Sin embargo, cuando una de las partes es extremadamente poderosa frente a la otra y no tiene más cortapisa, a la hora de negociar, que lo que la estricta legalidad determine, pueden darse, en ocasiones, injusticias, vicios en los contratos y cláusulas abusivas. Seguro que esto suena de algo…
Cuando uno de ellos es una gran empresa lo normal es que el cliente no negocie cada punto del contrato, sino que se tenga que atener a las condiciones tipo que la empresa determina. Con lo cual no puede sino asumir las condiciones impuestas o renunciar al objeto del contrato.
Cuando se trata de un contrato de hipoteca el tema es espacialmente peliagudo, ya que hablamos de contratos que conllevan decisiones que afectan a toda una vida, con gran repercusión sobre el futuro económico del contratante.
Desde la crisis financiera de 2008, que sacó a la luz algunas de las irregularidades de las entidades financieras, como la venta de participaciones preferentes, los jueces parecen más sensibilizados ante los problemas de los usuarios de los servicios de la banca. En sentencias recientes se está comprobando que se exige, no sólo que el contenido de la cláusula sea equilibrado, sino también que el contratante disponga de la suficiente información para comparar el efecto de las cláusulas del contrato.
En España existen entre 1,5 y 2 millones de hipotecas afectadas por la cláusula suelo, que han provocado que los afectados hayan llegado a pagar entre 200 y 400 euros de más en las cuotas en las que les era aplicada, lo que, en ocasiones, ha ocasionado la perdida de la vivienda, y la familia en la calle. Según datos del Banco de España, entre el 30% y el 40% de las hipotecas que se determinan con tipos de interés variable (el 97% ligadas al euríbor), incluyen cláusula suelo.
Esta cláusula nació como un seguro que la banca puso a su inversión: si el tipo de interés de referencia (normalmente el Euribor más un diferencial) descendía de un determinado límite (o suelo), se aplicaba este tipo mínimo para determinar la cuota de la hipoteca. Con esto la entidad se protegía frente a circunstancias tales como los tipos de interés negativos.
El Tribunal Supremo anuló en 2013 las cláusulas suelo de aquellas hipotecas cuyo prestatario hubiera sido mal informado. Con la Ley de Segunda Oportunidad, el Gobierno pidió retirarlas a las familias vulnerables, y que se estaban beneficiando del código de buenas prácticas bancarias, y más tarde a todos los hipotecados. En marzo de 2016, el Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid declaró la nulidad de las cláusulas y condenó a 40 bancos y cajas a eliminar las citadas cláusulas de los contratos y a cesar en su utilización de forma no transparente. En principio, esta medida se aplicaría sólo a las cuotas posteriores a la fecha de la sentencia.
Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó en su sentencia del 21 de diciembre del año pasado que las entidades deben devolver todo el dinero que los clientes han pagado de más desde el principio y no desde mayo de 2013, tal como fijó el Tribunal Supremo.
Esto motivó la puesta en marcha del Gobierno para habilitar un mecanismo extrajudicial por el que los afectados pudieran reclamar sin colapsar los juzgados. Este mecanismo ha sido el Real Decreto 1/2017 del 20 de enero, de Medidas urgentes de protección al consumidor en materia de cláusulas suelo. Cuyo objeto es “el establecimiento de medidas que faciliten la devolución de las cantidades indebidamente satisfechas por el consumidor a las entidades de crédito en aplicación de determinadas cláusulas suelo contenidas en contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria”.
Con la aprobación de este decreto el 21 de febrero se abre una vía extrajudicial de negociación entre entidad y cliente. El consumidor puede dirigir una reclamación a su banco. “Una vez recibida, la entidad deberá remitir al consumidor el cálculo de la cantidad a devolver, incluyendo los intereses o, alternativamente, las razones por las que considera que la reclamación no es procedente. Tras recibir la comunicación, el consumidor deberá manifestar si está de acuerdo con el cálculo y, si lo está, la entidad realizará la devolución del efectivo. Todo el proceso se hará en un plazo máximo de tres meses”. En caso de acuerdo entre las partes el dinero devuelto puede ser entregado en efectivo o bien rebajando la cantidad de la hipoteca.
