El origen del conflicto arranca con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el 11 de diciembre de 2014, que considera que España incumple la normativa comunitaria al no respetar la libertad de establecimiento y contratación en el sector de la estiba y desestiba (carga y descarga de mercancía marítima). El asunto ya se ha cobrado 21,5 millones de euros de sanción, según el Ministerio de Fomento.
En España, las empresas de este exclusivo sector tienen la obligación de inscribirse en una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep) y, además, participar de ésta económicamente. Es decir, las empresas que quieren operar en los puertos públicos deben entrar en el capital de las Sagep y están obligadas a contratar solo a sus estibadores.
Y es este sistema cerrado de acceso a la actividad lo que suscita polémica, porque la entrada de trabajadores es muy restringida y controlada por Sagep al 100%. Dando lugar a salarios elevados: 60.000 euros al año, según fuentes de Fomento, y a un excesivo control y dependencia de la actividad a las decisiones de la Sagep, controlada mayormente por los sindicatos.
La decisión tomada por el Gobierno es acabar con esta situación. Para ello ha preparado un decreto ley para la liberalización de la estiba en los puertos españoles que cumpla con las exigencias de Europa. Y, ante su entrada en vigor este pasado viernes, se han encendido todas las alarmas entre el colectivo de estibadores. Ya que acabará con la posición de privilegio de la Sagep, al permitir la existencia de empresas que no tengan que pertenecer a la misma y, además, terminará con la existencia del registro de trabajadores, principal punto de exigencia de Europa.
La norma busca la liberalización de la contratación de los trabajadores. Pudiendo las empresas contratar libremente sin necesidad de pasar por el registro de trabajadores aprobado por la Sagep. La única condición será la exigencia de la formación de estos trabajadores: bien por la formación profesional reglada y aprobada por Fomento (o sus equivalentes de otros países, debidamente reconocidas), bien por la posesión de un certificado de profesionalidad habilitante, o bien por la acreditación, por parte del trabajador, de más de 100 jornadas de trabajo en el servicio portuario de manipulación de mercancías.
Y para redondear la jugada, el decreto posibilitará que las empresas que tengan contratados trabajadores impuestos por la Sagep puedan despedirlos, haciéndose cargo la Autoridades Portuarias de los Puertos de Interés General, de las indemnizaciones que estas empresas deban desembolsar.
En definitiva, que la norma intenta acabar con una posición de predominio que mantenían los sindicatos, y que presuntamente hacían funcionar la Sagep como su propio cortijo, favorecer a unas empresas, que lo único que hacían era repercutir a sus clientes los costes excesivos a los que la Sagep les hacía incurrir, abrir la puerta a trabajadores de toda índole, mejor o peor preparados, pero indudablemente peor pagados y además indemnizar a los trabajadores hasta ahora “privilegiados” a costa del bolsillo del ciudadano.
El caso es que, según la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), uno de los principales sindicatos de los estibadores, que no quieren ser los malos de la película, llevaban un tiempo negociando con la patronal del sector: la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras (Anesco), y habían llegado a un preacuerdo con ellos para adecuarse a la exigencia europea, en un “claro gesto de apuesta por el consenso y el entendimiento en el sector”, según la coordinadora.
Sin embargo, este acuerdo no fue ratificado por la asamblea de la patronal “por la irrupción del ministro de Fomento” y su decreto antes de que culminara el proceso negociador. Según la CETM, este acuerdo da respuesta a las exigencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, era aceptado por la patronal y “la irrupción de un decreto ley autoritario ha dinamitado el diálogo”.
