Tras el resultado electoral tocaba pactar y crear un gobierno de coalición, pero nuestros amados líderes políticos no han cumplido con la primera tarea que les fue encomendada: formar gobierno. La lista más votada ni lo ha intentado, pero ha dejado bien claro que si se formaba un gobierno ellos debían liderarlo. La segunda opción lo intentó, pero con un ojo puesto en la retaguardia por si alguien de su propio partido le arrebataba el puesto y el otro en impedir un nuevo gobierno del PP casi a toda costa. Sea como sea, lo que es claro es que el coste de estar sin gobierno durante más de seis meses, además de tener que celebrar nuevas elecciones es claramente un despilfarro en un país que tiene como uno de sus máximos problemas uno de los déficits públicos más elevados de toda Europa.
Ahora toca afrontar los 80 millones de coste directo que tiene la nueva convocatoria de elecciones. Sin embargo, la cifra real puede llegar hasta los 192 millones de euros, si se tiene en cuenta el gasto que hacen las administraciones públicas, la logística, el escrutinio y sistemas informáticos y el voto por correo. Por poner un ejemplo, las pasadas elecciones, las fallidas, tuvieron un coste de 130.244.505,08 euros según ha publicado el propio Ministerio del Interior. Pero además, a esto hay que añadir el de seguir manteniendo el gobierno en funciones, que no puede gobernar pero sí seguir cobrando sin realizar la mayor parte de sus tareas, además de que todos los diputados y senadores electos están cobrando sus remuneraciones sin ni siquiera trabajar, a la espera como están de revalidar su cargo o dejarlo según sea el resultado de la nueva cita con las urnas. Y para algo que éticamente podrían hacer y que deberían sentirse obligados a hacerlo, como es renunciar a cobrar de nuevo las subvenciones o, al menos, a aligerar las cargas económicas de la nueva campaña, tampoco se han puesto de acuerdo y los ciudadanos volveremos a pagar unas elecciones de tres platos, café, copa y puro.
No importa que el 86,8% de los ciudadanos esté en contra de repetir el envío de papeletas y propaganda o que el 83,1% opine que los partidos deban renunciar a la subvención, con campaña de change.org incluida, de hecho, todos los partidos coinciden en que se deberían aligerar los costes de la nueva cita electoral, pero todos igualmente alegan que esto ha de hacerse de manera consensuada entre todas las formaciones, y aquí volvemos a encontrar el problema: son incapaces de llegar a cualquier tipo de acuerdo entre ellos.
En cuanto a los beneficiarios, si atendemos a los resultados obtenidos en diciembre, la formación de Mariano Rajoy es la principal beneficiada de las subvenciones, al tratarse del partido con mayor representación. El PP tendría derecho a una subvención de 17,4 millones, sin envíos postales, aunque la ley sólo permite recibir hasta 12 millones. Mientras que la formación de Pedro Sánchez tendría derecho a 11,8 millones, aunque si se cumplen sus pronósticos, sólo llegaría a ingresar nueve. La misma circunstancia se produce con el partido de Albert Rivera, cuya subvención podría superar los tres millones y medio de euros, pero sólo ingresarán lo que gastaron: cuatro millones.
En peores circunstancias se encuentra IU-Unidad Popular, debido a que al no obtener grupo propio ha incurrido en importantes deudas. La subvención que percibiría no llega al millón de euros, mientras que la formación llegó a gastar más de dos. Su situación empeoraría notablemente si ahora se recortan las partidas de gastos. Que me perdonen mi maldad al suponer esto un acicate a su unión con Podemos. En cuanto a éstos, aseguran no depender de las subvenciones, ya que se financian a través de microcréditos, pero podría cobrar los algo más de dos que reconoció haber gastado durante la campaña aunque le correspondieran hasta 8,2 millones.
