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Actualizado el 26 de septiembre de 2024

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La sociedad de después de la crisis

pobrezaLa profunda y prolongada crisis que hemos sufrido y cuyas secuelas aún arrastraremos largo tiempo, ha transformado de forma brutal la sociedad española, cuyas transformaciones han sido las siguientes:

  • Se ha fortalecido un selecto segmento de población activa muy enriquecida que incluso ha mejorado su posición en los años de la crisis.
  • Ha supuesto un varapalo para las clases medias, un colectivo de familias con activos, que conservaron los bienes y un trabajo suficiente como para mantener una vida digna, aunque a un nivel de vida menor del que tuvieron.
  • Una capa de población no activa (esencialmente mayores) cuyas pensiones se han mantenido en unos valores que han creado el espejismo de mejorar su posición relativa en cuanto a mediana de renta gracias al escenario de precios a la baja por el que atravesamos.
  • Una ingente cantidad de ciudadanos activos (buena parte de ellos jóvenes y excelentemente preparados y personas entre 40 y 65 años con escasa formación) expulsados de la vida laboral y de la vida financiera cuyos proyectos vitales se han truncado. Con el agravante de que no se aprecia ningún mecanismo social inmediato para una buena parte de esos ciudadanos en esta situación.

Con lo cual se aprecia una polarización de la sociedad, con unos ricos cada vez más ricos y alejados de la realidad que atraviesa el resto de la sociedad, de la cual una ingente cantidad de familias se halla en situación de precariedad, cuando no de emergencia social. Además, cabe la duda de si esta estructura no sea algo coyuntural, fruto de una situación adversa que se superará con la recuperación, peldaño a peldaño, con cada punto de crecimiento del PIB. Sino que sea, si persisten las políticas actuales, una situación en la que se perpetuará la sociedad española en los próximos años y en las próximas décadas. De hecho es posible que los incrementos del PIB reduzcan gradualmente los actuales niveles de empobrecimiento, pero cientos de miles de personas y familias seguirán instaladas en la pobreza, con grandes dificultades para satisfacer sus necesidades básicas.

La persistencia de este importante núcleo de empobrecimiento incrementará los riesgos derivados de la exclusión social, ya que el paso de la pobreza a la exclusión es una de las principales amenazas que se ciernen sobre la sociedad española. Además, es difícil pronosticar sus consecuencias, ya que interaccionarán con otros muchos factores, en un entorno de complejidad. Pueden ir desde la desafección pura y dura, hasta las expresiones de conflictividad –xenofobia, racismo…- o el incremento de la delincuencia. Pero sin duda sus consecuencias alcanzaran al conjunto de la sociedad, y serán difíciles de erradicar.

El empleo precario y los bajos salarios hacen que un importantísimo sector de la sociedad, casi el 50% de la misma, viva en situaciones de precariedad, es decir, en el riesgo de caer en la pobreza y la exclusión, ya no sólo por la pérdida del empleo de la propia persona o de otros miembros del entorno familiar, sino también por la aparición del fenómeno del “trabajador pobre”, por el cual los salarios obtenidos por el trabajo no bastan para rescatar a la familia del riesgo de pobreza. Siendo este un importante factor de polarización de la sociedad, ya que el hecho de que una parte tan importante de la población se vea amenazada permanentemente por el riesgo de caer en la pobreza será la mayor garantía de que surjan y se consoliden actitudes conservadoras, ya que las mismas surgen y se consolidan con el miedo.

