Lo que es claro es que la inmensa mayoría de los incendios vienen de la mano del hombre y, en muchos casos, provocados para beneficio de unos cuantos. Aunque tal hecho esté lleno de mitos. Así, uno de los motivos que siempre se ha alegado para la provocación de incendios han sido los motivos urbanísticos: se compra un terreno rural, se quema con lo que se fuerza la recalificación, y se gana un dineral construyendo una urbanización de lujo junto al bosque que haya quedado. Evidentemente han existido incendios motivados de acuerdo a ese plan, pero no es una explicación a los siniestros que ocurren en zonas con interés urbanístico nulo. Así, pese a estar en el imaginario colectivo, la causalidad incendio-cambio de uso del suelo no es demasiado frecuente (0,34% de los incendios y 0,12% de la superficie quemada en el periodo 2001-2012), siendo así que hasta en Greenpeace desmontan el mito entre incendios y construcción.
Los que sí está demostrado es la alta relación entre incendio y dedicación de la tierra quemada al pastoreo. Mientras que se piensa que las recalificaciones son todas para la construcción, la mayoría de recalificaciones se hacen para cambios de uso agrícola y ganadero. Esa es la verdadera realidad de las recalificaciones y gran parte de bastantes incendios. Renovación de la masa forestal, cambios de uso a viñedos, plantaciones de nuevos cultivos o necesidad de pastos ganaderos (el 68% de los incendios en 2008).
Otro motivo habitualmente repetido es el del negocio de la madera quemada para la industria papelera. El problema es que realmente la madera quemada, aunque barata, necesita de un proceso de blanqueamiento para usarse en la fabricación del papel. Además, en los últimos años las comunidades autónomas cada vez más han enfocado sus esfuerzos en mantener la madera quemada en los lugares ardidos, con el objetivo de la creación de barreras forestales para evitar la pérdida de suelo.
Igualmente, no deja de ser un también un mito, aunque se hayan dado casos, que una parte de los incendios pueden estar provocados por los mismos trabajadores que se encargan de extinguirlos, debido a las amenazas de recortes que se ciernen sobre sus puestos de trabajo. Pero da pistas sobre un motivo real: los recortes en materia de prevención son otra de las causas principales de incendios, sin parecer darse cuenta de que un recorte en la prevención es asegurarse un gasto 10 veces mayor en la extinción y recuperación del monte.
En definitiva, los principales problemas del bosque español son el calor, el abandono y las malas prácticas agrarias. El abandono de las prácticas rurales que incluían la ganadería extensiva o la recogida de leña y que conllevaban un cierto cuidado del espacio forestal, ha motivado el abandono de los bosques debido al poco valor de las actividades relacionadas con ellos y al envejecimiento de la población rural. Por otro lado, la falta de una regulación efectiva y los vacíos legales entre ordenamiento jurídico estatal y autonómico lleva a una descoordinación en las medidas preventivas, que son las más importantes.
Por último, un apunte más acerca del negocio de los incendios, que, si bien no conllevan necesariamente el estallido de los mismos, sí es una trama que ha crecido al hilo de la lucha contra el fuego, debido a la cada vez mayor presencia de empresas privadas en los servicios de prevención y extinción por la vía de las concesiones y contratas públicas.
Se trata de la investigación llevada a cabo por la Udef a un grupo de empresas dedicadas a la extinción de incendios forestales por pactar precios e influir en las adjudicaciones públicas de España, Portugal e Italia. Estas empresas contaban con multitud de políticos y altos cargos de varios territorios, sobre todo de Valencia y Cataluña, para garantizarse la mayor parte de contratos. De hecho, es en la comunidad valenciana en la que se han llevado a cabo las detenciones más importantes, como la del ex conseller de Gobernación y Justicia y ex delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano.
La trama estaba presuntamente dirigida por el empresario Vicente Huerta, gerente de Avialsa, a la que Castellano benefició en Valencia, durante los años los años 2007 a 2014 y el funcionamiento era, como suele ser muy simple: a cambio de las correspondiente comisiones y regalos, se pactaba previamente con Avialsa en las condiciones de cada nuevo contrato las mejoras que debía introducir la empresa para adjudicarse el concurso. La causa está abierta por organización criminal, alteración del precio en concurso público, falsedad mercantil, prevaricación, cohecho, malversación, falsedad en documento público y negociación fraudulenta a funcionario público. Hubo más de 20 detenciones en Alicante, Valencia y otras provincias españolas y se practicaron 20 registros en empresas y viviendas. Mientras que la cantidad presuntamente malversada supera los 100 millones de euros y la Policía también investiga si los empresarios movieron hasta 600.000 euros en dinero negro desde Italia.