Así las cosas, ha habido paros 20, 22 y 24 de febrero, por ahora sin demasiadas consecuencias. Sin embargo, no hay que olvidar por qué este colectivo goza (o gozaba) de esa posición privilegiada en las negociaciones. Su capacidad de paralizar el tráfico de mercancías en cualquier puerto es evidente y demostrada, además es un colectivo con unos lazos de unión muy fuertes a nivel nacional e internacional, de modo que podría hasta conseguir bloquear o retrasar las mercancías con destino a España en los puertos de origen, de hecho, ya han hecho gala de sus apoyos internacionales en los informativos de todo el país. Por otro lado, no hay que olvidar que por los puertos pasa el 86 % de las importaciones y el 60 % de las exportaciones, lo que supone el 1,1 % del PIB nacional y el 20 % del PIB del transporte. Alrededor de la estiba se generan más de 150.000 empleos, entre los directos y los indirectos, siendo los afectados por la reforma legal unos 6.150 trabajadores, la mayoría en Algeciras, Barcelona y Valencia.
Tras la aprobación del decreto, los sindicatos ya han anunciado nuevas movilizaciones. Tres semanas de paros a partir del próximo 6 de marzo que podrían dar lugar a paralizar tanto la producción del país, como hacer muy difícil la vida en ciudades que reciban una parte significativa de sus productos de primera necesidad por vía marítima, tales como ambos archipiélagos y muchas ciudades costeras.
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España.
Los indicadores de actividad fueron muy vigorosos al cierre del 4T 2016. El índice de la cifra de negocios del sector servicios avanzó un 5,4% interanual en diciembre (media móvil de tres meses) y su homólogo del sector industrial también creció a buen ritmo (4,5%). La nota menos positiva la aportó la ralentización de la entrada de pedidos en la industria, que avanzaron un 3,3% interanual en diciembre (4,4% en noviembre), debido a la caída de los pedidos del mercado interior y de la zona del euro. Sin embargo, los pedidos de fuera de la zona del euro crecieron con fuerza en el tramo final del año.
El saldo comercial sigue mejorando en diciembre. En concreto, el déficit comercial de bienes se redujo del 2,2% del PIB en diciembre de 2015 al 1,7% del PIB en diciembre de 2016 (acumulado de 12 meses). Las exportaciones siguieron creciendo, aunque más lentamente (1,7%), mientras que las importaciones cedieron un 0,4% por la caída del precio del petróleo en términos interanuales.
El precio de la vivienda avanzó un 1,9% en 2016. El precio de tasación de la vivienda libre creció un 0,8% intertrimestral en el 4T de 2016 (1,5% interanual). En los próximos meses, se espera que la tendencia al alza de los precios se consolide como consecuencia del impulso de la demanda de vivienda y la escasez de viviendas por vender en determinadas zonas prime.
Europa
La actividad muestra un tono sólido en el 1T. El índice de sentimiento empresarial compuesto (PMI) para la eurozona aumentó hasta los 56,0 puntos en febrero, el nivel más alto desde abril de 2011, en zona claramente expansiva (por encima de los 50 puntos). Por países, el aumento fue liderado por Francia, con un PMI compuesto que alcanzó los 56,2 puntos (54,1 en el mes anterior). También destacó el buen registro de Alemania, que subió hasta los 56,1 puntos (54,8 en enero).
La confianza del consumidor se mantiene en niveles altos. En febrero, el índice de confianza del consumidor para el conjunto de la eurozona se situó en los –6,2 puntos, un registro algo inferior al de enero (–4,9) pero muy por encima del nivel promedio de 2016 (–7,7). Así, la buena evolución de este índice se suma a la mejora experimentada por otros indicadores de actividad en los últimos meses, que apuntan a una aceleración del ritmo de crecimiento en la eurozona en el primer trimestre de 2017.
Los datos del sector inmobiliario en EE. UU. siguen mostrando crecimientos relevantes. En particular, en enero, las ventas de vivienda usada y nueva avanzaron sólidamente, un 3,3% y 3,7% intermensual, respectivamente. Asimismo, en enero se iniciaron 1,25 millones de viviendas, en línea con el promedio histórico. Ello debería seguir apoyando la inversión residencial, que ya creció con fuerza en el 4T 2016 (2,5% intertrimestral). También destacó en positivo el índice manufacturero elaborado por la Fed de Filadelfia, que se situó en el nivel más elevado de los últimos 33 años (en los 43,3 puntos).