Las medidas para mejorar este panorama ya no sólo pasan sólo por salir de la crisis mejorando las magnitudes macroeconómicas, sino que también es precisa una reestructuración política que permita una mejora de las oportunidades para los segmentos más castigados por la pobreza. Esto significa una profunda reestructuración en los siguientes frentes:

  1. En un entorno laboral precario, con elevados niveles de paro, empleos de poca calidad, falta de estabilidad en el empleo, escasa protección al desempleo y bajos salarios, con el agravante de unas organizaciones sindicales desautorizadas y golpeadas por el fantasma de la corrupción, resulta extremadamente difícil hablar de mejoras salariales; sobre todo si en los gestores económicos está impresa la idea de que la mejora de la competitividad de una economía pasa por el requisito de unos salarios bajos.
  2. La fiscalidad débil y regresiva, con trato privilegiado para las grandes fortunas mediante desgravaciones e incentivos, hace posible que paguen impuestos muy por debajo de lo que deberían, por lo que la carga fiscal recae sobre las clases medias y bajas, aquellas que no pueden implementar mecanismos que les permita, desde mejoras fiscales a través de la participación en SICAV o sociedades patrimoniales, hasta poder un día salir en prensa debido a su presencia en listados de paraísos fiscales. Esta es una situación muy difícil de corregir si no es en un contexto internacional que evite la competencia entre países para atraer el capital con escandalosas ofertas de mejor trato a las grandes fortunas y a las multinacionales.
  3. Se ha procedido a un sistemático adelgazamiento de las políticas sociales lo que supone el abandono de las políticas redistributivas y de igualdad, mediante la demolición de los sistemas públicos de protección social: Sanidad, Educación, Garantía de Ingresos, Servicios Sociales.

Como nota final, no deja de ser paradójico que al tiempo que se limiten las partidas sociales gracias a la política de austeridad, las organizaciones no gubernamentales multipliquen sus esfuerzos intentando paliar la retirada de las políticas sociales inherentes al estado del bienestar con la beneficencia y la caridad más propias de tiempos anteriores.

Manuel González

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  • "demolición de los sistemas públicos de protección social"?
    NUNCA han funcionado tan bien esos sistemas, cobran los parados, los pensionistas que nunca han cotizado, los de los 426€... ¿qué más queréis, que la gente que no trabaja cobre más que la que trabaja?

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  • 'El Mundo': el periódico no sale a la calle por primera vez desde 1994

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  • La banca española hace otra ronda de ajustes http://dlvr.it/LD0tGD

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  • La banca ha incrementado en un 6,5% su número de accionistas, en buena medida por el Banco Santander, que aumenta su base accionarial un 14% gracias sobre todo a la acción gratuita ligada a su cuenta 1/2/3. Y por sus bajos precios y el dividendo que mantiene.

    Sabadell y Caixabank tam­bién suman más in­ver­sores en los tres pri­meros me­ses, mien­tras que Bankia re­gistra la mayor dis­mi­nu­ción (21,5%), casi 100.000 ac­cio­nistas me­nos.

    Los mer­cados han du­dado de los bancos es­pañoles desde pri­meros de años, con un primer tri­mestre de caídas ge­ne­ra­li­zadas de sus co­ti­za­cio­nes. Las som­bras no se han di­si­pado con la pre­sen­ta­ción de los re­sul­tados del primer tri­mes­tre, pero lejos de lo que po­dría pen­sarse, el efecto ma­nada de in­ver­sores no se ha ge­ne­ra­li­zado.

    De he­cho, el nú­mero neto de ac­cio­nistas de los siete bancos del Ibex 35 se ha in­cre­men­tado res­pecto al cierre del pa­sado ejer­cicio un 6,5%, al sumar más de 381.000 in­ver­sores res­pecto a los que te­nían en di­ciem­bre. El mayor in­cre­mento es el re­gis­trado por el Santander, casi un 14%, y más de 452.000 ac­cio­nis­tas.

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  • Cataluña prepara los próximos comicios del 26-J con novedades. No habrá lista conjunta de “Junts pel Si”, como sucedió en las pasadas autonómicas, y ERC y Convergència irán por separado, con sus propias siglas y listas, como ya hicieron el 20-D. En el caso de Convergencia se olvidarán de la nueva denominación de Democràcia i Llibertad (DL), porque no funcionó. Prefieren regresar a lo conocido, a la espera del próximo congreso del partido a celebrar a mediados de julio, y los votantes volverán a hallar el sello de Convergència en las papeletas.