Así que, ahora ya lo sabemos: cuando el bosque se quema, posiblemente alguien está ganado dinero.
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Después de los acontecimientos rupturistas vividos en el parlamento catalán el pasado 27 de julio, la actual crisis quedará caracterizada por los siguientes dos hechos:
Primero: el gobierno de la Generalidad pretende haberse erigido en ente soberano frente a, y en competencia con, la soberanía española tal como ésta última queda consagrada por la Constitución y es reconocida por todas las entidades nacionales e internacionales que forman el sistema internacional de estados.
En Cataluña se está dando la presencia simultánea de dos proclamaciones de soberanía, o si se prefiere: frente a una soberanía oficial e histórica se alza otra, pretendiente y de nueva planta.
Segundo: el ‘govern’ catalán y la mínima mayoría parlamentaria que le apoya están viendo amenazado su control del proceso independentista por una fuerza radical extremadamente minoritaria pero muy organizada, en un vuelco típico de los procesos revolucionarios.
Trataré de describir este doble proceso, en los términos en que creo se están produciendo.
El parlamento catalán es ‘soberano’, según Munté
Allá donde se manifiestan signos positivos de que existe una soberanía española que trata de ejercer sus funciones dentro del territorio catalán, se alza de modo paralelo, como reflejo automático, una acción de las instituciones de la autonomía que tratan de enmendarla, rechazarla, apelarla o, para mayor ironía, en algunos casos refrendarla. La legalidad española, si ha de tener alguna virtualidad dentro de Cataluña, solo puede tenerla, según la visión de las autoridades del ‘proces’, con la venia de las instituciones catalanas. El Tribunal Constitucional español generalmente no goza de venia para que sus dictámenes y sentencias se apliquen diligentemente.
Si el TC quiere que sus sentencias surtan efecto, debe intentarlo superando todo género de obstáculos legales, artificiosamente diferidos o prolongados. Esto es particularmente notorio desde siempre en el ámbito de la educación, y más recientemente en el de los bienes culturales pertenecientes a otras comunidades. Seguro que otros expertos podrán aportar más ejemplos de filibusterismo institucional catalán, en otras áreas.
Esa disposición a vivir hasta donde sea posible al margen o enfrentados al ordenamiento legal español fue expuesta con toda claridad por la consejera de Presidencia de la Generalidad, Neus Monté, cuando dijo a la agencia Europa Press este pasado sábado que “no existe una única legalidad inmutable que no se pueda tocar o interpretar… Estamos trabajando en las leyes de desconexión que tienen que permitirnos articular un marco jurídico… que será el marco de la Cataluña independiente”.
En clara contradicción con la advertencia del TC, del 19 de julio, contra la celebración de la sesión plenaria del ‘parlament’ para aprobar el texto de una supuesta ley de ‘desconexión’, Munté replicó al periodista que “en ningún sitio existe una prohibición para que un parlamento soberano pueda debatir conclusiones y aprobarlas”.
Luego viene otro aspecto: qué grupo social dominará el pretendido proceso hacia la soberanía plena. Desde hace cuatro legislaturas autonómicas, el partido representativo de las clases acomodadas, medias y comercial de Cataluña, es decir, Convergencia y Unión (luego Convergencia Democrática y actualmente Partit Demòcrata Catalá, PDC) ha perdido precipitadamente representación parlamentaria, en favor de ERC, indicando una pérdida de influencia social de la burguesía catalana. Esta es una cuestión que el nacionalismo ha tratado de soslayar con el principio, actualmente dominante, de ‘transversalidad’ social de los planteamientos soberanistas, cristalizado en la coalición gobernante Junts pel Sí (JpS), que une a PDC con ERC, una formación representativa de la clase media baja, de una parte del mundo del trabajo y el artesanado, y parte del profesorado y del estudiantado.
