Es muy perjudicial ser pobre…

Según un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y la Fundación BBVA (PDF), el impacto de la crisis sufrida a lo largo de los siete – ocho años de duración de la misma (depende de a quien consultemos nos dirá que ya pasó, que ya se está superando o que aún le queda un trecho), ha acarreado una serie de consecuencias que van más allá de lo meramente económico.

No hay que olvidar que la crisis ha generado una serie de rápidos cambios en la sociedad que, en muchos casos, han resultados traumáticos, poniendo a prueba todos los recursos, no sólo económicos, sino también sociales o familiares de los que el país disponía.

Para empezar, el hecho de que la clase media haya adelgazado de forma ostensible. De hecho, según el estudio, en 2004 el 59% de los hogares españoles se sostenían con un nivel de renta medio. Este porcentaje creció hasta el 60,6% el 2007 y, a partir de ahí, comenzó su caída libre. En el 2013, el porcentaje de hogares con un nivel de renta media era del 52%. En siete años, la clase media perdió tres millones y medio de personas.

Pero no sólo eso, el nivel de renta para ser considerado como clase media también se ha desplomado. Si en 2007 la renta disponible de la clase media era de 28.000 euros, seis años más tarde era sólo de 22.000, lo que supone una caída del 20%.

La consecuencia es el aumento de las clases más desfavorecidas: si en 2007, la población incluida en la clase baja suponía el 26,6% del total, en 2013 (último año del estudio), las personas que se podían considerar como de clase baja habían pasado al 38,5%.

Los cambios sociales que se han desencadenado a raíz de este hecho los vemos cada día. Un aumento de la polarización de la sociedad, que ha visto cómo los extremos, en lo que a nivel de renta disponible se refiere, han aumentado su peso, mientras que el siempre moderado centro perdía peso relativo. La primera consecuencia es un aumento de la desigualdad social, que ha pasado de los 32,2 puntos del 2003 a los 35,4 del 2013, medidos por el índice Gini.

El principal origen de estos resultados ha sido lo sucedido en el mercado de trabajo. A pesar de que las políticas redistributivas han seguido funcionando durante todo este periodo, en forma de pensiones, prestaciones, etc., lo cierto es que no han sido lo suficientemente eficaces para compensar por completo los efectos de la crisis. De hecho, según el estudio, la actuación de las políticas públicas para compensar los efectos de la crisis ha logrado que el impacto de ésta sea un 45,7% menor. Es decir, las políticas de redistribución sólo han logrado compensar una tercera parte de los efectos de la crisis económica.

Los cambios en el mercado de trabajo han sido demasiado radicales y demasiado rápidos. El aumento del desempleo, el mayor peso del trabajo temporal o del trabajo a tiempo parcial, han provocado que los hogares con menos ingresos hayan sido los más castigados.

Pero las consecuencias de la crisis no han sido sólo económicas. La desigualdad generada por la falta de ingresos de buena parte de la población ha incidido seriamente en dos aspectos protegidos como derechos inalienables en nuestra sociedad: la educación y la salud.

En lo que a la educación se refiere, según un informe de la Cruz Roja, la falta de ingresos en el hogar incide en el rendimiento académico de una forma devastadora. Cambios de centro, a veces varios en un mismo año, carencias de material escolar o de un entorno apropiado para el estudio, o el tener que dedicar tiempo, o incluso abandonar los estudios, para atender al cuidado de hermanos pequeños o para buscar ingresos adicionales para la unidad familiar, son sólo alguna de las consecuencias invisibles que la falta de ingresos suficientes originan en los hogares. De hecho, entre los hogares más desfavorecidos, la posibilidad de un abandono de los estudios entre los jóvenes de 16-17 años asciende al 26,3%, independientemente de que se haya terminado la enseñanza obligatoria o no. Mientras que sólo es un 14% en las clases medias y un 1,6% en las altas.

En lo que se refiere a la salud, la evidencia es incontestable: la pobreza y la desigualdad social perjudican seriamente la salud. Un estudio sobre 1,7 millones de personas de la revista médica The Lancet concluye que la pobreza acorta la vida casi tanto como el sedentarismo y mucho más que la obesidad, la hipertensión y el consumo excesivo de alcohol. Siendo además una crítica a la Organización Mundial de la Salud por no querer incluir en su agenda este factor determinante de la salud tan importante.

El bajo nivel socioeconómico reduce la esperanza de vida en más de 2 años (2,1) en adultos entre 40 y 85 años; el alto consumo de alcohol la reduce en medio año; la obesidad la acorta 0,7 años; la diabetes reduce la esperanza de vida en 3,9 años; la hipertensión en 1,6 años; el sedentarismo, 2,4 años; y el peor, reduciendo la media de vida 4,8 años, el consumo de tabaco.

Según un informe del Ministerio de Sanidad, en España la posición socioeconómica, el género, el territorio, y más recientemente la inmigración, son ejes de desigualdad con enorme impacto en la salud de la población. En España, sólo el 55% de las mujeres con ocupaciones no cualificadas declaran un buen estado de salud frente al 85% de los hombres de clase social alta, de hecho, precisamente entre las mujeres, la probabilidad de padecer problemas crónicos de salud aumenta un 80% entre aquellas situadas en la clase social más desaventajada. El hecho de estar en paro o las dificultades en pagar la hipoteca, multiplica las posibilidades de sufrir trastornos mentales tales como ansiedad o depresión.

Así pues, se puede señalar al riesgo social como un agente transmisor de enfermedades crónicas. A medida que descendemos por la escalera social, la salud empeora porque las personas están más expuestas a los riesgos asociados a estas enfermedades crónicas. Sin embargo, lo curioso es que este hecho se halla desvinculado de la pobreza en sí, siendo mucho más determinante la desigualdad: tienen mejor salud y una mayor esperanza de vida en la India, con mayores índices de pobreza, que en barrios marginales de las grandes ciudades europeas o norteamericanas.

Peor alimentación, peor formación, mayor predisposición a malos hábitos (casi la mitad de los europeos con problemas económicos fuma), menores posibilidades de acceder a estilos de vida saludables, etc. En pocas palabras, la desigualdad y la injusticia social privan a las personas del control de sus propias vidas. Tanto si es una mala labor por parte de los padres, como defendería una ideología tendente a la diestra, como si es el resultado de la pobreza y la desventaja social, como defendería una ideología más hacia la izquierda, lo cierto es que la habilidad de los padres para hacer lo que necesitan los hijos está limitada por la pobreza y la desigualdad. Es decir, cuando aparecen los problemas económicos, cambian las prioridades, así como se limita el abanico de posibilidades.