni­la­teral de in­de­pen­dencia por el ‘parlament’ (dos fór­mulas ba­ra­jadas por las fuerzas se­pa­ra­tistas sin una clara di­fe­ren­cia­ción) es la gran cues­tión to­davía pen­diente. Y lo está porque la otra cues­tión, la del ‘derecho a de­ci­dir’, que fue la cons­tante reivin­di­ca­ción de CDC y de su an­tiguo aso­ciado Unión Democrática de Cataluña, se ha em­bro­llado con la exi­gencia de un re­fe­réndum de au­to­de­ter­mi­na­ción, pro­mo­vido por las fuerzas de iz­quierda na­cio­na­lista, a sa­biendas de que el TC anu­laría su mera con­vo­ca­toria y se pro­du­ciría el choque entre Cataluña y el es­ta­do., es de­cir, creando una si­tua­ción re­vo­lu­cio­na­ria.

    Si em­bargo, el res­peto a las formas le­ga­les, aunque sólo sea ‘de bo­qui­lla’, sigue siendo un tabú para los se­pa­ra­tistas de rai­gambre con­ser­va­dora, fuer­te­mente vin­cu­lados con al­gunas de las élites em­pre­sa­riales y uni­ver­si­ta­rias más in­flu­yentes en Cataluña.

    Con sus de­cla­ra­cio­nes, Mas quiso dejar cons­tancia de que no está amor­ti­zado po­lí­ti­ca­mente. Para ello trazó muy bien el te­rreno en que desea en­con­trarse con un nú­mero de se­gui­dores más nu­trido que el que tienen en estos mo­mentos los in­de­pen­den­tis­tas. En el par­tido (CDC), dijo Mas, debe tener ca­bida quien sólo quiere un re­fe­réndum que ex­prese el de­recho a de­ci­dir, “aunque no haya dado el paso hacia la in­de­pen­den­cia”.

    De esta forma in­tenta Mas re­cu­perar el dis­curso po­lí­tico so­be­ra­nista, en con­traste con el pu­ra­mente in­de­pen­den­tista en que se ha­llan em­bar­cados cuantos le pi­dieron que se hi­ciese “a un lado” para así poder go­bernar en di­rec­ción hacia la in­de­pen­dencia en die­ci­ocho me­ses. Mas no tiene tanta prisa, aunque quiere llegar a la misma meta.

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  • Yo voy a añadir otra razón de la que cada vez estoy mas convencido: crear trabajos falsos.

    Tanta legislación y cambio normativo implica más funcionarios, gente para las gestiones administrativas, gente para conseguir la licencia, gente para cambiar lo que ha haya cambiado en la normativa (una inspección más, una obra para adecuarte a normativa, un papel que hay que pedir, las inspecciones ...) Si trabajas en varias comunidades multiplica, inspección y/o permiso en una, y la misma inspección, o muy parecida, y permiso en otra (con diferentes trabajadores en cada comunidad, por supuesto)

    Y cuando te hayas gastado un montón de pasta y estés al día con la normativa, cambiamos la legislación y te vuelves a gastar otro montón de pasta para volver a estar al día.

    Y seguimos manteniendo esos trabajos falsos. ¡¡Y además estamos creciendo!!

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