Estamos por tanto nuevamente invitados, a nuestro pesar, a una nueva fiesta de la democracia, carteles, mítines, escuchar despropósitos, debates, encuestas… la bolsa de cotillón completa. Sin embargo, para mí lo peor no es eso, lo peor lo tendremos si repetimos resultado. Es decir, ¿y si los resultados obligan nuevamente a nuestros políticos a pactar entre ellos para formar gobierno?
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España
Se confirma un crecimiento del PIB del 0,8% intertrimestral en el 1T 2016 (3,4% interanual). La demanda interna siguió liderando el crecimiento, con una aportación de 3,8 p. p., mientras que la demanda externa presentó una contribución menos negativa que en el trimestre anterior, de -0,4 p. p. (-0,6 p. p. en el 4T 2015). En particular, el consumo privado fue el principal motor de la recuperación y la inversión siguió avanzando, aunque por debajo de lo esperado, como consecuencia del menor empuje de la inversión en construcción. Por su parte, el consumo público sorprendió de manera positiva con un avance considerable.
El precio de la vivienda mantiene la tendencia ascendente iniciada en 2015. Así, el precio de tasación de la vivienda libre se incrementó un 0,2% intertrimestral en el 1T 2016 (2,4% interanual). Aunque se trata de un avance algo por debajo de lo esperado, entra dentro de la variabilidad habitual de la serie. En los próximos meses, se espera que la tendencia alcista de los precios continúe, apoyada por la escasez de stock en determinadas zonas prime.
La concesión de hipotecas sobre viviendas mantiene la tendencia alcista, con el apoyo de unas condiciones de financiación favorables. En marzo, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas fue de 22.983, lo que representa un aumento del 17,3% (interanual, acumulado de 12 meses).
El balance del BCE en 2016 corresponde al 26% de la economía de la Eurozona http://dlvr.it/LQtms9
Los indicadores de actividad en los países del centro de la eurozona mejoran en mayo. El índice PMI compuesto de la eurozona alcanzó los 52,9 puntos en mayo, un nivel expansivo (por encima de los 50 puntos), similar al registrado en los cuatro primeros meses de 2016. Por países, el índice PMI compuesto alcanzó los mejores registros del año en los países del centro, mientras que se ralentizó ligeramente en la periferia. En concreto, en mayo, el PMI repuntó hasta los 54,7 puntos en Alemania y hasta los 51,1 puntos en Francia. Por otro lado, el índice de confianza del consumidor de la eurozona mejoró de manera significativa, hasta los -7 puntos, 2,3 puntos por encima del valor de abril. En resumen, la expansión económica de la eurozona prosigue en el 2T.
El Eurogrupo aprueba la primera revisión del programa de rescate a Grecia. El Eurogrupo dio el visto bueno a las reformas y medidas fiscales llevadas a cabo por el Gobierno griego, con lo que este podrá recibir el segundo tramo del rescate (10.300 millones de euros). Adicionalmente, se abordó la sostenibilidad de la deuda pública griega y se acordaron los principales directrices de su restructuración, especialmente a partir de 2018, mediante rebajas del tipo de interés y de ampliaciones de vencimientos, aunque los detalles aún no se han concretado.
Se mantiene la expansión en EE. UU. Según la segunda estimación del PIB que realizó el Bureau of Economic Analysis (BEA), la economía estadounidense avanzó un 0,2% intertrimestral (2,0% interanual), por encima del 0,1% intertrimestral de la primera estimación. Aunque se trata de un avance algo por debajo del registrado en el 4T 2015 (0,3% intertrimestral), hay que tener en cuenta que el BEA suele subestimar el dato de crecimiento del PIB de los primeros trimestres (de 0,3 p. p. este año). En este entorno de crecimiento, los indicadores del sector inmobiliario siguen ofreciendo registros positivos, con un avance sólido de la venta de viviendas, tanto nuevas como de segunda mano.