En caso de desacuerdo se abre entonces el plazo de la vía judicial. En ese caso el banco informaría de que no considera la cláusula como opaca, por tanto, ni siquiera estaría obligado a hacer el cálculo de lo cobrado con la cláusula suelo.
En cuanto a las costas judiciales, se establecen mecanismos que incentivan que la entidad resuelva de forma adecuada y de buena fe. “Si el consumidor demanda a la entidad tras no llegar a un acuerdo en la reclamación extrajudicial y la sentencia que obtiene es económicamente más favorable para él, la entidad será condenada en costas”. Por otro lado, si el consumidor acude a la vía judicial directamente sin usar la reclamación previa y la entidad se allana totalmente antes del trámite de contestación a la demanda, la entidad no será condenada en costas.
El caso es que se calcula que la banca tendrá que devolver entre 8 y 10.000 millones de euros, según las plataformas de afectados y las organizaciones de consumidores y entre 2 y 3.000 millones según la patronal de las entidades bancarias.
El siguiente paso, los gastos de formalización de hipotecas. En los que una nueva sentencia del Tribunal Supremo abre una nueva vía para reclamar a los bancos. Según el supremo los gastos de formalización de la hipoteca (notario, registro, impuestos) deben ser pagados por la entidad bancaria, al menos en parte, y no por el cliente. En una hipoteca media cada cliente podría reclamar alrededor de unos 3.000 € a su banco. Pero de ese camino queda mucho trecho por andar.
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La fortaleza económica de China, el alza de los precios de las materias primas y la robustez de los mercados financieros ofrecen un panorama económico mundial más alentador para el 2017 y el fin de la debilidad que ha reinado desde que concluyó la crisis mundial, indicó el martes el Fondo Monetario Internacional.
La economía mundial crecerá en 3,5% en el 2017, calculó el organismo mundial en su reporte de perspectivas de crecimiento mundial, comparado con 3,1% en el 2016. La cifra es una leve mejoría con respecto a la de 3,4% pronosticada en enero.
Según los cálculos del FMI, la economía estadounidense crecerá 2,3%, un aumento con respecto al 1,6% del 2016; la eurozona crecerá 1,7%, igual que el año pasado; Japón crecerá 1,2%, un aumento con respecto al 1% del año pasado, y China crecerá en 6,6%, una baja con respecto al 6,7% del año pasado.
Gráfico de largo plazo del precio de las materias primas http://dlvr.it/Nw9sLv
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http://www.droblo.es/las-apps-mas-descargadas-del-mundo/
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Evolución bursátil este siglo de los 6 mayores valores financieros USA http://dlvr.it/NwgDsl
Por favor, corregid y actualizad en gráfico del Euribor anual. El último dato es de enero y aparece como si fuera enero de 2016, en lugar de 2017.
Ya están aquí las transferencias bancarias en tiempo real 24x7 http://blogs.elconfidencial.com/mercados/perlas-de-kike/2017-04-18/transferencias-bancarias-tiempo-real_1368171/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=BotoneraWeb …
En los buenos tiempos, cuando los examinadores preguntaban a las aspirantes a azafatas de Iberia que dónde había aprendido inglés, la mayoría contestaba con un deje de clasismo. La respuesta más frecuente era que habían estudiando en un colegio o universidad de renombre. Pero a veces surgía alguien que aprobaba y ganaba su empleo contestando la verdad: había aprendido ‘fregando platos’.
Ha vuelto la cosa. Muchos años más tarde, es decir, ahora, estamos en las mismas. El Brexit amenaza con destruir muchos miles de empleos y con deportar a oros tantos miles de europeos que trabajan en el Reino Unido. Pero te puedes librar si eres camarero/a en un café, o dependiente/a en un comercio, o cosas así. Tendrás derecho a un visado especial.