Ralentización de las exportaciones japonesas, después de meses de bonanza. En particular, las exportaciones de bienes en términos nominales avanzaron un 1,3% interanual en enero (+5,4% en diciembre). Ello afectó al saldo comercial, que anotó su primer déficit mensual desde agosto. A nivel regional, las exportaciones se vieron perjudicadas por la ralentización en el avance de las ventas a China y por la fuerte caída en las exportaciones hacia EE. UU., especialmente en coches.
La inflación sigue en cotas moderadas en la mayoría de economías emergentes, con la excepción de México. Los datos de inflación de la India, Brasil y Rusia en enero continuaron en la senda de moderación iniciada durante 2016. En estos últimos dos casos, impulsados por la notable apreciación de la divisa. Concretamente, en la India, la inflación se situó en el 3,2%), mientras que en Brasil y Rusia se emplazó en el 5,4% y 5,0%, respectivamente. En cambio, México fue la nota discordante ya que la inflación se situó en el 4,7% (3,4% en diciembre) y registró el mayor aumento intermensual de los últimos 17 años. La causa principal fue el incremento de los precios de los carburantes, como consecuencia del gasolinazo (liberalización de los precios de la gasolina).
Los activos con riesgo toman impulso. Las bolsas estadounidenses exhibieron firmeza y los cuatro grandes índices bursátiles del país (S&P 500, Dow Jones, Nasdaq y Russell) alcanzaron nuevos máximos históricos. El buen tono de los indicadores de coyuntura, así como las buenas cifras de resultados empresariales propiciaron una pauta de volatilidad baja y bolsas y bonos corporativos al alza. Más dubitativas se mostraron las bolsas europeas, a pesar de la sólida recuperación de los beneficios y los buenos datos de actividad de la región. La elevada incertidumbre política en Europa sigue pesando sobre el ánimo inversor.
Los mercados de deuda pública muestran indefinición a causa del incierto panorama político. En EE. UU., las yields soberanas a largo plazo descendieron levemente ante la falta de visibilidad en torno a las medidas fiscales de la nueva Administración americana. En la eurozona, los inversores se mostraron más inquietos a causa de la cercanía de las elecciones en los Países Bajos y, también, en Francia. Como resultado, las primas de riesgo de la deuda periférica repuntaron de forma contenida y la rentabilidad del bund flexionó a la baja decididamente, hasta el 0,20%.
Trump quiere aumentar el arsenal nuclear y resucita la sombra de la carrera armamentística http://elpais.com/elpais/2017/02/26/media/1488119562_775581.html
Evolución del precio final de la gasolina y el diésel en España http://dlvr.it/NVTCwK
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Años que se han tardado en alcanzar los 100 millones de usuarios http://dlvr.it/NV0WL7
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El mejor mercado en renta variable desde 1900 fue el sudafricano http://dlvr.it/NV9D3R
Ni un sólo presidente ejecutivo de la banca española por encima de los 70 años, con la excepción del máximo responsable del BBVA. En ese terreno se queda Francisco González (FG) tras la despedida por sorpresa de Amado Franco de la presidencia de Ibercaja Banco aunque se mantenga como presidente de honor. Pese a ser un año más joven que el de Chantada, Franco sigue los pasos ya iniciados hace unos meses de otros históricos del sector como Isidro Fainé y Braulio Medel. Las cajas se quedan huérfanas.
Los últimos años han supuesto una renovación completa al frente del sector financiero español, aunque no en todos los casos se ha producido un relevo generacional. La última convulsión se ha producido en el Popular, con la salida de Ángel Ron (1962), el presidente más joven de la banca española hasta el momento, y la llegada de un veterano como Emilio Saracho (1955).