La inflación de Japón sigue en terreno negativo. En abril, el IPC sin alimentos pero con energía (la referencia del Banco de Japón, BOJ) cayó un 0,3% interanual, con lo cual igualó el descenso del mes anterior. Por su parte, el IPC subyacente (sin energía, además de sin alimentos) mantuvo un moderado avance del 0,7% interanual. En este contexto, el BOJ podría incrementar en verano el ritmo de compras anuales de deuda (actualmente en los 80 billones de yenes), después de sorprender al mercado al no añadir mayores estímulos en su reunión de abril. Asimismo, la balanza comercial se mantuvo en valores positivos gracias a la caída de las importaciones. Las exportaciones a los EE. UU. siguen bajando.
El mercado tal y como lo conocemos se desmorona http://dlvr.it/LQy0kX
el petróleo puede volver a los 20 dólares barril http://dlvr.it/LRHNRN
El Gobierno catalán gastó 940.000€ en suscripciones a diarios en 2015 http://ow.ly/MG72300JFKP
Las fuerzas independentistas catalanas no saben cómo dar largas, sin perder credibilidad, al cumplimiento del compromiso contraído cuando por una exigua mayoría formaron el actual parlamento de Cataluña. De los dieciocho meses que se dieron para culminar el proceso de independencia, han transcurrido casi cinco, y ya se han producido entre ellas las siguientes divisiones:
entre la CUP, una formación supuestamente anticapitalista y antisistema, y la coalición Junts pel Sí, formada por el conservador Convergencia Democrática y Esquerra Republicana, en torno al proyecto de presupuesto de la Generalidad.
dentro del propio Junts pel Si, con motivo de la composición de esos presupuestos. ERC, que detenta la cartera de Hacienda, desea que sean fuertemente ‘sociales’ a costa de las rentas más altas, es decir, de los sectores sociales que constituyen la base sociológica de CDC, y esta pretensión aviva los deseos del expresidente Mas de retornar al primer plano de la política.
Aunque esas tensiones no son de por sí insuperables, sí dan ‘justificación’ a la necesidad de ir difiriendo la hora de cumplir el compromiso de los dieciocho meses que tan solemnemente asumieron. Un compromiso imposible de cumplir, aunque la continua gesticulación y actos de fe soberanistas traten de enviar un mensaje de inexorabilidad.
Las abrumadoras campañas de movilización y propaganda soberanista que se llevan a cabo desde 2012 se basan sobre los siguientes supuestos: hay una Nación Catalana que se ha puesto en marcha para asumir su soberanía, darse un estado propio y proclamar la independencia. Esa Nación existe desde tiempo inmemorial. Hasta 1714 fue una parte soberana de los Reinos de España. Desde entonces se vio obligada por la fuerza de las armas a vivir, como si no fuera reino soberano, dentro del estado español. Como parte de éste se mantuvo, con diversas alternativas históricas, leal a la nación española. Sólo cuando, en 2010, el Tribunal Constitucional rechazó unos cuantos artículos del nuevo estatuto de autonomía que el ‘parlament’ había aprobado en 2006, Cataluña se sintió ofendida, entendió que el ‘pacto’ con España se había roto y reclamó lo que era suyo por herencia histórica: una soberanía original que en su día había depositado como prenda de su voluntad de paz, y lealtad hacia España.
El problema es que no existe esa Nación Catalana en el sentido convencional y moderno del término. Las fuerzas nacionalistas saben de sobra que sólo mediante la posesión de un estado propio pueden crear la Nación Catalana. Como cualquier otra nación que en Europa se ha constituido. Pero construir un estado propio es una tarea que requiere tales esfuerzos morales, políticos y económicos, durante tanto tiempo, que es ilusorio poner un plazo determinado a la culminación de tal objetivo.
No están aún las fuerzas para el Estado y aún menos para la Nación
La Historia con mayúsculas no se hace a fecha fija, y poner una nueva nación en Europa no se improvisa a base de manifestaciones de medio millón o un millón, ni de consultas improvisadas, y mucho menos por la mayoría mínima de un parlamento. La pequeña mayoría nacionalista del actual ‘parlament’ (2015) se formó gracias al 47,8% de los votos, lo que muestra que más del 52% del electorado no atendió su llamada a la autodeterminación.