    Pero, mien­tras los par­tidos van pre­pa­rando la cam­paña – en la que ERC es­pera ade­lantar a Convergència – el mo­mento po­lí­tico se centra en hacer frente común a las de­ci­siones del go­bierno en fun­ciones que pre­side Mariano Rajoy, al tiempo que con­tinúa la lluvia de im­pug­na­ciones del Tribunal Constitucional sobre leyes apro­badas por el Parlament de Catalunya. Algo que une a quienes serán ad­ver­sa­rios en las ur­nas.

    Así su­cedió en la macro reunión en el Palau de la Generalitat, con casi medio cen­tenar de re­pre­sen­tantes po­lí­ti­cos, al­cal­des, aso­cia­ciones y sin­di­ca­tos, en de­fensa de los de­re­chos so­ciales de los ca­ta­la­nes. El pre­si­dente Carles Puigdemont (CDC) y Ada Colau (Barcelona en Comú), pre­si­dieron la se­sión des­ti­nada a buscar res­qui­cios, o in­cluso, des­obe­de­cer, la sus­pen­sión de la Ley de Emergencia Social que fue apro­bada por una­ni­mi­dad, PPC in­cluido, en el Parlament de Catalunya, pero que los tri­bu­nales con­si­deran in­com­pa­tible con la le­gis­la­ción na­cio­nal.

    Las me­didas afectan temas de prohi­bi­ción de cortes de luz, gas o agua ante casos de po­breza so­cial, así como otras me­didas como uso de pisos va­cios de pro­piedad ban­ca­ria, o trans­for­ma­ción en al­qui­leres so­ciales a quienes no pueden hacer frente a los desahu­cios.

    La unidad de ac­ción entre el pre­si­dente de la Generalitat y la al­cal­desa de Barcelona, tam­bién fraguó en el en­cuentro de Barcelona del Foro Internacional de Recepción e Integración de Refugiados en la UE, donde ante una cin­cuen­tena de ex­pertos de or­ga­nismos in­ter­na­cio­nales y de al­gunas grandes ciu­dades eu­ro­peas, Puigdemont re­cordó la vo­luntad de Cataluña y su ca­pital de acoger 4.500 re­fu­gia­dos. Criticó la “inoperancia” del Gobierno cen­tral que pro­metió acoger a 17.000 re­fu­giados y sólo a re­ubi­cado a 17 per­so­nas.

    La al­cal­desa de Barcelona, Ada Colau, ca­li­ficó de “vergonzante, inad­mi­sible e in­jus­ti­fi­ca­ble, no solo por in­mo­ral, sino tam­bién por ile­gal”, la po­lí­tica del go­bierno en fun­cio­nes. Apuntó que Barcelona está pre­pa­rada para acoger de in­me­diato a 1.700 re­fu­giados y lanzó un lla­ma­miento a las au­to­ri­dades co­mu­ni­ta­rias en pro de una po­lí­tica común de in­mi­gra­ción do­tada de los fondos ne­ce­sa­rios. Sin em­bargo, en ma­teria de temas co­mu­ni­ta­rios, aún colea la ne­ga­tiva del pre­si­dente de la Comisión Europea, que alu­diendo “problemas de agenda” no re­cibió al pre­si­dente Carles Puigdemont, en su re­ciente vi­sita a Amberes y Bruselas, in­vi­tado por el pre­si­dente de Flandes.

    Es evi­dente que los res­pon­sa­bles co­mu­ni­ta­rios evitan cual­quier gesto que, tanto en Madrid, como en otras ca­pi­tales eu­ro­peas, pueda ser in­ter­pre­tado como un gesto hacia el na­cio­na­lismo ca­ta­lán. Y menos en tiempos pre elec­to­ra­les, aunque el tema con­tará en las ur­nas, donde el par­tido de Puigdemont, CDC, junto a ERC, serán ad­ver­sa­rios de Catalunya en Comú, la for­ma­ción de Ada Colau, par­ti­daria de un re­fe­rén­dum, frente a PPC y Ciudadanos, de­fen­sores de pocos cam­bios en Cataluña, ex­cepto en me­joras en fi­nan­cia­ción.

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