El principio de transversalidad obliga a las dos fuerzas nacionalistas mayores a obviar las tensiones naturales derivadas de intereses de clase diferentes, para marchar del brazo por el mismo camino. Desprovisto de mordiente social, el proceso que han emprendido juntos sólo puede marchar a fuerza de explotar los valores y caracteres simbólicos y emotivos de la causa nacionalista. Ambos partidos, y su movimiento JpS, se ven abocados a explotar resortes de la psicología colectiva, avivados por las apelaciones continuas a la nación, la patria, la identidad, ‘nuestra historia’, ‘nuestra cultura’, etc., que como dice Herbert Lüthy, “están marcadas por la esterilidad prolífica y relumbrante…, propia de las discusiones sobre objetos indefinidos e indefinibles”.(‘A rehabilitation of Nationalism?’).
Este rehuir las consecuencias sociales del soberanismo es explotado hábilmente por la Candidatura de Unidad Popular, movimiento rayano en el comunismo, que mantiene a JpS dependiente de los diez escaños que detenta en el ‘parlament’, y que son imprescindibles para justificar de alguna forma la mayoría soberanista dentro de éste, pero que no se corresponde con una mayoría entre el electorado.
JpS creía estar en posesión de todos los resortes del proceso independentista, y en estos días se les ha hecho evidente que algunos están fuera de su alcance y se hallan en manos de la CUP.
Enojosa dependencia respecto de la CUP
En el fin de semana que acaba de terminar, la CUP, por boca del diputado Benet Salellas, ha hecho saber a JpS las profundas diferencias sobre la estrategia de desconexión con el estado. Como es sabido, JpS propone una progresión pautada de los procedimientos. En una primera fase se abrirá un proceso participativo abierto a la sociedad civil, para que esta haga propuestas sobre la futura Cataluña. En una segunda fase Cataluña se ‘desconectará’ del estado español y se convocarán elecciones para formar una asamblea constituyente, la cual redactará un proyecto de constitución. En la tercera fase, el proyecto de nueva constitución será votado en referéndum.
Este ‘mapa de ruta’, sin embargo, corre el riesgo de encontrarse con un importante bache en el camino. El presidente Puigdemont está al día de hoy comprometido a someterse a una cuestión de confianza ante el parlamento, y tiene previsto hacerlo después de la Diada del 11 de septiembre, cuando el fervor identitario se hallará previsiblemente a máxima presión. Fervor del que Puigdemont espera, naturalmente, derivar los réditos. Y entonces, sólo entonces, cuando se haya asegurado la confianza, se dispondrá a presentar los presupuestos del 2017, que le permitirán empezar desahogadamente el proceso de desconexión.
De esto, la CUP no quiere saber nada. Quiere el referéndum cuanto antes: en el primer semestre del 2017, según Salellas. Entonces, Cataluña se proclamará república independiente, y todo el proceso constituyente será a partir de esa premisa. Salellas también anunció que la CUP no prestará apoyo a los presupuestos si no están dedicados claramente a poner en práctica la independencia. Según él, con el referéndum por delante se acaban los tortuosos y largos procedimientos del ‘procés’ actual, aparte de que un referéndum es la fórmula de mayor aceptación internacional.
El problema para JpS y Puigdemont, para Munté y Artur Mas, es que para ganar o no la confianza del parlamento, éste necesita los votos de la CUP. Si no se los dan, habrá que ir a elecciones, y el ‘procés’ queda en suspenso, a la espera de una nueva formulación. Quizás entonces será la hora de la radicalidad, cuando las fuerzas nacionalistas hoy hegemónicas, en su pretensión de mantener una apariencia de soberanía sobrepuesta a la española, habrán perdido su oportunidad.
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Según la Encuesta de Población Activa, en el segundo trimestre de 2016 el número de personas ocupadas creció en 271.400. Eliminando la estacionalidad, el ascenso fue del 53.600, el crecimiento más bajo desde prácticamente el inicio de la recuperación, y muy por debajo del registrado en el trimestre anterior. El resultado no es malo, pero es inferior a lo esperado, sobre todo después de los extraordinarios resultados arrojados por las cifras de afiliación a la Seguridad Social. La diferencia entre el crecimiento del empleo que ofrece la EPA y el que ofrece la afiliación es muy notable: según esta última estadística, el empleo aumentó en 436.000 en el mismo periodo –dato bruto sin corregir de estacionalidad–. Ambas operaciones estadísticas son muy diferentes y por tanto sus resultados no pueden coincidir, pero se trata de una diferencia muy superior a la habitual, por lo que deberíamos tomar estos resultados con cautela.