Lo que es más, el resultado de JpS (39,6% de los votos) quedó por debajo de la suma de los resultados de ERC y CDC en 2012. Sólo el apoyo parlamentario de la CUP, que obtuvo 8,2% de los votos, logró dar la impresión de que la gran minoría electoral resultante era arrolladora. Ahora JpS se encuentra con que, por seguir manteniendo esa imagen propagandística, la CUP se lleva un premio extraordinario, al aparecer, entre ciertos sectores sociales, como paladín de los oprimidos y vanguardia de un amplio electorado antisistema existente en Cataluña, en disputa (o en posible alianza) con el también radical Podemos.
Pero la realidad empieza a imponérseles a todos. Empecemos por la CUP. Después de dos meses o más de exigir a sus aliados el cumplimiento estricto de los plazos para la declaración unilateral de independencia, una diputada de la CUP, Mireia Vehí, declaró este domingo que la fecha tope del proceso ‘se puede mover’, y que esta decisión no depende necesariamente de que el ‘govern’ acepte la enmienda de su partido a los presupuestos, abriendo así paso a una negociación, de duración indeterminada. La CUP sabe que no puede tensar la cuerda con JpS porque romperla le haría culpable de haber interrumpido el proceso. “Aunque se tengan que prorrogar (los plazos), no es el fin de la legislatura y del proceso”, añadió Vehí.
El presidente Puigdemont también desea ampliar el espacio temporal de que dispone la coalición. No otro fin tiene su declaración del 27 de mayo en el sentido de que no debe entenderse el acto final del ‘proceso’ como una declaración sólo para la independencia. Cabe también, sugirió, una negociación “por la reforma constitucional”, y para determinar el ‘quorum’ necesario. “Hay margen para el acuerdo”, y añadió que aunque la Generalidad continuará con sus planes, puede haber entretanto “cooperación y diálogo”.
Por mucho que lo disimulen, las fuerzas del ‘govern’ aún abrigan reservas sobre la oportunidad de romper con las formas constitucionales, a lo que quedarían obligadas por la literalidad de su ‘hoja de ruta’. No ignoran la lógica de la democracia parlamentaria imperante en España, Europa y el mundo occidental, donde los nacionalistas dicen querer permanecer. Cataluña no está madura para una revolución independentista. La misma CUP sabe que sin JpS no significa apenas nada en términos parlamentarios, y se quedaría sola para sufrir, si llegara el caso, el peso de la ley según la constitución española.
Antes de ejecutar la hoja de ruta, reflexionar
Las acciones, durante estos últimos meses, de las fuerzas independentistas ponen además de manifiesto la ausencia de un poder moderador, incluso de arbitraje. Un papel que durante muchos años ejerció Jordi Pujol, hoy apartado con ignominia de la vida política catalana. Por eso los independentistas dan la sensación de no poder mantener el equilibrio sobre su propia ruta.
El componente conservador de JpS, además, observa con preocupación la continua pérdida de su peso electoral, lo que le deja al arbitrio de fuerzas sociales fuertemente reivindicativas.
Como resumen provisional de todas las observaciones precedentes, se puede proponer la siguiente hipótesis. A la vista de los recientes riesgos de polarización, las fuerzas independentistas se están dando un tiempo indeterminado para la reflexión y la conciliación de contradicciones. A la vista del pobre resultado de las campañas de propaganda y relaciones públicas ante los centros de poder exteriores, a los independentistas les ha entrado vértigo. A la vista de la actual dependencia que sufre Cataluña respecto de la arquitectura financiera y crediticia de España, les asaltan dudas sobre el realismo de la ‘desconexión” que dicen tener por objetivo.
Si superaran todas esos obstáculos y pruebas, y crearan el estado que se prometen, aún les quedaría crear la nación que dicen representar. Pero eso es otra historia. Y larga.