La sorpresa acaba de surgir en la presidencia de Ibercaja. El veterano Amado Franco (noviembre de 1945) ha optado por dejar las funciones ejecutivas después de toda una vida dedicada a la entidad aragonesa y con aún 71 años se ha apartado a una presidencia de honor para que el consejero delegado, Víctor Iglesias, asuma todo el poder ejecutivo bajo una presidencia no ejecutiva de un veterano de la casa como José Luis Aguirre.
Con esta retirada de Amado Franco, el presidente del BBVA, Francisco González (FG), se convierte en el gran abuelo de la banca española actual. Aunque aún tiene 72 años, y hasta el próximo mes de octubre no sume más, la pretensión de FG es mantenerse hasta los 75 años de edad de unos estatutos tan modificados como modificables.
El presidente del BBVA ya renovó en su cargo en la junta de accionistas del año pasado para un nuevo mandato de tres años. Cualquier pregunta sobre su posible retirada antes es recibida de manera algo más que airada por un FG que jura, por el más santo proceso de digitalización de la banca, no volver a modificar los estatutos.
Amado Franco deja a su entidad en esa transformación tecnológica, pero se aparta a un lado para dejar paso a nuevas generaciones que asuman las riendas de una Ibercaja que ha sobrevivido a la dura crisis y que ha acometido integraciones como la de Caja 3. Y con el compromiso de devolver los bonos convertibles (cocos) heredados del grupo que lideraba la entidad también aragonesa CAI.
A mediados de 2016, Franco decidió continuar al frente del banco instrumental creado por Ibercaja. Su decisión fue la opuesta a la de otros históricos del sector. Isidro Fainé (74 años) dejaba la presidencia de CaixaBank en manos de Jordi Gual (59), mientras que el presidente de Unicaja también optaba por la Fundación en lugar del banco. Braulio Medel aún no ha cumplido los 70 años de edad, como su sucesor Manuel Azuaga al frente de la entidad malagueña.
Amado Franco se ha caracterizado por ser uno de los más firmes defensores del modelo de las cajas de ahorros, ahora de nuevo cuestionado y bajo revisión tanto en el Parlamento como por el Banco de España por haber sido uno de los factores determinantes del rescate de la banca en España.
Con Franco, Fainé y Medel ya en la retaguardia, los viejos (con todos los respetos) presidentes de cajas que estaban al frente de sus entidades en el momento del estallido de la crisis desaparecen del primer plano. De hecho, entre Amado Franco e Isidro Fainé ya se vivió una pugna por la presidencia de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) como sustitutos del siempre beligerante Juan Ramón Quintás.
Algunos se cuestionan si la reforma de las cajas de ahorros, promovida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), hubiera sido del mismo calado con Franco en la presidencia de la patronal de las cajas de ahorros, en lugar de un Isidro Fainé como presidente. Como siempre, son conjeturas a toro pasado.
A día de hoy, de aquellas entidades tan sólo quedan los dos pequeños ejemplos de Pollença y Ontinyent. El resto ha acabado integrado o transformado en bancos, un duro trago ya para Amado Franco. Tal vez, su marcha se pueda ver como la única fórmula para no tragarse el sapo de la salida a bolsa de Ibercaja. Aunque ni en el grupo ni por parte de su consejero delegado hayan muchas prisas para dar ese paso. Víctor Iglesias defiende "la biodiversidad bancaria". Al menos, por el momento.
Santander paga 3.000 millones por guerras legales en Brasil y Reino Unido http://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/banca/Santander-millones-Brasil-Reino-Unido_0_1003100015.html …
El empleo y la escasez de casas elevan el alquiler http://cincodias.com/cincodias/2017/02/24/economia/1487959704_319996.html?id_externo_rsoc=TW_CC …
El líder de los talibanes pide a los afganos que planten árboles http://internacional.elpais.com/internacional/2017/02/26/mundo_global/1488122793_133225.html?id_externo_rsoc=TW_CC …
Avalancha de noticias sobre la corrupción en todos los medios nacionales mientras lo que ocurre por el ancho mundo, y en Europa concretamente, apenas si merece atención máxime cuando se trate de problemas teóricamente menores como el Presupuesto de la UE y la repercusión que tendrá en el mismo el Brexit británico.