¡Ojo! Los planes que se le están pasando por la cabeza a Amber Rudd, ministra del Interior de Reino Unido, tienen sus pegas. Primera, que el límite de estancia es de dos años. Segunda, que no tendrás derecho a ningún beneficio social como corresponde ahora a todos los ciudadanos de la UE. Tercera, que por si las moscas tienes que salir pies en polvorosa, cuando llegues al gran país que está tratando de arruinar su historia debes llevar encima al menos 1.890 libras. Y cuarta, que el visado sólo será válido para los europeos de 18 a 30 años.
Amber Rudd, que por cierto es heredera de la actual primera ministra Theresa May como ministra del ramo, es el gran genio que amenazó directamente a la UE con no colaborar en cuestiones de terrorismo si no se pliega a sus exigencias. Y lo hizo con una frase antológica en su estulticia: ‘Somos los mayores contribuyentes a Europol, así que si nos salimos, nos llevaremos nuestros datos; los socios europeos quieren que tengamos allí nuestra información porque así mantenemos la seguridad de los países europeos’.
El visado en cuestión no es nuevo. Ya está vigente para ocho países, dentro de un programa sobre Movilidad de la Juventud: Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Japón, Hong Kong, Taiwan, Corea del Sur y Mónaco. De modo que si se aplica a los países de la UE significaría una enorme disminución de sus derechos bajo la normad de la libre circulación dentro de la UE. Pero es que hay algo más, y no es nada agradable.
Se lo confirma al Daily Mail, para escándalo de unos y aplauso de otros, nada menos que el vicepresidente de un órgano para la Vigilancia de la Inmigración en el Reino Unido: ‘El programa actual de movilidad juvenil podría ser la base de los futuros acuerdos tras el Brexit, para que los jóvenes europeos puedan pasar dos años en Reino Unido, conocer la cultura y la gente del país y simultáneamente trabajen para pagar su estancia’.
Dicho de otro modo: los europeos inmigrantes serían poco menos que esclavos, a los que se les concede la gracia de una estancia de dos años a cambio de que la paguen dos veces: trabajando y gastándose allí el dinero.
Toda la prensa británica informa este martes de la estrafalaria iniciativa, aunque no todos los medios se atreven a calificarla como se merece. La revista New Statesman sí lo hace en un párrafo memorable: ‘No es una oferta especialmente atractiva, ¿o sí? Venga a Gran Bretaña a trabajar en una cafetería. ¿Qué pasa si te ascienden? Que no te puedes quedar. ¿Y si te enamoras? No te puedes quedar. ¿Y si montas un negocio o te estableces por tu cuenta como escritor mientras trabajas en la cafetería? No te puedes quedar. No es de extrañar que el año pasado se acogieran al programa sólo 42.000 personas el año pasado entre todos los países involucrados.., que tienen una población combinada de 350 millones de personas’.
Prenafeta, mano derecha de Jordi Pujol, reconoce que cobró comisiones en la Generalitat http://www.elespanol.com/espana/20170418/209479214_0.html …
52 millones tirados en dos aparcamientos 'fantasma' http://www.elmundo.es/madrid/2017/04/18/58f5001a46163fb51f8b45d4.html …
Díaz da 295.000 € en contratos menores a un patrocinador de su charla en Barcelona http://www.elindependiente.com/politica/2017/04/18/susana-diaz-da-295-000-e-en-contratos-menores-a-un-patrocinador-de-su-charla-en-barcelona/?utm_source=share_buttons&utm_medium=twitter&utm_campaign=social_share …
Esta es una semana clave para esclarecer el futuro procesal del exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato. Este miércoles finaliza el plazo para presentar los recursos ante el Tribunal Supremo sobre la sentencia de las ‘tarjetas black’ por el que fue condenado a cuatro años y medio de prisión por la Audiencia Nacional. Horas antes de que finalizara el plazo se ha conocido que ha presentado el recurso. Pero este mismo miércoles comparecen los técnicos de la ONIF.