Por otra parte, esa acusada desaceleración en la creación de empleo que ha tenido lugar según la EPA, se ha concentrado en su mayor parte en el empleo temporal, que –incluso– ha descendido en términos desestacionalizados, mientras que el empleo indefinido ha seguido aumentado a un ritmo solo algo inferior al del primer trimestre, y muy semejante al de los trimestres anteriores. Asimismo, el empleo a tiempo parcial también se ha reducido –tanto en términos brutos como desestacionalizados-, siendo el empleo a tiempo completo el que ha aumentado.
El descenso en el número de parados ha sido de 216.800. La reducción del desempleo desde hace un año está siendo más intenso entre los parados de larga duración. Así, el porcentaje que los desempleados de más dos años de duración representaban sobre el total de parados alcanzó un máximo del 44,8% en el segundo trimestre de 2015, y ahora se encuentra en el 42,8%, aunque es posible que una parte de dicho descenso obedezca a un efecto desánimo.
Por otra parte, el empleo que más crece es el cualificado. En el último año, las ocupaciones de técnicos y profesionales científicos y técnicos de apoyo, han aumentado un 4,8%, y los trabajadores cualificados y operadores de instalaciones un 3,3%, mientras que las ocupaciones elementales y servicios de restauración, personales y vendedores, es decir, las de menor cualificación, se han incrementado en un 2,5%. Desde la perspectiva del nivel de formación, también encontramos que entre los trabajadores que no tienen ningún tipo de formación –nivel de estudios inferior a la secundaria completa- el empleo aumentó un 1,2%, en contraste con el 4,8% de aumento entre los que tienen formación profesional, o el 3,2% de entre quienes tienen estudios superiores.
FUNCAS
Así responde la madre del soldado musulmán muerto en Irak a Donald Trump http://www.elespanol.com/mundo/america/eeuu/20160801/144486101_0.html …
Las diez 'carmenadas' del año http://bit.ly/2asFCBF
España
El PIB creció un 0,7% intertrimestral (3,2% interanual) en el 2T, una décima menos que en el 1T. El fuerte aumento de las ventas minoristas en junio (5,6% interanual) indica que el consumo privado sigue siendo el principal motor del crecimiento. En este contexto favorable, el Gobierno ha elevado su previsión de avance del PIB al 2,9% (anterior: 2,7%).
La recuperación del empleo fue notable en el 2T aunque algo inferior a lo esperado. La tasa de variación interanual del empleo se desaceleró al 2,4% (3,3% en el 1T). El sector privado lideró la creación de empleo (2,7% interanual) mientras que el sector público tuvo un crecimiento más modesto (1,3% interanual). La tasa de paro se redujo hasta el 20,0%, un punto menos que el trimestre anterior. La recuperación del empleo continuará en el segundo semestre aunque a un ritmo menor.
La inflación gana otras 2 décimas en julio y llega al -0,6%. A falta del detalle por componentes, el dato se explica por la subida de alimentos y bebidas no alcohólicas. En los próximos meses, la inflación evolucionará al alza por el dinamismo del consumo y por el efecto escalón del precio del petróleo.
El saldo por cuenta corriente sube al 1,8% del PIB en mayo. Esta notable mejora se debe tanto a la continuada reducción del déficit de rentas como al incremento del superávit de bienes y servicios. Por su parte, el número de turistas internacionales aumentó un 12,7% interanual en junio (7,6 millones) y confirma el buen inicio de la temporada de verano.
La Comisión Europea otorga dos años adicionales para reducir el déficit público por debajo del 3% del PIB. La nueva senda de déficit supone trasladar un mayor esfuerzo fiscal a 2017, ante unos datos de ejecución presupuestaria que muestran ausencia de ajuste en 2016. En concreto, el déficit del Estado se situó en el 1,9% del PIB en junio (1,8% en junio de 2015). El nuevo objetivo de déficit propuesto para 2016 (4,6% del PIB) parece alcanzable.