La británica May ha indicado que en su negociación con la UE aceptaría “una contribución apropiada” para saldar las deudas relativas a los compromisos que afectan al Reino Unido. El camino de la negociación se nivela al tiempo que los ecos de “quiero mi dinero” desaparecerían, aunque no del todo.
En efecto en el Consejo Europeo de Fontainebleau, en 1984, se acordó que “cualquier Estado miembro que soporte una carga presupuestaria excesiva con relación a riqueza relativa podrá beneficiarse, llegado el momento, de una corrección”.
La cláusula deja abierta los contenciosos para aquellos contribuyentes que reclamen aliviar su carga excesiva con relación a su riqueza.
Actualmente, el Presupuesto de la UE tiene como principal ingreso la contribución que hacen los Estados miembros equivalente al 1% de su RNB. Bruselas, en virtud del espíritu solidario de la UE, realiza transferencias de fondos a los países pobres, unos 35.000l millones de euros anuales.
Dos tercios de esos fondos transferidos corresponden a tres países: Alemania, con una aportación anual de 13.000 millones de euros; seguido de Reino Unido y Francia con 7.000 millones, aunque en proporción a la RNB serían Holanda y Dinamarca los contribuyentes más generosos.
Por el lado de los beneficiarios, Polonia ocupa el primer lugar como receptor de fondos con 12.000 millones de euros anuales, seguido de Grecia. con 4.900 millones y un grupo de cinco países: Rumanía, Hungría, Chequia, España y Portugal- con 3.000 millones.
La salida del Reino Unido significa que habrá menos dinero a repartir entre los actuales beneficiarios. Coincide el recorte con la difícil situación de Grecia a la hora de refinanciar su impagable deuda pública.
En estos momentos, el FMI, el BCE y el Mecanismo Europeo de Estabilidad -es decir, los principales acreedores griegos- negocian un tercer plan de ayudas para pagarse a sí mismos. Exigencias, a un deudor como Grecia, con un paro registrado del 25% y un crecimiento negativo del PIB al finalizar el pasado año.
Grecia ha realizado un enorme esfuerzo de austeridad. El déficit en sus pagos con el exterior del orden del 10% del PIB se encuentra actualmente en equilibrio. Asimismo, el saldo presupuestario primario –es decir, excluidos los pagos por intereses de la deuda- ha pasado de un déficit equivalente a un 3% del PIB en 2011 a un superávit del 1% en 2016. Grecia podría vivir con sus propios recursos sin necesidad de aumentar su endeudamiento pero carece de recursos para pagar los intereses de la deuda o amortizar el principal.
Las autoridades comunitarias se resisten a cualquier fórmula de condonación mientras que el FMI exige categóricamente una reestructuración de la deuda griega. Las autoridades comunitarias, por otro lado, quieren que el FMI forme parte del equipo negociador para reforzar las exigencias que reclama en contrapartida al plan de ayudas. Exigencias que se concretan en nuevas reformas laborales y del sistema de pensiones.
Una difícil coyuntura para el gobierno de Tsipras, que no puede arriesgarse a unas nuevas elecciones generales cuando las encuestas favorecen a la derecha de Nueva Democracia.
Complicaciones europeas para andar por casa mientras que a finales del pasado año, Ángela Merkel elevaba el nivel de alerta doméstica: “más allá del problema secundario de la integración de los refugiados -decía- lo que me preocupa enormemente es saber si el valor añadido de la industria alemana en los próximos 10 años aportará el 20% del PIB (actualmente es el 25,9%) ¿Cuál será el futuro de nuestra industria del automóvil, el sector químico, la maquinaria y los miles de pequeñas y medianas empresas?. Este desafío debe ser la tarea prioritaria”.