Los expertos de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria, dependientes de Hacienda, deben ratificar o modificar ante el juez el informe que presentaron al juzgado de instrucción 31 de Madrid por el que acusaban a Rodrigo Rato haber defraudado a Hacienda unos 6,8 millones de euros entre 2004 y 2005.
Este informe está vinculado con la investigación que se dio a conocer a la opinión pública española por la Policía cuando en abril del 2015 esta entró en su domicilio y su oficina particular y lo retuvieron por unas horas, investigación que fue transmitida en directo por algunos medios de televisión previamente alertados.
En el informe entregado a finales de enero de este año al juzgado de Instrucción, los técnicos de la Oficina Nacional de Investigación Antifraude concluían que el exvicepresidente del Gobierno habría obtenido “rentas no declaradas en el IRPF por importe ligeramente superior a los 14 millones de euros entre los años 2004 al 2015”.
Con la investigación de la documentación obtenida por los agentes de Aduanas desplazados por la ONIF a su domicilio y a una de las oficinas principales del exvicepresidente del Gobierno, los expertos buscaban pruebas de los presuntos delitos de fraude, blanqueo y alzamiento de bienes. Son los delitos que se espera conocer si son ratificados o no este miércoles.
Aunque desde el Ministerio se mantiene la más absoluta discreción, fuentes jurídicas consideran determinantes estas comparecencias de cara a esclarecer el futuro procesal de Rodrigo Rato.
Es relevante el momento por la coincidencia de las denuncias de otros presuntos delitos investigados al ex director gerente del FMI. Coincide con el día en el que ha presentado ante el Supremo el recurso contra la condena de cuatro años y medio de prisión impuesta por la Audiencia Nacional por el uso de las tarjetas opacas al fisco, caso conocido como de las ‘tarjetas black’.
Los jueces de la Audiencia Nacional consideraron probada la existencia de un delito continuado de apropiación indebida. Aunque se desconocen los argumentos expuestos en el recurso, durante el juicio, las defensas insistieron en que durante las veintiséis sesiones que se celebraron durante el proceso, no se aportó ninguna prueba que demostrara que los cargos no habían sido objeto de retención fiscal y de que las mismas tenían su origen en 1988, época de la presidencia de Jaime Terceiro, y que las condiciones de uso perduraron hasta diciembre de 2011, ya en la época de la nueva Bankia.
Es también un momento clave, porque la comparecencia de los peritos de la ONIF viene a coincidir en el tiempo con los otros informes, los de la Guardia Civil en los que habrían detectado que varias de las empresas privatizadas en los años en que fue ministro de Economía pagaron unos 83 millones de euros a sociedades eventualmente relacionadas con su familia.
El entorno del exvicepresidente ha matizado que de alguna de ellas, como es el caso de COR Comunicación, señalada por la UCO como la sociedad que más fondos habría recibido de las empresas privatizadas, 67,6 millones, la familia de Rato habría vendido su participación ya en el 2002.
A través de la agencias de prensa se ha dado a conocer que Rato tiene previsto responder esta misma semana con detalle los informes de la Guardia Civil en los que denunciará que los hechos aparecidos recientemente nada tienen que ver con la denuncia original contra él que tenía como objeto investigar un presunto blanqueo de dinero en el extranjero.
Esta argumentación ya ha sido utilizado en anteriores escritos ante la Audiencia Provincial de Madrid por lo que se espera que se mantenga en la misma línea argumental.
Finalmente esta misma semana podría conocerse algún detalle adicional sobre el último caso abierto conocido. En la actualidad se mantiene bajo secreto la investigación en la que se le atribuyen indicios de delitos de corrupción entre particulares, blanqueo de capitales, delitos fiscales y administración desleal, en la pieza separada por la que han sido interrogadas Telefónica y Lazard.
Solo los enunciados de las acusaciones de estos cuatro casos producen vértigo. Si se uniera un quinto caso más, como pudiera ocurrir esta misma semana, el horizonte procesal será dramático.