El futuro de los pequeños inversores en renovables

Con la crisis ya asomando por la puerta, pero todavía sin los devastadores efectos, en el año 2007 vio la luz el Real Decreto 661/2007, por el que se regulaba la producción de energía renovable. Eran tiempos en los que nuestro país, dentro de los acuerdos sobre la producción de gases invernadero del Protocolo de Kioto, se lanzaba de cabeza a convertirse en el país puntero en energías renovables. Eran tiempos de retribuciones a la energía, se subvenciones, tanto al montaje de instalaciones, como a la energía producida, eran tiempos en los que se intentaba democratizar el sector eléctrico del país.

Diez años más tarde, el panorama es desolador. Mientras otros países que empezaron más tarde y a menos ritmo, siguen instalando poco a poco parques eólicos y fotovoltaicos (en muchos casos montados por empresas españolas que nacieron al calor de esos años de bonanza en nuestro país), en España 62.000 familias, endeudadas por el cambio de criterio y de legislación, aguantan aferradas a la esperanza de que los inversores extranjeros obtengan una victoria en los tribunales internacionales. Es precisamente este hecho lo que convierte a nuestro país es el que más demandas de arbitraje internacionales tiene, por delante de Turquía, o hasta de Venezuela.

Estas denuncias se centran en los recortes a la energía renovable que el Gobierno del PP llevó a cabo en la anterior Legislatura. Concretamente, los iniciados a finales de 2010 con el Real Decreto ley 14/2010, rematadas por la reforma eléctrica del 2013, por el que se limitaban las horas de las instalaciones con derecho a prima, con el fin de eliminar el déficit de tarifa. Tras la aprobación de este decreto, los inversores internacionales que habían promovido o adquirido instalaciones de “energía verde” en España comenzaron a presentar demandas de arbitraje, en un proceso que sigue abierto, que ya suma la treintena de recursos y que debe empezar a decidirse a lo largo de este año. Entre las compañías afectadas figuran las alemanas E.ON y RWE, la norteamericana RREEF Infraestructure o las japonesas JGC Corporation y Eurus energy Holdings.

El plan del gobierno Zapatero, que sólo continuaba lo comenzado por el gobierno de Aznar en 2004, apostaba por la energía fotovoltaica porque era la más “social”, y establecía una serie de primas para compensar la alta inversión en una tecnología casi novedosa en esos momentos. Se decía que la rentabilidad de la inversión sería entre un 7 y un 9% y que los inversores empezarían a ganar dinero tras los primeros 10-12 años. Muchos fueron los que entraron en este negocio, llevados de la mano del Estado más “ecologista” del momento.

Entre 2007 y 2009 se instalaron en España 4.200 megavatios sólo de energía solar fotovoltaica, con una inversión que rondaba los 25.000 millones de euros. A finales de 2008 la potencia ya multiplicaba por diez las previsiones y, todos se dedicaron a exprimir la gallina de los huevos de oro, tanto los gobiernos autonómicos (que competían por ver quién era más verde), como por parte de los bancos, que daban financiación a todo el que llegase con un proyecto medianamente bien vestido.

Los primeros recortes avanzaron medidas contra la cuantía de las ayudas. La legislación para paliar el déficit de tarifa del 2010 recortó un 45% las ayudas a los huertos solares, el 25% a las instalaciones de placas grandes y un 5% a las de placas pequeñas. Con la legislación del 2013 el sistema retributivo siguió disminuyendo y, además con carácter retroactivo, con lo que las instalaciones se vieron súbitamente ahogadas por las deudas. El Estado se vio superado debido a la descontrolada inversión que se hizo. El sistema colapsó y, al final, dinero para nadie y un prometedor sector económico, ahogado en la cuna.

Así, con 65.000 instalaciones fotovoltaicas en todo el territorio nacional (el 85% en manos de inversores nacionales) el futuro depende en buena medida de las decisiones que se adopten en los arbitrajes pendientes con los inversores extranjeros, arbitrajes que no vincularán, pero darán fuerza legal ante la justicia.

Según la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) los puestos de trabajo directos en el sector han pasado de alrededor de 42.000 personas en 2008 a unas 5.000 en 2015. Así mismo, mientras que prácticamente en todo el mundo se está instalando capacidad productiva, con China, Estados Unidos y Japón a la cabeza y, en Europa, con Gran Bretaña, Alemania y Francia, en España, la capacidad productiva crece a paso de caracol y sólo con las instalaciones desconectadas de la red eléctrica, que no está sujetas al llamado “impuesto al sol”. Éste fue el nombre que recibió el Real Decreto 900/2015, un decreto que regula las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo pero que, en lugar de favorecer dichas instalaciones, pone serias trabas al desarrollo de las mismas mediante una serie de cargos e impedimentos en la ejecución que disminuyen la rentabilidad de las mismas notablemente.

Según el último “Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España”, que edita la Asociación de Empresas de Energías Renovables, el sector aportó un 0,7 por ciento al PIB en 2014 (7.387 millones de euros), lo que representa un descenso del 22,1 por ciento con respecto a 2013. Nuestro país cuenta con un total de 4.764 megavatios de potencia fotovoltaica instalada acumulada, pero desde el 2014 apenas se instala potencia adicional conectada a la red. Sólo existe un pequeño aumento de la potencia para autoconsumo, en la que se incluye la potencia aislada, dentro de los sectores agrícola y ganadero en sistemas de bombeo riego y calefacción.

Como colofón dos perlas. La primera, algo que todos sospechaban: que sólo apostaríamos en serio por las energías renovables cuando los grandes grupos energéticos del país se decidieran a invertir en ellas.

Por un lado, Endesa, que recientemente ha adquirido todos los activos «verdes» de su principal accionista, la italiana Enel (70%), en España. Esos activos suman 1.710 MW (megavatios) de potencia, de los que el 95% son plantas eólicas, y forman parte de Enel Green Power España, participada en un 60% por Enel Green Power y en un 40% por Endesa. Los 1.710 MW de Enel Green Power España se distribuyen en casi un centenar de instalaciones renovables y, aunque la mayoría son parques eólicos, también hay instalaciones solares, mini hidráulicas, de biomasa y cogeneración. Su plantilla es de 200 profesionales. El grupo ha anunciado en su plan industrial inversiones de 4.400 millones de euros en el periodo 2016-2019.

Por otro lado, Iberdrola, ha culminado con éxito el primer préstamo “verde”, que se usará para dar financiación o refinanciación para proyectos sostenibles y socialmente responsables. Así, el importe de 500 millones de euros obtenido por Iberdrola se empleará en proyectos relacionados con eficiencia energética y renovables, fundamentalmente. Esto se complementa con las cuatro emisiones de bonos “verdes” que, desde 2014 la empresa ha lanzado con el mismo fin.

La segunda perla viene por parte del responsable del “impuesto al sol”, el ex ministro Soria, el cual optó a un puesto en el Banco Mundial tras su dimisión como Ministro. Este puesto era precisamente en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el organismo internacional que debe decidir sobre los arbitrajes de los inversores extranjeros en los años de la debacle renovable.